miércoles, 12 de agosto de 2015

Un escándalo de pedofilia conmociona a Pakistán

Pakistán mira con horror hacia la decena de detenidos en el marco de un escándalo de abusos sexuales a menores que ha conmocionado a todo el país. Los arrestados, una decena por el momento, pertenecen a una banda que supuestamente drogó y abusó de decenas de niños en la provincia del Punjab, cerca de la frontera con India. Las violaciones eran grabadas. 

La ley del silencio, el miedo al estigma social y la pasividad policial les garantizaron la impunidad durante años:
- “La policía no hizo caso”, explicaba la madre de una víctima. “En vez de recoger la denuncia, metieron a mi hijo en el calabozo”.
Los integrantes de la banda extorsionaban a las familias de los niños con los vídeos de los abusos.
- “Me drogaron y abusaron de mí”, explicaba un joven de espaldas a la cámara para no ser reconocido. “Lo grabaron todo. Me chantajeaban a menudo. Decían que difundirían el vídeo si no les entregaba dinero y joyas”.
Las cifras del escándalo están envueltas en la polémica. Mientras que la policía habla de 15 sospechosos, 35 vídeos y 9 menores afectados, la prensa local asegura que hay al menos 25 implicados y casi 300 niños fueron víctimas de la banda.

Publicado por EURONEWS . 11/08/15 -

Organización demanda que el Congreso debata proyectos de ley en beneficio de las mujeres peruanas

 La organización de derechos humanos Demus [Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer] cuestiona en comunicado el trabajo realizado por el Poder Legislativo del Perú durante el periodo 2014 en cuanto a los derechos de las mujeres. Tras la elección de Luis Iberico, como nuevo presidente del Congreso de la República, exhorta los parlamentarios que en el nuevo periodo legislativo se priorice debatir proyectos de ley que garanticen, reconozcan y protejan los derechos humanos de las mujeres peruanas.

Para la entidad uno de sus principales cuestionamientos a la labor del legislativo es que el Nuevo Código Penal establece una lista cerrada de formas de violencia sexual, y no recoge que "cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable con la violación sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada y unión forzada, es delito de lesa humanidad. Es decir, "que hay omisión muy seria, que perjudica que se garanticen los derechos de las mujeres peruanas”.
"Los congresistas deben deslindar con posiciones que niegan derechos a las mujeres peruanas. No se está legislando de manera específica la violencia familiar y la violencia hacia las mujeres”, señala María Ysabel Cedano, directora de Demus. Para ella una de las mayores debilidades de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, elaborado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y que se encuentra en la agenda del Pleno del Congreso, es que trata igual dos formas de violencia que tienen naturaleza y características diversas: hacia la familia, y hacia las mujeres.

Asimismo, el dictamen no tiene un reconocimiento integral de la violencia basada en género. La normativa debería considerar aspectos educativos, sociales y asistenciales y no sólo jurídicos. Pero además, la ley no recoge instancias especializadas que ya existen para atender la violencia de género. Igualmente, en las formas de reparación no se menciona alguna forma particular para las mujeres maltratadas. "En ese sentido, es preocupante que tampoco se menciona al presupuesto público que se destinará a esta norma”, señala el balance realizado por Demus.
La organización lamenta además que hasta la actualidad el proyecto de ley que contempla la inclusión de las víctimas de esterilización forzada, esclavitud sexual, embarazo o aborto forzado, prostitución forzada, entre otras formas de violencia sexual durante el conflicto armado interno (1980-2000) no se ha incluido en la agenda legislativa de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Demus demanda al Congreso de la República reanudar el debate para la despenalización del aborto en casos de violación sexual en el mes de agosto mediante la Comisión de Constitución.
"No debemos perder de vista que, el movimiento feminista y organizaciones como CMP [Centro de la Mujer Peruana] Flora Tristán, Calandria, Renama [Red Nacional de Mujeres Autoridades de Perú], Sintrahogarp [Sindicato Nacional de las Trabajadoras del Hogar] entre otras estamos atentas y buscando que se discutan y aprueben temas legislativos pendientes cuya postergación afecta directamente los derechos de las mujeres peruanas”, señala Sara Ramírez Zubillaga politóloga de Demus. 

Entre ellos: la de Ley de Alternancia; la Ley N° 777 de tipificación del daño psíquico para las víctimas de violencia familiar y sexual; la Ley N° 3981 de Soberanía, Seguridad Alimentaria Nutricional; y la Ley N° 4003, que considera la inclusión del aporte del trabajo no remunerado en las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias; así como la ratificación del Convenio 189 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo], que reconoce el derecho de las trabajadoras del hogar a un contrato escrito, jornada de ocho horas y salario mínimo.

Publicado por ADITAL –Perú – Mujeres – 10/08/15 -

Mujeres aplauden logro parcial contra la dote en Uganda

Una ceremonia matrimonial en Uganda conocida como ‘kuhingira’, en la que el novio ofrece una dote a la familia de la novia. La Corte Suprema dictaminó en agosto de 2015 que en caso de disolución del vínculo, es inconstitucional devolver esa dote. Crédito: Wambi Michael/IPS
Tras años de lucha contra la costumbre de la dote en Uganda, finalmente la Corte Suprema de Justicia dictaminó esta semana que el marido ya no puede reclamar su devolución en caso de disolución del vínculo matrimonial, aunque no llegó a declarar la práctica inconstitucional.
En un país donde la mayoría de los matrimonios se rigen por costumbres tradicionales, las defensoras de los derechos de las mujeres consideraron el dictamen como un paso que acerca el objetivo de lograr una mayor igualdad en las relaciones de pareja.
Ello pese a que fracasaron en que el alto tribunal declara la inconstitucionalidad de la dote.
"El reembolso del precio de la novia implica que la mujer está en préstamo y puede devolvérsela y recuperar el dinero. Eso compromete la dignidad de la mujer”: juez Bert Katureebe.

