lunes, 14 de septiembre de 2015

“Soy pobre y analfabeta, pero lucharé por nuestras montañas”

Máxima Acuña de Chaupe resiste en la Laguna Azul. / ALEXANDER LUNA

En Tragadero Grande, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, frente a la Laguna Azul, en la Comunidad de Sorochuco, Región de Cajamarca, al Norte de Perú, una mujer de 44 años hace oír su voz. "Soy pobre y analfabeta, pero sé que nuestra laguna y las montañas son nuestro verdadero tesoro, y lucharé para que el proyecto Conga no las destruya", dice con firmeza Máxima Acuña de Chaupe, quien lleva resistiendo cuatro años de litigio y múltiples intentos de desalojo por parte de la Minera Yanacocha, la más grande productora de oro de Sudamérica.
El proyecto Conga está administrado por la sociedad anónima Minera Yanacocha —constituida por las empresas Newmont Mining Corporation (51,35%), Compañía de Minas Buenaventura (43,63%) yCorporación Financiera Internacional(5%)—, plantea trasvasar el agua de cuatro lagunas (Mala, Chica, Azul y Perol) hacia tres reservorios que se construirán cerca del lugar de origen de las mismas. Bajo los humedales hay oro, plata y cobre. Y en la Laguna Azul se tiene previsto depositar toda la roca removida.
Máxima afirma que la minera no trae nada bueno a su tierra. "Si entran aquí no quedará ni montañas ni laguna". En 2011 ella denunció a Yanacocha ante la fiscalía de Celendín porque quiso arrebatarles por la fuerza su predio Tragadero Grande. "Desde ese año, vivimos intranquilos, como secuestrados entre las montañas, porque la minera nos acosa y controla nuestras entradas y salidas".

El rol policial en el conflicto

Desde que se inició el litigio, Máxima denunció en reiteradas ocasiones ser víctima de agresión policial. Pese haber pedido garantías para ella y su familia, la policía sólo brinda protección a la minera. "Hasta estos momentos la policía y el personal de la minera siguen atacándonos con abusos y atropellos y destrucción de mi propiedad". Explicó que en una oportunidad una de sus hijas terminó inconsciente debido a los golpes de agentes de la División de Operaciones Especiales (Dinoes).
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontifica Universidad Católica del Perú(Idehpucp), en un informe publicado en noviembre del 2013, señala que la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional(Diroes) afirma tener 22 convenios con empresas extractivas, uno de ellos con el Proyecto Conga, los cuales se dan mediante un Plan de Operaciones, donde la Diroes a través de la Dinoes, dispone su personal, armamento y equipamiento operativo para cubrir las necesidades de seguridad de las empresas, las cuales, a su vez, otorgan un beneficio a la policía y al Estado Peruano.
A inicios del 2015 la Minera Yanacocha reanudó las intervenciones policiales. "El 20 de enero, policías y seguridad privada, contratados por la minera, volvieron a hostigarnos e intimidarnos. El 3 de febrero, 200 hombres de la DINOES, personal de seguridad, ingenieros y obreros destruyeron la casa que estábamos construyendo. Y el 5 de febrero colocaron unos cercos al lado de mi terreno y una caseta para vigilarnos a mí y a mi familia."
La minera se remite a una hoja informativa en la que asegura que en 1996 compró varios terrenos a la Comunidad de Sorochuco, entre ellos el de Tragadero Grande. "La propiedad de Yanacocha sobre los predios en cuestión está acreditada por los documentos de transferencia que son legalmente válidos, que han sido debidamente inscritos, y por varias actuaciones fiscales y documentos que obran en el proceso judicial". Además, sostiene que "la venta de los terrenos se realizó con la aprobación de la Asamblea de la Comunidad Campesina de Sorochuco, y los documentos de venta fueron firmados por los representantes de la comunidad y por miembros que actuaron como testigos, incluyendo al señor Samuel Chaupe Rodríguez, padre de Jaime Chaupe Lozano, esposo de Máxima Acuña".
Pero Máxima aclara: "En 1996 la minera fue comprando a cada familia sus predios. Nuestros vecinos nos preguntaban por qué no vendíamos. 'Esta es nuestra tierra y aquí nos quedaremos', les dijimos". Ella compró el predio a la Comunidad de Sorochuco en 1994. "Tengo el certificado de posesión donde se reconoce que soy propietaria y comunera. Nos dedicamos a la agricultura y al pastoreo, cultivamos papas y ocas, no hacemos daño a nadie".
En 2011 Máxima pasó de ser denunciante a denunciada. "Yanacocha nos demandó por usurpación agravada. Ordenaron que nos desalojaran, incluso que fuéramos a la cárcel y que pagáramos una reparación a la minera". Para entonces, su historia ya era conocida entre las organizaciones de derechos humanos y se había convertido en símbolo de la lucha contra el proyecto Conga. La ONG Grufides asumió la defensa legal y finalmente, en diciembre de 2014 y en segunda instancia, la corte de Cajamarca la declaró inocente del delito de usurpación agravada.
Sin embargo, la minera sostiene que la sentencia a favor de Máxima es en el ámbito penal y no la reconoce como dueña. La opción que queda ahora es ir a un juicio civil para esclarecer el tema de la propiedad de este terreno de 23 hectáreas. De momento, la defensa de Máxima ha denunciado a Yanacocha por usurpación agravada y ha presentado un recurso de habeas corpus para impedir lo que consideran hostigamiento.

