miércoles, 24 de junio de 2015

Víctimas de escalpelamiento realizan trabajo de concientización en la Amazonia

Víctimas recorren la Amazonia para mostrar la tragedia del escalpelamiento.

En 1997, cuando tenía sólo 20 años de edad, Rosinete Rodrigues sufrió un accidente y fue víctima de escalpelamiento. El hecho ocurrió en un paseo de barco, cuando ella se resbaló y su cabello se enroscó en el motor, haciéndole perder en forma brusca su cuero cabelludo.

A causa de esto, actualmente Rosinete es una mujer determinada a ayudar a otras personas que pasan por el mismo problema, que no es raro en los ríos de la Amazonia. Ella fue presidente de la Asociación de Mujeres Ribereñas y Víctimas de Escalpelamiento de la Amazonia por cuatro años y resolvió dejar el cargo el año pasado para dedicarse a la conclusión de su graduación.
La actual presidente de la Asociación es María do Socorro, que fundó la entidad en 2007. En total la institución cuenta con 119 personas que ya sufrieron escalpelamiento, la mayoría mujeres, teniendo en cuenta el largo de los cabellos. Reciben apoyo psicológico y pasan por un proceso de resocialización. 

Además, se realizan frecuentemente campañas para concientizar a los ribereños a tomar precauciones para que los incidentes no ocurran.
De acuerdo con Rosinete, los integrantes de la entidad van personalmente a las escuelas para dar charlas, hablan con los ribereños dando informaciones necesarias sobre los equipamientos para cubrir los motores de los barcos, que es el principal causante de los accidentes. Esta protección es distribuida gratuitamente por la Marina de Brasil.

"Nosotros podríamos distribuir folletos a los ribereños para informarles sobre los cuidados que hay que tener con el motor del barco, pero cuando vamos hablar con ellos y ellos nos ven escalpeladas, sin cejas, usando peluca, causa un gran impacto, lo que acarrea una mayor concientización”, explica Rosinete.
Antes de la fundación de la institución, la lucha de las mujeres escalpeladas era invisible. Los casos de niños, mujeres y hasta hombres escalpelados en la Amazonia comenzaron en la década de 1970, cuando los motores a combustión llegaron y comenzaron a ser utilizados en los barcos. Además del cuero cabelludo, las víctimas pueden perder orejas y piel del cuello y del rostro.

En 2007, después de participar el algunas conferencias, la diputada federal Janete Capiberibe (Partido Socialista Brasilero – PSB – Amapá) presentó, a pedido de las víctimas, el Proyecto de Ley que obliga a cubrir el volante y del eje del motor de los barcos ribereños, y en 2009, fue sancionada la Ley 11.970/2009. Al año siguiente, el entonces presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores – PT), sancionó la Ley 12.199/2010, convirtiendo al 28 de agosto como Día Nacional de Combate y Prevención al Escalpelamiento.


Publicado por ADITAL – Brasil – Ana Clara Jovino – 16/06/15 -

Pescadores en alerta: decreto amenaza derechos y perjudica a mujeres

El último martes 16 de mayo se realizó una videoconferencia entre el Movimiento de Pescadoras y Pescadores Artesanales (MPP) y representantes del gobierno federal. El objetivo era hacer que el movimiento y el gobierno discutieran la metodología de trabajo para alterar algunos puntos del Decreto 8425, garantizando que sea una propuesta construida con los movimientos. El Decreto fue aplazado por 30 días.

Antes de esto, venían ocurriendo actos y manifestaciones del MPP en todo Brasil. Ellos ocuparon las superintendencias del Ministerio de Pesca y Acuicultura (MPA) y las agencias del INS [Instituto Nacional de Seguridad Social] en más de 10 Estados, exigiendo la revocación del mencionado decreto. También se hizo una petición presionando a la presidenta Dilma Rousseff:https://goo.gl/5DvsII.
El Decreto 8425 fue publicado el pasado 1º de abril; éste establece nuevas reglas sobre la definición del pescador artesanal, para que él tenga acceso a políticas públicas y sociales y a derechos laborales y previsionales. El Estado tomó esa decisión sin dialogar con las comunidades de pescadores, lo que niega el derecho a la identidad de esos grupos tradicionales, impidiendo que muchos de sus integrantes sean beneficiados.