El “precio de la novia”, como se llama a la dote, es el regalo que el novio ofrece a la familia de ella como prueba de su aprecio. Tradicionalmente eran vacas o cabras, además de dinero. Pero en algunos pueblos ahora se estila regalar otros artículos como sofás y refrigeradores.
La batalla legal por la dote se remonta a 2007, cuando la organización defensora de los derechos de las mujeres Mifumi, con sede en Kampala, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para declararla inconstitucional.
Mifumi, cuyo trabajo se centra en la protección de mujeres, niñas y niños que sufrieron violencia y otros tipo de abusos, sostiene que si se las empodera, las mujeres pueden elevarse por encima de muchas tradiciones culturales, como la dote, que las mantienen rezagadas, coartando su contribución al desarrollo.
El recurso de Mifumi sostenía que el reclamo o el pago de la dote por el novio a los padres de la novia crea las condiciones para la desigualdad dentro del matrimonio, en contra de lo que dispone la Constitución, que garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el matrimonio y en su disolución.
Pero en 2010, el Tribunal Constitucional dictaminó que la dote era constitucional, con un solo voto en contra, el del magistrado ya fallecido Amos Twinomujuni, quién arguyó que lo que estaba en juego era la igualdad de la mujer y que la dote era una fuente de violencia doméstica.
Sin intimidarse, Mifumi decidió recurrir a la Corte Suprema, que por seis votos contra uno dictaminó que el reembolso de la dote atentaba contra la Constitución nacional en lo que respecta a la igualdad al contraer matrimonio, durante el mismo o en caso de disolución.
El magistrado Jotham Tumwesigye observó que era injusto para los padres de la mujer que se les pidiera reembolsar la dote tras años de matrimonio y que, de todas maneras, era poco probable que conservaran algo vinculado a ella como para hacerlo efectivo.
Además, señaló que una de las consecuencias de que los padres ya no tuvieran el efectivo o los bienes de la dote era el riesgo de que la mujer casada tolerara abusos por temor a causar problemas a sus padres, que no estaban en condiciones de afrontar.
El presidente del alto tribunal, Bert Katureebe, observó que “el reembolso del precio de la novia implica que la mujer está en préstamo y puede devolvérsela y recuperar el dinero. Eso compromete la dignidad de la mujer”.
Los seis magistrados de la Corte Suprema coincidieron por unanimidad que referirse a los regalos de bodas como dote reduce su significado al mero valor de mercado.
Tras el dictamen, Solomy Awiidi, asesora legal de Mifumi, dijo a IPS que se alegraba de que el dictamen limitara una práctica cultural que mantiene a las mujeres rehenes de matrimonios abusivos.
Mifumi hubiera preferido que directamente se aboliera la dote, pero el hecho de que el alto tribunal emitiera un dictamen contra el reembolso de la misma era algo digno de celebrar tras 15 años de lucha.
“Hay padres y hermanos de novias con demandas civiles porque no pudieron devolver la dote, mientras miles, sino millones, de mujeres en todo el país han sufrido abusos por no poder devolverla. Este dictamen liberará a muchas de ellas”, se alegró Awiidi.
El abogado de derechos humanos Ladislaus Rwakafuzi, quien estuvo al frente del recurso presentado por Mifumi, dijo a IPS que “no logramos todo lo que queríamos, pero por lo menos sabemos que la gente comenzará a tener cuidado de no pagar demasiado si saben que no habrá devolución en caso de que se disuelva el matrimonio”.
Rita Achiro, directora ejecutiva de la Red de Mujeres de Uganda, comentó a IPS que el dictamen mostró que las mujeres de este país pueden recurrir a la justicia contra las leyes que las mantienen oprimidas.
Además, instó al gobierno y al parlamento a promover una ley que garantice el cumplimiento del dictamen judicial, porque si no se penaliza, se seguirá reclamando la devolución de la dote.
Hay antecedentes de tribunales que anulan leyes que discriminan a las mujeres, recordó, pero el gobierno y el parlamento no han aprobado las leyes necesarias para que se cumplan los dictámenes judiciales.
Achiro citó el ejemplo del dictamen del Tribunal Constitucional de marzo de 2004, cuando se derogaron 10 artículos de la Ley de Divorcio porque contravenían el artículo constitucional que garantiza los mismos derechos a las mujeres que a los hombres.
La Ley de Divorcio permitía que hombres abandonaran a sus esposas en casos de adulterio, pero las mujeres no tenían el mismo derecho porque tenían que probar la culpabilidad del marido, no solo de adulterio, sino de otros delitos como bigamia, sodomía, violación y abandono.
Un panel de cinco jueces constitucionales confirmó que las causales de divorcio se deben aplicar por igual a hombres y a mujeres en el matrimonio.
Entonces, defensoras de los derechos femeninos aplaudieron el fallo, que consideraron histórico y que apuntaba a la igualdad entre hombres y mujeres, pero 11 años después, todavía no se aprueba ninguna ley que lo haga cumplir.