#‎MáximaNoEstáSola

Máxima ya no está sola, su sufrimiento ha despertado la solidaridad de diversas organizaciones y personas, y es una figura internacional. LaComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, pidieron al Estado Peruano garantizar la vida e integridad de Máxima Acuña y su familia.
La Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida de Cajamarca, integrante de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM), red regional de mujeres de origen rural e indígena afectadas por prácticas y políticas mineras, presentaron una denuncia ante elMinisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y ante la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando su intervención ante esta grave violación de los derechos humanos.
Melissa Wong Oviedo, representante de ULAM sostiene: "En América Latina es creciente la violencia psicológica, física y ambiental contra las mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes por parte de las industrias extractivas. Son despojadas de su territorio, son víctimas de la trata y abusadas sexualmente. La industria extractiva les afecta más que a los hombres, porque se ven obligadas a buscar nuevas fuentes de agua, son las garantes de la seguridad y soberanía alimentaria de sus familias y pierden su trabajo al ver sus tierras improductivas. Además, como el caso de Máxima, se exponen a la intimidación y abusos de trabajadores mineros y son criminalizadas por sus gobiernos, por denunciar y protestar".
Máxima sostiene que el Presidente Ollanta Humala les ha traicionado: "En su campaña electoral nos prometió proteger el medio ambiente y el agua. Ahora no dice nada y calla ante los intereses de la empresa minera. Le pido que se pronuncie y deje de defraudar a la población".
Máxima afirma que la minera no trae nada bueno a su tierra: "Si entran aquí no quedará ni montañas ni laguna"
Insiste que no se dejará sobornar por la mina, que no venderá su predio porque no busca beneficio personal y suceda lo que suceda continuará con su causa. "Nuestra lucha no sólo es por mi familia y mi terreno, es por todas las comunidades, por la salud de las personas y para proteger a la laguna". Sostiene que en Cajamarca hay poblaciones donde la mayoría tiene cáncer porque tienen plomo en la sangre y nadie dice, ni hace nada. "Yo no voy a callar, sé que vendrán a buscarme y me van a desaparecer. Pero en el campo he nacido y en la tierra moriré".
"A las hermanas y hermanos de todo el mundo les pido que sigan apoyando nuestra causa, porque su solidaridad nos protege, nos da ánimo y aliento". Máxima pide ayuda internacional para que se haga justicia: "No es posible que una empresa abuse y hostigue a una familia que no tiene más sustento para vivir que el alimento que le dan la tierra y el agua".
El 6 de marzo, la Red Latinoamericana de Mujeres ULAM, otorgó a Máxima el premio Defensora del Año 2014. Lina Solano Ortiz, presidenta de esta organización, sostuvo: "Ella es símbolo de las luchas de las mujeres en Latinoamérica, más aún, cuando se encuentran en situación de riesgo". Máxima Acuña fue seleccionada para este premio a través de una votación mundial vía internet, entre siete mujeres seleccionadas para obtener este reconocimiento.
Publicado por El Pías – Lima (Perú) – Sara Cuentas Ramírez – 07/04/15 -


¿Qué es la discriminación de género? Diferencia entre discriminación de género y por razón de sexo

Imagen de la serie 'Female Role Models' de Gloria Zelaya.  Gloria Zelaya

Tanto la discriminación por razón de sexo como la degénero excluyen o limitan el acceso de las mujeres a sus derechos y a determinados ámbitos y espacios de actuación, obstaculizando su poder y su desarrollo personal como ciudadanas. La primera, excluye a las mujeres por el hecho de serlo. La segunda, se basa en los estereotipos culturales y sociales que prescriben roles y funciones diferenciados para las mujeres y los hombres.

Han existido y existen muchas formas de discriminación de género a lo largo de la historia, como limitar el derecho al voto o a la educación, a ser propietarias de bienes y tierras o a aspectos cotidianos como practicar algún deporte. Quizás, la más frecuente en nuestros días es la discriminación laboral, que se manifiesta endiferencias salariales, diferente valoración económica del trabajo u obstáculos para acceder y ascender en una empresa u organización. 

Discriminación por razón de sexo

La definición oficial de discriminación por razón de sexo quedó recogida en 1979 por Naciones Unidas como "toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. (Artículo 1. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Asamblea General de Naciones Unidas).

La ley de 2007 para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres diferencia tres tipos de discriminación:
·        
      Discriminación directa: Situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en una situación comparable (artículo 6). Por ejemplo, un despido por embarazo. .
·         Discriminación indirecta: Es la más frecuente y la más difícil de probar. Se define como aquella "situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro". (artículo 6). Por ejemplo, los convenios y contratos salariales pueden establecer categorías profesionales a las que acceden mujeres y hombres, pero un análisis de las mismas puede probar que los hombres son los que acceden a los puestos mejor pagados o los que tienen una nómina más gruesa por las dietas, sobresueldos o condiciones especiales.
·         Discriminación múltiple: Se habla de doble, triple o múltiple discriminación, cuando además de la desigualdad de género se cruzan otros tipos de discriminación, como la racial, por condición sexual, por edad, por discapacidad, por creencia... Un ejemplo es el de una mujer inmigrante, que puede sufrir doble o múltiple discriminación por los estereotipos hacia su colectivo y por el hecho de ser mujer. 

Discriminación positiva

Por si todavía quedaban pocas dudas acerca de la falta de sensibilidad de la Real Academia Española hacia las mujeres, a la hora de definir el verbo 'discriminar' tras una primera acepción general: "Seleccionar excluyendo", su segunda acepción es "Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.". En ella, no aparece expresamente la discriminación por razón de sexo o género, a pesar de ser "la forma más generalizada de exclusión", según la directora ejecutiva de ONU Mujeres.
Sí, en cambio, forma parte de la definición de discriminación positiva, que sería "la protección de carácter extraordinario que se da a un grupo históricamente discriminado, especialmente por razón de sexo, raza, lengua o religión, para lograr su plena integración social".
Estas acciones positivas son, en realidad, medidas para corregir "situaciones patentes de desigualdad patentes respecto al hombre, razonables y proporcionadas" en cada caso en concreto. Por ejemplo, la implantación de cuotas en los gobiernos para asegurar una representación equitativa de mujeres y hombres.


Por tener una pareja del mismo sexo, le niegan la custodia de su hijo

Rocío ha tenido que librar un juicio por la custodia de su hijo Dani, de siete años, pero también una batalla contra la discriminación por tener una pareja del mismo sexo, factor determinante para que la jueza Paula Eva Hernández Granados otorgara la patria potestad a Agustín, el padre.