Si el decreto se aprueba, sólo será considerado pescador artesanal quien hace la captura del pescado, lo que no incluye a la mayoría de las mujeres, responsables de la producción familiar tradicional. De acuerdo con María José Pacheco, secretaria nacional de la Pastoral de Pescadores, en entrevista conAdital, las mujeres también son consideradas pescadoras. "Las mujeres arreglan redes para la pesca de cangrejo, por ejemplo, una parte pesca y otra se beneficia. Con este decreto, ellas no estarán más aseguradas, es como si se dijera que un agricultor es sólo quien planta”, denuncia la secretaria.

Además, sólo será definido como pescador artesanal aquel que tiene su sustento exclusivamente en la pesca, lo que convertiría en ilegal las actividades que ejercen en época de veda, como trabajar en carpas de playa o cultivar açaí. Otra restricción del decreto es que quien pesca para subsistencia, lo que incluye el consumo familiar, intercambio y trueque, una característica de las comunidades, no tendría acceso al RGP (Registro General de la Pesca).
Por otro lado, los empresarios del mundo de la pesca, aquellos con embarcaciones de arqueo bruto de hasta 20 AB, serán considerados pescadores artesanales. El MPP considera esto como una maniobra del gobierno, pues muchos emplean a pescadores y no pagan derechos laborales.

En los próximos 29 y 30 de junio, los líderes de los movimientos se reunirán con representantes del Estado, de la Secretaría General y del Ministerio de Pesca en Brasilia. Según la presidente de la colonia Z-4 de la Isla de Maré, Marizelia Carlos Lopes, ellos pretenden exponer sus argumentos para que el decreto sea revocado. Hasta entonces, harán una pausa en los actos y manifestaciones. "Por ahora, no vamos a manifestarnos, pero si no notamos un cambio de postura del gobierno, tendremos que actuar”, anuncia Marizelia.


