miércoles, 29 de julio de 2015

Mujeres migrantes son víctimas de diversas formas de violencia

Cada año, alrededor de 3.8 millones de mujeres provenientes de Centroamérica que entran a México para llegar a Estados Unidos lo hacen en situaciones de alto riesgo poniendo en peligro su integridad personal y son frecuentemente agredidas sexualmente. Se calcula que el total de personas migrantes que atraviesan el México cada año asciende a 19 millones, las mujeres representan el 20% según datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

Según las fuentes entrevistadas por SemMéxico [Servicio Especial de la Mujer México por la Equidade Informativa] y un estudio realizado por el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (INMUMI) y la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, aunque no existen datos precisos, se pone en evidencia que hay un aumento de esta migración por razones económicas y sociales.
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (INMUMI) señala que las migrantes, provenientes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, entran a territorio mexicano principalmente por Soconusco, Chiapas y en su trayecto son víctimas de diversas formas de violencia como discriminación, extorsiones, secuestro, explotación sexual y desapariciones forzadas.

En entrevista, Kuhner explica que la política de contención de la migración en tránsito, impulsada por el Gobierno de México desde 2015 ha contribuido a la crisis humanitaria que atraviesan las personas migrantes en el país, específicamente las mujeres.
Señala que entre algunos de los factores que generan la violencia contra las mujeres migrantes en tránsito por México se encuentran: la falta de reconocimiento del papel de las mujeres migrantes como trabajadoras que contribuyen al desarrollo económico y social de sus familias, comunidades de origen y de destino; la militarización de la seguridad pública y el combate al narcotráfico con un estado de derecho débil; y la política migratoria, que descuida los derechos humanos de las personas migrantes y carece de perspectiva de género.

¿Quiénes son las mujeres migrantes?
La mayoría de las migrantes provenientes de Centroamérica son mujeres jóvenes, madres de niñas y niños, que viven sin pareja y trabajan en su lugar de origen antes de migrar, explica Kuhner.
Señala que las mujeres que deciden migrar asumen una deuda importante para costear el viaje a pesar de que cuentan con redes y apoyos en su país de origen y en el de destino.
"En la mayoría de los casos, las mujeres migran con el objetivo de aumentar sus ingresos, a fin de poder brindar a sus hijas e hijos una mejor educación, salud y condiciones materiales de vida. A su vez, con la migración, muchas mujeres buscan la oportunidad de una vida libre de violencia” dice la titular del INMUMI.
También explica que no existen estadísticas ni datos exactos respecto del número de mujeres que atraviesan por México, pero dice, es posible hacer un cálculo estimado tomando en cuenta el número de migrantes que son detenidas en el trayecto.

Aumentan las detenciones
Las detenciones de mujeres migrantes en México han aumentado en los últimos años. Según datos del Instituto Nacional de Migración, de 2007 a 2014 aumentó en 43% la presencia de las mujeres.
En 2007 fueron detenidas 17,933 mujeres mayores de 18 años, 1,775 niñas y adolescentes de 12 a 17 años, 360 niñas de 0 a 11 años acompañadas y 53 niñas de 0 a 11 años no acompañadas.
En el 2014 el registro de detenciones muestra un aumento en el número de mujeres, especialmente en el caso de niñas acompañadas. En ese año el INM detuvo a 20,465 mujeres mayores de 18 años; a 4,115 niñas y adolescentes de 12 a 17 años; a 3,279 niñas de 0 a 11 años acompañadas y 834 niñas de 0 a 12 años no acompañadas.
El aumento más significativo del número de mujeres y niñas detenidas se dio de 2013 a 2014. Las cifras del INM muestran que tan sólo en este periodo aumentó en 105%.

¿Cómo viajan las mujeres migrantes y qué riesgos corren?
Gretchen Kuhner explica que las mujeres migran de forma más clandestina que los hombres, con el objetivo de tener mayor "protección”.
En una investigación realizada por el INMUMI y la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados en 2014 denominada "Un viaje sin rastros - mujeres migrantes que transitan por México en situación irregular”, con la finalidad de demostrar la necesidad de incorporar la movilidad humana en las estrategias de integración económica y social de la región y dejar de lado políticas discriminatorias, se explica que las mujeres migrantes viajan principalmente por carretera con la finalidad de evadir controles migratorios y se trasladan en autobús y automóviles (privados o taxis), aunque también es usual que viajen solas acompañando a un transportista o en grupo dentro del vagón de carga  de un tráiler.
Extorsión
La investigación señala que en el viaje por carretera las mujeres se enfrentan a la extorsión sobre todo por parte de las autoridades durante los operativos de control y verificación migratoria móviles establecidos en puntos carreteros.

Violencia Sexual
Las mujeres en el trayecto son víctimas de violencia sexual que va desde tocamientos, relaciones sexuales forzadas o el intercambio de favores sexuales a cambio de transporte, protección y alimentos explica Gretchen Kuhner.
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señala que 31.7 por ciento de los hombres y 39.9 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia durante su viaje, aunque de distinto tipo. Mientras que los hombres son más amenazados con armas, las mujeres enfrentan mayor violencia sexual.
Al respecto, René Estrada del Grupo Beta de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración que ha trabajado en la frontera sur explica que ha sido testigo de cómo las mujeres migrantes provenientes de Centroamérica están al tanto de la violencia sexual que pueden sufrir en el camino.
"Ellas lo saben, yo creo que de todas las que atendemos en el camino en el cruce de la frontera sur, siete de cada diez señalan que han invertido parte de sus recursos en algún método anticonceptivo porque saben que las pueden violar y dicen que si eso es terrible, sería aun más quedar embarazadas” explica René Estrada.
Gretchen Kuhen argumenta que la "seguridad” puede comprarse con relaciones sexuales o bien se ven en la necesidad de pagar con sexo al transportista que las lleva hacia la frontera o realizan transacciones con autoridades.

