domingo, 19 de junio de 2016

Latinoamérica: Mujeres con discapacidad reclaman más espacios

Para que las mujeres con discapacidad logren un efectivo liderazgo deben ser reconocidas como sujetos de derecho, concluyeron en La Habana asistentes al Primer Seminario-Taller Regional de Mujeres Líderes con Discapacidad de México, Centroamérica y el Caribe, realizado del 7 al 9 de junio.
En la declaración final de la cita, se insta a instituciones y gobiernos a hacer ese reconocimiento y a diseñar normas afirmativas, desarrollar programas permanentes y compromisos específicos para su verdadera participación.
La inclusión de las mujeres con discapacidad es, en primer lugar, un tema de derechos humanos, suscribieron participantes procedentes de Belice, México, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Brasil y Nicaragua.
Apostaron, además, a la unidad que "nos permitirá el empoderamiento para poder hacer valer nuestros derechos y poder construir un futuro certero y seguro para nuestros hijos y nuestras familias", afirma la declaración.

Igualmente demandaron la inclusión participativa, sin vestigios de acompañamiento simulado; se pronunciaron por denunciar cualquier forma o tipo de discriminación y por proponer a gobiernos y organismos regionales el enfoque de estos temas en sus políticas y programas.
"Nos interesa que Estados y gobiernos inviertan en el fortalecimiento de nuestro movimiento asociativo nacional y regional de las personas con discapacidad y sus familias", señaló Ana Lucía Arellanos, presidenta de la Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familiares (Riadis), que agrupa a 49 organizaciones en 19 países.
Arellanos reconoció avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y las niñas, así como una mayor presencia del tema en la agenda pública.
Sin embargo, no son pocas las personas que viven algún tipo de discapacidad en la región latinoamericana y caribeña: más de 100 millones, según datos de la Comisión Económica de América Latina (Cepal), y sus vidas siguen marcadas por una profunda desigualdad.
"Hablar de personas con discapacidad implica referirse a un colectivo que encuentra numerosas barreras en el camino hacia su integración social", consideró la panameña Ana Eliseda Fisher, secretaria de la Riadis en Panamá.
Fisher precisó que las mujeres en esta situación viven una doble discriminación, dada por su condición de personas con discapacidad y por su género.
Apuntó que las mujeres representan las tres cuartas partes de quienes viven con alguna discapacidad en países de renta baja y media, y entre 65 por ciento y 75 por ciento de ellas habitan en zonas rurales.
Tienen, además, mayor riesgo de sufrir enfermedades, pobreza y aislamiento que los hombres con discapacidad y que otras mujeres, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Excluidas en su mayoría de la fuerza laboral, una gran parte contribuye al trabajo y sustento familiar cocinando, limpiando y cuidando de hijos y familiares. En tanto, la tasa de alfabetización de las mujeres y niñas con discapacidad es del uno por ciento, según reportes del Programa de Naciones Unidas par le Desarrollo (PNUD).

"Tradicionalmente, la sociedad ha tendido a aislar y segregar a las mujeres con discapacidad. A pesar de los logros y avances obtenidos en los últimos años, esta discriminación sigue representando un problema grave y alarmante", advirtió Fisher.
Otra cara menos visible de la existencia de estas mujeres se relaciona con el hecho de que la discapacidad produce un mayor riesgo de violencia para ellas.
"La falta de acceso a los recursos y a la educación es una forma de violencia", sostuvo la experta y añadió que "existe una forma de violencia institucional ejercida por causa de discapacidad".
La subestimación, el aborto coercitivo y la esterilización forzosa son algunas de esas formas de violencia que se ejerce contra las mujeres con discapacidad. 
Igualmente padecen malos tratos y violencia cuando no se les valora para estudiar y trabajar ni se les permite hacerlo; cuando tropiezan a diario con barreras arquitectónicas insalvables o carecen de transporte adecuado para trasladarse por la ciudad.
Fisher abundó en ejemplos al respecto: "se dirigen a la persona que nos acompaña en vez de hablarnos a nosotras", "no podemos tener revisiones ginecológicas adecuadas porque las consultas no están adaptadas a nuestras necesidades", "el personal de las administraciones nos habla como si fuéramos tontas" y "debemos ver la película en primera fila del cine".
"Si hablamos de violencia de género, la que se ejerce contra las mujeres con discapacidad es una violencia invisible", resumió.

Como argumento, aludió a la falta de recursos adaptados a sus necesidades, la escasa investigación y estudios al respecto y la falta de formación en materia de discapacidad de profesionales que atienden los servicios de atención e información a mujeres víctimas de violencia de género.
Fisher no es partidaria de que se hagan planes, programas o leyes específicos para ese colectivo, sino de tener en cuenta la discapacidad en todo lo que se haga: estudios, investigaciones, planes y proyectos. "Es decir, incluir la perspectiva de la discapacidad de manera transversal".
Abogó por rectificar las relaciones verticales, basadas en la dominación, y transformarlas en verdaderas relaciones horizontales, centradas en la equidad, la reciprocidad, el compartir y el servicio mutuo.
Para lograr el cambio social que arremeta contra las desigualdades y la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad, es necesario que cada una sea consciente de su rol personal en la sociedad y como multiplicadora de cambios para romper barreras, esquemas, estereotipos y lograr la transformación social, apuntó.
"Las mujeres con discapacidad debemos perder el miedo y asumir los riesgos que conlleva estar de frente en la lucha por los derechos humanos", sostuvo.

