martes, 8 de noviembre de 2016

“Se debe despenalizar por completo el aborto porque es un servicio de salud”: Médicos por el derecho a decidir

En su más reciente informe, la organización dice que la inclusión del aborto como un delito en el Código Penal es causa y efecto de la estigmatización de este derecho en el país.

María Mercedes Vivas, especialista en salud pública y coordinadora de "Médicos por el derecho a decidir". / Cortesía
El 10 de mayo Colombia celebró diez años de la despenalización parcial del aborto. Una conmemoración agridulce porque, a pesar de que existen varias sentencias de la Corte Constitucional que establecen el aborto como un derecho fundamental en tres causales, las mujeres siguen abortando en la clandestinidad. ¿La razones? La desinformación y los obstáculos que les impone el sistema de salud. (Vea aquí el especial multimedia “Diez años del aborto como un derecho”)
En el país se practican 398.000 procedimientos clandestinos frente a los 24.641 legales. Con motivo del  Día Internacional de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, celebrado el miércoles, el grupo “Médicos por el derecho a decidir” lanzó un informe en el que expone cómo impacta la estigmatización, a la que contribuye el sistema de salud, en los derechos reproductivos de las mujeres.
En entrevista con El Espectador, María Mercedes Vivas, especialista en salud pública y coordinadora de "Médicos por el derecho a decidir", explica las conclusiones más importantes del informe.
En Colombia las mujeres que quieren abortar se enfrentan a barreras en el sistema de salud. ¿Qué les dice a los médicos que aún siguen incumpliendo las sentencias de la Corte?
La sentencia C-355 del 2006 estableció el derecho que tienen las mujeres colombianas de abortar en tres circunstancias: cuando la salud o la vida de las mujeres está en riesgo; cuando el embarazo es producto de una violación, incesto o inseminación artificial no consentida; y cuando el feto tiene una malformación incompatible con la vida. Aún más, la Corte Constitucional determinó que son las mismas mujeres las que determinan qué riesgo están dispuestas a correr y no es necesario que el riego se concrete, es decir, que se vuelva un daño real para que ellas puedan solicitar la interrupción. En otras palabras, si una mujer solicita voluntariamente una interrupción del embarazo es obligación del médico asegurarle el acceso a un servicio seguro independientemente de si está de acuerdo con la ley o con la solicitud que le hace la mujer. De otra forma está incumpliendo con lo establecido por la corte. La ley colombiana determina que las mujeres pueden interrumpir los embarazos, es su derecho.
Uno de los miedos por los que las mujeres abortan clandestinamente es la estigmatización social, ¿los médicos han contribuido a esto?
Existen varios mecanismos por medio de los cuales el personal de salud ha contribuido a la estigmatización de las mujeres que acceden a servicios de aborto y, por asociación, a aquellos médicos que sí realizan la interrupción del embarazo.  Para empezar, son parte del grupo social que considera que las mujeres que abortan van en contra del “deber ser” femenino previamente establecido. Esto se refuerza, además, porque los médicos gozan de un estatus privilegiado en la sociedad, y están en contacto tanto con las mujeres que solicitan el servicio como con prestadores de servicios de aborto. Esta posición les permite hacer juicios que “marcan” aún más a las mujeres y marginan a los prestadores de servicios de aborto como si fueran personas sin escrúpulos o carentes de preparación profesional.
Adicionalmente, muchos médicos han hecho un mal ejercicio de objeción de conciencia, que no se puede confundir con barreras de acceso o negación injustificada del servicio. Han establecido una dicotomía falsa en la que la negación del servicio se hace por razones de conciencia mientras que la prestación del servicio es un acto casi que inconsciente.  Citando a mis colegas del grupo medico “prevenir que las pacientes se hagan un aborto, dar información legal o médica falsa o incompleta, negarse a referir paciente o negarse en casos específicos” es obstrucción de servicios  a los que las mujeres tienen derecho.  En contra parte, los médicos que prestan servicios de aborto están garantizando el ejercicio de múltiples derechos fundamentales de las usuarias. Yo le pregunto: ¿quién está actuando a conciencia? ¿El que niega injustificadamente un servicio o el que garantiza los derechos reproductivos de las usuarias?
¿Cuáles son los efectos de esa estigmatización sobre la salud pública?
