martes, 18 de agosto de 2015

Viudas afrontan un futuro incierto en Papúa Nueva Guinea

Un número significativo de mujeres, como las integrantes del Grupo de Artesanas del Monte Hagen, en la región de las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, sufren las consecuencias del VIH/sida, como viudez y dificultades económicas, entre otras. Crédito: Catherine Wilson/IPS.
 Tan solo pasaron seis meses desde que Iveti, de 37 años, perdió a su marido, con quien llevaba 18 casada, y ya está agobiada por todas las dificultades. A esta viuda reciente de Papua Nueva Guinea, el futuro solo le genera preocupación.
Al igual que muchas mujeres casadas en la zona rural de las tierras altas de este país insular del océano Pacífico, tras su matrimonio Iveti se quedó en su casa a cargo de la crianza de sus dos hijos, mientras su esposo era quien trabajaba fuera del hogar y proveía los ingresos de la familia.
“Me preocupa la comida, las cuentas, mis hijos”, reconoció esta madre de una niña de 11 años y un varón que acaba de sobrepasar los 20.
“Siempre hubo comida para mis hijos, pero ahora el hombre que suministraba el alimento se fue. Cuando no tenemos nada, hago hielo y lo vendo en el mercado. Sacamos 20 o 30 kinas (entre siete y 10 dólares)”: Iveti, viuda de 37 años.

“Me preocupan los familiares que nos visitan para hacer el duelo, porque tenemos que matar un cerdo o darles algo. ¿Quién tiene dinero para todo eso?”, dijo a IPS con inquietud, sentada en su modesta vivienda a las afueras de Goroka, un pueblo de la provincia de Tierras Altas Orientales.
Iveti vive con sus hijos, su suegra y su hermana.
“Siempre hubo comida para mis hijos, pero ahora el hombre que suministraba el alimento se fue. Cuando no tenemos nada, hago hielo y lo vendo en el mercado. Sacamos 20 o 30 kinas (entre siete y 10 dólares)”, relató.
“Cada dos días pagamos unas 20 kinas por la electricidad y con las 10 (alrededor de 3,60 dólares) restantes compramos una lata de pescado”, detalló.
“Mi hija va a la escuela y gastamos unas cuatro kinas (poco más de un dólar) en su almuerzo”, añado, relatando cada gasto con preocupación.
En Papúa Nueva Guinea, las viudas tienen diferentes experiencias según su situación particular.
La minoría de aquellas que terminaron la educación secundaria y universitaria y cuentan con una fuente propia de ingresos, logran una posición económica sólida que les permite cuidar de sí mismas y de sus hijos.
Pero más de 80 por ciento de la población vive en zonas rurales, donde el acceso a la educación y al empleo es limitado.
Solo alrededor de 36,5 por ciento de las mujeres de las tierras altas saben leer y escribir.
La desigualdad de género se exacerba en Papúa Nueva Guinea por prácticas sociales, como el matrimonio temprano y forzado, la dote y la violencia doméstica y sexual generalizada, que sufren dos de cada tres mujeres en este país de unos siete millones de habitantes.
No existen datos oficiales al respecto, pero la Asociación de Viudas señala que la viudez se extiende de cinco a 30 años.
En las tierras altas, el riesgo de enviudar es mayor por la ocurrencia de guerras tribales. Enfrentamientos entre clanes estallan por disputas por la tierra, los cerdos, el animal de granja más cotizado, o por la reparación de algún perjuicio contra la comunidad.
Y en la mayoría de los casos, la muerte del marido condena a la viuda y a sus hijos a llevar una existencia precaria.
Además, las familias sufren el impacto de la epidemia de VIH/sida.
En 2010, se registraron 31.609 casos de VIH (virus de inmunodeficiencia humana), y la mayor prevalencia, 0,91 por ciento, se encontraba en las tierras altas, un poco por encima del promedio nacional de 0,8 por ciento, el que se estima disminuyó a 0,7 por ciento el año pasado.
Cuando muere el marido, la viuda y sus hijos suelen tener derecho a permanecer en la propiedad. Pero no suele ocurrir lo mismo si la causa de muerte fue el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), que soporta un granestigma social.
Agatha Omanefa, oficial del proyecto Mujeres de la organización Voz de la Familia en las Tierras Altas Orientales, dedicada a asesorar y a apoyar a las familias, dijo a IPS que las familias extendidas fueron tradicionalmente muy protectoras de sus integrantes más vulnerables, pero en los últimos tiempos observa el aumento de casos de hermanos del marido fallecido que intentan reclamar la propiedad.
Cuando la “familia del marido llega para compartir la propiedad, la viuda y sus hijos pierden. A veces inventan historias viejas como ‘tú eres de allá, tú marido de aquí’ y ella necesita a alguien que la ayude a asegurar su tierra”, explicó.

“Tiene un gran impacto en la vida de las viudas, en especial cuando tienen niños pequeños. A menudo tratan de mantener sus pequeñas huertas para el bienestar de sus hijos y el suyo propio”, explicó.