Secuestro y tráfico de personas
El INMUMI señala que muchas veces las mujeres contratan los servicios de un traficante que pueda brindarles más garantías de llegar al destino, pero que al mismo tiempo les implica riesgos importantes.
En muchas ocasiones, explica Gretchen Kuhen las mujeres que contratan a este tipo de personas desconocen los costos del servicio y en consecuencia el monto de su deuda. Por ello se ven obligadas a pagar con trabajos considerados femeninos, como la preparación de alimentos, el lavado de ropa del traficante y transacciones sexuales y se colocan en una situación de vulnerabilidad para ser explotadas.
Respecto al tráfico de personas, el libro "Un viaje sin rastros – mujeres migrantes que transitan por México en situación irregular” señala que ha resultado una actividad atractiva para bandas del crimen organizado. Narcotraficantes comenzaron a sustituir o a cooptar a los traficantes tradicionales (coyotes y polleros) y aumentaron los precios del servicio. Un viaje Guatemala-EUA que costaba entre 3 y 4 mil dólares en 2005, para 2013 costaba, en promedio, 10 mil dólares.
Además la investigación señala que esto incrementó la vulnerabilidad de las mujeres a ser víctimas de trata de personas y de secuestro, porque los traficantes venden a las migrantes para realizar trabajo forzado y/o prostitución a fin de cubrir los costos que ahora implica el viaje.
En 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Informe especial sobre secuestro de migrantes en México, señaló que los estados en los que se presentó el mayor número de secuestros fueron Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.

Presencia femenina en albergues
Los albergues de ayuda a migrantes se encuentran casi siempre cerca de las vías del tren, sin embargo como las mujeres en su mayoría no lo utilizan como medio de transporte, su presencia en estos centros de ayuda es menor que la de los hombres.
La investigación del INMUMI y la Cámara de Diputados señala que en 2011, las mujeres constituyeron entre 10 y 15 por ciento de la población en los refugios ubicados en la zona de la frontera sur de México y que su presencia fue menor en los albergues establecidos en el resto del país.

Explica que, aunque cada vez más albergues cuentan con condiciones especiales para recibir mujeres, ellas prefieren hospedarse en pequeños hoteles y casas de huéspedes porque se sienten más seguras y resaltan las solidaridades femeninas ya que se ha logrado documentar que mujeres mexicanas han recibido y alojado en sus casas a mujeres migrantes.
Política migratoria
Luego de la reforma constitucional de 2011, se establece que todas las personas en territorio nacional deben gozar de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte.
El gobierno federal ha implementado el Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM). Al respecto el INMUNI señala que se trata de una política migratoria que constituye un avance en la respuesta institucional que el Estado pueda dar a la violencia en contra de las mujeres migrantes en tránsito por México porque transversaliza la perspectiva de género y plantea acciones afirmativas para las mujeres.
Sin embargo, señala que el desafío que enfrenta el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para hacer frente a la crisis humanitaria que viven las personas migrantes en México se requiere de políticas públicas para mitigar esta situación.

La titular del INMUMI explica que se busca que la puesta en marcha de la política migratoria no se quede limitada a disuadir el tránsito irregular, a mejorar las condiciones de las estaciones migratorias y a garantizar los derechos de los repatriados durante el proceso de la devolución o deportación, sino que contribuya a erradicar la violencia contra las mujeres migrantes, eliminar las barreras de acceso a sus derechos y garantizar su protección en territorio mexicano.
En este sentido, José Abiel Rosales Silva, encargado de vinculación del programa Mujer Migrante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señaló que a través del portal www.mujermigrante.mx desde 2008 han brindado ayuda a las mujeres que atraviesan el país.

Explicó que han atendido diversos casos de violencia en contra de las mujeres a través de un chat en línea en el que las mujeres migrantes escriben para solicitar ayuda y asesoría.
"Recibimos entre cuatro y seis casos al día. Algunas preguntan sobre trámites, otras nos preguntan a dónde acudir porque las asaltan, denuncian diversos tipos de violencia y vulneración de derechos por parte de alguna autoridad, por ejemplo que en los retenes de migración no las dejan ir a la baño, que las autoridades les quitan sus papeles. Nosotros las asesoramos y las canalizamos” dice Rosales Silva.
Y agrega: "Queremos que sepan que esta ayuda en línea existe y que es gratuita y totalmente confidencial”.

En busca de la integración
El pasado 15 de julio en la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo lugar un seminario regional sobre estrategias para favorecer la integración y reinserción de las personas migrantes.
Al respecto, Karen Valladares, directora nacional del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras señaló que es de vital importancia analizar el contexto de violencia en la región como la presencia de pandillas, de maras y grupos relacionados con el narcotráfico que obstaculizan los procesos migratorios.
Valladares dijo también que es necesario hacer visibles a las y los migrantes y garantizar que tengan acceso a servicios básicos y eliminar la estigmatización, dijo sobre todo de quienes han sido deportados.

Por su parte, Juan José Rodríguez Alvarado, director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes dijo que es indispensable garantizar los derechos humanos de las y los migrantes en tránsito y reconocerlos como agentes de desarrollo.
Señaló que las mujeres migrantes siguen representando un reto para las autoridades sobre todo en lo que se refiere al acceso a la justicia. "En Tamaulipas, se han realizado esfuerzos, hay ministerios públicos especializados, albergues y operativos sobre todo para liberarlas de las bandas criminales, pero hay mucho por hacer porque no denuncian, porque tienen miedo, sin embargo, hemos buscando la vinculación con iglesias, casas de migrantes y a través de ellos es posible facilitarles el acceso a la justica para perseguir a quien abuse de ellas”.