Publicado por SEMLac – Redacción – La Habana – Junio 2016



La explotación sexual y la trata, un gran negocio en España con 42 redes desarticuladas en un año

Mujeres víctimas de trata, en una operación en Guatemala EFE
Su denuncia desencadenó la investigación contra el empresario porno Torbe, encarcelado desde el pasado abril. Ante la policía, la ahora testigo protegida –a quien el sumario judicial se refiere como TP3– contó que fue captada a través de Internet y engañada para grabar un vídeo junto a él. El  sumario de la 'Operación Universal' detalla que el modus operandi era buscar a través de Internet a jóvenes en situaciones económicas desesperadas para después extorsionarlas y que se prostituyeran bajo la amenaza de difundir sus imágenes entre los conocidos y familiares.
La ONU calcula que cerca de 140.000 mujeres acaban atrapadas en redes de este tipo en Europa. En España, las fuerzas de seguridad identificaron a 133 personas en la misma situación en 2015. El balance incluye también otros 650 casos de víctimas de explotación sexual. Es decir, hace un desglose de cifras sin especificar cuáles son los matices que hacen que un caso esté en una u otra clasificación. Este medio se ha puesto en contacto sin éxito con el Ministerio de Interior para solicitar una explicación técnica de esta catalogación de los datos.
La trata es "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción", es decir, "al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra- con fines de explotación sexual", según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas. 
Estas organizaciones criminales suelen ir asociadas a la prostitución, pero son dos realidades diferenciadas. La prostitución es una actividad alegal, que es ejercida de forma libre. La trata está tipificada como delito y puede tener otros fines, como la explotación laboral o la mendicidad.
Las redes de trata –con fines de explotación sexual o/y otros– mueven en España alrededor de 3.000 millones de euros al año: 8,3 millones diarios, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Si hablamos específicamente de redes cuyo fin es la explotación sexual, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contabilizaron en 2015 a 13.892 personas en riesgo de caer en estas redes y desarticularon 42 organizaciones y grupos criminales. En ellos operaban cientos de personas, de las que se detuvo a 471. Los clubes de alterne –con más del 74% de las inspecciones– son los lugares con mayor número de mujeres que corren el peligro de verse inmersas en estos engaños y coacciones, según el balance.
"Cualquier persona puede ser víctima de trata. Inmigrantes, españolas... Cualquier persona. Hay que desmontar los tópicos. No todas las víctimas de trata son pobres, analfabetas, extranjeras. Hemos tenido casos con nivel económico normal, con educación y han acabado cayendo en redes de víctimas de trata", dice Ane Azkunaga, referente en Trata de la ONG Accem.
Según los últimos datos oficiales, la mayoría de las víctimas identificadas por las autoridades en 2015 eran rumanas, españolas y nigerianas. Desde la Unidad Central de Redes de Inmigración ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), insisten en que hablar de perfiles es reduccionista. "Son de lo más variado y van cambiando dependiendo de la situación y las posibilidades del movimiento de las mafias", apuntó el inspector José Nieto en una entrevista publicada en eldiario.es. A su vez, los clichés perjudican a las víctimas a la hora de denunciar. "Las autoridades tienen en su imaginario un ideal y en ocasiones no creen a quien no encaja", matizaban desde Womens Link.
Ruth, como otras muchas mujeres, vivía en una situación crítica en su país de origen, Nigeria. Tenía una hija, cuyo padre las abandonó. "Esta gente me prometió ayudarme, pagaron todas mis facturas del hospital y me prometieron que me traerían a Europa para encontrar un trabajo". La historia de Ruth, recogida por Proyecto Esperanza, desembocó en la prostitución. La red le obligaba a ejercerla "para devolverles el dinero". "Me exigían 50.000 dólares y, si me negaba, amenazaban con matar a mi hija. Comencé a prostituirme". 

Cómo se lucha contra la trata en España

España cuenta con  un plan de 2015 específico contra la trata –tipificada como delito en el artículo 177 bis del Código Penal– con fines de explotación sexual. Lo aprobó, con un presupuesto inicial previsto de 140 millones de euros, a tres meses de las elecciones después de tres años sin desarrollar ningún tipo de proyecto nuevo para luchar contra estas redes de trata. 
Organizaciones sociales de lucha contra la trata siguen pidiendo, al margen de este plan, el desarollo de una norma con rango de ley para hacer frente a esta vulneración de derechos. Y no solo contra la trata con fines de explotación sexual, sino con un enfoque integral que recoja otras manifestaciones del delito, como la explotación laboral.
Desde 2011 está en vigor un protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos, fruto de un acuerdo interministerial con el Consejo General del Poder Judicial, que establece, entre otras cuestiones, pautas para la evaluación de los riesgos y para la coordinación adecuada de las actuaciones de autoridades e instituciones.
"La situación de las víctimas de trata deja muchas secuelas. Denunciar exige aportar una gran cantidad de información, revivir muchas experiencia que, debido al trauma, algunas personas creen que no son capaces de afrontar", señala Azkunaga. "Estas personas necesitan recuperarse y restablecerse y, en la práctica las víctimas no siempre reciben el tratamiento ni el tiempo adecuado necesario para poder recuperarse antes de poder iniciar el trámite", añade. "Por parte de la Policía prima el elemento de persecución del delito y no tanto la protección a las víctimas. Siendo conscientes de que cada vez las autoridades están mas sensibilizados y formados, tienen la urgencia de obtener datos, teléfonos, identificar personas, etc".
La vulnerabilidad y el miedo a denunciar se multiplican cuando las víctimas residen en España de forma irregular. Cuando las fuerzas de seguridad se chocan con estos casos, existe una vía de protección específica de protección en la Ley de Extranjería. Se activa el "periodo de reflexión" en el que la persona identificada como víctima de trata debe decidir durante los próximos 30 días si cooperará en la investigación. Desde ONG como Women's Link advierten de que algunas mujeres deciden colaborar pero acaban perdiendo la protección después de que las autoridades considerasen que su información no es relevante.