Publicado por ADITAL – Brasil – Ana Clara Jovino – 23/06/15 -

Mujeres costarricenses buscan sacar del limbo aborto terapéutico

En los hospitales públicos de Costa Rica, como el Rafael Ángel Calderón de San José, los médicos carecen de protocolos que regulen el aborto cuando por causas terapéuticas es legal. Como resultado, los profesionales restringen al máximo su práctica y dejan a las mujeres sin el derecho a la interrupción del embarazo cuando su salud corre peligro. Crédito: Diego Arguedas Ortiz /IPS
La ausencia de un reglamento sobre cómo aplicar el aborto terapéutico en Costa Rica, obliga a las mujeres a depender de la interpretación de los médicos sobre las circunstancias en que puede realizarse el procedimiento, aun en los supuestos en que es legal. 
El artículo 121 del Código Penal de Costa Rica establece que el único aborto impune (legal), es solo aquel que realizan profesionales de la medicina “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.
Sin embargo, en la práctica las autoridades de salud reconocen únicamente el riesgo para la vida de la madre como causa para interrumpir el embarazo.
“El problema es que hay muchas mujeres que cumplen con las condiciones de este artículo, ellas piden el aborto terapéutico y se les niega con el argumento de que no hay riesgo para su vida”, explicó a IPS la abogada Larissa Arroyo, integrante de la Colectiva por el Derecho a Decidir.
“No es un problema de leyes, sino de interpretación de leyes”, explicó la representante de la organización defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Arroyo y otras activistas impulsan que Costa Rica acepte en este tema la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, un concepto asociado al bienestar físico y mental de las personas.
A falta de mayor claridad sobre cómo atender a mujeres embarazadas que solicitan la interrupción del embarazo, muchos médicos de los hospitales públicos rechazan realizar el procedimiento, que puede ser castigado con hasta tres años de cárcel, e incluso más si se dan algunos agravantes.
“Es complicado porque en la interacción que hemos tenido con doctores y doctoras, ellos nos dicen: ‘Vea, yo lo haría, pero no me lo permiten’”, explicó Arroyo.
Otros aducen objeciones de conciencia, vinculadas con el peso conservador de la dominante Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas.
En Costa Rica, el aborto está penalizado en todas las demás causales consideradas terapéuticas, como violación, incesto y malformación del feto, pero las activistas subrayan que en esos casos la salud emocional de la mujer se ve muy afectada.
“Muchas mujeres no piden la interrupción porque creen que está prohibido. Si las mujeres creen eso y también los doctores, no hay quien demande los derechos”, sostuvo Arroyo.
Esto deja en situaciones críticas a mujeres como Ana y Aurora, dos de las costarricenses que en los últimos 10 años estuvieron embarazadas de un feto que sabían que no sobreviviría, pero que los médicos no les permitieron abortar.
A finales del 2006, Ana quedó embarazada y una revisión médica tras seis semanas de gestación reveló que el feto padecía encefalocele occipital, una condición que provoca una hernia en la zona craneal incompatible con la vida fuera del útero.
Ante esa certeza, la mujer, entonces de 26 años, solicitó un aborto terapéutico y argumentó que gestar un feto sin posibilidades de sobrevivencia le producía depresión y problemas psicológicos. Pero las autoridades médicas y laCorte Suprema de Justicia desestimaron su demanda y tras siete horas de parto, su hija nació muerta.
La Colectiva y el Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Washington, llevan el caso de Ana ante laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al igual que el de Aurora, quien también reclama al Estado el haberle negado su derecho al aborto terapéutico.
Su caso es muy similar. En 2012, su feto desarrolló un síndrome llamado abdomen pared, donde se tiene abierta la pared abdominal y expuestos órganos claves como el corazón, el hígado y los intestinos. Sin haber desarrollado las piernas y con una escoliosis grave, su hijo murió inmediatamente después del parto.

El Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) manifestó en 2011 que “preocupa que las mujeres no tengan acceso al aborto legal, debido a la falta de directrices médicas claras en que se esboce cuándo y cómo puede hacerse un aborto legal”.
Por ello, demandó al Estado costarricense que elabore directrices médicas sobre el acceso legal, las difunda ampliamente y, adicionalmente, estudie la legalización del aborto en casos como la violación y el incesto.
A las presiones internacionales se acaba de sumar la nueva jueza de la Corte Interamericana de Justicia, la costarricense Elizabeth Odio, quien aseguró que “es obvio que se debe aplicar el aborto terapéutico que ya está en nuestra legislación”, en una entrevista con el diario local La Nación el 20 de este mes.
“Hay médicos que creen que es un crimen el aborto terapéutico y ponen en riesgo la vida de la mujer”, puntualizó la magistrada del tribunal interamericano, con sede en San José.
En marzo, el ministro de Salud, Fernando Llorca, admitió que “ha surgido el debate sobre la necesidad de desarrollar una norma de aborto terapéutico. La necesidad sí ha surgido y el debate está en el país”.
Las activistas apuestan por un protocolo que regule el aborto impune, que establezca la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que rige el sistema público de salud y maneja la prestación de los servicios sanitarios, incluidos los hospitales. Pero su avance está empantanado desde 2009.
“Con la Colectiva y la CCSS trabajamos durante varios años un protocolo, pero las autoridades de la Caja al momento de estar terminado lo remitieron a otra instancia e intervino la opinión personal de funcionarios y funcionarias que pasan más por lo emocional que por lo legal”, dijo Ligia Picado, de la Asociación Demográfica Costarricense (ADC).
La activista, integrante de una de las organizaciones de la sociedad civil que más de cerca trabaja temas de derechos sexuales y reproductivos, explicó a IPS que “la dificultad es que no hay protocolo o una norma que respalde al personal de salud para que implemente el derecho de las mujeres”.
A su juicio, el protocolo es especialmente urgente para las mujeres “que no tienen  recursos para poder acceder a un servicio médico clandestino”, al contrario que otras que cuentan con posibilidades de costear alternativas dentro o fuera del país para interrumpir un embarazo que afecte su salud física o emocional, explicó Picado.
Los datos sobre abortos en este país de 4,7 millones de personas son más que exiguos. Según estimaciones de 2007 de la ADC, cada año se producen 27.000 abortos inducidos clandestinos, mientras no hay datos de aquellos realizados legalmente en centros públicos o privados.
Grupos de la Asamblea Legislativa han empezado a moverse para presionar a la CCSS para que apruebe el protocolo y el 17 de junio la Comisión legislativa de Derechos Humanos envió una carta a la Presidenta de la caja.
“Esperamos que llegue hasta las autoridades de la CCSS la necesidad de emitir la directriz de que los médicos no pueden alegar objeciones de conciencia y tienen que cumplir con la normativa costarricense”, explicó a IPS la diputada opositora Patricia Mora, quien promovió la misiva.
Publicadp por IPS – San José – Diego Arguedas Ortiz – 23/06/15 -