Publicado por ADITAL - SemMexico.org.mx – Con información de Medio Aliado – 27/07/15 -

Mujeres de Cachemira soportan aumento de violencia de género

A cartel en la vía pública en el norteño estado indio de Jammu y Cachemira, aboga por la equidad de género y contra la violencia contra las mujeres. Crédito: Athar Parvaiz/IPS

La joven india Rizwana solo deseaba y esperaba que la justicia hiciera su trabajo y que el hombre que la violó recibiera un castigo a la medida de su delito. Pero meses después de la terrible experiencia que le tocó vivir, en el estado de Jammu y Cachemira, en el norte de India, él sigue libre.
Procedente de una familia pobre del noroeste del estado de Jammu y Cachemira, Rizwana (un nombre falso para proteger su identidad) trabajó duro para terminar sus estudios y poder conseguir un trabajo para aliviar las dificultades económicas de su familia.
Cuando este año la contrataron como asistente en el fronterizo distrito de Kupwara, ella pensó que se había ganado la lotería. Pero pronto descubriría que el apoyo y el interés de contratarla de uno de los funcionarios tenía motivos ocultos.
"Recibimos entre 1.000 y 1.500 denuncias de violencia doméstica al año”: Gulshan Akhtar.
“Después de unos días de estar trabajando, me llamó a una habitación del piso superior y corrió el pasador. Luego me hizo insinuaciones sexuales. Y cuando me quejé, me violó”, relató a IPS la joven graduada.
El hecho impactó a toda la familia. Ella dejó el trabajo y su madre estuvo unas semanas internada tras sufrir un ataque de pánico.
Rizwana se puso en contacto con la Comisión Estatal de Mujeres, con sede en Srinagar, la capital de verano de este estado, y reclamó que el funcionario implicado dejara el cargo y fuera a la cárcel.
“Pero hasta ahora no ha pasado nada”, se lamentó. “La comisión me apoya, pero el violador todavía debe ser procesado, pues recurrió a sus influencias para salirse con la suya”, acotó.
La militarización genera impunidad
El caso de Rizwana no es el único. Todos los años, miles de mujeres sufren abusos físicos o sexuales, dentro o fuera de su casa, y muy pocas lo denuncian.
Las defensoras de los derechos femeninos atribuyen al conflicto de Cachemira, que se remonta a 1947 cuando la partición de India y que ya se cobró 60.000 vidas en seis décadas, de alimentar una cultura de impunidad que deja a las mujeres en situación de extrema vulnerabilidad frente a la violencia de género.
En 2007, el gobierno de India reveló que había 337.000 efectivos militares en la región. Entonces, ese número representaba alrededor de un soldado cada 18 personas, lo que haría de Cachemira la “región más fuertemente militarizada” del mundo, según el politólogo Bashir Ahmad Dabla.
En 2013, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la violencia contra la mujer, señaló en su informe final sobre India que normas como la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas y la misma norma para Jammu y Cachemira habían promovido la impunidad en materia de violación de derechos humanos.
Las normas impiden que los efectivos sean procesados en tribunales regulares por delitos cometidos contra mujeres civiles, entre otros, e invalida el derecho al debido proceso.
Al constatar que la impunidad de las Fuerzas Armadas “erosiona las libertades y los derechos fundamentales, como la dignidad y los derechos sobre la integridad física de las mujeres en Jammu y Cachemira”, la relatora instóal gobierno indio a derogar la norma.


Una mujer sostiene la fotografía de su hijo, herido en el conflicto en el norteño estado indio de Jammu y Cachemira, donde las mujeres soportan la peor parte de los combates. Algunas, incluso, fueron violadas por efectivos de las Fuerzas Armadas. Crédito: Athar Parvaiz/IPS

Dos años después, todavía no se adoptaron las recomendaciones, por lo que no solo los efectivos de las Fuerzas Armadas sino también los distintos funcionarios se sientan libres de violar los derechos femeninos, por lo general mediante abusos sexuales.
Por ejemplo, IPS tuvo acceso al expediente de acoso sexual presentado en bloque por el personal femenino de la Universidad de Agricultura de Cachemira, un recurso para proteger la identidad de las implicadas, ante la Comisión Estatal de Mujeres.
Las demandantes reclaman un “duro castigo” para los responsables, según las disposiciones sobre acoso sexual de la Ley (de enmienda) del Código Penal de 2013.
Nayeema Ahmad Mehjoor, presidenta de la Comisión Estatal de Mujeres, dijo a IPS que tomó medidas en cuanto recibió el expediente y ya visitó la universidad para plantear el asunto a las autoridades competentes.
Violencia doméstica en aumento
La situación es mucho peor en el ámbito doméstico, según especialistas, donde la violencia conyugal o íntima va en aumento.
Gulshan Akhtar, responsable de la única Comisaría de la Mujer, ha estado muy atareada los últimos años con el creciente número de casos de violencia contra la mujer que se da en el ámbito doméstico.
En un día común puede llegar a tramitar entre siete y 10 casos de disputas domésticas que incluyen violencia contra la mujer.
“Cuando se creó esta comisaría, en 1998, solía recibir muchas menos denuncias en comparación con los últimos cinco años”, precisó Akhtar.
“Ahora recibimos entre 1.000 y 1.500 denuncias de violencia doméstica al año”, recalcó. Además, señaló que la Comisión Estatal de la Mujer recibe otras 500 en el mismo plazo
La Comisión Estatal de la Mujer, en el norteño estado indio de Jammu y Cachemira, registra unos 500 casos de violencia contra la mujer en el ámbito doméstico al año. Crédito: Athar Parvaiz/IPS