Las familias en Papúa Nueva Guinea suelen ser grandes, con hasta ocho y 10 hijos, y se hace difícil pagar su educación, en especial la secundaria. Los hogares con jefas de hogar tienen una mayor probabilidad de vivir en la pobreza absoluta, según datos oficiales.
Pero una de las mayores amenazas que deben afrontar las viudas es la acusación de hechicería.
En la provincia vecina de Simbu, las mujeres de entre 40 y 65 años tienen seis veces más probabilidades que los hombres de seracusadas de usar la brujería para causar la muerte o provocar una desgracia a la comunidad, según un informe de la organización humanitaria Oxfam. Las consecuencias, como tortura y asesinato, pueden resultar trágicas.
Además, “crece la preocupación por que las acusaciones de usar la brujería para matar, lastimar o exiliar tengan un motivo económico o personal y se usen para privar a las mujeres de su tierra y su propiedad”, señaló la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo, en el informe de 2013.
Mientras, las viudas con hijos varones tienen una fuente adicional de protección.
“En nuestra cultura en las tierras altas, cuando tienes un hijo varón nadie te echa porque tendrás más fuerzas gracias a él, pero si una mujer no tiene hijos es más vulnerable”, explicó Irish Kokara, tesorera del Consejo Provincial de Mujeres de las Tierras Altas Orientales.
La presidenta Jenny Gunure señaló que falta conocimiento sobre los derechos y la legislación en relación con las mujeres en el contexto de las aldeas, una situación que su organización trata de corregir mediante un programa de educación para las campesinas, que comenzó el año pasado.
Pero Kokara cree que el riesgo de violencia no disminuirá hasta que no se corrija el comportamiento de los jóvenes, quienes suelen ser responsables de esos delitos en el marco de pandillas de guardianes.
En las últimas semanas, las viudas de todo el país se unieron para reclamar al gobierno leyes que garanticen el reconocimiento de sus derechos.

Publicado por IPS – Goroka (Papúa Nueva Guinea ) – Cartherine Wilson – 17/08/15 -

ENTREVISTA ESPECIAL] Violencia contra la mujer y la población LGBT tiene relación con Congreso conservador


Legislatura conservadora del Congreso Nacional repercute también en las instancias estaduales y municipales de debate. Foto: Agencia Brasil.

La inclusión de medidas y objetivos para combatir la discriminación y la desigualdad de género en las escuelas en el Plan Nacional de Educación (PNE) y en los Planes Estaduales y Municipales ha estimulado debates en todo el país. El último martes 11 de agosto, los concejales de São Paulo aprobaron el Plan Municipal de Educación, pero el término "género”, incluido en el texto por defensa de entidades del movimiento LGBT (Lésbicas, Gays, Bisexuales y Transgéneros) y combatido por religiosos, quedó afuera.
Además, la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados sacó del cajón el Estatuto del No Nacido, proyecto que apunta a garantizar la protección integral de los embriones, eliminando cualquier posibilidad de interrupción del embarazo, incluyendo los abortos considerados legales, como en los casos de estupro y de anencéfalos. El proyecto está en las manos de uno de los integrantes de la bancada religiosa, el diputado federal Marcos Rogerio (Partido Democrático Trabalhista – PDT – Roraima).
Para discutir el asunto, Aditalentrevistó a Gisele Cristina Pereira, integrante del equipo del colectivo Católicas por el Derecho de Decidir, movimiento político internacional que se articula con organizaciones no gubernamentales, actualmente en 12 países por el mundo. Gisele afirma que existe una relación evidente entre la violencia contra la mujer y la población LGBT y el momento conservador que vive el Congreso Nacional brasilero.

ADITAL - ¿La homofobia y la violencia contra la población LGBT están relacionadas con la igualdad de género, no siendo tratado en las escuelas?
Gisele Cristina Pereira - Están relacionadas con muchos factores, pero, sin dudas, la educación formal es una de ellas. No tratar cuestiones de interés social en las escuelas es un silenciamiento dañino, que produce consecuencias de las más desastrosas.

ADITAL - ¿Los casos de violencia contra la mujer y la población LGBT pueden tener relación con el momento conservador que vive actualmente el Congreso Nacional brasilero, con la bancada religiosa tan en evidencia?
GCP - Cuando representantes del pueblo en la instancia máxima de deliberación del país se posicionan públicamente de forma misógina, homofóbica y fundamentalista están contribuyendo a reforzar esos pensamientos y actitudes en la sociedad en general y, por lo tanto, legitimando e incentivando la violencia contra las mujeres, la población LGBT. Además agregaría a otras religiones, como por ejemplo el caso de la niña apedreada al salir de un terreiro [en Brasilia, en julio último].
Además, hay una simbiosis nociva entre la política institucional, la religión y los medios de comunicación, a los cual debemos dar una atención especial. Tanto los medios tradicionales como los nuevos medios digitales presentan hoy una fuerte presencia de un discurso conservador y reaccionario, que en muchos casos flirtea con el fascismo. Además del púlpito de sus iglesias, los religiosos fundamentalistas cuentan para la diseminación de sus ideas con un aparato mediático de altísimo alcance e incluso con el propio Estado. Esos políticos/religiosos se convirtieron, así, en verdaderas celebridades, seguidos y admirados por muchos fieles que son también sus seguidores y fans.

Como políticos y figuras de referencia, utilizan de forma irresponsable su posición, actuando en favor de sus "creencias” e intereses personales. Esto es gravísimo, pues contraría principios éticos básicos del hacer político, como la democracia, la imparcialidad y la laicidad del Estado.