México: Demasiadas cesáreas innecesarias

 México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, después de China, Brasil y Estados Unidos, con el mayor número de cesáreas innecesarias, denunció la secretaria de la Comisión de Justicia, del Congreso, diputada Esther Quintana Salinas.

Desde el año 2000, todas las entidades federativas, a excepción de Chiapas y Oaxaca, rebasan el límite máximo recomendado para la práctica de cesáreas, por lo que Quintana Salinas propuso a la Secretaría de Salud que promueva la práctica de los partos humanizados y la reducción innecesaria de cesáreas en todos los centros hospitalarios del país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la información reportada por mujeres muestra un aumento en el número de cesáreas en todas las instituciones de salud.
La legisladora resaltó que la Norma Oficial Mexicana establece que toda unidad médica con atención obstétrica debe contar con lineamientos para la indicación de cesárea, cuyo índice ideal es de 15 por ciento en hospitales de segundo nivel y 20 por ciento en los del tercer nivel, en relación con el total de nacimientos.
Mencionó que la práctica de cesáreas en los últimos años se incrementó 50,3 por ciento, al pasar de 30 por ciento en 2000 a 45,1 por ciento en 2012.
En el punto de acuerdo remitido a la Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente, se plantea capacitar a los doctores para la atención del parto vaginal bajo los lineamientos del nacimiento humanizado.


Se resalta también que la disminución decisiva de las cesáreas innecesarias en todas las instituciones de salud debe ser una acción prioritaria, ya que esa práctica indiscriminada expone a las madres y a sus hijos e hijas a una mayor morbilidad y mortalidad.
Quintana Salinas indicó que la estrategia más importante debe dirigirse a evitar la primera cesárea, no solo por sus propias implicaciones, sino por los riesgos en los embarazos y partos siguientes, así como por el gasto adicional que conlleva esa práctica clínica, el cual debiera ser redirigido para solventar otros problemas de salud sexual y reproductiva.

En el ámbito mundial se efectúan aproximadamente 18,5 millones de cesáreas anuales, de las cuales la mitad son consideradas como innecesarias y ocasionan un costo excesivo de aproximadamente 5,4 veces más que lo esperado para la atención del nacimiento.

Publicado por SEMLac – Cuba – Lucrecia Maldonado – junio/2015 -

El gobierno argentino da luz verde al aborto libre

El Ministerio de Salud de la Nación argentina ha publicado el «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo». Es «una versión revisada y actualizada de la «Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles» y «de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas».