Publicado por IPS -  Kampala - Wambi Michael – 11/08/15 -

Padre deja morir ahogada a su hija en playa de Dubái

La familia se encontraba en un día de picnic en la playa.

El fundamentalismo religioso pudo más que el amor por su hija.

Un padre dejó que su hija se ahogara en una playa de Dubái para que no fuera tocada por dos socorristas que intentaban rescatarla, según reseñó esta semana el diario “Emirates 24/7”.
De acuerdo con el reporte, la familia decidió pasar un día de picnic en la playa, cuando, de repente, la muchacha de 20 años comenzó a pedir auxilio, pues se estaba ahogando.
Fue entonces cuando el padre forcejeó con los hombres para evitar el rescate.

El teniente coronel y director adjunto de búsqueda de la policía de Dubai, Ahmed Burqibah, aseguró al rotativo asiático que no podrá olvidar el trágico incidente.
“El padre, un hombre alto y fuerte, comenzó a empujar y a evitar las labores de rescate de los socorristas poniéndose violento con ellos. Les dijo que él prefería a su hija muerta antes que fuese tocada por un hombre extraño”, describió.

“Este hombre consideraba que si estos hombres tocaban a su hija sería deshonrarla, ya que eran extraños”, agregó el teniente.
El padre fue detenido, aunque no se han precisado los cargos que enfrentaría por el hecho.


Publicado por Diario La Opinión de México – Redacción ImpreMedia – 11/08/15 -

Violaciones correctivas, el castigo para "curar" a lesbianas en Perú

Segunda marcha por la la igualdad en Lima / Amnistía Internacional Perú 

Algunas mujeres lesbianas son castigadas a tener relaciones sexuales con hombres para 'curar' su homosexualidad
Los amigos o familiares suelen ser los encargados de violarla, lo que puede arrastrar a la víctima al suicidio, según la activista y experta Ruth Moreno
El Estado peruano no tiene ninguna ley que proteja los derechos del colectivo LGTBI y el Congreso rechazó en 2013 tipificar los delitos de odio contra homosexuales

"Quería 'curarme' a la fuerza. Lo entendí así pues me decía que no estaba bien 'ser como eres' y que 'una mujer que llora por otra, no es correcto'. Nunca más quise saber de él. Tenía miedo, mucho miedo". 
Así empieza el relato de una de tantas jóvenes lesbianas que en Perú son víctimas de las llamadas 'violaciones correctivas'. Una práctica machista no aislada que se basa en forzar sexualmente a aquellas mujeres que se atreven a mostrar en público que aman a otras mujeres.
Esta joven, que protege su identidad bajo el pseudónimo C. Lesbiana, fue violada por un vecino y amigo de la familia a quien hasta el momento había tratado como a un pariente. "Sucedió que, un día, mientras estaba llorando en mi cama, sola, la puerta estaba sin seguro, así que entró. Se acercó a mi cama y me preguntó si estaba bien. Le contesté que sí, que vaya a la sala, que me alistaba en un momento. El resto es historia". Una historia que terminó en embarazo.
Ella no es más que otra víctima de un sistema que somete a estas mujeres con la intención de forzar a la heterosexualidad. Se trata de situaciones de violencia sexual basadas en tocamientos indeseados, que en los casos más extremos pueden desembocar en violación. Expertos y activistas explican que son castigos correctivos que causan daños físicos y psicológicos irreversibles en la víctima, y que en algunos casos se ejecutan de manera repetida si la joven no accede a "curarse" a la primera y acepta públicamente su cambio de condición sexual acatando las normas que dicta una parte de la sociedad que sigue pensando que la homosexualidad es una enfermedad.

Los crímenes que no se denuncian

Las secuelas psicológicas de estos abusos, y el sentimiento de que no son "capaces de curarse", llevan a muchas mujeres al suicidio, cuenta Ruth Moreno, activista del Movimiento Homosexual de Lima. "Normalmente los agresores suelen ser los tíos, los primos o algún amigo cercano de la víctima", prosigue, y asegura que aunque a través de los talleres de apoyo a colectivos LGTBI se conocen casos como estos, "nadie llega a denunciar".
"En radio Yaraví, dos conductores de un programa narraron cómo una persona conocida había contratado a un hombre para violar a su hija lesbiana. Ella tuvo un hijo y, según ellos, logró curarse. Entre burlas y risas, comentaron sobre este delito que ha quedado impune", cuenta una joven lesbiana de Arequipa en otro de los testimonios recogidos en el Informe sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2014 - 2015.
"Los hombres consideran que el acto penetrativo es un acto de corrección, lo hacen porque creen que ellas son lesbianas porque no conocen nada más", explica Brenda Álvarez, asesora legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y especialista en temas de feminismo. 
Según los colectivos de defensa de los derechos LGTBI peruanos, estos actos de violencia extrema son la culminación de repetidas amenazas a las que las mujeres lesbianas se ven sometidas. En la calle se enfrentan de manera constante a comentarios homófobos y humillantes. Críticas que conforman un recuerdo público y constante de su condición sexual y que casi siempre van acompañadas de una oferta: "Probar a un buen varón".
Aquí, la discriminación está en todos lados, explica Moreno. En las familias "es común que las encierren en sus habitaciones, que les roben el celular y les corten la ropa ancha para obligarlas a llevar vestimenta femenina". Incluso "las obligan a tener novio o a ponerse falda aunque a ellas no les guste", añade Brenda Álvarez. 