También sobre el contenido de ese discurso, vale reforzar que sus blancos predilectos son los derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción y las religiones de matriz africana. Ahora, si con toda la influencia y los medios de difusión que poseen, profieren un discurso que niega la existencia, el respeto y la justicia para con otros grupos, no logro ver una práctica correspondiente que sea diferente de la violencia en sus diversas formas. Para mí, la relación es evidente.
En 2014, la campaña de las mujeres contra el estupro llegó a las redes sociales. Foto: Reproducción.
ADITAL - Si entre las metas de los Planes Municipales de Educación el sector ampliara las políticas de educación, en lo que se refiere a la diversidad en las unidades educacionales, incluyendo la enseñanza sobre cuestiones de género y diversidad sexual, ¿sería un factor que contribuiría para disminuir esa violencia? ¿O los brasileros son conservadores y violentos?
GCP – Cuando hablamos de conservadorismo o violencia, estamos hablando de una mentalidad y comportamientos socialmente construidos; no existe una esencia que podemos atribuir a los brasileros o a cualquier otro pueblo. Lo que vemos es una mentalidad conservadora siendo fuertemente cultivada por diferentes sectores y, de manera preponderante, por grupos religiosos de carácter fundamentalista.
Esa mentalidad es extremadamente nociva, pues legitima y refuerza una cultura de violencia. En este sentido, la educación tiene un papel fundamental en la transformación de esta cultura, colaborando con la construcción y vivencia de una ética basada en el respeto, en la valorización a la diversidad y en la justicia.

ADITAL - ¿Qué consecuencias hay de la violencia de género en las escuelas?
GCP – La escuela refleja valores, concepciones y comportamientos de la sociedad, pero también actúa reforzándolos, reelaborando o incluso elaborando nuevos. Es una microesfera de la sociedad. Los estudiantes pasan gran parte de su vida, en términos de años y de horas de su día dentro del espacio escolar; éste es el ambiente privilegiado para la reflexión y la vivencia ética. Es propiamente en el campo de la ética que se encuentran las discusiones en relación con los derechos humanos, de la equidad social, de la justicia de género, entre otras.
Existen consecuencias muy graves para la vida de las personas que tienen su orientación sexual, identidad de género o incluso su género tratados con escarnio, desprecio y falta de respeto. Es una subjetividad que se va constituyendo por la vía del sufrimiento y de la desvalorización.
No son pocos los casos de evasión escolar resultantes de tales situaciones, de enfermedades emocionales, como la depresión, disturbios alimentarios y hasta casos de suicidio, debido a la inconformidad con las normatividades impuestas. Todos esos factores restringen el potencial humano, que es altísimo y debería ser incentivado, no cercenado. Impone límites a las posibilidades de existencia, creatividad y felicidad.

ADITAL - ¿Qué planes deberían ser puestos en práctica para que haya, de hecho, igualdad de género en las escuelas?
GCP – Hay innumerables cambios que necesitan realizarse en la escuela. Ellos van desde la organización de los tiempos y espacios, de su estructura, formación docente, hasta el currículo y la concepción sobre su función social. Las relaciones de género son una parte dentro de este todo.
Es urgente que pensemos qué escuela queremos, pues, en última instancia, estamos diciendo qué tipo de sociedad queremos. Pero algunas acciones pueden realizarse de inmediato, como la adopción de materiales didácticos y paradidácticos que aborden la temática bajo una perspectiva de valorización de la diversidad humana, incluyendo otra visión en relación con las mujeres, de las relaciones afectivas y sociales.

El uso del baño de acuerdo con la identidad de género es otra medida que debe ser implementada con urgencia; está prevista en ley, pero todavía enfrenta resistencia por parte de algunos/as profesionales.
Entonces tenemos de volver a la cuestión del Estado laico, pues lo que ocurre, en la práctica, es que el profesional actúa de acuerdo con sus concepciones religiosas. Entonces, si la persona "cree” que Dios hizo hombre y mujer, que existe una estructura única y "verdadera” familiar, que las mujeres son inferiores a los hombres, ella se siente autorizada a utilizar de sus creencias en su hacer pedagógico e inculcarlas en las mentes de los/las estudiantes.
¡Esto es abominable! Necesitamos encarar con seriedad la cuestión de la laicidad del Estado, para poder avanzar en las cuestiones de género, reproducción y pluralidad religiosa.
Estatuto del No Nacido elimina cualquier posibilidad de interrupción del embarazo, inclusive abortos considerados legales. En manifiesto, cartel dice "Libertad para dentro de mi útero”. Foto: Reproducción.

ADITAL - ¿Cuál es su opinión sobre el Estatuto del No Nacido? Si fuera aprobado, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Aumentaría o disminuiría el número de casos de estupro?
GCP – No hay una relación causal tan determinista, pero sin la menor sombra de duda, es un proyecto que favorece la violencia sexual, en la medida que entiende el estupro como un mal menor que la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo.
Cuando usted crea leyes que reglamenten la vida de la víctima del estupro, impidiendo que ella decida, autónomamente, sobre qué hacer con sus dolores y su vida, a partir de ahí uno está naturalizando esa violencia, y naturalizar significa perpetuar. Es como si el Estado dijera: "el estupro existe y nada podemos hacer en su contra, ahora el embrión, el feto, éstos precisan ser protegidos y son las mujeres las que no tienen conciencia”.
Se retira de las mujeres la autonomía sobre sus cuerpos, su consciencia y hace pesar sobre sus hombros la responsabilidad de la violencia que sufrieron y sus consecuencias. Las mujeres son violentadas doblemente, primero por el violador y después por el Estado, que las obliga a llevar adelante un embarazo fruto de una situación traumática.