En el Estado de México, Rocío no sólo ha tenido que librar un juicio por la custodia de su hijo Dani, de siete años, sino también una batalla contra la discriminación por tener una pareja del mismo sexo, factor que fue determinante para que la jueza Paula Eva Hernández Granados otorgara la patria potestad al padre del niño.
El argumento de la jueza fue que el padre, Agustín, tiene “mayores elementos psicológicos” para criar al niño, mientras que la convivencia con Rocío y su pareja podría resultar “en perjuicio del sano desarrollo del menor y de la propia sociedad”.
“Aquí no están peleando la guardia y custodia de mi hijo, están peleando mi relación, pero no tienen por qué discriminar a nadie. Me siento más capaz que nunca”, dijo en entrevista Rocío Santos, de 25 años, quien vive con Laura desde hace dos años. Ambas esperan que en el siguiente proceso, la ley se aplique con base en pruebas y no en prejuicios.
Después de la sentencia de la jueza Hernández Granados que le quitó la patria potestad, el proceso de apelación está en manos del magistrado Enrique Vega Gómez, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Violencia intrafamiliar 
La batalla comenzó en 2012, cuando Rocío decidió buscar empleo porque el dinero que Agustín ganaba, trabajando como albañil por temporadas, era insuficiente para los tres. Ni siquiera habían podido independizarse y continuaban viviendo en la casa de los padres de él.
Ella consiguió empleo en una tortillería. A pesar de que durante su jornada laboral estaba con su hijo, el padre le reclamaba que estuviera fuera de casa. Y, como había sucedido durante toda su relación, la golpeaba. Después de una discusión, cuando regresó de trabajar, Agustín sacó su ropa a la calle; entonces Rocío, junto con su hijo, regresó a vivir con su madre e interpuso una denuncia por maltrato.
Dani tenía cuatro años y vio a su padre frecuentemente durante seis meses. En ese periodo, Rocío y Laura comenzaron una relación. Cuando Agustín se enteró, la violencia llegó al extremo de que Agustín fue a su trabajo y la amenazó con un arma de fuego para que regresara con él.
Rocío pensaba que el niño debía mantener contacto con su padre aunque ya no vivieran juntos, y fue así que el el 28 de agosto de 2014 accedió a dejarlo con él una semana. “Confié en él y se lo presté”, narró Rocío.
El 1 de septiembre, después de varios intentos para que le entregara al niño, la madre interpuso una demanda para conseguir la patria potestad en el Juzgado Octavo con sede en Tlanepantla, Estado de México. Al llegar, lo primero que le dijeron es que el padre tenía todo el derecho de llevárselo y que la mejor opción era que “robara” al niño.“¿Cómo me lo voy a robar si para eso está la ley?”, dijo. Le asignaron un abogado de oficio para iniciar con el proceso.
Violencia institucional, la constante
El abogado asignado por el Instituto de Defensoría Pública del Estado de México, adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, sólo presentó tres documentos como “pruebas” para el juicio (acta de nacimiento y CURP del niño, comprobante de domicilio) y dos testigos.
Durante el proceso, Agustín acusó a la madre de ser drogadicta, de vivir en la calle y no tener dinero suficiente para mantener al niño, además que su relación homosexual podría afectar a su hijo.
Sin embargo, Rocío y Laura habían cuidado del niño durante poco más de un año.Tenían los registros de su asistencia a la escuela, de los cuidados médicos y podían comprobar que su casa tenía las condiciones necesarias para que el niño viviera con ellas, pero nada de eso fue presentado como prueba por el abogado.
Por ello, ambas acudieron a EDNICA (Educación con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Calle), organización que Laura conocía desde hacía tiempo. José Serrato, del área jurídica comenzó a revisar el caso, y el defensor de oficio abandonó el proceso. “Si tienen dinero para pagar un abogado, ya no las puedo representar”, le dijo a Rocío.
Durante el juicio, la jueza ordenó un estudio psicológico aplicado por un perito del sistema judicial mexiquense. En él se determinó que el niño presenta “dificultades para comprender la separación de sus padres así como la relación entre su madre con su pareja Laura y el rol que juega cada uno en su núcleo familiar”. El examen psicológico de Agustín contiene sólo sus dichos, pero ninguna valoración sobre su comportamiento violento contra Rocío durante y después de su relación.
Con estos elementos, la jueza Hernández Granados determinó darle la custodia a Agustín porque “se debe procurar los cuidados y la asistencia que el menor requiere para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno dentro de un ambiente familiar y social que no afecte su situación emocional”, dice la sentencia.
Asimismo, decidió que el niño podría ver a su madre sólo sábados y domingos, entre las 9 y 21 horas. Esto hasta que Rocío tenga un cuarto independiente para el niño, ya que al permitirle que duerma en la misma habitación con su madre y su pareja “puede ser en perjuicio del sano desarrollo del menor y de la propia sociedad”. Además, la madre tiene que pagar una pensión alimenticia de mil pesos al mes, pese a que ella gana 2 mil 800 pesos mensuales.
“La jueza condenó mal porque se consideró a la madre como inviable para cuidar al niño por su condición de homosexualidad”, aseguró el abogado de EDNICA, José Serratos.
Se trata, dice, de un caso con una constante “violencia institucional” que comenzó  con el abogado de oficio que terminó abandonando el caso, el perito en psicología que hizo valoraciones dispersas y la jueza que tomó como verdad los dichos de Agustín y no atrajo más pruebas para valorar la situación de la madre.
La decisión, además, contraviene la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que falló para que parejas del mismo sexo pudieran adoptar hijos porque se toma el bien del menor como interés jurídico.
Otra agresión es que la jueza obliga a Rocío a visitar a su hijo en casa del padre, es decir “de su agresor”, lo que contradice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, precisa el abogado.
Lourdes Carrera, directora de comunicación social de EDNICA, asegura que este es un caso donde el bien superior del niño “debe estar por delante para tomar una decisión”y eso es lo que debería privar en la decisión del magistrado.
Mientras Rocío espera la resolución del magistrado Vega Gómez, su caso está en la plataforma de Change para sumar firmas en su apoyo.
Publicado por ANIMAL POLÍTICO – Nayeli Roldán – 14/09/15 -

Mujeres campesinas criminalizadas por luchar por el acceso a la tierra

 Las lágrimas, el desconsuelo y la desesperanza en los rostros de tres mujeres campesinas que se encuentran guardando prisión desde hace unos 40 días en la penitenciaria de Marcala, departamento de La Paz, por el delito de usurpación y el encarnizado sistema judicial que busca encarcelarlas por dos años, son la historia de tantas campesinas que luchan por una parcela de tierra en muchos rincones del país.
Un grupo de familias de la comunidad de Crucitas, Santa María, de La Paz procedieron a recuperar estas tierras; pero al parecer le pertenecen a una mujer de nombre Consuelo Alvarado, con quien iban a reunirse para negociar el precio de los predios, pero ella no quiere a las y los campesinos, sino que se las quiere vender a cuatro terratenientes, los que hacen uso de su poder e influencia para sacar a los campesinos de la tierra que han cultivado por cuatro años.