Publicado por eldiario.es  - Gabriela Sánchez/Sofía Pérez Mendoza – 10/06/16 -

“La que carga las heridas soy yo”: Lorena Beltrán, víctima de una cirugía plástica mal practicada

Lorena Beltrán lidera esta campaña en redes sociales. Foto: Cortesía Mauricio Alvarado

El proyecto que busca reglamentar la práctica de las cirugías plásticas en el país está a punto de hundirse en el Congreso. La periodista habla de su drama, niega que tenga “oscuras intenciones” y dice que persistirá en su batalla para sacar adelante la ley.

Pasaron 21 meses y el Congreso, una vez más, dejó pendiente su tarea de legislar para evitar nuevas víctimas de cirugías plásticas mal practicadas. Aunque la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica advirtió que Colombia es el quinto país en el mundo donde más se realizan procedimientos quirúrgicos con fines estéticos, un proyecto de ley que reglamentaba el tema se hundió por falta de trámite. La periodista Lorena Beltrán, una de las víctimas por la falta de una ley que ponga en cintura a los médicos que realizan cirugías irregulares, habló de su drama con El Espectador.

¿Por qué es necesaria una ley para regular las cirugías plásticas?
Porque son muchas las vidas humanas que se están viendo afectadas por la falta de control. Colombia se está convirtiendo en un destino mundial para realizar estos procedimientos, que no solamente responden a fines estéticos. No se trata de cuestionar qué motivos impulsan a una persona a realizarse un procedimiento de cirugía plástica, sino de la idoneidad de los profesionales autorizados y del control que tiene el Estado sobre ellos.
Y el Congreso nada que legisla, ¿quién es el responsable de que la ley esté a punto de hundirse?
No se trata de señalar responsables. Puedo decir que conté con el respaldo de algunos congresistas. Sin embargo, como esta iniciativa se presentó en 2014 y duró tanto tiempo sin debate, se le cumplen los tiempos. Ya varios congresistas me han expresado su deseo de volver a presentarla. Pero más allá de que sea en esta legislatura o en la próxima, lo que estoy buscando es que el país tenga una regulación para que todos tengamos cirugías seguras. Sé que entre el gremio de los médicos hay intereses para que esta iniciativa no se apruebe pero confío en que habrá voluntad política.
¿Cómo desmitificar que las cirugías plásticas son vanidad?
Es un asunto de perspectiva. No todas las personas que acuden a una cirugía plástica lo hacen por vanidad. Si un trabajador introduce su mano por error en una máquina, quien se la va a reconstruir es un cirujano plástico. A una mujer atacada con ácido la debe intervenir un cirujano plástico. ¿Se imaginan que en alguno de estos dos escenarios quien opere sea una tegua? ¿No tiene derecho una mujer que padeció cáncer a reconstruir sus senos?
¿Cómo hacer entender a los ciudadanos que esto ha pasado a ser un problema de salud pública?
Hemos avanzado y los medios han contribuido a explicarle al ciudadano que no tener una regulación para los procedimientos de cirugía plástica es un asunto que nos afecta a todos. Nadie está exento de someterse a una reconstrucción después de un accidente. Pero como es una especialidad que no está reglamentada, hay médicos que se atreven a operar senos, narices o glúteos con apenas un título en medicina general. Colombia es un país de víctimas y las de cirugía plástica se están empezando a convertir en una cifra más. Además, es un asunto de salud pública, pues no todos los malos procedimientos se dan por acudir a quirófanos de garaje o a cirujanos que operan por bajos precios. Yo acudí a un médico que cumplía con su registro y, aun así, fui engañada.
¿Cómo hacer entender que a quien le practican mal una cirugía también es víctima?
Hay que aclarar que cualquier cirugía plástica tiene riesgos. Pero cuando uno está en manos de un profesional, las complicaciones se tratan de manera idónea. Un cirujano capacitado, y hablo de mi caso, no habría tratado mis profundas heridas con gelatina sin sabor. Aquí no se trata de señalar y decir “eso le pasa por vanidosa”. Se trata de legislar, de endurecer normas y sanciones para quienes de manera irresponsable ejercen esta práctica. El Estado se queda corto.
¿La gente ha entendido el sentido su denuncia?
He recibido mucho apoyo y siento que el país lo ha entendido. Pero también he recibido mensajes en los que aseguran que es mi culpa. Otros se atreven a decir que yo he impulsado una estrategia mediática a favor de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Nada de eso es cierto. Lo que he querido es dar a conocer una situación que, por demás, ha afectado mi vida.
¿Cómo afecta emocionalmente una mala cirugía plástica?
Nadie alcanza a imaginarse. Afecta tu vida emocional y lo más íntimo, tu vida sexual, porque es tu cuerpo el que carga con las consecuencias de estas malas prácticas. Me gustaría que quienes me señalan, quienes me acusan de encabezar una campaña de desprestigio, se imaginaran por un momento qué se siente maquillarse las tetas antes que la cara.
¿Ha habido presiones?
Cuatro días después de denunciar esto públicamente, recibí en mi celular un mensaje de Francisco Sales Puccini, el médico que me operó, que dice textualmente: “A quien actúa con maldad, hay que desearle suerte. Tarde o temprano la necesitará”. Tengo 21 años, no tengo deudas, tampoco enemigos. Aunque me acusen de tener “oscuras intenciones” y de armar una campaña de desprestigio, no me callarán, porque la que carga las heridas soy yo.
¿Qué responsabilidad tiene el sistema de salud en todo esto?
La competencia del Ministerio de Salud es de habilitación. Es entonces donde la pelota pasa al terreno del Ministerio de Educación. Allí se han convalidado cursitos como especialidades médicas. Yo jamás he dicho que sean títulos falsos. El problema es que no son equivalentes a una especialidad. No me cabe en la cabeza lo que dice el Mineducación, que los títulos se convalidan “partiendo del principio de la buena fe”.
¿Se volverá a operar?
Por salud tengo que hacerlo, pero no lo haré mientras el Congreso no sea capaz de darnos garantías. Sin embargo, hay cosas que ninguna cirugía correctiva arregla, como la pérdida de sensibilidad, la probabilidad de que no pueda lactar en el futuro y el daño emocional que cargamos mi familia y yo.
¿Va a buscar que de nuevo el Congreso ponga en marcha un proyecto para regular las cirugías?
Desde luego. Impulsar esta causa me ha permitido conocer casos aterradores y comprender que es una problemática que requiere intervención del Estado y del Congreso. Es triste que tenga que haber una Natalia Ponce para que endurezcan las penas a agresores con ácido; o una Rosa Elvira Cely, para que nos preocupe el feminicidio.