ADITAL – ¿Cuáles serían las consecuencias si el aborto fuera considerado delito horrendo?
GCP – Es lugar común la constatación de que la criminalización no evita la realización del aborto, ni la muerte de esas mujeres. Es sólo una manera hipócrita y disimulada de lidiar con la cuestión. Las consecuencias son desastrosas para las mujeres, sobre todo para las más pobres, ya que las que tienen recursos pueden interrumpir el embarazo de manera secreta y segura, en clínicas particulares. Tenemos una cuestión de clase que también necesita ser mirada. Son mujeres pobres la casi totalidad de las que mueren como consecuencia de abortos inseguros.
Según datos de la Pastoral Carcelaria, entre 2005 y 2012 el crecimiento de la población femenina encarcelada aumentó 146%. En el caso que el aborto sea considerado un delito horrendo sólo va a favorecer el aumento y el empeoramiento de este cuadro.

Sólo para finalizar, no deja de ser curiosa la lógica que rige los contrarios de la libertad de elección: en nombre de una supuesta "defensa de la vida”, niega una educación orientada hacia la justicia, la libertad, la autonomía, la equidad y el respeto, y, por otra parte, alimenta una cultura de violencia, incomprensión y castigo. Sobre esta última considera aceptable que mujeres, por no desear o no estar en condiciones de llevar un embarazo adelante, sean castigadas con el cercenamiento de su libertad, sometidas a condiciones degradantes de existencia, apartadas de sus familias y abandonadas por la sociedad y por el Estado. ¿Esto es defensa de la vida? ¿Esta lógica está de acuerdo con la ética cristiana? ¡No logro ver algo más incoherente!

Publicado por ADITAL Brasil – Ana Clara Jovino – 14/08/15 -

Dos estadounidenses justifican los abusos sexuales a una menor con la Biblia

Robert Johnson, de 44 años, y Marie Johnson, de 43, fotografiados por la policía tras ser detenidos acusados de abuso sexual de una menor.

Una adolescente fue encerrada y usada como esclava sexualdurante cinco años por una pareja que estaba a cargo de su cuidado después de quedarse huérfana.
Rob y Marie Johnson han sido arrestados por "uno de loscrímenes sexuales más atroces que hemos visto", según lo ha descrito la policía.
Antes de los hechos, ella vivía en Colorado con su madre, la cual estaba gravemente enferma y en estado de postración. Cuando murió, los servicios sociales la obligaron a mudarse con sus parientes, los Johnson. La víctima tenía 13 años cuando se mudó aPort St. Lucie, en el estado sureño de Florida.
Los abusos empezaron a los pocos días de llegar a la nueva residencia.

Se justificaban con la religión

Sus nuevos tutores abusaron de ella tanto física como sexualmente. Rob insistía en que le llamara "maestro" y le obligaba a llevar un anillo como símbolo de que le pertenecía, tal y como lo explican las ocho páginas de la orden de arresto que describen la experiencia de la joven.
Al principio, la pareja le dijo que debía mantener relaciones sexuales con ellos como ritual para entrar a formar parte de la familia Johnson. Si no obedecía, Marie, de 43 años, le propinaba una paliza o la amenazaban con abandonarla y dejarla a cargo del Estado.
Durante cinco años, la víctima no salió a de la propiedad. Era educada en casa por el señor Johnson, de 44 años. Sobre todo estudiaban la Biblia. Le enseñaron algunos pasajes del Antiguo Testamento que, según él, le ayudarían a entender los abusos y en otras ocasiones los usaba de pretexto para argumentar y explicar lo que le hacían a la joven.
El teléfono estaba terminantemente prohibido para ella y, por si fuera necesario ir al hospital, tenían preparadas varias excusas para que no se descubrieran las violaciones.

Ejemplo de valentía

Logró escapar cuando su abuela le compró un billete de aviónpor su 18 cumpleaños para que la visitara en Ohio sin que sus parientes lo supieran. A pesar de estar a salvo, la joven no denunció los hechos a la policía hasta asistir a un grupo de apoyo y hablar con otros jóvenes víctimas de abuso sexual.
“Era solo una pobre niña de 13 años que acababa de perder a su madre, buscaba cariño y una familia que la quisiera y los Johnson se aprovecharon de sus situación y la manipularon usando la religión para poder abusar de ella”, ha explicado el detective al cargo de la investigación, Daniel Herrington, en una rueda de prensa.
“Esperamos que la valentía de esta joven inspire a tantos otros que sufren abusos sexuales para denunciar a sus agresores”, animó el detective.

Una nueva vida

Herrington también ha hablado de la situación en la que se encuentra la joven tras liberarse del yugo de los Johnson. La víctima, que ahora tiene 18 años, se ha mudado a Indiana, donde espera poder llevar una vida tranquila.
Algo que no será fácil ya que la joven sufre graves crisis de ansiedad y una profunda depresión a causa del cautiverio y los abusos que se prolongaron durante cinco años, según han notificado los médicos.


Vuelven con sus hijos bajo fianza

La pareja tiene cuatro hijos biológicos, dos de ellos menores de diez años, pero ninguno ha sido víctima de abusos sexuales, según ha informado la policía, tras investigar para cerciorarse.
“Tengo escalofríos solo de pensarlo. Es terrible”, dijo Leann Harter, vecina de los Johnson tras saber las acusaciones que pesan sobre ellos. Añadió que había visto a los niños jugar en el patio de la propiedad de la pareja y, aunque no llegaron a conocerse personalmente, ha asegurado que el barrio entero está conmocionado.
Rob y Marie Johnson han sido acusados de delito grave por abusos sexuales a un menor. Este jueves quedaron en libertad bajo fianzafijada en 60.000 dólares, cada uno, a la espera de un juicio.