Antes de poder conciliar, llegaron elementos de la Policía Nacional y reprimieron a las y los campesinos, tirándoles una especie de químico en los ojos, golpearon personas de la tercera edad, mujeres y niños; llevándose varios detenidos entre ellos cuatro menores de edad, hasta el momento se encuentran presos once hombres y tres mujeres.

Las tres campesinas presas son Norma Herrera, Sonia Isabel Gáleas y Gerardina Santos Hernández, miembras de la Central de Trabajadores del Campo (CNTC).

Geraldina Santos Hernández de 35 años de edad expresó que "teníamos una casita, me llamaron porque nos íbamos a reunir con la dueña de la tierra, pero nos emboscaron, llegaron los policías golpearon a las compañeras” añadió que golpearon a su abuela de 74 años de nombre María Melesia Hernández y a varias mujeres embarazadas.

"Yo estaba con mi sobrino de ocho años, le dije que lo llevaran para su casa, pero no quisieron, lo trajeron a dormir a la posta, los tiraron a dormir en el piso, estuvieron dos días allí, cuatro cipotes con gases en los ojos los tenían rojos, aguantando frio”, denunció Hernández.

Aseguró que José Alberto Reyes (le dicen el cabezón Yánez) supuesto dueño de los predios donde Hernández tenía su casa porta un documento con fecha de este año, pero que no está legalizado, "es el que nos odia a nosotros y nos tiene aquí, a mí me amenazó de muerte, ustedes en un hoyo van a morir nos dijo”.
Hernández adujo que en una ocasión que se enfrentó "al cabezón” le manifestó que "si yo peleo con vos será por esta tierra, yo no te tengo miedo a vos, ese día amenazo a varias personas”.

Por su parte, Norma Herrera de 43 años, madre soltera de cinco hijos, (madre de uno de los pequeños detenidos) recordó que desde hace cuatro años que se encuentran en posesión de la tierra, pero que el último año empezaron a reprimirlas, que tenían sus casas y plantaciones de café listas para la cosecha, pero que fueron destruidas en el desalojo por los policías.

Herrera mencionó los nombres de los terratenientes, Consuelo Alvarado, José Reyes Yánez y Henry no se acuerda de los apellidos, pero sabe que son cinco los que los mandan a reprimir.

"Nos hicieron una propuesta que iba a llegar la dueña a hacer negocio con nosotros, más bien fue una emboscada que nos hicieron y desde que llego la policía entraron violentos echándonos gases en la cara, una compañera se nos desmayó dos veces en la patrulla”, dijo la agredida.

Mientras tanto, Sonia Isabel Gáleas no pudo contener las lágrimas cuando narró lo que sucedió el día del desalojo violento, al referirse a que podrían permanecer dos años en la cárcel por el delito de usurpación, se le formo un nudo en la garganta y se le apago la voz.

Gáleas tiene tres hijos y no puede creer que posiblemente pueda pasar algunos años en prisión, por el único delito de querer tener una casa para vivir con sus vástagos.

Las campesinas consideran que existe una manipulación al sistema judicial, porque la profesional del derecho que las representa, presento las pruebas para demostrar arraigo, pero ahora les piden constancias de futbol, agua, de trabajo entre otros documentos.

Publicado por ADITAL (Honduras) – Defensores en línea – 09/09/15 -

MÉXICO: Frente a la violencia contra la mujer, tenemos a un Estado omiso, negligente y corrupto: Observatorio contra el feminicidio

Para diversos activistas y organismos que han dado seguimiento al tema de la violencia de género, en México, desde la militarización del país y la declaración de la llamada “guerra contra el narcotráfico” esta problemática creció exponencialmente, teniendo como principales perpetradores de los ataques contra mujeres a agentes del Estado.
En tal sentido, María de la Luz Estrada, representante del Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio (ONCF), detalló que desde la salida del ejército a las calles los casos de agresión contra mujeres aumentó significativamente. Puntualizó que en zonas donde se ve mayor presencia del ejército aumentaron los casos de trata de personas.
“Esta ‘guerra contra las drogas’ invisibilizó el problema (que sufren las mujeres). La diversidad de realidades que vivió México fue invisibilizada. Por esa guerra se justificó militarizar el país y eso se vuelve muy delicado porque precisamente se pudo documentar como en zonas militares (o con mayor militarización), se llevan a mujeres para ser utilizadas en el sexo servicio en contra de su voluntad.
De igual forma añadió que en la actualidad, luego de luchar por activar la Alerta por Violencia de Género (AVG) en entidades como el Estado de México (Edomex), se logró conocer que en diversos casos de abuso sexual contra mujeres, tanto policías como militares estuvieron implicados en la agresión.
“Ahorita que estamos con el tema delicado en los estados que hemos pedido la Alerta por Violencia de Género (AVG), encontramos implicados en los abusos sexuales a policías y militares. Ese tema es muy complicado en sí mismo. Te pone en un riesgo alto, porque estas ante militares, exmilitares involucrados en las redes de trata, diversas redes, porque no sólo son las redes del narco, están todas las redes, hasta de tráfico de órganos”, indicó.
Al respecto señaló que la participación de agentes del Estado en agresiones contra las mujeres vuelve aún más grave el de por sí panorama negativo que se vive. Además criticó que la estrategia de seguridad implementada actualmente carece de un enfoque de perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
“Al menos en los lugares, por ejemplo, en el Estado de México, las policías y militares, particularmente un gran número de policías, están implicados en abusos sexuales de mujeres, o participan en la el tráfico de mujeres en la trata con fines de explotación sexual.
“Estamos en una situación muy grave y con una visión de la lucha de la guerra contra las drogas, contra el narco, que invisibilizó el tema de violencia contra las mujeres, y que nos metió en esa dinámica de invisibilizar todos los problemas graves y colocar la guerra  por encima, y eso permitió que las redes de trata, redes de explotación infantil, en fin todas estas problemáticas, estén operando con una permisibilidad en todo el país”, sentenció.
Por otro lado, Estrada apuntó que hoy en día a pesar que existen marcos normativos para atender el fenómeno de la violencia de género, en la práctica son leyes muertas porque no cuentan con las herramientas para que sean efectivas.
“En los marcos normativos hay avances: reformas constitucionales, ley de acceso a una vida libre de violencia, tenemos 2 sentencias importantes, como la de campo algodoneros sobre feminicidio y el tema de violencia sexual. Sin embargo, ¿cuál es el problema que seguimos teniendo? Tenemos marcos normativos pero en la práctica son leyes muertas porque no hay los mecanismos de implementación, esos son los que están fallando”, señaló.
Asimismo habló sobre la poca eficacia del gobierno para afrontar temas particulares como la desaparición de mujeres, fenómeno que en los últimos años ha crecido. Ejemplo de lo anterior, expuso, es que el gobierno no tiene cifra exacta de cuántas mujeres se encuentran desparecidas en México.
“Vemos que hasta el día de hoy, las autoridades que deben garantizar estas leyes, son la que invisibilidad el problema. Además  hay una violencia institucional por acción u omisión (…) Hoy en día no sabemos cuántas mujeres a nivel nacional están desaparecidas y esto es el nuevo problema que se ha venido gestando. Pero es muy claro cómo está operando las redes del crimen organizado, y la autoridad es incapaz (…)  El dato que sigue sosteniendo el gobierno en cuanto a la desaparición de mujeres, no pasa de 300 casos, pero sólo les pongo el ejemplo: en el Edomex, con la AVG el gobierno reconoce que hay 1,554 mujeres desaparecidas sólo en el Edomex, principal  en 7 municipios”, señaló.

