miércoles, 11 de mayo de 2016

El género y el proceso de destitución de la presidenta brasileña

Mujeres saludan entusiasmadas a Dilma Rousseff, en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia, en Brasilia, durante un encuentro el 19 de abril, en que defensoras de la mandataria brasileña le manifestaron su respaldo, tras el comienzo del proceso de destitución en su contra. Crédito: Roberto Stuckert Filho/PR
La primera presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ahora amenazada de inhabilitación por el parlamento, frustró las esperanzas de que una mujer al frente del poder promoverían un empoderamiento de las mujeres, especialmente en la política.
Eso y la discriminación por su protagonismo en un mundo netamente masculino, como es la política brasileña, no son determinantes de su probable destitución, pero contribuyeron al deterioro de su gobierno, iniciado en 2011 y renovado por la reelección en 2014.
“Las explosiones nerviosas de la presidenta”, fue el titular del artículo en que la revista Isto É describió las supuestas reacciones de una mujer histérica ante la cercanía de que el Senado la someta a un juicio político, lo que la alejaría del poder dentro de tres o cuatro semanas y la destituiría definitivamente en seis meses.
Caricaturas que acompañaban la información realzaban el supuesto desequilibrio emocional.
Ataques machistas en la prensa, en las redes sociales y parches pegados en vehículos “ayudaron a desgastar su imagen y representatividad política”, acusó Joluzia Batista, asesora del Centro Feminista de Estudios y Asesoría, parte del grupo de especialistas entrevistados por IPS sobre el componente de género en la crisis institucional.
“Hay un sesgo de misoginia en parte del discurso en contra del gobierno de Rousseff, especialmente del segmento religioso sectario”, que tiene líderes en el Congreso Nacional, señaló Sonia Correa, codirectora del Observatorio de Sexualidad y Política, un foro internacional.
Los ataques sexistas que enfrentan las mujeres en la vida política no parten solo de adversarios, “ocurren también dentro de los partidos”, advirtió Fátima Pacheco Jordão, experta en análisis de opinión pública.
En el gobierno, Rousseff “nombró muchas ministras, difundiendo la idea de que mujeres también pueden ejercer el poder”, y reforzó el combate a la violencia contra mujeres, perfeccionando la legislación, recordó.
Pero en relación a los derechos reproductivos “fue un desastre, sofocó el debate sobre autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, la planificación familiar y el aborto”, ignorando compromisos asumidos por Brasil en las conferencias de las Naciones Unidas de los años 90, lamentó Jordão.
“En el balance de su gobierno, quedó un déficit en políticas públicas para mujeres”, acentuó.
“Como primera presidenta de Brasil tuvo un impacto simbólico importante en América Latina, pero confirmó que una mujer en el poder no asegura políticas progresistas ni compromiso con la igualdad de género”, sentenció Correa.
Su discurso contra la violencia y la pobreza “no fue acompañado de un esfuerzo para alterar las relaciones de género. No avanzó en la oferta de guarderías ni en derechos sexuales  sexuales y reproductivos, precondiciones para una participación plena de las mujeres en la esfera pública”, sostuvo.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, firma el viernes 22 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el Acuerdo de París sobre cambio climático, en lo que probablemente será su último acto internacional antes de que el Senado le abra un juicio político, lo que la separaría del poder, mientras se decide o no su destitución. Crédito: Roberto Stuckert Filho/PR
Brasil presenta una escasa presencia femenina en su parlamento y en la política en general.
Es de solo 10 por ciento en la Cámara de Diputados, que decidió el 17 de abril acoger un pedido de abrir un proceso de destitución de Rousseff. Ahora previsiblemente ratificará la medida el Senado, que en ese caso será el órgano que realizará el juicio político a la mandataria y decidirá su inhabilitación o no.
De las 51 diputadas, 29 votaron a favor del proceso, es decir 56,9 por ciento, una proporción insuficiente para aprobar el juicio. Pero de los 513 diputados y diputadas, los opositores alcanzaron 71,5 por ciento de los votos, superando el 66,7 por ciento necesario para aprobar el segundo juicio a un presidente en la historia de Brasil.
El primer “impeachment”, el término anglosajón que denomina aquí el proceso de destitución,  tuvo lugar en 1992 y destituyó al expresidente Fernando Collor, elegido en 1989.
Para trabar o incluso retroceder en demandas feministas, como la despenalización del aborto, fueron decisivos los compromisos firmados por Rousseff con las diferentes iglesias, especialmente con las nuevas sectas evangélicas, en que predomina un “dogmatismo religioso”, según Correa.
Los evangélicos cuentan con una gran bancada en el legislativo Congreso Nacional, que comprende el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de fuerte actuación tanto en iniciativas legislativas que restringen los derechos femeninos, como en el proceso de inhabilitación de Rousseff.
Las restricciones al aborto que pretenden imponer esos religiosos, como la exigencia de comprobación médica de estupro para que se permita el aborto en excepción prevista legalmente, “son solo un pretexto para impulsar un proyecto político”, de ampliación del poder de las iglesias, evaluó Correa, basada en largas discusiones con sus dirigentes.
“Fue un gran error estratégico (del gobierno) alargar el campo de alianzas políticas a esas religiones, además de no democratizar las comunicaciones sociales”, opinó Joluzia Batista, destacando que los evangélicos controlan numerosas emisoras de radio y televisión.
El discurso conservador ganó fuerza y misoginia en la Cámara de Diputados, cuando  Marco Feliciano, de confesión evangélica, presidió su Comisión de Derechos Humanos, observó.
El temor de las feministas es que la posible destitución de Rousseff favorezca nuevos retrocesos en los derechos de las mujeres, especialmente en salud reproductiva y en la política.
Pero Jordão relativiza el riesgo. El fracaso de la primera presidenta “no se debió al hecho de ser mujer o a factores relacionados y el futuro dependerá de los movimientos sociales que ganan más importancia ante la crisis y la esterilización de los partidos”, dijo.
Correa, por su parte, prevé algún aprovechamiento político e ideológico por los conservadores, “enemigos de la participación política de las mujeres”, aunque tengan sus líderes femeninas. Pero su gran temor es una “regresión” de la presencia femenina en el mercado de trabajo.
El demógrafo Eustáquio Diniz Alves, profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas, constató la reversión de la tendencia desde 2013. Por más de 60 años a partir de 1950, “las mujeres constituyeron la fuerza renovadora del mercado de trabajo brasileño”, reveló.