Según esos números, considerados conservadores ya que muchas mujeres sufren en silencio, cada día, unas cinco mujeres cachemiríes soportan abusos físicos o sexuales.
Versiones de prensa local indican que Jammu, la capital estadual de invierno, encabeza la lista de distritos con mayor violencia doméstica, con unos 1.200 incidentes distintos desde 2009.
El Ministerio del Interior señaló que 4.000 infractores fueron procesados por este tipo de delito, según informó la prensa, pero las organizaciones de derechos de la mujer sostienen que los procesamientos son demasiado bajos como para disuadir a los futuros agresores.
En una movilización realizada en Srinagar, en mayo, para denunciar la situación, Ezabir Ali, secretaria de la organización de mujeres Ehsaas, subrayó: “Ya es hora de que denunciemos esta forma bárbara de naturaleza humana y enviemos un mensaje al gobierno para que actúe de forma estricta contra ese tipo de actos”.
Cachemira registró en 2013, según datos de la organización Crime Branch, 378 casos de violación, 75 más que al año anterior. Todavía no está la información para el período 2014-2015.
Los conflictos dejan a las mujeres en situación de vulnerabilidad
Un informe publicado en 2014 por la organización Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, destaca que “un tribunal local ordenó la reapertura de una investigación sobre las presuntas violaciones en masa en los pueblos de Kunan y Poshpora, en el distrito de Kupwara, en 1991”.
“La población local sostiene que los soldados violaron mujeres durante una operación de acordonamiento y búsqueda”, detalla.
La brutalidad de esos incidentes y el hecho de que las víctimas fueran tanto mujeres mayores como menores de edad, sentó un precedente, según académicos y activistas, pues los culpables nunca fueron procesados.
Hay quienes sostienen que el hecho obedece a los cambios en el papel que la tradición reserva a la mujer en esta región, en parte promovidos por el propio conflicto. Con la muerte de miles de hombres que se encargaban de mantener a la familia, muchas mujeres se vieron obligadas a incorporarse al mercado laboral.
Estudios realizados por Ehsaas revelan que 75 por ciento de los hombres consultados en Jammu y Cachemira “sentían su masculinidad amenazada” si sus esposas no los obedecían.
Se necesitan cambios fundamentales, tanto legales como de comportamiento, si se pretende lograr cierto grado de igualdad de género y de respeto de los derechos de la mujer para crear una sociedad más pacífica, sostienen varias activistas.
Publicado por IPS – SRINAGAR (India) – Athar Parvaiz – 27/07/15 -


LA ONU SUSPENDE A ESPAÑA EN IGUALDAD DE GÉNERO

Naciones Unidas emite un demoledor informe sobre la situación de las mujeres en España, a través del “Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica”, instando al Estado español a que cumpla sus compromisos internacionales en materia de igualdad de género ante a los alarmantes retrocesos producidos en los últimos años.
El 8 de Julio el Comité de la CEDAW de Naciones Unidas examina a España en Ginebra, mientras integrantes de la Plataforma CEDAW Sombra denunciarán ante el Comité los recortes y retrocesos en los derechos humanos de las mujeres.
Más de 250 organizaciones feministas, de derechos humanos y cooperación al desarrollo, integradas en la Plataforma CEDAW Sombra-España, llevan dos años y medio denunciando ante diferentes organismos internacionales (Comité CEDAW, Parlamento Europeo, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comité de la CSW) el retroceso de la equidad de género en España en los últimos 5 años, tal y como confirma el reciente informe publicado el 17 de Junio de 2015 por el “Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica” del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Tras la visita encabezada por el Grupo, compuesto por la Presidenta-Relatora, Frances Raday y Eleonora Zielinska, y después de entrevistarse con diferentes miembros de la sociedad civil, así como representantes de las distintas administraciones públicas y del Estado español, el Informe viene a subrayar de forma tajante, el alarmante retroceso en los derechos humanos de las mujeres en nuestro país en los últimos años.
Tal y como la Plataforma CEDWAW Sombra-España ha denunciado ante el Comité de la CEDAW de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo llama la atención al Estado español, describiendo un ensombrecido panorama en el marco de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres en España.
De manera específica, el Grupo refiere todas las áreas que de forma directa e indirecta consolidan la discriminación de las mujeres en España: violencia de género, igualdad, salud, empleo, derechos sexuales y reproductivos, reparaciones a las mujeres víctimas del franquismo, centros de internamiento (CIES), mujeres empleadas en el servicio doméstico, representatividad de las mujeres en la toma de decisiones, protección social, políticas de austeridad, reforma laboral, migración, discapacidad, educación, estereotipos, medios de comunicación, participación de la mujer en la vida pública y política y acceso a la justicia.
En términos generales, el Grupo de Trabajo, refiriendo su preocupación por los retrocesos sucedidos y la falta de medidas encaminadas a la lucha contra la discriminación por motivos de género, recomienda al Estado español:
Ámbito institucional
1. El cumplimiento de los convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado español en el marco de la igualdad de género y la no discriminación.
2. La recuperación del Instituto de la Mujer como organismo especializado dedicado a los derechos de la mujer.
3. La evaluación de las leyes y programas para la igualdad de las mujeres y la superación de la violencia de género.
Participación de las mujeres en la vida económica y social
1. La eliminación de barreras para la participación de la mano de obra femenina.
2. La reimplantación de los niveles mínimos de protección para todos los tipos de atención a la dependencia.
3. El incremento de la participación de las mujeres en la iniciativa empresarial y toma de decisiones económicas.
4. La realización de estadísticas desagregadas por sexos en todos los aspectos laborales en los servicios públicos y privados.
5. La ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre las Trabajadoras y Trabajadores
Domésticos para la protección de los derechos de las personas empleadas en el hogar.
6. La evaluación del impacto de los derechos humanos, incluido el impacto de género, en cuanto a las consecuencias que han generado las medidas de austeridad fiscal.
Educación, cultura y estereotipos