Las leyes peruanas dan la espalda al colectivo 


Este informe, elaborado por Promsex y la Red Peruana TLGB, alerta de que la mayor parte de los casos no son denunciados y, en el caso de serlo, la víctima no especifica que se trate de abusos de intención 'correctiva'. Según datos de Promsex, solo el 5% de los casos de violaciones a mujeres en Perú son denunciados, de los cuales no se sabe cuántos son castigos correctivos.
Segunda marcha por la igualdad en Lima / Amnistía Internacional Perú
Perú, cuyo Gobierno no ha respondido a las preguntas de eldiario.es, no cuenta con una política nacional contra la discriminación por la orientación sexual y la discriminación de género. Así como no tiene tipificados los crímenes de odio hacia la población LGTB, causa por la que lleva años luchando Amnistía Internacional en el país. A pesar de esto, según datos de Promsex, el 90% de la población admite que existe discriminación hacia este colectivo, una percepción que no se refleja en las políticas.
En julio de 2013 el Congreso rechazó sancionar de manera explícita los crímenes de odio motivados en la orientación sexual e identidad de género y en julio de 2014 aprobó un decreto que censuraba toda mención a las personas y comunidades LGTBI. Así, según señala un informe del Movimiento Homosexual de Lima, cada semana se produce en el país un crimen de odio contra personas de este colectivo que no queda debidamente registrado y tipificado como tal.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro, advierte de la necesidad de "adecuar la legislación nacional con los estándares internacionales y tipificar los crímenes de odio contra las personas LGTBI" y denuncia que en el país "existe impunidad en los crímenes hacia personas LGTBI". Resalta que a veces este tipo de crímenes "no son debidamente investigados y juzgados".
Publicado por eldiario.es – Desalambre – Carolina Martínez – 10/08/15 -


Más tierra para las mujeres, mayor seguridad alimentaria para todos

Para erradicar el hambre en América Latina y el Caribe las mujeres rurales deben tener mayor acceso a la tierra.

Las mujeres rurales son responsables por más de la mitad de la producción de alimentos a nivel mundial, pero en América Latina y el Caribe continúan viviendo en una situación de desigualdad social y política, la cual se expresa fuertemente en su acceso y propiedad sobre la tierra, señaló hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Aunque las mujeres rurales de la región desempeñan un papel fundamental en la erradicación del hambre, preservando la biodiversidad, conservando semillas y recuperando prácticas agroecológicas para la producción de alimentos saludables, en promedio, sólo el 18% de las explotaciones agrícolas en América Latina y el Caribe son manejadas por mujeres.

Según censos agrícolas a nivel nacional, sólo el 8% de las explotaciones agrícolas en Belice y Guatemala son manejadas por mujeres, porcentaje que no supera el 30% en Chile, Jamaica y Santa Lucía.


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Todo esto limita la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como condición necesaria para erradicar la pobreza y el hambre en la región”, explicó Claudia Brito, Oficial de Género de la FAO, quien agregó que las mujeres reciben sólo el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica, situación que los gobiernos de la región deben enfrentar.

Mujeres con mayor acceso a tierra
En términos de la propiedad sobre la tierra, las mujeres también se hayan en franca desventaja frente a los hombre. Un estudio de seis países señala que el porcentaje de propietarias mujeres alcanza el 32% en México, el 27% en Paraguay y sólo el 20% en Nicaragua y el 14% en Honduras (de Deere et al., 2012).
"El control efectivo de la tierra por parte de las mujeres podría tener un mayor impacto en la seguridad alimentaria y nutricional en la región. Hay un enorme potencial que desarrollar”, explicó Brito.

La mayoría de países en América Latina y Caribe han sabido reconocer esta realidad y han reformado sus leyes de tierra, códigos civiles y de familia, aprobando leyes que reconocen la igualdad de derecho entre hombres y mujeres, incluyendo sus derechos de propiedad.
En ese sentido, países como Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Bolivia han introducido medidas inclusivas para garantizar la propiedad de la tierra por las mujeres, mientras otros (Nicaragua, Venezuela y Paraguay) han garantizado su acceso a mujeres jefas de hogar en sus legislaciones agrarias. Sin embargo aún persisten importantes brechas en la tenencia de la tierra como parte de los derecho de las mujeres rurales.

Según Katz y Chamorro (2003), los hogares donde las mujeres tienen derechos de propiedad sobre la tierra gastan más dinero en alimentos que aquellos donde las mujeres no son propietarias: 5,5% más en Nicaragua y 2,5% más en Honduras.
La propiedad de la tierra por parte de las mujeres rurales acompañada del acceso a otros servicios relativos a la productividad, como el crédito, la asistencia técnica, a canales de comercialización y otros recursos naturales esenciales como el agua, se constituyen en un primer paso fundamental a favor de la seguridad alimentaria de los países de la región y del logro de la autonomía económica de las mujeres.