PUBLICADO POR ELESPECTADOR.COM – BARCELONA – MARIA IGLESIAS – 14/08/15 - 

Umbanda, religión y resistencia

Interior de negocio que vende artículos utilizados por religiones afro-brasileras, como la Umbanda.

Sobre la puerta de entrada, en la pared verde, reza la inscripción: "Casa de Productos de Umbanda São Jorge”. En el interior, los estantes están repletos de inciensos y productos naturales para propiciar todo género de propósitos (desde amor hasta dinero), y estatuas de varias dimensiones con los rasgos de santos católicos o de otras personas.
En Floriano, pequeña ciudad del estado de Piauí, en el nordeste, hay dos tiendas que venden artículos para la umbanda. Sin embargo, según las estadísticas oficiales o simplemente las respuestas de la gente, las personas que siguen esta religión en Brasil serían muy pocas.

Tampoco es fácil identificar un terreiro, el lugar donde se celebran las ceremonias. Ademar José Soares, un hombre de 76 años con una vitalidad muy por encima de lo esperado para su edad, organiza en su casa ubicada a pocos metros de la orilla del río Paranaíba, el bumba-meu-boi, una notable fiesta popular de antigua tradición. Ademarzinho Soares es un pai-de-santo, responsable de un terreiro de la umbanda.
Religión sincrética por excelencia, la umbanda es considerada monoteísta — Dios es llamado Olurum o Zâmbi —, aún si la creencia en orixás (de derivación africana) y en los elementos de la naturaleza (heredada del panteísmo indigenista) podría hacer pensar lo contrario. Así, se cantan el Padre Nuestro y el Ave María. La umbanda tiene incluso fecha de nacimiento: 1908, en Rio de Janeiro.

Prejuicios religiosos
Ya sea por los rituales especiales o por la tipología de los seguidores, o incluso por legados históricos malinterpretados — la esclavitud, en particular —, la umbanda y las religiones afrobrasileñas en general son todavía hoy miradas con recelo. O hasta con odio por algunas denominaciones cristianas.
"Por ser religiones del trance, del culto de los espíritus y en algunos casos de los sacrificios de animales, se les ha asociado con estereotipos como ser ‘magia negra’, supersticiones de gente ignorante, prácticas diabólicas”, escribió la historiadora Alessandra Amaral Soares Nascimento en el artículo "Candomblé e umbanda: práticas religiosas da identidade negra no Brasil” [Candomblé y umbanda: prácticas religiosas de la identidad negra en Brasil], publicado en la Revista Brasileira de Sociologia da Emocão [Revista Brasileña de Sociología de la Emoción] en diciembre del 2010.

Cabe mencionar que los cultos africanos llegaron a este país latinoamericano con los esclavos durante un periodo de más de 300 años. En Brasil, la práctica del esclavismo duró —al menos oficialmente— de 1559 a 1888.
Como señala Soares Nascimento, "el esclavo debía ser bautizado dentro de un máximo de cinco años después de su llegada a Brasil”. Se trataba esencialmente de la aplicación práctica del principio "Cuius regio, eius religio”, es decir, la obligación del esclavo de conformarse a la religión del amo.

Ceremonia en terreiro de Umbanda.

Forma de resistencia
Las religiones afrobrasileñas se desarrollaron entonces como una forma de "resistencia” a las imposiciones de los amos blancos y como afirmación de la propia identidad. La umbanda es una evolución a la luz del orgullo de "ser brasileño”, es decir, una mezcla de blanco, negro e indígena.
Según Reginaldo Prandi, otro estudioso y especialista en religiones afrobrasileñas, "silenciosamente, hoy asistimos a una verdadera masacre de las religiones afrobrasileñas”. Un hecho muy grave, explica el profesor de la Universidad de São Paulo, porque su contribución "a las diversas áreas de la cultura brasileña es riquísima”.

Aparte de las consideraciones de los estudiosos, vale la pena recordar las palabras de Gilberto Gil, uno de los más notables músicos brasileños, que en una estrofa de una canción escribe: "Cuando los pueblos del África llegaron aquí / no tenían libertad de religión. / Adoptaron al Señor de Bonfim / tanto por resistencia como por rendición”.

Publicado por ADITAL Brasil – Noticias aliadas – Paolo Moiola - * Con la colaboración de la biopedagoga Rosa Maria Duarte Veloso – 13/08/15 -


Reclamo indígena intenta hacerse oír en capital argentina

 La wichi Ernestina Moreno revisa con su hija y su nieta parte del campamento que desde el 14 de febrero mantienen los indígenas de la norteña provincia argentina de Formosa en una pequeña plazoleta entre las céntricas avenidas de 9 de Julio y de Mayo, en Buenos Aires, en reclamo de que se reconozca la propiedad colectiva de su tierra. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