 Publicado por elespectador.com – Germán Espejo – 10/06/16 -

Las niñas violadas de Guatemala

 Qué crueldad de título, ¿verdad? Pues sí, es real. En Guatemala también se violan niñas y las y las secuestran y las asesinan. ¿Y la sociedad? Bien gracias, solo sale a manifestar cuando le tocan los bolsillos. Al parecer se reactivaron las manifestaciones masivas, ¿seguirán siendo de doble moral? ¿Por qué esas masas que manifestaron el sábado 11 de junio no pidieron la renuncia de Álvaro Arzú? No solo la renuncia, también que se le investigue (por corrupción también) por llamar a la violencia. ¿Por qué esas mansas no gritan a todo pulmón que se le enjuicie a Otto Pérez Molina ( y retahíla militar) por Genocidio.
Ah, es que el Genocidio fue contra la población indígena y la sociedad guatemalteca además de su doble moral vive enajenada entre la apatía y su actuar meramente colonizado; con eso de que creen en las castas, apellidos de abolengo, distinción por color de piel, cunay clase social. No, si de que te estamos jodidos lo estamos, por eso nos siguen dando revés y derecho.
Pero hoy no voy a escribir rosarios ni manifiestos, este texto es tan solo una especie de introducción a dos que les comparto porque son importantes y más en estos momentos de catarsis colectiva, a ver si ahora sí se organizan como se debe (lo dudo) y se desligan de manipulaciones y exijan justicia por lo latente, que de tan visible preferimos no verlo.
Hoy comparto un artículo y un entrevista de dos mujeres que explican con manzanas el asunto de la trata de niñas, adolescentes y mujeres con fines de explotación sexual, y la indiferencia de la sociedad.
En su artículo de hoy titulado: "El impacto de los casos,”Carolina Vásquez Araya nos cuestiona, cuestiona nuestra doble moral: "Sin embargo, duele constatar que algunas denuncias incluso más graves en incidencia y alcance pasen casi inadvertidas para la ciudadanía. Entre ellas, la de la trata de personas que afecta a miles de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres, cuyo destino incierto a veces se decanta por la prostitución forzada, el tráfico de órganos, la esclavitud o la muerte.”
"La trata de personas, uno de los crímenes de lesa humanidad más repugnantes que conciba la mente humana, ha pasado por debajo del agua gracias al poder de sus redes. La inmensa estructura construida gracias al increíble capital amasado en esta actividad y al tráfico de influencias en sectores de decisión, tiene un alcance operativo que trasciende al de otras actividades delictivas –aunque asociadas- como el narcotráfico.”
"¿Alguien lo recuerda? 33 personas captadas diariamente, 64 por ciento de ellas niñas y mujeres ofrecidas "por categoría” y obligadas a atender unos 30 servicios sexuales por día. Y esos son los casos denunciados o captados por quienes se han tomado la molestia de investigar. Hay, sin duda, muchos más perdidos en esta vorágine interminable de escándalos. ¿Qué haremos por ellos?”.
Para profundizar un poco más sobre el asunto de la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres en Guatemala, comparto la entrevista que se realizó en marzo del presente año, por el portal español El País, en ella Carolina Escobar Sarti, directora de La Alianza, entidad encargada de proteger a niñas y adolescentes que han sufrido abusos sexuales y que han sido víctimas de la trata de personas, explica la situación actual que viven las niñas y adolescentes en Guatemala, el papel de la sociedad y la forma en que trabaja el sistema.
Cuando lo leí pensé que este texto debe ser reproducido y leído en todas las universidades y escuelas, en el campo, en la ciudad. Que deberíamos leerlo todos, tal vez así empecemos a despabilar.
Esa crueldad nuestra de la indiferencia y el apocamiento, la nula acción política y organizativa, el desamor que como parte de la indiferencia y la carencia de identidad nos deshumaniza cada días más.
Quedan muchas preguntas en el aire después de leer esta entrevista, un vacío profundo que ahoga, un dolor ocre en el alma y una cólera a flor de piel. ¿Qué es lo que nos impide luchar por lo que realmente importa en la vida? ¿Qué es lo que nos impide sensibilizarnos y hacer de la indiferencia nuestro catalizador para transformar la sociedad que nosotros mismos hemos corrompido con los patrones patriarcales, misóginos y machistas? ¿Con la corrupción de la que todos somos partícipes, unos por hacer y otros por solapar con el silencio que también beneficia?
Las niñas violadas de Guatemala también nos necesitan, ¿estamos ahí para ellas? ¿Cuándo cambiaremos la cultura del abuso por la del respeto?