1. La revisión de los libros de texto y planes de estudio, para la eliminación de los estereotipos de género.
2. El diseño, en colaboración con la comunidad gitana, de mejores políticas de integración para la educación de las niñas.
3. La reimplantación de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en todo el estado como asignatura obligatoria.
4. La realización de investigaciones sobre las causas de la persistencia de estereotipos de género.
5. La necesidad de combatir los estereotipos de género en los medios de comunicación, televisión, páginas web, etc.
Violencia de Género
1. La ampliación de todas las formas de violencia contra la mujer (no sólo en el entorno de la pareja o expareja) en cuanto a las medidas preventivas, procesales, punitivas y protectoras
de la Ley Orgánica 1/2004.
2. La ampliación del sistema VioGen para que abarque todas las formas de violencia contra la mujer.
3. La aplicación urgente de todas las recomendaciones del Comité de la CEDAW sobre el caso de Ángela González Carreño.
4. La garantía de que no se otorguen derechos de visita sin supervisión a los padres cuando pueda suponer un riesgo para los derechos, el bienestar y la seguridad de la víctima o de sus hijos/as.
5. La realización de programas de formación en violencia de género para todo el personal relevante de todas las instituciones, incluido el poder judicial.
6. La evaluación de la LO/2004
7. La necesidad de priorizar los esfuerzos hacia grupos vulnerables de mujeres: mujeres en situación administrativa irregular o posibles víctimas de trata.
Salud y seguridad
1. La eliminación de los obstáculos que dificultan el acceso de las mujeres a servicios seguros
y legales de interrupción del embarazo.
2. La redacción de una normativa adecuada sobre la tutela pública para que las niñas menores de 16 años puedan practicar un aborto sin el consentimiento de sus padres.
3. La suspensión de todos los intentos de restringir el actual acceso seguro y legal al aborto.
4. Garantizar la cobertura médica universal para todas las personas.
Participación en la vida pública y política
1. La aplicación de medidas especiales para alcanzar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la administración pública.
El análisis pormenorizado realizado por el Grupo de Trabajo en su Informe, en relación a la situación de la igualdad de género en España, así como las conclusiones y recomendaciones que aportan, constatan el desmantelamiento de las políticas de igualdad de género en nuestro país, tal y como la Plataforma CEDAW Sombra España denuncia en su Informe Sombra ante el Comité de la CEDAW y sobre el cual éste tendrá que pronunciarse en los próximos meses.
Más información y entrevistas: Email: cedawsombraesp@gmail.com
#SuspensoenIgualdad
#OnuEspaña
* La Plataforma Informe Sombra España, es una plataforma formada por 50 de ONG feministas, de derechos humanos y cooperación al desarrollo que desde Septiembre de 2013 trabajan en la elaboración, difusión y presentación ante el Comité de la CEDAW de Naciones Unidas del Informe Sombra (Shadow Report), denunciando los retrocesos y recortes del Estado Español en los últimos 5 años en el marco de los derechos humanos de las mujeres.
Publicado por Social Watch News - Fuente: Plataforma 2015 y más, España.- 17/07/15 -


La cruzada para una operación de cambio de sexo en la salud pública brasileña

Para recibir atención, los pacientes deben cumplir con ciertos requisitos.

Como si fuera poco, la violencia y prejuicios que los/as transexuales enfrentan cotidianamente, también tienen que lidiar con las dificultades para conseguir efectuar el llamado proceso transexualizador a través del SUS [Sistema Único de Salud]. El Consejo Federal de Medicina (CFM) requiere que los procedimientos sean realizados en al menos dos años, pero por lo general, demora mucho más que eso.

Según la presidenta de la Articulación Nacional de Travestis, Transexuales y Transgéneros (Antra), Cris Stefanny, de 100 casos, sólo dos o tres logran realizar la cirugía y esto, en 10 años. "Es casi inviable conseguir la cirugía por el SUS, por lo que ellos buscan otros mecanismos, en centros de atención privada, para conseguir el dinero necesario, tienen que viajar al extranjero y se prostituyen", relata la presidenta.
El / la paciente que solicita el servicio es acompañado por un equipo formado por un psiquiatra, psicólogo, endocrinólogo y un trabajador social que son responsables de la atención a todas las demandas en materia de salud.

Según la trabajadora social y miembro del Consejo Regional de Servicio Social de São Paulo (CRESS-SP), Liliane de Oliveira Caetano, la principal razón de la demora es la poca inversión, ante la gran demanda del servicio. "La creciente demanda del servicio hace necesaria y fundamental una mayor inversión", explica.
Desde el año 2008 se realizan cirugías para cambiar de sexo en el SUS. En el año 2014, se realizaron 6.724 procedimientos ambulatorios y 243 cirugías. Para recibir atención, los pacientes deben cumplir con ciertos requisitos: edad mínima, diagnóstico psiquiátrico de la transexualidad, haber realizado tratamiento psicoterapéutico durante al menos dos años y un dictamen psicológico favorable.

Además de los retrasos en el acceso al proceso transformador, dificultades relacionadas con la documentación también son enfrentadas cotidianamente por la población transexual, principalmente a causa de los prejuicios y la excesiva burocracia. El cambio de nombre y sexo en el Registro Civil depende de una decisión judicial, es decir, queda a criterio de un juez, quien puede negar la solicitud debido a prejuicios o por no comprender la necesidad del cambio. "No hay ninguna ley que regule la cirugía y el cambio de nombre, lo que constituye una violación de los derechos de estas personas", señala Liliane.
Algunos proyectos de ley para poner fin a la judialización de este proceso, se tramitan actualmente en el Congreso. S "Los jueces entienden que hay una gran dificultad para conseguir la cirugía, por lo que están autorizando el cambio de nombre, incluso sin haberse efectuado la cirugía", dice la presidenta de Antra.

Publicado por ADITAL JOVEN – Brasil – Ana Clara Jovino – 24/07/15 -


La batalla por derechos reproductivos de las mujeres peruanas

Mujeres peruanas tienen acceso restringido a métodos anticonceptivos.

Perú necesita con urgencia mejorar el acceso a métodos anticonceptivos modernos y seguros, especialmente los anticonceptivos orales de emergencia (AOE), también llamados "píldoras del día siguiente”. Los beneficios del uso de los AOE incluyen la prevención de riesgos para la salud de las mujeres relacionados con el embarazo, reducción de la mortalidad infantil, disminución de los embarazos adolescentes, mejorar la educación sexual y desacelerar el crecimiento demográfico.