El campamento indígena instalado hace seis meses en la capital argentina es casi invisible para los transeúntes que pasan a prisa a su alrededor. Piden que les devuelvan sus tierras, en la nororiental provincia de Formosa, en una demarcación empantanada en rencillas territoriales y económicas.
Una gran tienda y varias carpas agolpadas sobre una pequeña plazoleta en la intersección de la Avenida 9 de Julio y la Avenida de Mayo, albergan desde el 14 de febrero unos 40 representantes de 46 comunidades de los pueblos qom, pilagá, wichi y nivaclé, agrupadas en la organización QoPiWiNi.
En pleno invierno austral, la entrevista con su portavoz, el wichi Jorge Palomo, transcurre al resguardo de uno de los compartimientos del campamento, donde hacinadas entre donaciones de ropa, mantas de abrigo y alimentos, su esposa y su suegra calientan al fuego una sopa de zanahorias y alrededor corretea su hija de tres años
“Pedimos una audiencia al gobierno nacional, a la Corte Suprema y al Senado, la presidenta (Cristina Fernández). Por lo menos que nos abran la puerta. Queremos plantear nuestra problemática en este contexto de urgencia de despojo de esos territorios que nos pertenecen a nosotros ancestralmente como pueblo indígena”, explicó.
El tránsito es intenso y las bocinas ensordecen. Para los indígenas, las autoridades también parecen sordas a su demanda de que se les reintegren 7.000 hectáreas de tierras que, aseguran, “les quitó” el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, aliado de Fernández.
“El territorio donde estamos es nuestro porque nuestros abuelos nos prepararon para eso. Mi abuelo me decía que no podemos perder la tierra porque es lo que nos da sabiduría, fuerza y vida”, argumentó a IPS la qom Amanda Asijak, de la comunidad de Potae Napocna Navolgoh (La Primavera, en lengua qom).
“Pero ellos vienen acá y ponen sus mojones (señales demarcatorias) sin siquiera consultarnos”, enfatizó Asijak, compañera del qarashe (cacique) Félix Díaz, la figura más emblemática de esta lucha que se hizo visible con una protesta en la ruta cercana a su comunidad, en 2010, cuya represión provocó la muerte de dos indígenas y un policía.
Díaz también organizó el primer campamento en Buenos Aires, al año siguiente, para denunciar la represión de la que eran víctimas y que culminó más de tres meses después con la firma de un acuerdo, cuyo incumplimiento los trajo de nuevo a sus calles.
En el 2000, Argentina ratificó el Convenio 169  sobre los pueblos indígenas y tribales,  de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza su derecho a la tierra y el acceso a recursos naturales, salud y educación, mientras obliga a la consulta en decisiones que conciernan a sus hábitats.
De hecho, los indígenas formoseños también reclaman que se dote a sus comunidades de servicios de salud, educación, agua y luz eléctrica, además de apoyo en el desarrollo de su cultura.
“Tengo cuatro hijos ya grandes y ellos ya defendieron nuestro territorio porque tienen sus hijos también. Siempre digo que tenemos que defenderlo porque si no vienen a instalarse y cuando se instalan hacen tiroteos en la comunidad”, añadió Asijak.
Su comunidad, a unos 1.200 kilómetros al norte de Buenos Aires, es una muestra del descuido en que viven los pueblos originarios de Formosa. Casi todas sus 350 precarias viviendas, donde viven 1.770 personas en 500 hectáreas, carecen de agua potable y electricidad, mientras la comunidad no cuenta con saneamiento alguno.
El 10 de julio, junto al premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, y la referente de las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Nora Cortiñas, delegados de los indígenas en protesta fueron recibidos por elsecretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda.
Fresnada declaró entonces que se establecerá una mesa de diálogo para escuchar los reclamos y dejar constancia de los problemas de cada grupo.
Félix Díaz, el qarashe (cacique) de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) y el emblema de la lucha de los indígenas de la provincia argentina de Formosa, en defensa de su territorio, durante un encuentro en 2013 en el Vaticano con el papa Francisco, de nacionalidad argentina. Crédito: Cortesía Dunitar
Pero insinuó que hay cuestiones ajenas a la competencia del gobierno federal, en este país donde el Censo del 2010 determinó que, de una población  total de 40,11 millones de personas, casi un millón se define como indígena o su descendiente, distribuidas en 32 pueblos originarios.
“Establecimos la necesidad de convocar a la provincia de Formosa a participar de este diálogo porque el eje de los reclamos pasa por cuestiones territoriales”, planteó el funcionario. “La discusión se centra en cuál es el alcance de la ocupación territorial pública y actual que tienen hoy las comunidades originarias”, añadió.
Fresneda subrayó que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) ya evaluó y registró 650 comunidades y siete millones de hectáreas como indígenas, de las aproximadamente 12 millones que reclaman los pueblos originarios y que equivalen a 10 por ciento del territorio argentino.
En 2006, la Ley 26.160 de Comunidades Indígenas declaró la emergencia de la posesión y propiedad comunitaria, y dispuso la realización del registro de todos los territorios tradicionales que ocupan los pueblos originarios.
Pero las comunidades de QoPiWiNi piden que se realice nuevamente el proceso en sus territorios, porque, aducen, se hizo sin su presencia y consulta.
“Hace poco vinieron unos japoneses que decían que esa tierra estaba vendida para ellos, que el gobernador les vendió, pero es nuestra”, ilustró a IPS la wichi Ernestina Moreno.
La demarcación de tierras se demora, ha admitido el Inai, cuando el proceso involucra a provincias con jurisdicción sobre sus recursos naturales.
Precisamente, conflictos como los de Formosa, se agravan cuando tocan intereses económicos provinciales vinculados a la explotación de hidrocarburos, minería, el monocultivo de soja, expansión ganadera, industria forestal y grandes proyectos de infraestructura.
“Con la soja deberían avisarnos cuando van a hacer un desmonte, que pasa mucho, pero nunca lo hicieron”, sostuvo Palomo como ejemplo. También citó obras que atraviesan  su territorio y sobre las que no fueron consultados, como el Gasoducto del Noreste Argentino.
“En todo el país a todas las comunidades les robaron sus tierras y el gobierno se ha propuesto no escucharlos”, subrayó en entrevista con IPS la activista Cortiñas
“Ellos, los indígenas formoseños, no quieren limosna sino vivir de su trabajo. Ellos cazan, pescan, plantan y con eso se alimentan. No quieren que les invadan todo con la soja, que es el negocio para los que vienen de afuera”, añadió la lideresa de Madres de Plaza de Mayo.
Según la organización internacional Grain, cada año se deforestan en Argentina más de 200.000 hectáreas de monte nativo por el avance de la frontera agrícola,  fundamentalmente por la expansión del monocultivo de soja.
Ese avance resulta evidente en Formosa y otras tres provincias norteñas vecinas -Chaco, Salta y Santiago del Estero- que concentran 80 por ciento de esa deforestación.
“Nosotros la tierra la queremos para progresar. La queremos para sembrar, para criar nuestras cosas como cabras”, argumentó Moreno, que acampa junto a dos hijas y una nieta, a quién cuida del tránsito capitalino.
Desde un automóvil que transita la Avenida 9 de Julio, una pareja sí percibe a los indígenas. “!Estamos con ustedes! Los apoyamos!, les gritan.
Palomo sonríe y aprueba a lo lejos.
“Si no nos dan nuestras tierras van a limitar a nuestros jóvenes cada vez más. Se corre el riesgo de que ya no puedan practicar nuestra cultura ancestral de la caza, la pesca y de hacer artesanías… de desaparecer. Pero parece que es lo que quisieran”, se lamentó.
Publicado por IPS – Buenos Aires – Fabiana Fraysinett – 17/08/15 -