 Añade además que «la decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida por parte de los profesionales de la salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas». La publicación dada a conocer a través de la web de la cartera de Salud, lleva el nombre de la presidente de la Nación y el del ministro Daniel Gollan.
El aborto como «derecho humano»
Desde el título del Protocolo se advierten los avances en la materia. Del «aborto no punible» -tal como lo mencionaba la Guía anterior- pasamos a la «interrupción legal de embarazo» (ILE), «un derecho» que se encuentra enmarcado en los «derechos humanos». «Esta es una década de ampliación de derechos», dice el Prólogo.
Aborto libre
«Las causales que habilitan a solicitar una ILE son que el embarazo constituya un peligro para la salud (física, psíquica o social) o la vida de la mujer, o que haya sido producto de una violación».No hace falta «la constatación de una enfermedad», basta un riesgo «potencial» y «no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada». La afectación de la salud mental incluye la «pérdida de la autoestima».
Aborto en casos de violación
No se podrá exigir «denuncia policial o judicial». Basta una declaración jurada «simple» y sin «formalidades legales». No se le podrá pedir a la persona que «profundice en las circunstancias del hecho o que brinde prueba alguna».
Aborto en casos discapacidad «psicosocial o mental»
«Bajo ninguna circunstancia el servicio sanitario debe exigir la acreditación de la discapacidad intelectual-mental», acompañará a la gestante «durante todo el proceso de atención fortaleciendo su autonomía». Si ha sido declarada incapaz judicialmente intervendrá el representante legal.
Menores de edad
Podrá solicitar un aborto desde los 14 años «sin que se requiera la autorización de sus padres o representantes legales». Si es menor de 14 años deberá ser oída y los padres participarán de la decisión. Cuando exista de parte de los padres una «negativa injustificada», «dejarán estos de intervenir, haciéndolo en lugar de ellos, curadores especiales».
Mandato de no judicializar
«No deben interponerse obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la prestación de una ILE». «La interrupción debe ser practicada por el equipo de salud sin intervenciones adicionales innecesarias, sean médicas, administrativas o judiciales». «El mandato de no judicialización implica que con la intervención de un médico es suficiente».
Confidencialidad
No se puede dar información sobre el aborto a «terceros –incluidos esposo, compañero/a, padre, madre– debe hacerse con la autorización expresa de la mujer».
Restricciones a la objeción de conciencia
Se puede ejercer la objeción de conciencia ante un pedido de aborto si se ha declarado previamente por escrito y «siempre y cuando no se traduzca en la dilación, retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica». «La implementación de mecanismos administrativos y/o la realización de la interconsulta no pueden implicar demoras innecesarias en la realización de la ILE». »Las demoras innecesarias, el brindar información falsa o negarse a llevar a cabo el tratamiento constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil y/o penalmente».
Médicos obligados a practicar abortos
El profesional que es objetor de conciencia debe, de todos modos, informar a la mujer si se encuentra comprendida en una causal de aborto y remitirla inmediatamente a un profesional no objetor. «De no existir alguien encuadrado en esa categoría, debe realizar la interrupción; es decir que no puede invocar su objeción para eludir el deber de participar de un procedimiento de ILE».
Todos los efectores de salud deben practicar abortos
«Deberán contar con recursos humanos y materiales suficientes para garantizar en forma permanente» la práctica. No existe la objeción de conciencia institucional.
En gestaciones avanzadas y en caso de no estar capacitado, el centro de salud debe «contemplar la posibilidad de derivar a la persona a un centro de referencia que tenga la capacidad de llevar a cabo interrupciones más tardías de manera segura».
Promoción del aborto
Se le propondrá el aborto aunque la mujer no lo solicite, si el profesional detecta que presenta alguna de las causales «que le dan derecho a solicitar la práctica». El «Flujograma de modelo de atención» indica que la primera pregunta tras la recepción de una embarazada en el sistema de salud es: «¿Existe causal para ILE?». Si existe causal y la mujer aún no ha tomado una determinación hay que «informarle que cuanto antes se realice el procedimiento será más sencillo».
Entre las causales ejemplificadas se menciona: la gestante presenta una enfermedad de base o diagnosticada durante el embarazo, expresa en la guardia que fue violada, es una discapacitada embarazada, se detecta «violencia de género» o «violaciones intramaritales» y la continuidad del embarazo es un peligro para su «salud física, psíquica o social».
«Atención de calidad»
«El equipo de salud no debe dejar entrever en la consulta opiniones personales en contra del aborto o hacer que se dilate el acceso a la práctica», en casos de violación no deberá «generar situaciones de violencia al poner en duda la palabra de la mujer». La actitud del equipo de salud debe ser «desprejuiciada, paciente y respetuosa».
Ecografías
Antes de hacerlas hay que preguntarle a la mujer «si quiere ver la imagen o escuchar los latidos. Si no lo desea, es de suma importancia tomar los recaudos necesarios para que aquello no suceda».
La práctica del aborto
El Protocolo incluye una detallada guía con ilustraciones para realizar abortos según la etapa gestacional, confeccionada en base a las recomendaciones de la OMS, de la International Planned Parenthood Federation (IPPF), el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y el IPAS.
Anticoncepción post aborto
La consejería en anticoncepción post aborto debe tener en cuenta que «para evitar un embarazo no deseado (la mujer) necesita empezar a usar un método anticonceptivo casi de inmediato».