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), los AOE están incluidos en la lista de medicamentos esenciales que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la población. Sin embargo, varios países en América Latina no reconocen los AOE como medicamentos esenciales y por lo tanto no están disponibles fácilmente, como en Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, y su distribución está totalmente prohibida en Haití y Honduras. En Haití, incluso, es ilegal difundir información sobre los AOE.
El Perú incluye los AOE en la lista de medicamentos esenciales, pero eso no significa que sean accesibles. 

En el 2009, el Tribunal Constitucional (TC) prohibió la distribución gratuita de los AOE en establecimientos públicos de salud porque vulnera el derecho a la vida del concebido, protegido por la Constitución, y ordenó a los laboratorios que producen, comercializan y distribuyen los AOE que "incluyan en la posología la advertencia de que dicho producto podría inhibir la implantación del óvulo fecundado”.
El Ministerio de Salud declaró que los AOE no son abortivos y proporcionó evidencia médica y científica en respaldo. No obstante, el TC confirmó en el 2010 la prohibición de la distribución gratuita en los servicios de salud públicos de la "píldora del día siguiente” y en el 2011 se publicaron nuevas directrices. 

Actualmente, los AOE sólo están disponibles en establecimientos comerciales privados.
La falta de control sobre las AOE también es un problema grave. En el 2014, una investigación llevada a cabo por la organización no gubernamental Prosalud Ineramericana descubrió que farmacias en Lima vendían AOE falsificados; casi un tercio de los lotes analizados no eran efectivos (28%) y uno ni siquiera contenía levonorgestrel, la hormona usada para evitar la ovulación. En su reemplazo el laboratorio utilizó un antibiótico barato usado para infecciones del tracto urinario.


"Muchos de los AOE que se encuentran en el mercado en el Perú son de calidad desconocida y no han recibido la aprobación de las autoridades regulatorias”, señaló el Consorcio Internacional para la Anticoncepción de Emergencia (ICEC).
Víctimas de esterilizaciones forzadas del gobierno de Fujimori todavía luchan por justicia.

Esterilización femenina
Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la esterilización femenina es común en nueve países de la región: Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Con 26% de mujeres esterilizadas, América Latina tiene el más alto porcentaje de esterilización femenina en el mundo, siendo el cuarto método anticonceptivo más usado en el Perú.

Uno de los mayores problemas con la esterilización femenina es que en muchos casos es forzada. Las mujeres son coaccionadas a someterse a la operación de ligadura de trompas, ya sea porque el procedimiento es explicado en una lengua que no entienden (por ejemplo, castellano frente a quechua), o les brindan información incorrecta. En algunos casos, las mujeres han sido secuestradas para ser esterilizadas. Las mujeres objetivo son por lo general indígenas que viven en zonas rurales, o aquellas que están infectadas con el virus del VIH, de acuerdo con una investigación llevada a cabo por las organizaciones estadounidenses Women and Health Initiative y Open Democracy.

Durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) este fue un tema álgido. Entre 200,000 y 350,000 mujeres fueron sometidas a la esterilización forzada bajo el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria que exigía a los médicos cumplir cuotas mensuales y los trabajadores de salud eran entrenados en "capturar” la mayor cantidad posible de mujeres para ser esterilizadas. El objetivo de la iniciativa era controlar el crecimiento de la tasa de población peruana. Muchas de esas mujeres quedaron con graves secuelas a su salud o hasta murieron a consecuencia de las pésimas condiciones en que fueron realizadas las operaciones. Sólo cinco de los responsables (médicos y trabajadores de salud) han sido llevados a juicio; la mayoría de casos han sido desestimados.

El procedimiento, legalizado en 1995, fue investigado en el 2002 por el gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006) que consideró prohibir la esterilización femenina debido a su controvertida historia, pero nada ocurrió. En el 2011, el gobierno reabrió nuevamente una investigación pero fue cerrada en el 2014 sin ningún avance a pesar de los miles de testimonios. El fiscal a cargo cerró el caso señalando que las esterilizaciones forzadas no constituyen un crimen de lesa humanidad.

"El problema aquí es que el fiscal considera estas graves violaciones a los derechos humanos bajo la forma de ‘delitos culposos’, que es una contradicción porque no existen violaciones a los derechos humanos no intencionales. En otras palabras [si se considera negligencia], no se comete una violación grave a los derechos humanos. También afirmó que no se trata de delitos de lesa humanidad porque ningún organismo del aparato estatal se utilizó para violar los derechos humanos”, explicó María Ysabel Cedano, directora de Demus, organización defensora de los derechos de las mujeres con sede en Lima, en una entrevista para el servicio informativoPassBlue.

En mayo fue reabierta la investigación por cuarta vez, centrándose específicamente en Fujimori. Se considera que es uno de los programas gubernamentales de esterilización involuntaria más grandes de la historia reciente.

18 años sin justicia

El 9 de julio, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMAEF) de Cusco, junto con el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de la Provincia de Huancabamba, Piura, participaron en el foro "Esterilizaciones forzadas: 18 años sin justicia” realizado en la sede del Congreso peruano en Lima. El objetivo del evento era reunirse y compartir ideas, y preparar una estrategia para que su caso no sea cerrado nuevamente.
Rute Zúñiga, presidenta de AMAEF, espera ayudar a que el caso avance entregando al Congreso datos actualizados y más testimonios de las víctimas.
Activistas de derechos humanos y la parlamentaria andina Hilaria Supa han respaldado este caso desde el inicio.
"Es hora de reparar los actos de injusticia”, dijo Supa.

Las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas y sus familias siguen sin recibir reparación alguna del Estado. Fujimori, de 76 años, se encuentra cumpliendo una condena de 25 años de cárcel que debe concluir en el 2032, por violaciones a los derechos humanos y corrupción, pero no ha sido juzgado por el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria y los miles de casos de esterilizaciones forzadas. Organizaciones como Demus y AMAEF continúan luchando por que se reconozca la gravedad de estos crímenes.