A continuación la entrevista.
El último refugio de las niñas víctimas de trata
Miles de menores quedan embarazadas cada año tras ser violadas en Guatemala. El centro La Alianza trata de luchar contra la normalización de la violencia.
María (nombre ficticio) tenía cinco años cuando unos familiares abusaron sexualmente de ella por primera vez. Desde entonces, y hasta que cumplió 17 años, su vida fue un infierno en la que incluso sus paientes llegaron a alquilarla entre los presos de una cárcel para que la violaran. Ahora cuenta con 22 años y lleva cuatro viviendo en La Alianza (ALA), una institución creada en diciembre de 2010 para proteger a las niñas y adolescentes que han sufrido abusos sexuales, violaciones o que han sido víctimas de la trata de personas en Guatemala. Dirigida por la poeta y articulista guatemalteca Carolina Escobar Sarti, esta asociación sin ánimo de lucro atiende a 65 chicas entre los 12 y los 22 años que han sido derivadas por un Juzgado al considerar que sus familias no se podían hacer cargo de ellas o que estaban desamparadas.
Pese a que en un principio estaba previsto que al cumplir los 18 estas jóvenes abandonarían La Alianza si así lo deseaban, Escobar explica que se decidió crear una casa de transición para que las niñas que llegan a esta edad y no tienen familia porque la perdieron o las abandonaron puedan continuar estudiando para vivir de manera independiente en un futuro con un empleo digno. Actualmente, la residente de mayor edad es, precisamente, María, que tiene 22 años. Fue rescatada cuando tenía 17 por la Procuraduría de Derechos Humanos, que pidió a La Alianza que se hiciese cargo de ella dada la gravedad de su caso.
Así, tras conocer el horror que sufrió la joven durante su corta vida, el equipo de atención integral de ALA hizo una excepción y decidió acogerla en la residencia, donde permanecerá toda su vida si ella quiere, tal y como aseguran sus responsables. Durante los últimos cuatro años, la niña ha recibido atención psicológica y psiquiátrica igual que el resto de menores que la habitan. Ubicada en la capital de Guatemala, medio centenar de trabajadores se preocupa de sus planes de vida, su formación y de su cuidado para restituir sus derechos, sanar en lo posible sus traumas y conseguir que a corto plazo se valgan por sí mismas. Además, dos abogados y dos procuradores legales se encargan de llevar a cabo los procesos judiciales contra los agresores o los explotadores de las niñas; cada semana se celebra en los tribunales una media de cuatro audiencias para analizar la situación de las menores ingresadas en el centro.
Normalización de la violencia sexual
Desde que abrió sus puertas, La Alianza ha atendido a 335 niñas y ha logrado 23 sentencias de las que 22 fueron condenatorias. La restante resultó absolutoria porque se probó la inocencia de la persona acusada por la menor. Entre las víctimas que consiguieron una condena contra sus agresores se encuentra una menor que fue violada por el hijo del pastor de su localidad. Tras producirse el abuso, según relató la abuela de la niña a personal de ALA, fueron muchos los hombres de la comunidad que golpearon la puerta de su casa para violarla, ya que consideraban que se había convertido en propiedad del pueblo y podían hacer con ella lo que quisieran. "En Guatemala existe una normalización de la violencia sexual, lo que permite que la trata se produzca de manera más fácil”, lamenta la directora de La Alianza, quien asegura que se ha enfrentado a casos que parecen "de ficción”, como el de una niña que llegó embarazada y que fue acogida durante tres años y medio en el centro tras ser violada entre los seis y los 15 años por su padre, su hermano, su abuelo y su tío, de los cuales solo alguno ingresó en prisión.
Según explica, la menor llegó desnutrida a La Alianza porque en casa los hombres comían primero y para ella sólo quedaban las sobras. Nadie consiguió que se alimentara, así que un día le dijeron en el centro que le darían lo que más quisiera en la vida si comenzaba a comer por lo menos un par de días. Ella contestó que lo haría porque lo que más deseaba era comer pollo de una conocida marca del país centroamericano. Tras probar algo durante dos días, la llevaron a un restaurante y la joven cumplió su deseo. El caso de esta menor no es excepcional en Guatemala, donde diariamente se contabilizan 18 partos de niñas de menos de 14 años, según el Sistema Nacional de Salud. Por su parte, Unicef apunta que cada día se quedan embarazadas 216 niñas y adolescentes, muchas de ellas tras ser violadas por familiares. Solo en los ocho primeros meses de 2015 se registraron 4.431 embarazos en niñas menores de 14 años, de las cuales había nueve con solo 10 años y 54 con 11 , tal como revela el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar).