Publicado por InfoCatólica – Mónica del Río – Notivida – 19/06/15 -

El extraño caso de la mujer que quedó atrapada en sus apretados jeans

Los médicos creen que el problema fue debido a la combinación de estar de cuclillas visitiendo jeans ajustados.
Esta no es la primera vez ni la última que la salud paga el precio de ir a la moda. Ahora, una mujer australiana terminó en un hospital debido a unos jeans superajustados.
La mujer de 35 años acabó en el hospital con los pies entumecidos y con dificultad para andar tras haber pasado varias horas en cuclillas mientras ayudaba a una amiga con su mudanza y vestía unos jeans muy ceñidos.

La paciente recuperó la capacidad de caminar sin ayuda después de ser tratada en un hospital por cuatro días.
"Creemos que fue la combinación de estar de cuclillas vistiendo jeans ajustados lo que causó el problema", dijo Thomas Kimber, del Royal Adelaide Hospital and Department of Medicine donde fue asistida.

Síndrome compartimental

El caso ocurrió hace seis meses.
La mujer de 35 años de edad, llegó al hospital y explicó a los médicos que sentía debilidad severa y entumecimiento en sus tobillos.
También recordó que los vaqueros se sentían cada vez más estrechos mientras ayudaba a su amiga.
De camino a su casa empezó a sentir un entumecimiento de sus pies y finalmente se tropezó y cayó.
Luego fue incapaz de levantarse y pasó unas horas en el suelo antes de ser encontrada.
Cuando llegó al hospital, sus pantorrillas estaban tan hinchadas que el personal médico tuvo que cortar los pantalones para quitárselos.
Cuando fue examinada, los médicos encontraron que los músculos y las fibras nerviosas en sus piernas sufrieron daños porque se comprimieron mientras estaba en cuclillas, y los jeans ajustados exacerbaron la compresión.
La explicación que dieron los médicos a este daño es lo que se conoce como el "síndrome compartimental", una afección seria que implica aumento de la presión en un compartimento muscular.
Puede llevar a daños en nervios y músculos, al igual que problemas con el flujo sanguíneo.

Síntomas

Según la web de información médica MedlinePlus el síndrome compartimental causa dolor intenso que no desaparece cuando uno toma analgésicos o eleva el área afectada.
En los casos más serios, los síntomas pueden abarcar:
§  Disminución de la sensibilidad
§  Entumecimiento y hormigueo
§  Palidez de la piel
§  Dolor intenso que empeora
§  Debilidad
§  Kimber hizo hincapié en que el uso de jeans ajustados es generalmente seguro. "Sin embargo, la gente debe tener cuidado y no estar en cuclillas durante largos períodos de tiempo mientras los lleve puestos", dijo.
§  "Si las personas vestidas con jeans experimentan alguna molestia o sensación de hormigueo mientras están en cuclillas", deben ponerse de pie y moverse, aconsejó.
§  El caso fue el descrito en el Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.
Publicado por  BBC MUNDO – Salud – 23/06/15 -


El Estado Islámico premia con una esclava al ganador de un concurso

Los yihadistas entregarán a una chica capturada en la guerra a quien mejor memorice el Corán

El Estado Islámico ha ofrecido una esclava como premio al ganador de un concurso de memorización del Corán que tiene previsto celebrarse en breve en Siria.
Así lo informa la web de noticias sobre el fenómeno yihadista Memri, que señala que el anuncio fue hecho por el departamento de Predicación y Mezquitas de la provincia siria de Al Hasake.