Prostitución: La despenalización plena solo protege a los proxenetas

El debate que de antaño gira en torno a la despenalización o no de la prostitución, se reavivó la semana pasada cuando Amnistía Internacional aprobó en Dublín una resolución para que se "desarrolle una política que apoye la plena despenalización de todos los aspectos del comercio sexual consentido".
La iniciativa es el resultado de dos años de trabajo consultivo. Amnistía Internacional (AI) también ratificó la condena de la prostitución infantil, el tráfico de personas y, en general, toda prostitución forzada; también que se garantice que quienes quieran abandonarla puedan hacerlo.
La polémica resolución refiere que "la criminalización del trabajo sexual consentido entre adultos puede resultar en un aumento de violaciones de las trabajadoras sexuales". 
Como parte de esta iniciativa, AI lanzará una campaña con el objetivo de frenar la persecución de las prostitutas, a los clientes o a los proxenetas y administradores de burdeles que no fuercen a las mujeres. 
Por su parte, Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, indicó que "las trabajadoras sexuales son uno de los grupos más marginados en el mundo, que en muchas instancias sufren el riesgo constante de la discriminación, la violencia y el abuso".

Amnistía Internacional no es la única organización internacional que apoya la despenalización de la prostitución, pues en la misma sintonía están ONUSIDA, la OMS, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch y Open Society, entre otras.
En tanto que la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres (CATW, en inglés) emitió su repudio a través de una misiva abierta rubricada por Kate Winslet, Meryl Streep y otras 8.500 personas. "No hay ninguna lógica detrás de la premisa de que para proteger a los explotados haya que despenalizar a los explotadores. No tiene sentido", advirtió Taina Bien Aime, directora ejecutiva de CATW.
SEMlac consultó a Marcela D' Angelo, integrante del Seminario de DDHH con perspectiva de género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la Campaña Abolicionista "Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución".
La experta subrayó que la resolución de AI es "contraria" al objetivo de "sostener la igualdad entre varones y mujeres/personas trans".
"Lo que está diciendo equivocadamente AI es que queremos una sociedad en que una parte de nuestras mujeres y personas trans sean utilizadas como objetos al servicio de un colectivo (mayoritariamente constituido por varones)", continuó D´Angelo.
"Así sostiene una sexualidad basada en el poder y los privilegios de género, pero también de clase. Se nos propone que la explotación es una opción a elegir, es una premisa del neoliberalismo (somos tan libres que hasta podemos consentir nuestra propia explotación). Como si fuera poco, se nos propone que todo esto sea regulado por los Estados".

La integrante de la Campaña abolicionista "Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución" sostuvo ante SEMlac que "los Estados no deben reprimir a las personas en prostitución, tampoco penalizar el ejercicio individual de la prostitución. Deben establecer políticas públicas para que las personas no deban sumirse en esa violencia, impulsar los cambios culturales para que la sexualidad sea consensuada, libre y placentera para ambas partes. Lo que NO puede hacer el Estado es, justamente, lo que propone Amnistía Internacional, ya que se convertirían así en Estados proxenetas".
La figura de "Estado proxeneta", redunda -según D´Angelo- en un Estado que "regula sin el objetivo de proteger; sino para asegurar un negocio millonario que se basa en el sometimiento. Requiere que los gobiernos acepten y legalicen la industria de la explotación sexual, también deberá haber una aceptación social, por eso la confusa propaganda: ´proteger violando´. Vuelve a poner a cuerpos vulnerados como variable de ajuste de las crisis que genera el neoliberalismo".
AI se refiere a la prostitución como: trabajo sexual consentido entre adultos. La integrante de la Campaña Abolicionista "Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución" cuestiona las expresiones: "trabajo sexual" y "trabajadoras sexuales".
"¿Sabrá Amnistía que hay muchísimas mujeres y personas trans que opinan que la prostitución es violencia, que se denominan sobrevivientes de la prostitución y que abrazan el abolicionismo?", cuestionó.
Esa expresión "es una falacia que esconde la raíz constitutiva de la institución de la prostitución: es el uso del cuerpo de otra persona como mercancía, usándolo como objeto y eso es una violación que comete cada prostituyente (mal llamado cliente) sobre el cuerpo de personas sometidas. Esto es la violencia más extrema que sufrimos las mujeres/personas trans. Esta sexualidad, así naturalizada, luego se transmite a toda la sociedad. La verdadera criminalización del supuesto trabajo sexual será cuando sea reglamentado y las involucradas (la gran mayoría pobres) no quieran inscribirse en sus registros", sostuvo D´Angelo.