La población económicamente activa femenina se multiplicó 16 veces de 1950 a 2010, mientras la masculina creció 3,6 veces. Además las mujeres se estudiaron más que los hombres, alcanzando escolaridad más elevada.

Pero los datos de empleo, acompañados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística en las seis principales regiones metropolitanas del país indican que la crisis económica afectó gravemente a las mujeres.
Su tasa de ocupación aumentó de 40 por ciento en 2003 a 48 por ciento en 2012, representando 7,9 millones y 11,2 millones de mujeres ocupadas respectivamente. A partir de entonces se invierte la tendencia. En enero de 2016, la tasa volvió a 43 por ciento y eran 10,6 millones las mujeres empleadas.
“La caída empezó antes de la recesión económica”, registrada solo a partir de 2014, apuntó Alves. Ello porque mujeres y jóvenes son los primeros despedidos al desacelerar la actividad.
Esa regresión es muy grave porque “solo una buena colocación en el mercado de trabajo proporciona autonomía y empoderamiento a las mujeres que ya presentan mayor escolaridad”, explicó. Es “raro que ocurra cuando una mujer preside el país”, acotó.
Además significa que se desaprovecha el llamado bono demográfico, época de mayor proporción de personas en edad activa que de niños y ancianos, que deberá tener lugar hasta 2030. “Desarrollarse y obtener el bienestar social exige aprovechar ese bono, como lo han hecho todos los países desarrollados”, alertó Alves.
Publicado por IPS – Rio de Janeiro – Mario Osava – 30/04/16 - Editado por Estrella Gutiérrez


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