Actualmente, la batalla continúa para que la anticoncepción de emergencia y la esterilización femenina sean seguras y empoderen a las mujeres. Es un largo y duro camino en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres.—Noticias Aliadas.
*Ciudadana estadounidense, recientemente graduada en Retórica del Inglés y Español de Negocios que realiza una pasantía en Comunicaciones Aliadas.

Publicado por ADITAL – Perú – Noticias Aliadas -  Annalise Falck-Pedersen – 24/07/15 -

Cuando a la violencia de género la garantiza el Estado (Argentina)

Mujeres víctimas de distintas agresiones aseguran que en las comisarías sus denuncias no son escuchadas y así continúan los sometimientos. Organizaciones sociales y políticas reclaman que las instituciones oficiales cumplan con sus deberes.

“Cagalo a palos y tiralo a las vías”. Así le respondieron a una vecina del barrio Ludueña en la Comisaría 12 luego de reiterados intentos de denuncias por violencia de género. Hace más de tres meses su ex pareja tiene prohibición de acercamiento pero los hostigamientos continúan casi a diario. Los llamados al 911 nunca tuvieron efecto y en la comisaría del barrio insisten con que “lo hace porque está enamorado” y ni siquiera le toman las denuncias. Ella, por su parte, está asustada y continúa buscando alguna dependencia estatal que la escuche y le asegure que las frecuentes amenazas de muerte no se concretarán.
El caso de esta vecina es el mismo de muchas otras mujeres que incluso después de la multitudinaria marcha nacional del 3 de junio continúan sin poder visibilizar la violencia que padecen. Así lo hace saber ella, contando entre anécdotas que en medio de las largas horas que pasó en la comisaría de Ludueña esperando que le tomen las denuncias, varias mujeres se acercaron por el mismo motivo y se fueron con respuestas similares. Casos puntuales que esconden detrás una problemática más compleja, que se desprende de la falta de políticas certeras y que desembocan en la naturalización de la violencia cotidiana. En los barrios rosarinos, la desinformación y la falta de recursos para casos de urgencia son los principales obstáculos que terminan sometiendo a la mujer a una total desprotección. Ante este panorama, las organizaciones sociales y agrupaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, son quienes intentan paliar la evidente ausencia del Estado en los sectores postergados.
“El problema siempre viene desde arriba. La violencia hacia las mujeres es un problema estructural, social y cultural y en ese lugar el Estado tiene una responsabilidad. No estamos hablando de cuestiones de índole exclusivamente personales”, dijo al respecto María José Gerez, Secretaria de Género de la CTA Autónoma y referente del Movimiento de Mujeres y Patria Grande. En este sentido, resulta necesario comprender cada caso como parte de una realidad integral que requiere de una protección consolidada hacia la mujer víctima de violencia, que principalmente provenga desde el Poder Judicial con un abordaje serio de todas las denuncias. Hacia el mismo punto se dirigió Cintia Encina, referente de la agrupación Pan y Rosas del Partido de los Trabajadores Socialistas, quien en contacto con enREDando señaló: “La justicia y los gobiernos son responsables. Es un entramado que comienza en la denuncia en la comisaría con la inacción policial y el maltrato a quienes denuncian”. Por su parte, María José Poncino, del Frente de Mujeres del Movimiento Evita también hizo pie en la irresponsabilidad de los policías que desestiman las denuncias: “Mucha veces quedan aisladas, y hay mujeres que hicieron más de treinta denuncias. El poder judicial es patriarcal y misógino”.
De esta manera, la violencia de género y la violencia institucional se toman de la mano y solidifican una problemática que se extiende en los distintos barrios rosarinos. Primero la mujer que sufre violencia cotidianamente, luego el complejo proceso hacia la denuncia entre el temor a la represalia y la falta de herramientas e información, y finalmente la inacción policial y judicial que conlleva a la continuidad del sometimiento a la víctima. “Hay escasos casos de violencia hacia la mujer donde no se incide en violencia institucional. Se le niega el acceso a la justicia, no brindando la información adecuada y desestimando su palabra”, consideró Gerez en este sentido. “En los sectores vulnerables sucede que faltan herramientas de información y no se conocen los canales para las denuncias, entonces se encuentran con que la comisaría es un techo”, apuntó Encina y continuó: “La mujer que atraviesa una situación sensible va a denunciar y en la comisaría la maltratan”.
Hoy, a nivel provincial el Estado brinda medidas de protección que van desde la prohibición de acercamiento, exclusión de hogar y cese del hostigamiento, pero de todas maneras parece no alcanzar para garantizar la seguridad de la víctima. “Las medidas contempladas por la ley provincial y la nacional se dictaminan rápido, pero muchas veces no son notificadas a los agresores”, argumentó Poncino en referencia a este punto. En sintonía, Gerez remarcó: “Se fueron generando leyes que contemplan aspectos de la violencia a la mujer, pero el patriarcado como sistema de dominación está tan arraigado culturalmente que se reproduce en las instituciones del Estado. Hay una incompatibilidad entre la letra y cómo se materializa”. Según notificó el diario local Rosario12, a la Oficina Fiscal de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación llegan alrededor de 120 denuncias por semana. Mientras tanto, muchos otros hechos permanecen a la espera de ser atendidos por otras dependencias del Estado que hasta el momento no generan el lazo necesario con las oficinas del poder judicial que posteriormente deben profundizar las investigaciones.
Las tres referentes consultadas por enREDando coinciden en que la movilización del 3 de junio fue un punto de inflexión para comenzar a dar visibilidad a la violencia contra la mujer principalmente en casos extremos. Pero, mientras tanto continúa sin poner la misma importancia a costumbres cotidianas que también construyen a la violencia machista. Ante esto, se apunta al Estado como el responsable que debe trabajar sobre todas las formas de violencia de género existentes. “La sociedad condena la violencia hacia la mujer en su sentido más extremo tomando conciencia del femicidio, pero hay prácticas invisibles que se siguen reproduciendo. No puede haber irresponsabilidad de las instituciones del Estado que tienen que garantizar un derecho básico como lo es el acceso a la justicia, donde se condene a este tipo de prácticas y se garanticen condiciones dignas de vida para la mujer”, analizó Gérez.
Afirmada esta realidad de desinformación, desprotección y falta de herramientas, son las organizaciones sociales y políticas que trabajan temáticas de género quienes intentan cubrir el hueco que deja la ausencia de instituciones oficiales. Pero de todas formas, dejan en claro que no se trata de ir cubriendo los errores de los gobiernos de turno, sino de ir fortaleciendo herramientas necesarias para lograr un cambio integral a nivel sociedad y no sólo generar asesoramiento espontáneo en casos puntuales. “Es necesario nuestro acompañamiento, pero es paliativo. Hay que exigirle al Estado que dé una respuesta a las mujeres, si no hay una respuesta concreta no se va a llegar a ningún lugar”, enfatizó al respecto Cintia Encina. A su vez, Gerez señaló: “Es un largo trabajo el que se hace con asesoramiento y contención de las mujeres, pero mientras las estructuras estatales no empiecen a estar más permeadas por esta política y la lleven adelante nos vamos a seguir encontrando con las miasmas trabas”.
Publicado por Boletín ENREDando – Conectate Paraná – Martín Stoianovich – 27/07/15