Por su parte, Alberto B. Ilieff, representante de la Red Abolicionista de la Prostitución y la Trata de Personas, dijo a SEMlac que "pareciera que para AI, si existe consentimiento por parte de la víctima, anula la violación a sus derechos humanos y convalida la acción, cualquiera fuere. 
"En este caso, si la persona en prostitución consiente en serlo, hace desaparecer todo daño a su dignidad, además de los daños físicos, psíquicos y sociales que serán tenidos como 'gajes del oficio'.AI no tiene en cuenta que la violación a los derechos de esa persona fue previa a cualquier asentimiento de su parte".
En el contexto internacional, la resolución de AI aparece como contraria a múltiples tratados y convenios internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

En la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, durante el año pasado se presentó un proyecto de ley que busca la habilitación y funcionamiento de establecimientos que brindan servicios sexuales.
Pese a que Argentina es signataria de varios tratados internacionales, "muchos de estos no se cumplen", indicó D'Angelo.
"Además, existen Códigos Contravencionales y de Faltas, que persiguen a las personas en situación de prostitución, contra los cuales venimos luchando para que se deroguen los artículos que lo permiten".
Para la experta, "las políticas públicas son escasas y las organizaciones pro trabajo sexual tienen cuantiosos fondos para comprar voluntades, espacios y hacer propaganda sobre supuestas protecciones, reglamentando violencias. 
"Pero también la realidad nos muestra un movimiento abolicionista cada vez más sólido. Un movimiento abolicionista que tiene entre sus integrantes a muchísimas mujeres y personas trans que han pasado por ese tipo violencia", concluyó Marcela D´Angelo. 

Amnistía desconoce algo fundamental
Para Alberto B Ilieff, representante de la Red Abolicionista de la Prostitución y la Trata de Personas, la resolución de AI desconoce el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, dictado por la ONU y que dice en su preámbulo: "la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad (...)"
Según el experto, la medida de AI "muestra total desconocimiento del tema porque no alcanza con decir que se oponen a la prostitución infantil y a la trata de personas. La práctica, las sentencias dictadas, los estudios internacionales y los propios dichos de las personas en prostitución nos indican que la mayoría de ellas fueron iniciadas entre los 12 y 14 años, notándose últimamente un descenso significativo en la edad".
Ilieff subrayó también que la trata es "la otra cara de la prostitución porque las mujeres, niñas y niños son inducidos o captados, precisamente, para ser explotados sexualmente y esto sucede en los prostíbulos donde se pretende ahora que el ejercicio sea legal".

Entonces, es una "una fantasía -siguió el experto- creer que mediante la reglamentación desaparecerá el proxenetismo y se incrementarán los derechos de las personas prostituidas".
En su criterio, basta con analizar la experiencia de los países reglamentaristas, donde esto no sucedió y además se agravó al punto de aumentar la prostitución infantil, la trata de personas, el lavado de dinero, el tráfico de drogas y, por ende, la inseguridad urbana.
El agravante de la polémica resolución es que los proxenetas quedan fuera de la criminalidad. Entonces, los burdeles serían comercios equiparables a cualquier otro. 

Siguiendo esa lógica, también se descriminilizaría "la trata de personas que pasa a ser una agencia de colocaciones para la 'industria sexual', una forma de captación legal. En este contexto, será muy difícil persuadir a las jóvenes a no adentrarse en este terreno sin regreso o cualquiera podrá engañar a una mujer que no consiga trabajo, que tiene la posibilidad 'legal' de prostituirse", reflexionó.
Ilieff invitó a razonar: "¿debemos considerar 'trabajo' cualquier actividad que reporte dinero para la subsistencia?, ¿debemos considerar al cuerpo humano como una máquina o empresa productora de ganancias?, ¿el cuerpo humano es una 'cosa' diferente a la persona?".

En su opinión, aceptar alguna de las premisas incluidas en las preguntas es justificar la esclavitud. "A partir de esta resolución, AI ha tomado ese camino distanciado de los Derechos Humanos basados en la dignidad de la persona, de la que surgen la libertad e igualdad", concluyó.

Recuadro:
. Suecia, Noruega, Islandia, el Reino Unido y recientemente Francia castigan a los clientes de la prostitución.
. En Bélgica, Alemania, Holanda, Austria y Grecia la prostitución está regulada o tolerada.
. Según la Red Abolicionista de la Prostitución y la Trata de Personas, los países reglamentaristas experimentaron "el crecimiento de la inseguridad y de los delitos de trata de personas, prostitución infantil, tráfico de drogas y lavado de dinero. Un dato importante es que la mayoría de las personas en prostitución no han aceptado registrarse por considerar que este régimen no las protege en absoluto, sino que las deja más dependientes de los proxenetas, devenidos comerciantes"
. Argentina es signataria del "Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena", adoptado por las Naciones Unidas en 1949, a partir del cual se declaró abolicionista.

Publicado por SEMlac – Buenos Aires – agosto 2015 -