Si las mujeres tuvieran mayor acceso a estos recursos, no sólo vivirían en una mejor situación de seguridad alimentaria y nutricional sino que también favorecerían a sus familias y en consecuencia, a los países y la región”, explicó Brito.
Según la FAO, para lograr una erradicación rápida y sustentable del hambre en América Latina y el Caribe, los gobiernos y la sociedad como un todo deben reconocer los múltiples aportes que hacen las mujeres rurales como productoras, propietarias y tomadoras de decisiones, removiendo los obstáculos que persisten en detrimento de su condición social, económica y jurídica.

Publicado por ADITAL – América Latina y el Caribe - Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe benjamin.labatut@fao.org- 10/08/15 -


La mujer maya en la guerra y el refugio

María Guadalupe García asiste en Bogotá al seminario “Mujeres y paz: Centroamérica y Colombia, desafíos y retos para la cooperación”. / Óscar Pérez - El Espectador

María Guadalupe García, una indígena guatemalteca, comparte su experiencia como víctima, desplazada y líder en la construcción de paz después de la guerra civil en su país.

María Guadalupe García es una líder maya mam del municipio de San Idelfonso Ixtahuacán, departamento de Huehuetenango, Guatemala. Está en Bogotá en el seminario “Mujeres y paz: Centroamérica y Colombia, desafíos y retos para la cooperación”, para compartir su experiencia como víctima del conflicto armado, como voz de los refugiados guatemaltecos, como líder de las mujeres que hicieron un enorme aporte al proceso de paz en su país.

¿Cómo vivió la guerra en Guatemala?
Dicen que la guerra en mi país comenzó en 1960. Nosotros la vivimos en carne propia en 1982. En enero, el ejército llegó a nuestras comunidades. Mi papá era un líder de un comité de mejoramiento comunitario y sabíamos bien que estos líderes eran perseguidos por los militares. Cuando supimos que venían como 600 soldados, le dijimos que mejor se escondiera, era la única manera de salvar su vida. No volvería a verlo durante muchos años, hasta que nos reencontramos como refugiados en México.

Como a las 2 p.m. de ese día llegó el ejército, dijimos que nuestro padre estaba de viaje, que no sabíamos cuándo iba a volver. Sabíamos que el ejército violaba a las menores. Me cargué a mi hermano chiquito al hombro, para que vieran que no era joven sino señora. Yo tenía 18 años. Revisaron la casa, se fueron, volvieron horas después, hicieron preguntas, creían que nuestro padre estaba con la guerrilla. Falso: no tenía relación con la guerrilla, estaba escondido en el monte. Por fin partieron, pero nos dejaron el miedo. Ya no podíamos dormir en nuestra casa, así que comenzamos a desplazarnos de casa en casa, de comunidad e comunidad.

En el trayecto, el ejército agarró a mi hermana Juana, ella tenía 14 años. La asesinaron. En ese momento no podíamos hacer nada, sólo huir hasta la frontera con México.

¿Cómo supo sobre la muerte de su hermana?
El año pasado asistimos a la exhumación. Sabíamos dónde estaba enterrada desde el 96, cuando se firmaron los acuerdos de paz, pero no nos sentíamos preparados para desenterrarla. En la exhumación, la comunidad nos dijo que la torturaron, la violaron. Cada vez que le hacían preguntas y decía no conocer las respuestas, le cortaban las manos, le echaban sal. Ella nunca dio información sobre la familia.

¿Cómo empezó su lucha por los derechos de las mujeres?
Cuando llegamos a México nos organizamos por campamentos, nombramos a un representante, promotores de salud, de educación, catequistas de la iglesia. Fuimos viendo cómo resolver los problemas del refugio: mucha gente llegaba desnutrida, enferma, asustada, mujeres que habían perdido sus esposos, sus hijos.

En el caso de las mujeres, en 1990, ya con ocho años de refugiadas, fundamos la organización Mama Maquín. Surgió por necesidad, porque veíamos que en el proceso de refugio nunca tuvimos posibilidad de ocupar un cargo, nunca participamos en las asambleas y toma de decisiones. Además, nunca nos preguntaban sobre nuestras vivencias en Guatemala y México. Muchas mujeres asumieron la responsabilidad como mamá y papá para cuidar a sus hermanos. Para nosotras era importante valorar y reconocer esos hechos. Una guerra afecta distinto a un hombre y a una mujer, pero afecta diferente a una mujer maya con su traje, con su idioma, con su identidad. Nadie nos preguntó sobre eso. Las entrevistas eran con los hombres.

¿Cómo analizaron esas afectaciones de la mujer en el conflicto?
Cuando se acercaba el retorno a Guatemala, se hablaba de construir las condiciones para ese retorno. Analizamos la vivencia de las mujeres durante la guerra y el refugio. Uno de los problemas que enfrentamos era que, antes de cruzar la frontera, nos obligaron a quitarnos nuestro huipil (traje tradicional), para no ser identificadas por las autoridades mexicanas, para no ser deportadas. Nos pedían dejar de hablar nuestro idioma, en mi caso el mam, porque así nos podían identificar. Eso era un despojo de parte de nuestra identidad. Durante más de diez años refugiada no pude usar mi traje ni hablar mi lengua.