El más grave es que se pone en riesgo el acceso a servicios de aborto seguro a las mujeres que los necesitan. Esto se da por varios mecanismos, entre otros por una crisis de recursos humanos donde hay pocos prestadores de servicios de salud dispuestos a someterse a la carga social y laboral  que representa ser garante de derechos reproductivos de las mujeres. Los médicos que están dispuestos a ser parte de esta fuerza laboral tienen pocos o ningún programa de capacitación en escuelas de medicina. Aquellos médicos que ofrecen servicios  de aborto se exponen a un amplio rango de manifestaciones de estigma que van desde la marginalización hasta la agresión y la violencia. Una de las consecuencias más graves del proceso de estigmatización en aborto es que permite que personal médico que debería prestar servicios de aborto seguro- porque es la ley y porque las mujeres tienen el derecho a decidir- no lo hagan agravando la crisis de recursos humanos.
La forma en que se estructuran los servicios de aborto también se ve afectada. Por ejemplo, Colombia no tiene un sistema de información que le permita saber ciertamente cuantas interrupciones voluntarias del embarazo hay. Esto tiene como consecuencia que no se cuenta con un panorama claro de las necesidades de las colombianas en esta materia y no se desarrollan políticas basadas en datos.  Se invisibiliza la necesidad y el trabajo duro que muchos sectores han venido haciendo para garantizar este servicio. En muchos casos, los servicios de aborto están separados físicamente de los otros servicios de ginecología, ahondado más en la idea que son “raros” o poco frecuentes – ambas cosas falsas. 
¿Cree que los médicos están preparados en Colombia para atender adecuadamente a una mujer que decide abortar?
La mayoría de escuelas de medicina no preparan compresivamente a sus estudiantes para atender mujeres que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo. Con esto no sólo me refiero a la técnica médica, también a la ley y a formarlos como sujetos garantes de derechos. A acompañarlos en los conflictos que puedan tener y a entender qué implica el uso adecuado de la objeción de conciencia.
¿Qué hace falta?
Hace falta que todos los programas de medicina capaciten a sus estudiantes en interrupción de un embarazo, en la sentencia, en los derechos de las mujeres que están en juego en este servicio de salud.
El informe que acaban de lanzar dice que los médicos han ejercido mal la objeción de conciencia, ¿cómo identificar cuando esto sucede?
La conciencia es un atributo personal. La objeción no es lo mismo que la obstrucción, el estrés moral, la desobediencia civil, la imposición de creencias, ni la imposición de barreras. La objeción de conciencia permite a un médico o médica negarse a prestar un servicio que, si  bien es  legal y corresponde a las competencias técnicas de su profesión, no le es posible prestar por razones basadas en profundas creencias religiosas, morales o éticas. El ejercicio de este derecho en nada modifica su obligación ética de no interferir con la autonomía de su paciente, de salvaguardar su bienestar y, más aún, de no hacerle daño o negarle información.  Es decir, un médico o medica que objete a realizar una interrupción por razones de conciencia debe asegurase de remitir a la usuaria a donde sí le puedan prestar el servicio y permitir el curso del ejercicio de su autonomía.
Una de las conclusiones finales asegura que se debe despenalizar por completo el aborto en Colombia, ¿por qué?
La inclusión del aborto en el código penal es ambas cosas, una causa y un efecto de la estigmatización del aborto en Colombia. Un servicio de salud no cabe en el código penal y el aborto es un servicio de salud. Mantenerlo en el código penal transmite mensajes confusos y permite que sea usado como un argumento para la negación de servicios.
Algunos de los contradictores de esta posición dicen que el país no está educado en planificación, y el aborto podría convertirse en la salida más fácil para un embarazo no deseado. ¿Qué opina?
Este es un argumento que muestra claramente la estigmatización de las mujeres que toman la decisión de abortar y las marca como personas que buscan salidas fáciles o irreflexivas. El embarazo no deseado es un factor de riesgo para la salud mental de las mujeres, si una mujer decide que no puede asumir ese riesgo es deber de la sociedad garantizarle acceso a servicios seguros de interrupción del embarazo.  Esa es una decisión tomada después de un proceso de reflexión donde se llega a la conclusión que no está lista para asumir una maternidad en el momento por el que pasa. Más allá de lo fácil o difícil que pueda ser para una mujer tomar esta decisión – eso corresponde a su fuero interno y no hace parte de la discusión- es deber del Estado facilitar el acceso  los servicios de interrupción del embarazo. 
 
Publicado por elespectador.com – Redacción Nacional – 29/09/16 -

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