'SABIYA'

El texto en que se anuncia el premio comienza con una felicitación a los miembros del Estado Islámico con motivo del inicio del mes sagrado del Ramadán. Acto seguido, anuncia el concurso de memorización del Corán señalando que "el ganador del primer puesto recibirá a una 'sabiya' (una esclava capturada en la guerra)". El resto de premios son económicos.
En los territorios que controla, el Estado Islámico ha recuperado la esclavitud, sobre todo para aquellas mujeres no musulmanas,especialmente las seguidoras de la religión yazidí, a quien consideran herejes. Ha llegado incluso a establecer una lista de precios, según las edades. Las Naciones Unidas han denunciado las prácticas esclavistas de los yihadistas a quienes acusan de realizar todo tipo de atrocidades contra las mujeres.


Publicado por elperiodico.com – 22/06/15 -

“Cerebros quemados”: la amenaza silenciosa que acecha a los docentes en Argentina.

 En riesgo. Los educadores están muy expuestos a trastornos psíquicos como el burn out. El proyecto busca hacer prevención. Foto: Archivo El Litoral
  • Es un estrés postraumático al que están expuestos principalmente los trabajadores de la educación y de la salud. Un proyecto busca generar prevención para saber detectar a tiempo la patología. Y generar conductas saludables.
·         El trabajo es salud, dicen algunos. El trabajo enferma, dicen otros. Ni lo uno ni lo otro: lo que determina un bienestar o una enfermedad laboral no es el trabajo en sí mismo, sino las condiciones y los medios en que se desarrolla el trabajo. Si las condiciones laborales son desfavorables, desgastantes y traumáticas, puede aparecer una patología que es silenciosa, no avisa: un tipo de estrés conocido como burn out, o “mentes quemadas”.
·         Según las estadísticas de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay dos poblaciones laborales en el mundo que están más expuestas que el resto a trastornos de este tipo, y cuyos síntomas son la fatiga intelectual crónica y la negación: una, los trabajadores de la educación (desde docentes hasta supervisores); la otra, los trabajadores de la salud (médicos, enfermeros, anestesistas, etc.).
·         Un proyecto de extensión de interés social (Peis) nacido desde la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la UNL se propone una misión que es todo un desafío: prevenir en los docentes de todos los niveles (desde el inicial hasta el universitario) estos trastornos de estrés (así se clasifica científicamente el burn out). Y medirlos cuantitativamente, para evaluar las políticas públicas en salud.
·         El novedoso proyecto se llama “Prevención del riesgo psicosocial y promoción de la salud ocupacional en trabajadores docentes”. Está dirigido por el Dr. Pascual Pimpinella, profesor titular de la cátedra de Medicina Legal, Social y Laboral y coordinador de posgrado de la FCM.
·         El trabajo se realiza junto con el gremio Amsafe (que integra el comité mixto en salud laboral) y comenzará a implementarse a partir del segundo semestre, con charlas de capacitación y prevención con supervisores, que será el primer grupo de trabajadores a abordar. También se hará una encuesta para medir la salud de los docentes.
·         La teoría
·         “Hoy la teoría dominante es que el mundo del trabajo está rodeado de riesgos. Y en ese mundo de riesgos, éste debe ser medido. Se cree que el trabajo por sí daña. Eso hay que desmitificarlo. El trabajo per se no genera daño. Lo que sí puede dañar son las condiciones y los medios de trabajo”, explicó Pimpinella en diálogo con El Litoral.
·         ¿Por qué los trabajadores de la educación y los de la salud son los más vulnerables? “Es simple: porque el medio de trabajo en estas dos poblaciones es otro ser humano. Entonces, esa interacción permanente con otras personas es lo que puede generar una alteración del orden psíquico”, explicó el especialista.