Además, muchas mujeres compartieron que habían sido violadas por miembros del ejército. Fue evidente que había que darles una atención especial a las mujeres. En ese entonces no había apoyo psicológico, espiritual, ningún acompañamiento. También nos cuestionamos por qué no participábamos en cargos de dirección en nuestro campamento de refugiados. Muchas no sabíamos leer ni escribir. Históricamente, como mujeres no íbamos a la escuela, nuestro destino era cuidar un hogar. Y como eramos mayas, había discriminación y racismo, sumado a la desigualdad y la pobreza. Enfrentábamos, pues, problemas de género, de clase y de etnia.

¿Cómo incidieron en los acuerdos de paz?
Vinicio Cerezo llegó a la Presidencia en 1987, él era de la democracia cristiana. Su esposa llegó a México diciendo a los refugiados que regresaran porque en Guatemala ya había democracia. La gente dijo que no, porque aun había guerra. Como resultado de esas visitas, formamos una comisión permanente representante del pueblo refugiado, para negociar acuerdos para el retorno.

Una de las condiciones era que el retorno fuera voluntario, organizado y colectivo, con dignidad. La segunda era que no permitíamos que los hijos crecidos en México fueran al servicio militar en Guatemala. Tercero, exigíamos acompañamiento internacional para nuestro retorno. Cuarto, libre movilización de refugiados en Guatemala y México. Quinto, respeto a la integridad física, eso quiere decir que los campamentos militares cerca de los lugares donde se iba a hacer el retorno tenían que desaparecer. Sexto, derecho a la tierra. Muchos de los que se fueron al refugio no tenían tierra, trabajaban en fincas de otros, esa era una de las causas del conflicto armado. Las mujeres construimos esos acuerdos. Los acuerdos específicos sobre refugiados se firmaron el 8 de octubre de 1992 y en 1996 se firmó el gran acuerdo de paz.

¿Cómo fue el retorno?
El primero fue el 20 de enero de 1993. Los acuerdos no significaron que no hubiera nuevas luchas. La implementación del derecho a la tierra estuvo llena de dificultades. No fue un proceso sistemático y continuo. En 1994 vimos que en los primeros retornos a las mujeres nos habían excluido del derecho a la tierra. Tuvimos que dar otra lucha, hasta que en 1997 logramos que se reconociera, por lo menos en el papel , ese derecho. Todo eso fue un aporte grande para la paz.

¿Cuál es la situación de la mujer maya hoy en Guatemala?
Hay cada vez más normas e instituciones que reconocen los derechos, pero la condición sigue siendo difícil . Falta voluntad política del Estado para un cambio en la posición de la mujeres. Hay que transformar problemas estructurales. Nuestro país tiene un sistema patriarcal, machista, capitalista, racista y neoliberal. ¿Cuántos estamos dispuestos a transformarlo? Cuando hablamos de transformar el patriarcado, alegan que queremos voltear la tortilla del poder. No es así, precisamente porque ese poder autoritario nos hace daño. Queremos que hombre y mujer sean complementarios, pera eso significa una lucha ideológica. Debemos desaprender mucho, porque aún el opresor y el colonizador están adentro del oprimido. Es una lucha desaprender, descolonizar, despatriarcalizarnos nosotros mismos. Esta lucha hoy sigue vigente y en eso estamos las mueres.

Un problema en Guatemala es la falta de consulta previa a los indígenas...
Con las empresas extractivas transnacionales vuelve la lógica del saqueo y despojo a nuestras comunidades. Otra vez el problema de las tierras. Hasta hoy, no hay consulta previa a las comunidades indígenas por parte del Estado. Cuando supimos que habían licencias de minería e hidroeléctricas en nuestros territorios, iniciamos en 2005 las consultas comunitarias de buena fe, por nuestra cuenta. Esas consultas han sido una práctica ancestral y ahora tienen un respaldo en el Convenio 169 de la OIT, en la declaración de la ONU sobre pueblos originarios, y en los mismos acuerdos de paz de Guatemala, entre otros. El Estado, sin embargo, no lo quiere hacer. La gente ha rechazado las empresas extractivas y se han detenido varios proyectos, pero eso no quiere decir que el Estado haya respetado nuestras decisiones.

El Estado dice que hay que explotar, nosotros decimos que no, porque nuestra tierra es nuestra madre, si le sacan los minerales la dejan sin corazón, sin vida. El petróleo, para nosotros, es la sangre que corre en las venas de la madre tierra. Desde nuestra cosmovisión, defendemos la vida. Ellos no lo entienden así, dicen que nuestras consultas no son vinculantes. Estamos afectando sus intereses de un modelo económico al que llamamos depredador, destructor, y al que ellos llaman desarrollo.


Publicado por elespectador.com – Daniel Salgar Antolínez – 11/08/15 -

Entre el hacinamiento y el olvido, 360 mujeres pagan sus penas

Las mujeres se desenvuelven con libertad dentro de la cárcel.

Los crueles castigos, el aislamiento severo y la discriminación pasaron a la historia en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

La antigua cárcel femenina en el municipio de Támara, Francisco Morazán, 32 kilómetros al norte de Tegucigalpa, es recordada en el país con el nombre de Cefas.

Se conoció que desde esta cárcel se practicaba con frecuencia la extorsión, pero actualmente el centro es reconocido como cárcel modelo a nivel del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

La llegada a la dirección de la sicóloga Mariza Castejón hace más de un año le ha cambiado la cara a la penitenciaría y las 360 reclusas son parte del proyecto.