“Gobierno que simula atender el problema de violencia de género”
En palabras de Rodolfo Domínguez, abogado del ONCF, es claro que luego de casi 10 años de la militarización del país y el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, la violencia contra las mujeres ha aumentado. Apuntó que en teoría la violencia debería afectar de igual manera tanto a hombres como mujeres, sin embargo, dijo, hay una clara tendencia que las mujeres son las más afectadas en este panorama.
“Lo que es claro es que en un contexto de violencia, sobre todo en esta guerra contra el narcotráfico que hemos vivido, hemos visto que aumentó la violencia contra las mujeres, es decir, en un contexto de violencia normalizada, y que en teoría afecta tanto a varones y mujeres por igual, no es cierto, la realidad es que en un contexto de violencia, en un contexto de guerra, y sobre todo en una guerra que no puede ser considerada como tal, vemos aquí la normalización de la violencia sexual.
“Ya se ha dicho cómo la violencia sexual se vuelve un instrumento de esa misma guerra, la violencia sexual es una representación de esta forma en que el cuerpo femenino es considerado como un objeto, se toma por la fuerza, y es ocupado, y en un contexto de guerra es ocupado para mandar un mensaje, es ocupado como una forma de tortura”, señaló.
En este sentido, añadió que la participación de agentes del Estado como perpetradores de esta violencia de género complejiza la realidad que vive México. En este sentido añadió que la militarización del país fue un detonante en los índices de violencia de género, cobre todo en el número de feminicidios.
“La participación del Estado es todavía mucho más grave, porque complejiza muchísimo más esta violencia que se está viviendo. Algo que está resaltando es cómo tiene este impacto generalizado y global, es decir de 2006 que se inicia la guerra y también fue un detonante para feminicidio. Sí logramos ver, al menos por las estadísticas que tenemos, este aumento considerable a partir de esa guerra. Sí fue un detonante y fue exponencial el crecimiento. Entonces, en un contexto de violencia, se va a los extremos la violencia contra las mujeres”, señaló.
En cuanto a la implementación de leyes que buscan afrontar la violencia de género, el jurista afirmó que en el fondo de estos marcos normativos, hay una simulación del Estado que sólo aparenta combatir la problemática, pues en la realidad no se ven los avances en la erradicación del fenómeno.
“Frente a esta terrible realidad, frente a este contexto nos enfrentamos a un Estado que es un Estado omiso, negligente, corrupto y simulador (…) El Estado genera todo un marco normativo que finalmente no se implementa, no se aplica, no tiene un valor real, una aplicación real, no tiene un impacto en la realidad. Y esta simulación se vuelve un problema porque no sólo genera la impunidad, sino que empieza a generar un mensaje de permisibilidad, un mensaje de no atención a una problemática que en sí misma es muy grave, entonces se invisibiliza esa gravedad de la violencia”, subrayó.
Aunado al anterior añadió: “tenemos un problema complejo y a pesar de los ‘avances’ en los marcos normativos, en el fondo hay una simulación y la normalización de violencia contra las mujeres sigue creciendo día a día.
“Antes, como en casos como el de campos algodoneros, parecía que el infierno para las mujeres era Cd. Juárez, pero la realidad hoy nos dice que podemos tener (ese infierno) cerca, en Ecatepec que puede ser el infierno en la tierra para las mujeres. En 10 años en Cd. Juárez documentamos 500 feminicidios, solamente en 2 años en el Edomex hemos documentado el doble”, manifestó.
“Fenómenos como la trata de mujeres no se pueden entender sin la anuencia del Estado”
Axela Romero, de la Red Nacional de Defensoras de Derecho Humanos, expuso que a nivel mundial hay evidencia que en cualquier contexto de militarización, la violencia contra las mujeres se incrementa. Dijo que sobre el tema existen informes que dan cuenta del fenómeno, con lo que “no hay lugar a dudar que la militarización incrementa la violencia contra las mujeres”.
Por otro lado, la activista puntualizó que hoy en día fenómenos como la trata de mujeres no es posible entenderse sin la ausencia del Estado, por lo que, dijo, resulta difícil diferencia las líneas que dividen al crimen organizado y a las autoridades.
“Datos de la CEPAL, de principios de este año, señalan que sólo por tráfico de personas, las redes están ganando 150 mil millones de dólares por año. Entonces eso equivale al PIB de varios países de Centroamérica juntos y casi un cuarto del PIB de México. ¿Cómo es posible que sucedan están redes de tráfico y de comercio económico sin anuencia de los Estados? No se explica. Entonces lo que cada vez es más difícil es diferenciar las redes delincuenciales del Estado”, señaló.
Publicado por Revolución Tres Punto Cero – Edgar Rosas – 14/09/15 -