·         El hecho de trabajar todo el tiempo con otros seres humanos “genera una situación psíquica especial. Y es lo que se denomina riesgo psicosocial. En este riesgo aparece el burn out, que en realidad es un nombre de fantasía, pero epidemiológicamente existe. Está clasificado dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles como estrés postraumático, y se propaga cada vez más”, advirtió Pimpinella.
·         El problema es que la enfermedad no avisa, y quien puede estar padeciéndola no se da cuenta de su presencia. Éste es el gran problema, porque aquí empieza el daño psíquico sin que trabajador lo sepa ni note síntomas. Por eso es un daño silencioso.
·         Qué hacer
·         “Primero, el Peis apunta a que los trabajadores de la educación conozcan el problema. Y segundo, que con ese conocimiento puedan tomar decisiones saludables sobre su salud. Hay que informar a los docentes de esta cuestión, es decir, comunicarles que les podría estar pasando esto. Darles un llamado de alerta. Eso da lugar a una posterior consulta médica, y a conductas saludables”, resaltó el doctor.
·         El objetivo prioritario del proyecto, entonces, es “dar herramientas a los docentes para que potencien las conductas saludables, es decir, la prevención. Sólo se puede prevenir algo si se lo conoce. Si un docente no sabe que podría estar expuesto al burn out, no hay forma de hacer prevención”.
·         Intervención
·         El equipo de trabajo está integrando por unas quince personas, alumnos de FCM voluntarios. Y el proyecto se va a implementar en la práctica con capacitaciones a grupos de 10 a 12 personas. Se trabajará juntamente con el gremio Amsafe, pero con la pretensión de extenderlo hacia todos los gremios docentes, hasta el universitario. También se harán folletos de difusión.
·         El Peis comenzará a implementarse desde el segundo semestre, después del receso escolar de julio. Se arrancará con un grupo de supervisores: ése será el primer estrato laboral a abordar. “Nosotros queremos que participe activamente cada trabajador docente”, insistió Pimpinella.
·         Además, se va a realizar un esquema de encuesta dirigida que permitirá medir el estado de salud psíquica de los docentes, e indirectamente las políticas públicas en salud vigentes.
·          
·         Estadísticas que alarman
·         Desde 1996 está vigente la Ley Nacional de Riesgo de Trabajo, tomada del modelo español. “Es una norma excelente, pero lamentablemente, nosotros la hemos ‘argentinizado’. Esto quiere decir que no siempre se cumple”, consideró Pimpinella.
·         En las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (www.srt.gob.ar), aparece un dato preocupante: en promedio mueren en la Argentina mil trabajadores registrados (de la actividad privada) por condiciones desfavorables en el trabajo. En 2013, fallecieron 838 trabajadores, y en 2012, 976. Hay unos 10 millones de trabajadores registrados.
·         Pero lo realmente alarmante es la proyección: “Fuera de los trabajadores registrados quedan los estatales, los autónomos, los independientes y los trabajadores informales o en negro. Si se hace una proyección teórico-metodológica, en realidad por año mueren unos 5.000 trabajadores por año, que no están dentro de los parámetros medidos”, advirtió Pimpinella.
·         “Dentro de la población no medible, hablamos de otros 10 millones de trabajadores. Es decir, el 50 % de la población laboral (no registrada) en el país está expuesta, en riesgo. Hay que atender urgente este problema”, cerró el especialista.

"Queremos dar herramientas a los docentes para que potencien las conductas saludables. Sólo se puede prevenir algo si se lo conoce. Si un docente no sabe que podría estar expuesto al burn out, no hay forma de anticiparse al problema”. Dr. Pascual Pimpinella -Director del proyecto (FCM) –
Publicado por Diario el Litoral – Santa Fé  (Argentina) -  Luciano Andreychuk – 20/06/15 -