“Nos hemos organizado muy bien. Cada hogar tiene una coordinadora con las que las autoridades tenemos bastante contacto. Ellas son un pedacito de mí en cada hogar”, manifestaba Castejón mientras las privadas de libertad la saludan y abrazan en su recorrido por el recinto.

Al llegar al taller de panadería, seis mujeres trabajan sin parar. Una de ellas, Zulema, ordenaba el pan recién horneado.

“Vendemos este pan en la feria del agricultor y en Agafam cuando hay feria. También mandamos a la Penitenciaría Nacional. Compran bastante”, explicó Zulema. La privada de libertad vive en un hogar especial, el de preliberación, que le permite salir los fines de semana a su casa y retornar cada lunes a cumplir su sentencia.

La actividad en los talleres no paró. En el de costura apareció Doris Brito, la privada de libertad condenada a 16 años de prisión por asesinato. “Ya llevo 11 años cumpliendo mi condena y paso aquí todos los días costurando. Doy dos horas de clases diarias a las compañeras que llegan al taller. Hacemos cojines, lapiceros y cortinas, entre otras cosas”, comentó Brito, mientras recordaba que están esperando una donación de dos mesas y ocho sillas para el taller que les prometió la Comisión Permanente de Contigencias (Copeco).

Según estadísticas, solo 153 mujeres están sentenciadas en el PNFAS, lo que deja al descubierto la mora judicial que persiste en todo el sistema penitenciario.
Las reclusas elaboran pan y lo mandan a vender a las ferias artesanales o a otras cárceles. Con eso sobreviven.
Las reglas

Aunque el trabajo no es obligatorio, las mujeres buscan rehabilitarse en los talleres. “Estamos a punto de inaugurar el cine comunitario gracias al apoyo de la primera dama Ana García y también tendremos un gimnasio gracias a las gestiones de la Secretaría de Desarrollo Social”, dijo la directora.

Muy temprano, las reclusas que trabajan se dirigen a los talleres, así como las que estudian van a clases. El PNFAS tiene educación disponible hasta el bachillerato.

Las policías femeninas pasan lista tres veces al día; puede haber televisión por cable en los hogares siempre y cuando paguen 180 lempiras al mes. Las luces se apagan todas las noches a las 10:00 pm.

“Hay 143 muchachas estudiando; es un gran logro. Espero en mi gestión dejar la universidad. Tenemos tantos planes que vamos a empezar por mejorar la biblioteca y el laboratorio de computación. Le pedimos a la ciudadanía que nos apoye donando libros y alguien de buena voluntad podría reparar las computadoras dañadas”, pidió Castejón.

El pequeño laboratorio de computación tiene 11 máquinas, pero solo cinco están en buen estado.

La mayoría de los delitos por los que están recluidas las mujeres están encabezados por la extorsión mediante el cobro de “impuesto de guerra”, asesinato, robo y secuestro.

Condiciones de vida

El hacinamiento es severo. En un hogar de las sentenciadas habitan 54 mujeres. Una de ellas muestra un cuarto donde hay 21 camas, la mayoría pegadas por falta de espacio.

Del otro lado del penal, cerca de la administración, se encuentra el hogar donde habitan las privadas de libertad miembros de la mara 18.

La coordinadora dijo que están 
construyendo ocho baños para ellas, ya que el módulo en el que están no tiene y deben movilizarse hasta otro.

“La dirección dio la mitad y la otra mitad, el barrio. Estamos bien aquí, pero afuera hay unos menores miembros de los Chirizos que nos molestan, nos amenazan y tiran piedras. Ya pusimos la queja”, dijo la joven procesada como cabecilla de mara y quien, según la autoridad del PNFAS, podría recibir 150 años de condena.
Las reclusas elaboran cojines y las que tienen talento artístico pintan las figuras de las caricaturas.
Las aisladas

Las celdas con privilegios existen en este recinto y las ocupan reclusas con medidas de seguridad.

Ellas no se mezclan con el resto de la población penitenciaria y ni siquiera asisten a los eventos sociales que desarrollan sus compañeras. Se trata de la exjueza con jurisdicción nacional Wendy Caballero (en estado de embarazo), acusada de cohecho, y Michelle Rojas, investigada por lavado de activos.

Rojas es esposa del prófugo de la justicia José Zelaya, exjefe de compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

También ocupan estas celdas con aire acondicionado la exjueza de ejecución de Trujillo, María Elena Fonseca, acusada de abuso de autoridad, así como la esposa de José “Chepito” Handal, Ena Hernández Amaya, acusada por lavado de activos.

Cerca de estas celdas con privilegios se encuentra en aislamiento desde hace 17 años Alma Cleotilde Grand Pérez, conocida como la Bruja Cleo, condenada por el asesinato de tres hombres.

El titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo, anunció que el mejoramiento en las cárceles continuará bajo un proyecto estructurado que tiene como prioridad la eliminación del hacinamiento gracias a los recursos de la tasa de seguridad.
Publicado por Diario La Prensa de Honduras – Marylin Méndez Montenegro – 10/08/15 -

Cultura, tradición y religión no deben impedir derechos humanos de la mujer

Las Mujeres todavía tienen desventaja en el acceso a la cultura. Foto: Reproducción

Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura (Unesco) señala la urgente necesidad de sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre mujeres y hombres, niñas y niños, en las áreas de patrimonio y creatividad. El documento reúne, por primera vez, investigaciones, casos y estadísticas sobre a igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la cultura. 