Muy pocos casos son denunciados ante la Justicia, ya que, según constata Osar, una vez que queda embarazada la niña es obligada, ya sea por la familia o la comunidad, a asumir la maternidad. Ello se tradujo en que, de las 3.722 niñas menores de 14 años que quedaron embarazadas entre enero y julio de 2015, solo se presentaron 400 denuncias, mientras que el año anterior únicamente se denunciaron 680 casos que derivaron en 40 condenas pese a que la cifra de embarazos en esta franja de edad se elevó hasta las 5.119. Son varias las menores que viven en La Alianza con sus hijos, para quienes hay una guardería y unas cuidadoras para que las niñas puedan estudiar. Escobar señala que se dan casos en los que las menores rechazan a sus hijos y no quieren verlos, por lo que viven separadas de ellos en la residencia y sólo conviven con ellso unas horas al día. El objetivo es que poco a poco los vayan aceptando.
Prostitución infantil
La directora de La Alianza señala que ha visto casos de familias con varios hijos en las que los padres deciden vender a su hija por 25 quetzales (menos de tres euros) para que mantenga relaciones sexuales, por lo que se dan muchos casos de prostitución infantil. Una de las menores que fue acogida se prostituía con 12 años y llegaba a tener hasta 25 clientes por día para "poder comprar el desayuno” a sus hermanos, según señaló la niña. La menor fue ingresada en esta institución, aunque su madre la llamaba constantemente para reprocharle que "por culpa suya” estaba enfermando ya que ella y sus hijos no tenían para comer.
Por su parte, la Procuraduría revela en su último informe sobre Trata de Personas en Guatemala que el 60% de las niñas embarazadas es de origen maya, por lo que alerta de que una niña indígena puede ser cuatro veces más discriminada por ser niña, menor de edad, indígena y pobre. Así, en estas comunidades suelen ser habituales los matrimonios forzosos entre niñas y adultos, lo que ha provocado que el Congreso de Guatemala aprobara en noviembre de 2015 una modificación del Código Civil para aumentar de 14 a 18 años la edad mínima de las niñas para poder casarse, si bien un juez podrá autorizar el matrimonio de menores si han cumplido los 16. Incluso en este punto existía discriminación, dado que los niños podían contraer matrimonio a partir de los 16 años, dos años más tarde que ellas, si bien también se ha elevado la edad hasta los 18. Hasta esa fecha, Guatemala era el único país de Centroamérica que permitía que las menores contrajesen matrimonio a tan corta edad. Lo que no lograron los legisladores fue un consenso para reformar también los artículos que permiten mantener relaciones sexuales con menores a partir de los 14 años.
LA FISCALÍA, CONTRA LA TRATA
La permisividad con la violencia sexual provoca que las menores caigan en redes de trata, tal como desvela un informe de la PDH, según el cual Guatemala registró entre 2009 y 2015 un total de 477 casos de explotación sexual infantil. La mayoría se trató de prostitución infantil (413), seguida de pornografía (60) y turismo sexual (4).
Así, la directora de La Alianza tuvo la oportunidad en 2012 de enviar una carta al Consejo del Ministerio Público (MP), en nombre de las 18 organizaciones que conforman la red contra la trata, con el fin de solicitarle la creación de una Fiscalía de Sección contra la trata, con el propósito de "fortalecer la investigación penal de los casos y combatir las redes criminales que se lucran de este delito”. Tras analizar la petición, el MP decidió crear la citada Fiscalía teniendo en cuenta que Guatemala es el país centroamericano con mayor número de víctimas estimadas de trata, tras alcanzar las 33.800 en 2014 entre menores y mayores de edad, seguido de Honduras (17.700) y El Salvador (13.800).
Blog de la autora: https://cronicasdeunainquilina.com/2016/06/13/las-ninas-violadas-de-guatemala/
Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado contacto@cronicasdeunainquilina
Hay tantas cosas que en Guatemala necesitan atención urgente pero como no tocan los bolsillos de la clase media no las denunciany no respaldan las investigaciones. Entre otras cosas la sociedad guatemalteca carece.com
Blog de la autora: https://cronicasdeunainquilina.com/2016/06/13/las-ninas-violadas-de-guatemala/
Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado contacto@cronicasdeunainquilina