Madres y niños tras las rejas: Las mujeres en las prisiones de Afganistán

Cicatriz dejada por la herida causada con cuchillo por el marido de una mujer que la acusó de conversar, durante su boda, con hombres que no eran de su entorno familiar inmediato. Por este “delito moral”, se encuentra encarcelada en la prisión de mujeres de Herat 
(Foto: Gabriela Maj/The Almond Garden)

En 2010, la fotógrafa Gabriela Maj estaba trabajando en Afganistán en un proyecto sobre un artista cuando uno de sus editores le sugirió que echara un vistazo a la situación de las mujeres en las cárceles afganas. Maj recuerda: “Me dijo, hay toda una serie de historias borboteando en los medios internacionales acerca de mujeres encarceladas por algo conocido como ‘delitos morales’. Y que las meten con sus niños en la cárcel”.
Su editor tenía razón. Cuando llegó a Badam Bagh, una prisión para mujeres en Kabul, su primer pensamiento fue: “Parece más una especie de guardería o una escuela primaria durante el recreo que las instalaciones de una cárcel”. Esto se debe a que muchas de las presas son madres que han dado a luz en la prisión o han traído a sus niños a vivir con ellas después de que las encarcelaran.
Maj ha fotografiado a más de 100 mujeres presas en ocho cárceles diferentes y ahora está presentando esos retratos en el libro “Almond Garden” [Jardín de Almendras].
Cuando trabajaba en el proyecto, se enteró de que los “delitos morales” incluyen relaciones sexuales premaritales (una acusación que se aplica incluso a las víctimas de violación) y adulterio. Las sentencias podían llegar hasta los quince años. Según Human Rights Watch, se ha registrado un aumento en ese tipo de encarcelamientos: “La cifra de mujeres y niñas encarceladas por ‘delitos morales’ en Afganistán se ha incrementado en un 50% durante el período de octubre de 2011 a mayo de 2013”. Las estadísticas del ministerio del interior afgano indican que la cifra aumentó de 400 presas en el otoño de 2011 a unas 600 en la primavera de 2013.

Las mujeres hicieron muchas peticiones a Maj respecto a cómo querían aparecer en el libro. “Algunas de ellas querían compartir sus historias y no tenían problema en que publicara sus retratos”, explicaba Maj en un correo. “Otras sólo querían compartir su historia, en absoluto querían que las fotografiaran, y un tercer grupo quería compartir su historia y que las retrataran pero con el rostro cubierto para preservar el anonimato”.
Para proteger a todas las mujeres, decidió no utilizar sus nombres en el libro ni facilitar tampoco la ubicación de las prisiones donde se hallaban encarceladas.
“No pretendía confundir al lector [utilizando nombres reales y algunos alias] y mi prioridad era proteger las identidades de las que querían permanecer en el anonimato”, señala. Pero sí anhelaba compartir las historias que escuchó.
Una de las mujeres con las que se entrevistó había sido violada y se había quedado embarazada. Su comunidad organizó una yirga, o asamblea de hombres, que adoptó una decisión en base a las supuestas enseñanzas del Islam, sentenciándola a ser lapidada hasta la muerte por el supuesto “delito moral” de haber tenido relaciones sexuales extramaritales.
Su padre, en una medida rara, intervino y escribió una carta a las autoridades locales pidiendo que la detuvieran en vez de lapidarla. Y así fue, la arrestaron y la enviaron a la cárcel. Esa mujer le contó a Maj que su familia y la familia del presunto violador intentaron arreglar un matrimonio entre ellos para conferir legitimidad al niño. Pero su agresor no accedió a casarse con ella. “Cuando me contaba esta historia”, dice Maj, “su bebé jugaba sobre la alfombra entre nosotras”.

También se entrevistó con mujeres acusadas de asesinato, incluida una mujer acusada de matar a 27 hombres. Al pedirle que comentara estos casos, Maj dijo que no deseaba clasificar a las mujeres como inocentes o culpables. “La brutal pérdida de poder de estas jóvenes las pone a menudo en situaciones en las que no pudieron soportar la carga que les echaron sobre los hombros”, dice. “Y decidí que en este proyecto y hasta cierto punto iba a dejar a un lado esas categorías de culpable o inocente”.
En cambio, se dedicó a defenderlas y apoyarlas. Una parte de los ingresos de su libro irá a Women for Afghan Women, una ONG que dirige varios refugios para mujeres en Afganistán.
La esperanza de Maj es que Almond Garden pueda contribuir a conseguir un cambio en la legislación a través del apoyo a la ratificación de la ley para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres (EVAW, por sus siglas en inglés), una ley redactada en 2009 en Afganistán que criminaliza la violación, el matrimonio forzado, la violencia doméstica y otros aspectos. Pero el parlamento nunca llegó a ratificar esa ley.
Con el paso del tiempo, su misión ha evolucionado desde el reportaje a la campaña por los derechos humanos.

“Sabía que como mujer, aunque fuera extranjera, estaba en condiciones de recoger las historias de estas mujeres individuales y crear un registro de sus experiencias y de las violaciones de los derechos humanos que afectaron a sus vidas”, dice. “La motivación en la continuación de este proyecto provino de las mujeres mismas, que en la mayoría de los casos estaban ansiosas por compartir sus historias y en la esperanza de que este documento actuaría, en su nombre, como una instrumento de apoyo.”


Publicado por Rebelión – Rena Silverman  - NPR org. 11/09/15-

Las mujeres no somos un tema, somos causa: Marcela Lagarde.