Fundamentado en el compromiso de la Unesco en promover los derechos humanos, que incluyen los derechos de la mujer en la vida cultural, el informe identifica algunas manifestaciones de esta secular desigualdad, común diversas áreas de la vida socio-económica: participación limitada de la mujer en funciones de dirección; segregación de ciertas actividades; oportunidades de formación restringidas para el desarrollo de sus capacidades y en la creación de una red de contactos.
Además de eso, el desequilibrio entre los derechos de hombres y mujeres puede ser observado en la desigualdad existente también en el trabajo no remunerado, en pésimas condiciones de trabajo, así como en el mantenimiento de estereotipos de género sobre los roles culturalmente asignados a cada uno y una, sin considerar, previamente, el consentimiento de ambas partes. "La ausencia de estadísticas culturales desagregadas por género es un factor que encubre la diferencia existente entre géneros y los retos, a los que directivos y políticos deben hacer frente", observa la Unesco.

Específicamente, en el ámbito cultural, la Organización señala que las mujeres han sufrido especial marginación, teniendo que enfrentar gran número de obstáculos al momento de acceder, contribuir y participar, de manera igualitaria, al cine, teatro, música, patrimonio y otras artes. «De esta manera, se les ha impedido desarrollar su potencial, y se ha dificultado el desarrollo global sostenible e inclusivo», destaca la entidad.
"Se debe considerar la diversidad cultural y los derechos humanos como mutuamente beneficiosos, con la igualdad de género como requisito previo para el desarrollo centrado, auténticamente, en la gente”, explica Irina Bokova, Directora General de la Unesco. "En todos los esfuerzos de desarrollo, debemos asegurar que nunca se invoque a la cultura para justificar la violación o limitación de los derechos humanos", señala.
"La lección clave es clara: debemos reconocer a las mujeres y las niñas como agentes de cambio dentro de sus comunidades y valorar sus logros. Esto debe incluir las situaciones posteriores a los conflictos, donde podemos recurrir al liderazgo de las mujeres en la reconstrucción de la paz y en la creación de políticas públicas equitativas”, ejemplifica la directora de la Unesco.

Farida Shaheed, Relatora Especial en materia de Derechos Humanos, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, explica que garantizar los derechos de las mujeres no significa negar su cultura, tradición o religión, sino asegurar que esos aspectos de la sociedad donde viven sean disfrutados en conjunto, permitiendo la toma de decisiones y la creación de nuevos significados y prácticas culturales.
"La tendencia a considerar (...) la cultura como un impedimento a los derechos humanos de las mujeres es una visión excesivamente simplista”, afirma. "También es problemática porque distrae la atención de los actores, instituciones, leyes y reglamentaciones específicas que mantienen a las mujeres subordinadas dentro de los sistemas y estructuras patriarcales”, señala Farida.


Publicado por ADITAL – Mundo -  Marcela Blechior – 10/08/15 -

Aumenta el lesbianismo en la penitenciaría de mujeres en Támara

Más de 50 mujeres tienen sus parejas del mismo sexo en la cárcel de Támara.

Dos de los temas tabú sobresalientes en las cárceles de mujeres son el lesbianismo y las visitas conyugales que se dan cada 15 días. Lo mismo ocurre en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

La directora de este centro explicó que al menos 50 mujeres privadas de libertad tienen pareja del mismo sexo, relaciones que son prohibidas, según el reglamento.
Dos de los temas tabú sobresalientes en las cárceles de mujeres son el lesbianismo y las visitas conyugales que se dan cada 15 días. Lo mismo ocurre en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

La directora de este centro explicó que al menos 50 mujeres privadas de libertad tienen pareja del mismo sexo, relaciones que son prohibidas, según el reglamento.

“La mayoría no son lesbianas. Hay mujeres que se visten de hombre, pero creo que no son lesbianas. Creo que es una conducta estacionaria, una carencia afectiva, algo momentáneo por el lugar en el que están.

Hay prohibiciones

No pueden dormir juntas, pero en mi caso jamás les voy a juzgar sus sentimientos”, explicó la directora de la penitenciaría, Mariza Castejón. Al descubrir casos de lesbianismo, la directora procede a cambiar a las mujeres de módulo.
"Aquí se da bastante el lesbianismo; hay muchos encuentros furtivos. Esta conducta anda en más o menos unas 50 mujeres", dijo.

Las visitas conyugales son permitidas para las mujeres casadas, por unión de hecho o hijos en común.

El encuentro con sus esposos se da cada 15 días y dura cinco horas. En esta cárcel, solo 18 mujeres tienen permitido recibir a sus parejas.

Las mujeres privadas de libertad que tienen recluidos a sus esposos en la Penitenciaría Nacional son 34. Ellas realizan visitas conyugales cada 15 días y familiares una vez al mes con sus hijos.

“Pocas tienen visitas conyugales porque la mayoría no cubren los requisitos. Los hombres no se quieren casar o las abandonan”, concluyó Castejón.
Publicado por Diario La Prensa de Honduras – 10/08/15 -