Publicado por ADITAL  - Guatemala – 16/06/16 -

Explotación infantil, un tema aún no resuelto.

Imagen EFE
La eliminación de la explotación infantil, es aún un tema pendiente a ser superado en el país, es “una realidad en la que se debe trabajar de manera urgente” para proteger a los miles de niños y adolescentes obligados a trabajar, manifestó el Defensor del Pueblo, David Tezanos, según un comunicado institucional.
La autoridad reconoció que el  problema persiste no obstante los avances normativos dados en el país y con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se celebró este 12 de junio, llamó a reflexionar sobre la situación de esos menores, que por razones económicas están obligados a trabajar exponiéndose a situaciones peligrosas y ser víctimas de explotación laboral afectando su integridad física y psicológica.
Las Naciones Unidas dedicó este año, este día, a la eliminación  del trabajo infantil en las cadenas de producción, a los millones de niños en el mundo que hacen trabajos domésticos, remunerados o no, en los hogares de terceras personas, cuyas “vidas transcurren ocultas a la mirada de la sociedad y lo habitual es que se encuentren aislados y alejados de sus familias. Por ello, estos menores son particularmente vulnerables a la explotación y las historias de abuso son muy frecuentes”.
Según los datos de la ONU, 168 millones de niños todavía son víctimas del trabajo infantil, en todas las cadenas de suministro: de la agricultura a la manufactura, de los servicios a la construcción.
En Bolivia, según el INE, en base al Censo 2012, el 60,1 por ciento de los menores que trabaja asiste a la escuela; el 27,9 por ciento de los niños y adolescentes, entre 5 y 17 años, participa en actividades productivas económicas (remuneradas o no). Por grupo ocupacional, 50,2 por ciento trabaja como productor y trabajador en agricultura, un 21,4 por ciento se dedica a la venta y 13,8 por ciento es operario o artesano.
Por rama de actividad económica, la mayoría de los puestos de trabajo de niños y adolescentes está en el sector agropecuario y minería, con 53,4 por ciento, seguido  por  los sectores  comercio con 17,4 por ciento, manufactura con 10,0 por ciento y servicios con 8,1 por ciento.

PAPA PIDE POR LOS NIÑOS
El papa Francisco denunció ayer la explotación infantil, que calificó como una forma de esclavitud moderna, e hizo un llamamiento para erradicarla, en la jornada en la que se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Francisco realizó estas reflexiones antes del rezo del Ángelus de este domingo en el Vaticano. “Hoy se celebra la Jornada Mundial contra el Trabajo Infantil. Renovemos todos unidos el esfuerzo para acabar con las causas de esta esclavitud moderna, que priva a los menores y a los niños de algunos derechos fundamentales y les expone a graves peligros. Hay en el mundo muchos niños esclavos”, lamentó el Pontífice.
El Papa denunció en diversas ocasiones, en el pasado, la existencia en las sociedades modernas de diferentes expresiones que son formas de una esclavitud moderna, tales como la explotación infantil, las escasas oportunidades de trabajo, la prostitución o el tráfico de órganos.

Publicado por Diario Los Tiempos – Bolivia - Junio 2016 -

Condenada a un año de cárcel la mujer holandesa violada en Catar


Laura, la joven holandesa detenida en Catar tras denunciar una violación.
La mujer holandesadetenida en Cataracusada de adulteriodespués de quedenunciara ante la policía que había sidoviolada ha sido condenada a un año de cárcel, con con pena en suspensión y al pago de una multa equivalente a 731 euros. La joven, de 22 años y llamada Laura, no tendrá que cumplir la pena de prisión y será deportada a Holanda en los próximos días, según explicó la embajadora holandesa en el país.
La mujer estaba de vacaciones y acudió a una fiesta en un hotel deDoha. Sus abogados explican que, tras haber sido drogada sin saberlo, se despertó en un apartamento y se dio cuenta de que había sido violada. Tras presentar la denuncia, fue arrestada bajo la acusación de haber practicado sexo fuera del matrimonio. Elpresunto violador fue detenido pero defendió su inocencia con el argumento de que la relación había sido consentida.
"UN GRAN HORROR"
El abogado defensor de la joven, Brian Lokollo, explicó o en una entrevista a una cadena de radio holandesa, que su clienta acudió a bailar a un hotel de Doha donde el alcohol estaba permitido pero enseguida, después de los primeros tragos a su bebida, se sintió "muy mal". "La siguiente imagen que recuerda -ha dicho el letrado- es despertarse en un apartamento y darse cuenta, con gran horror, que había sido violada, por lo que se presentó ante la policía para denunciar el suceso.
A través de las redes sociales y bajo la etiqueta #FreeLaura, cientos de personas han mostrad en los últimos días su apoyo a la joven.

Publicado por elperiodico.com – Barcelona – 13/06/16 -

A mujeres trans les impidieron usar baños femeninos en reunión con la OEA

El hecho se presentó en el encuentro entre la sociedad civil y el secretario de la Organización de Estados Americanos, horas antes de que iniciara la sesión de la Asamblea de la OEA, en República Dominicana.