Casi 700 años de prisión para feminicidas en Cd. Juárez Los 5 culpables de prostituir y asesinar a 11 mujeres en Juárez reciben penas de 697 años

 Asesinatos en Juárez.Foto: Getty

Una pena de 697 años de prisión y el pago de 839 mil 274 pesos impuso el Tribunal de Juicio Oral a cada uno de los cinco hombres encontrados culpables de prostituir y asesinar a 11 jóvenes cuyos restos se localizaron en el Arroyo El Navajo.

La sentencia se dio a conocer unos minutos después de la 1:00 de la tarde en la Sala 2 de la Ciudad Judicial, con la presencia de las madres de algunas de las víctimas y familiares de los sentenciados.
Este Juicio Oral marcado como 267/14 inició el 13 de abril pasado. El hallazgo de restos de jovencitas, incluso menores de edad, derivó en este proceso histórico por la búsqueda de justicia.
Las mujeres lloraron de alegría mientras que los parientes de los sentenciados se mostraron inconformes.

César Félix Romero Esparza, Manuel Vital Anguiano, José Antonio Contreras Terrazas, Edgar Jesús Regalado Villa y Jesús Hernández Martínez deberán prácticamente permanecer presos de por vida al ser encontrados culpables, desde el sábado antepasado, de los delitos de trata y homicidio de las 11 jóvenes siete de ellas menores de edad.
Por la mañana del lunes, el Tribunal de Juicio Oral analizó la responsabilidad o inocencia de los acusados de los delitos de trata y homicidio contra las 11 mujeres localizadas sin vida en el Arroyo El Navajo, decretó un nuevo receso debido a que le solicitaron reclasificar en cuanto al delito de homicidio.

Para no dejar en estado de indefensión a los procesados, la defensa pidió al Tribunal tiempo para estudiar la nueva clasificación que fue solicitada por la acusadora coadyuvante del Ministerio Público y representante de cuatro de las víctimas, Norma Ledezma Ortega.
Ante las faltas de pruebas directas para acreditar el ilícito de homicidio, Ledezma Ortega indicó que el objetivo de los procesados era prostituir a las víctimas y en la comisión de ese ilícito emergieron los crímenes.


Por lo que dijo el homicidio fue un delito emergente. Lo que en Derecho se denomina concurso real.
El pasado sábado, la Fiscalía de género pidió prisión de por vida en contra de los cinco hombres encontrados culpables de prostituir y asesinar a 11 jóvenes cuyos restos óseos se localizaron en el arroyo El Navajo. En tanto, la Red Mesa de Mujeres, que actuó en representación de varias víctimas, solicitó al Tribunal de Juicio Oral que como parte de la sentencia ordene la apertura de una investigación a las autoridades penitenciarias y policiacas que presuntamente fueron parte de la corrupción que permitió y hasta obtuvo un beneficio de los delitos de que fueron objeto las víctimas.

 Además la representación social demandó el pago de aproximadamente un millón 353 mil 221 pesos como reparación del daño causado a más víctimas, indemnización por muerte, gastos funerarios y otros rubros. De la multa dictada el día de hoy no se han precisado los rubros.

En este último renglón se incluyeron los honorarios al grupo de argentino de Antropología Forense por el análisis que realizó, un total de 33 mil 250 pesos erogados por la organización civil “Red Mesa de Mujeres”.
También se solicitó la liquidación de 165 mil 650 pesos a un laboratorio Word Tecnologic en Virginia, Estados Unidos, por la realización de un análisis a las muestras de tejido óseo tomado a los restos de que posteriormente fueron identificados como pertenecientes a Idalí Juache Laguna y María Guadalupe Pérez Montes.

En este caso se enviaron 15 muestras y el estudio de cada una tuvo un costo de 750 dólares, que sumo 11 mil 250 dólares equivalente a los 165 mil 650 pesos, dijo el agente del Ministerio Público Rafael Rodela Díaz.
Adicionalmente la interpretación de los perfiles genéticos de Idalí y María Guadalupe tuvo un costo total de mil 500 dólares.

Tanto por la remuneración correspondiente a los honorarios a las antropólogas y el envió al laboratorio de Virginia, los abogados defensores se inconformaron al referir que la Fiscalía General del Estado cuenta con los laboratorios necesarios para esos estudios y por tanto fueron gastos excesivos que no están obligados a pagar los sentenciados.

Publicado por  La Opinión – Sin embargo – 28/07/15 -