 “El patriarcado es fuerte; fuerte y se renueva, se revitaliza, nos contesta con cada vez mayor precisión, cada vez sabe dónde pegar más fuerte”, señaló la investigadora y académica Marcela Lagarde y de los Ríos, si en un inicio el discurso feminista no lo entendían los detractores del feminismo, “poco a poco ya hasta se lo apropiaron” y resulta que “hay perspectiva de género en dictaduras africanas”.
Lagarde reafirmó el papel y la importancia del feminismo como un movimiento político y social en defensa de los derechos de las mujeres, que tuvo su mayor auge en la década de 1970. Pero en la Cuarta Conferencia sobre la Mujer –en la que se declaró la Plataforma de Acción de Beijing, en septiembre de 1995– se cristalizaron una serie de planes y medidas a emprender en cada uno de los gobiernos que la signaron, en conjunto con organizaciones internacionales.
A cinco años de que finalizara el milenio, en la Plataforma de Acción de Beijing se establecieron una serie de objetivos y metas a cumplir en camino a la igualdad entre hombres y mujeres. En ella confluyeron demandas, escenarios, contextos y realidades de la discriminación, desigualdad y falta de oportunidades de las mujeres en todo el mundo.
A casi 20 años de la declaración, Marcela Lagarde considera que la Plataforma de Acción de Beijing “es la síntesis de un impulso que tardó un siglo en cuajar, un siglo. Fue pensar en los mecanismos plataforma de acción, de cómo se iban a aterrizar los derechos humanos de la mujeres”, por lo que fue “el producto de la movilización de las mujeres que se dijeron feministas y de muchísimas mujeres que no se dijeron feministas”.
La Conferencia de 1995 fue una movilización de calidad ética y filosófica, “en torno a esa empatía fue la primera vez en la historia que nos hemos movilizado para argumentar y atraer a las otras, a los otros que no estaban de acuerdo, que ni siquiera eran sensibles, que no estaban convencidos. Nosotras con argumentos y con un movimiento civil, pacífico, de resistencia, de subversión, de transgresión, de rebeldía hemos influido y cambiado cosas tan importantes como las leyes contrarias a nosotras y hemos creado leyes a favor de nosotras. Hemos creado protocolos, reglamentos, todo eso que vamos haciendo para que sean realidad los derechos humanos de las mujeres”, enfatizó Lagarde.
Si no hubiera sido por las grandes movilizaciones que antecedieron al año de 1995, como el trabajo posterior realizado por organismos no gubernamentales y legisladoras de acuerdo con la plataforma de acciones, Marcela señala “yo creo que andaríamos enrebozadas en este país, rezando, cuidando muchas criaturas como sucedía hace a penas unas décadas, a veces sólo la generación anterior. Ahora tenemos dos y tres generaciones de mujeres instruidas, educadas de mujeres que hemos tenido acceso a la salud, pero no porque nosotras quisimos, sino porque está instalada en el Estado, es un derecho”.
Lagarde –principal promotora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) cuando fue diputada federal en la LIX Legislatura–, invitó a las y los asistentes al foro “Balance de cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing y de las metas de milenio”, a analizar y hacer que se cumpla esta legislación, porque la discusión se ha centrado especialmente en la Alerta de Violencia de Género (AVG), un mecanismo de emergencia “y si fuésemos consecuentes con la Ley, la AVG tendría que solicitarse por feminicidio, por muerte materna, por suicidio, por todas las muertes violentas precoces evitables todas ellas”.
Dado que el suicidio en la población de mujeres “en este país lo podemos ubicar como un problema de violencia de género, de clase, de edad, de etnia y de toda la intersectorialidad que hay con las condiciones de cada mujer”, puesto que en la investigación diagnóstica realizada en 2004 para la elaboración de la LGMVLV, uno de los datos arrojados fue que en los estados donde se registró menor número de feminicidios (Quintana Roo, Campeche y Yucatán por orden descendente), fue Yucatán la entidad con mayor número de suicidios femeninos.
En respuesta a la intervención del líder de los diputados del PRD en el Palacio Legislativo, Silvano Aureoles,[1] quien respaldó el trabajo de la Comisión Especial de Feminicidios y expresó que en los temas de las mujeres siempre contarán con su apoyo y el de muchos legisladores, Marcela Lagarde acotó:
“Nosotras no somos un tema. Lo quiero decir, mucha gente se refiere a nosotras como el tema de las mujeres, como el tema de género. No somos un tema, en cambio me gustó que el compañero que vino aquí y habló de la causa [Pablo Yanes, jefe de la Unidad de Desarrollo Social de CEPAL]. Justamente pensarnos una causa. Y nos refiramos a todo lo que vamos construyendo como una causa política, pacífica”.
Porque las mujeres no estamos para pelear “ningún combate, nosotras tenemos estrategias, nosotras construimos alternativas, caminos vitales, propiciamos cosas, no estamos en combate contra la violencia contra las mujeres, nosotras estamos a favor del derecho a la vida sin miedo y sin violencia para las mujeres”, aclaró Lagarde y de los Ríos.