Horas antes de que la Asamblea de la OEA iniciara su sesión en Santo Domingo, República Dominicana, la sociedad civil elevaba sus peticiones ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Durante el fin de semana, distintos temas de derechos humanos fueron abordados en el encuentro, y en especial la discusión sobre la situación de las personas LGBT. La masacre de Orlando (EE.UU.), en la que murieron 49 personas que asistían a un bar gay de la ciudad, coincidió con la discusión sobre los mínimos vitales que los ciudadanos merecen los Estados del sistema.
Un minuto de silencio fue la forma en la que el encuentro rechazó esta matanza. Sin embargo, el gesto se vio empaña por un hecho que puso en tela de juicio el espacio democrático y discriminó a la población trans. Algunas personas del equipo de seguridad del hotel donde se llevaba el evento impidieron a las mujeres trans ingresar al baño de mujeres. El acto ha generado indignación en esta comunidad y dejó en evidencia el largo camino que queda para la igualdad.
En entrevista con El Espectador, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo y activista que se encontraba en el lugar, relata lo sucedido y las conclusiones del evento.
¿Cuáles fueron las principales solicitudes que le hizo la sociedad civil a la OEA?
La sociedad civil está dividida en cinco mesas: democracia, derechos humanos, LGBT, población afro y familia. Pedimos que se garantice el mantenimiento económico del sistema interamericano, hay preocupación por la debilidad en la democracia y las políticas de migración, desplazamiento y movilidad humana, solicitamos que se empiece a implementar la convención de pueblos indígenas, que demoró casi 15 años, y que los Estados garanticen la desaparición de los crimines de odio. Por último que se revise que los países miembros cumplan con los protocolos con el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
¿Cuántas personas estuvieron presentes de Colombia y qué pidió el movimiento LGBT?
Sobre esto se formaron tres grupos diferentes: la coalición ciudadana LGBT, en la que participaron tres personas de Colombia; la red de personas trans, donde estuvo una persona colombiana y las personas LGBT afrodescendientes, en la que participó otra connacional. Se les exigió a los Estados que permitan que las personas LGBT vivan libremente sin humillaciones, despenalizar las relaciones de parejas del mismo sexo, terminar la persecución contra las personas trans, ponerle fin a las mutilaciones que sufren a las personas intersex y aumentar los recursos para campañas de prevención de VIH. Que los países rodeen y aprueben la Convención de Derechos Humanos y Reproductivos.
¿Qué se hará con esas solicitudes?
La sociedad civil se reúne en las mesas de trabajo, ahí se discuten las propuestas, y se arman documentos que se entregan al secretario general. Eso se hizo ayer en la mañana y en la tarde se habló con el secretario sobre las dudas. Hoy se hizo lectura plena ante los embajadores de cada uno de los países. Algunos de estos temas entran a discusión de la Asamblea de la OEA si tienen relación con la agenda.
¿Por qué la comunidad LGBTI se confrontó con el equipo de seguridad del evento?
Yo asisto a la asamblea hace seis años y es la primera vez que tengo que presenciar este espectáculo. Las mujeres trans siempre hacen uso de los baños que se han dispuesto para las mujeres en las reuniones. Ayer en horas de la mañana en el recinto de la Asamblea de la OEA (un hotel que se rentó para tal propósito en Santo Domino), el equipo de seguridad les impidió a ellas usar el baño de mujeres por tener una “construcción anatómica masculina”. El tema se dio a conocer al personal de la OEA, pero el episodio se repitió en la tarde hasta que se resolvió y ellas pudieron usar el baño.
¿Considera que este episodio fue contradictorio luego de que la OEA se solidarizada por la matanza en Orlando?
La situación logró ser resuelta, pero nos parece el colmo que esto suceda en el seno de un espacio democrático. A la OEA le faltó más tino de prevenir ese tipo de situaciones. Además se dio un agravante: un grupo de fundamentalistas de la sociedad civil, que año tras año participan en la OEA y que son muy beligerantes, empezaron a amotinarse en los baños impidiendo que las mujeres trans los usaran porque “atentaba contra la seguridad de las mujeres biológicas”. No estamos diciendo que estos grupos no puedan participar, pero creemos que deben existir unos mínimos. Al salir del hotel nos esperaba una manifestación promovida por las iglesias dominicanas, era el día de la masacre de Orlando, y no nos parece presentable que horas después de que varios de los nuestros fueron masacrados en EE.UU. vinieran a masacrarnos verbalmente con sus ataques.
¿Deben todos los Estados Americanos cambiar el uso de los baños para las personas trans, como ya se debate en EE.UU.?
Yo creo que a la OEA le compete asegurar que las personas de la sociedad civil tengan todas las garantías, si le ha apostado a reconocer los derechos de las personas trans en las asambleas tiene que garantizar la infraestructura. Que cuando convoque a esta población le exija al Estado que presta el servicio de la reunión que estén las condiciones de buen trato, así como se piden cuerpo de seguridad para los diplomáticos. Yo no conozco a ningún país de América Latina que restrinja el uso de los baños, ninguna legislación se ha ocupado de eso. Lo otro es que debe exhortar a los Estados que ya tienen legislación sobre personas trans para que toquen el tema de uso mixto para las baños como lo hizo EE.UU., ese sería el caso de Uruguay, Argentina y Bolivia.
¿Cómo afecta a la comunidad LGBTI la crisis que afronta la CIDH?
Nos perjudica mucho porque es el organismo internacional que más ha visibilizado la agenda y necesidades de personas LGBT y su debilitamiento es peligroso. La agenda LGBT se ha visto fortalecida en América Latina por la exhortación permanente que el sistema interamericano ha hecho a los Estados a garantizar los derechos de esta población. La misma comisión ha visitado a países del sistema, entre ellos Colombia en 2014, y se creó una relatoría.
La población LGBTI espera que la Asamblea de la OEA acepte una resolución propuesta por Brasil. ¿De qué se trata?
Les pide a los Estados que en el marco de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario se garantice el respeto y reconocimiento de la diversidad sexual e identidad de género, y que se generen campañas para erradicar los crímenes de odio. Estamos confiados en que sea aprobada. Hemos conocido que cinco países han hecho observaciones, es decir que han manifestado interés de no apoyar la resolución (Honduras, Guatemala, Paraguay, Barbados y Jamaica). Nos preocupa que esos son los que tienen los mayores niveles de violencia contra persona LGBT y no cae bien en el escenario internacional no apoyar esta resolución. Uruguay también presentará una resolución en contra de la tortura y reconoce que las personas LGBT son víctimas de este crimen.


Publicado por elespectador.com – Redacción Internacional – 14/06/16 -