Publicado por Revolución Tres Punto Cero – Érika Paz – febrero/2015 -

Finalmente, Costa Rica vuelve a permitir fecundación in vitro

sentencia condenatoria contra Costa Rica por prohibir la técnica de fertilización in vitro. Crédito: CorteIDH
Tras 15 años de prohibición y más de dos de desacato a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), finalmente Costa Rica vuelve a permitir la técnica de fecundación  in vitro para las parejas y mujeres solas que lo soliciten.
Los sectores conservadores forzaron esta restricción única en el mundo a los derechos reproductivos, que el jueves 10 quebró un decreto  del centroizquierdista presidente Luis Guillermo Solís, destinado a cumplir el fallo de la Corte y superar escollos para hacerlo que se han impulsado desde los poderes judicial y legislativo.
“Esto era una discriminación. La prohibición era nada más para los que no tenían recursos para hacerlo fuera del país o para los que no estaban dispuestos a hipotecar su casa o pedir préstamos para poder realizar este anhelo”, explicó a IPS el abogado Hubert May, que ha asistido a algunas de las 12 parejas que demandaron al país ante la Corte.
“El decreto cumple con el estándar, pero es apenas un primer paso. Hasta que la práctica no se empiece a desarrollar no podemos decir que hay cumplimiento”: Marcia Aguiluz.
En noviembre del 2012, la CorteIDH condenó al país por la prohibición del uso de la técnica de fecundación in vitro (FIV) y le ordenó habilitarla en un plazo de seis meses, pero la oposición de sectores conservadores atrasó el acatamiento y empañó la imagen de Costa Rica en materia de derecho internacional.
El decreto rubricado por Solís regula la técnica y encomienda su ejecución al sistema de salud pública, garantizando así que las parejas de menos recursos podrán acceder a ella.
May considera que el decreto “viene a solventar la discriminación” pues abre el camino para que la estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) suministre este método reproductivo en sus servicios regulares.
La FIV es una técnica de reproducción asistida en que los óvulos de una mujer son removidos de sus ovarios y son fertilizados con esperma en un procedimiento de laboratorio. Después, el óvulo fecundado es devuelto al útero de la mujer.
En su sentencia del 2012, la CorteIDH detalló que “Costa Rica es el único Estado en el mundo que prohíbe de manera expresa la FIV”, lo que perjudica directamente a las mujeres y parejas locales. En América Latina se realizó por primera vez en 1984, en Argentina.
Una de las afectadas es Grettel Artavia Murillo, quien junto a su entonces esposo contrajo varias deudas para tratar su infertilidad a finales de la década de los 90.
Ante la CorteIDH, su exesposo Miguel Mejías declaró que él “ya había hipotecado [su] casa, había gastado todos los ahorros que [él] tenía para poder [ellos] practicar acá la fertilización in vitro en Costa Rica” pero antes de poder llevarla a cabo, la técnica fue declarada ilegal en el país.
La FIV fue reglamentada en Costa Rica en 1995 y funcionó durante cinco años, pero se prohibió en marzo del 2000 cuando la Sala Constitucional invalidó la norma que la regulaba.
Cinco de los siete magistrados de este órgano de la Corte Suprema de Justicia costarricense argumentaron que esa norma violaba el derecho a la vida puesto que “en cuanto ha sido concebida, una persona es una persona y estamos ante un ser vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico”.

Ante esta prohibición, Artavia y Mejía, junto con otras 11 parejas, elevaron en 2001 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que después de una década llegó a la CorteIDH. Los dos organismos componen el sistema autónomo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, firma el jueves 10 el decreto que permite la aplicación en el país de la fecundación in vitro, tras 15 años de prohibición. Crédito: Casa Presidencial
Un año después, la CorteIDH, con sede precisamente en San José y cuyos fallos son inapelables y teóricamente de obligado cumplimiento, dio la razón a los demandantes.
“Esa visión (de la Sala Constitucional) no la compartió la CorteIDH, que consideró que la protección a la vida comenzaba con la implantación del óvulo fecundado en el útero”, apuntó May. Además, culpó al Estado de vulnerar derechos como los de la vida privada y familiar, la integridad personal, la salud sexual, la no discriminación y acceso al progreso tecnológico.
Para este abogado y otros especialistas en el caso, la posición del máximo tribunal costarricense responde a la visión extremadamente conservadora de la jerarquía de la Iglesia Católica y de otras religiones cristianas de creciente peso en el país.
Esta nación centroamericana de 4,7 millones de habitantes gusta definirse como  una abanderada de los derechos humanos en foros internacionales, pero el tema de la fecundación in vitro empañó esa imagen al tomarlo como bandera esos sectores conservadores.
La discusión en la Asamblea Legislativa para regular la FIV mediante una ley se entrabó por más de dos años, ante la oposición de diputados evangélicos y conservadores.
El 3 de este mes, la CorteIDH celebró una audiencia pública sobre el cumplimiento de su  sentencia, donde el Ejecutivo planteó su voluntad de normarlo por un decreto, lo que las organizaciones de la sociedad civil ven como una salida razonable ante la inviabilidad de resolverlo por una ley.
“Sabemos que en la Asamblea Legislativa no hay manera de avanzar en temas claves, prácticamente todo lo que sean derechos sexuales y reproductivos”, dijo a IPS la abogada Larissa Arroyo, especializada en estos derechos.
Arroyo recordó que en un tema como el de la FIV el tiempo es vital, puesto que los años fértiles de las mujeres acaban pronto y apuntó que “prácticamente todas las víctimas perdieron el chance” de tener hijos mediante esta técnica.
Durante la semana que transcurrió entre la audiencia de cumplimiento y la firma del decreto, el gobierno consultó al Colegio de Médicos de Costa Rica y a la CCSS. Ambos avalaron el fondo del decreto, pero la segunda aclaró que prefería una ley y alertó que requerirá recursos adicionales, por cuanto cada tratamiento cuesta unos 40.000 dólares.
El decreto limita a un máximo de dos los óvulos fecundados que pueden implantarse en la mujer.
En el mismo lapso de tiempo, la discusión legislativa se complicó aún más. Mientras un grupo de legisladores intentaba agilizar la aprobación de la ley reguladora de la FIV, otro insistía en condenar esa técnica  por “atentar contra la vida” de los no nacidos, con consideraciones que asimilaban el método con el holocausto de judíos por el nazismo.
“Los grandes campos de exterminio pasaron de la Alemania nazi a la Costa Rica en la que hoy estamos viviendo, los grandes campos de exterminio pasaron de la Alemania nazi a la Costa Rica de la administración Solís”, llegó a espetar el diputado evangélico Gonzalo Ramírez, del conservador Partido Renovación Costarricense.
Ante este panorama y la imposibilidad del avance legislativo, organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, en inglés) celebraron que el decreto planteado permite un “acceso universal” en el país y un “respeto por el principio de igualdad”.
Sin embargo, su directora para América Central y México, Marcia Aguiluz recomendó esperar hasta ver la técnica funcionar.
“El decreto cumple con el estándar, pero es apenas un primer paso. Hasta que la práctica no se empiece a desarrollar no podemos decir que hay cumplimiento”, apuntó la costarricense Aguiluz.
Abogados de la Presidencia aseguraron que el texto está pertrechado jurídicamente contra eventuales impugnaciones.
Esta sentencia representa el segundo fallo contra Costa Rica en la historia de la CorteIDH. El otro se produjo en 2004 y fue por castigar penalmente al periodista Mauricio Herrera y el país debió promulgar nueva legislación en materia de libertad de expresión tras la sentencia.
Publicado por IPS – Costa Rica – Diego Argueda Artiz – 14/09/15 -