jueves, 28 de mayo de 2015

Violencia de género en Estados Unidos

Estados Unidos fue uno de los países adelantados en las luchas feministas, desde 1848 hubo numerosos movimientos de mujeres, que lucharon por sus derechos. El primer gran encuentro de activistas fue en Seneca Falls, Nueva York. Las principales organizadores fueron Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott, quienes ante 100 personas que asistieron a la convención, elaboraron y redactaron la ``Declaración de Sentimientos, quejas y resoluciones’’, que hizo eco en el preámbulo de la Declaración de Independencia: ``Todos los hombres y mujeres son creados iguales’’. 

Durante gran parte de la década de 1850 hubo grandes manifestaciones reclamando por libertad económica para las mujeres. Paralelamente surgieron organizaciones que lucharon por el derecho al voto femenino como la Liga de la Mujer Sindical, Liga del Consumidor Final y la Unión Cristiana de la Mujer. Después de tantos años y tantas luchas, en 1920, la 19 enmienda de la Constitución proporcionó el pleno derecho al voto de las mujeres. Desde allí las mujeres gozaron de una oleada progresista, participaron en contextos sociales, culturales y políticos que sostuvieron el movimiento de sus derechos. Otros grandes movimientos feministas surgieron en los 60 y 70; ya las mujeres reclamaban por algo más. 

En aquella década, el 38% de las estadounidenses trabajaban como maestras, enfermeras y secretarias, ya que no eran deseadas en programas profesionales. En 1962 el libro de Betty Friedman ‘’La mística femenina’’, capturó la frustración y desesperación de miles de ama de casa, que se sentían resentidas ante el rol que la sociedad machista les había marcado. Este movimiento feminista se centró en el desmantelamiento de la desigualdad en los lugares de trabajo, así como la disparidad salarial. En 1966 se puso en marcha la Organización Nacional de Mujeres (NOW), que pasó a cabildear en el Congreso leyes a favor de la igualdad de la mujer. Pese a todos estos movimientos el siglo 21 sigue siendo testigo de graves problemáticas que enfrentan las mujeres en este país, como es la violencia de género emparentada con las desigualdades económicas y sociales. Muchos autores han reconocido y estudiado esta conexión, pero recién en 1994 el Congreso norteamericano, tuvo que hacerse eco de estas luchas y aprobar la histórica ley de Violencia Contra la Mujer, que pese a la posición crítica de los conservadores fue aprobada y reautorizada en 2013. 

La Ley prevé $1600 millones a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos violentos contra las mujeres, impone la restitución automática y obligatoria de los condenados y permite una reparación civil en casos fiscales, así como establece la Oficina de Violencia contra la Mujer en el Departamento de Justicia. A pesar de la ley, en la realidad las mujeres siguen sufriendo abusos físicos, emocionales y económicos. En el plano laboral siguen en desventaja; ya que perciben 75 centavos sobre cada dólar que ganan los hombres. Estas desigualdades se reflejan en la indefensión de la mujer, la que la hace victima en muchos casos, de violencias físicas y sexuales. Aunque cuando se habla de violencia de género, generalmente se reportan estadísticas de países latinoamericanos o africanos, sin embargo las cifras de mujeres golpeadas en Estados Unidos, uno de los primeros países capitalistas industriales, son comparables a países del tercer mundo. 

Según estadísticas dadas por la Coalición Nacional contra la violencia domestica (NCADV en su cifras en inglés) cada 9 segundos una mujer es golpeada; 38.028.000 de mujeres han experimentado violencia física alguna vez en sus vidas, siendo las mujeres jóvenes (de 18 a 25 años) y las afroamericanas las más afectadas; 35% más que las blancas. El diario Huffington Post reportó que el número de mujeres asesinadas por su pareja entre 2001 y 2012 fue de 11.766, cifra que dobla a la cantidad de soldados estadounidenses muertos en Irak y Afganistán- 6488- en el mismo período de tiempo. Pero las agresiones físicas, tienen además, un concomitante emocional. Según la Asociación Americana de Psicología 4.774.000 mujeres en Estados Unidos sufren violencia física por parte de su pareja cada año, con 18.500.000 visitas a las emergencias de salud mental, reportando síntomas de ansiedad, angustia, y desordenes postraumáticos. Muchas de estas mujeres, tienen miedo de hacer la denuncia a la policía; según el FBI, solo el 46% acude a las autoridades para pedir ayuda. Hay diferentes causas que seguramente hacen que estas mujeres tengan miedo, pero las más probables, son la dependencia que tienen con los hombres, ya que muchas de ellas subsisten económicamente por estos. 

En Estados Unidos las mujeres ganan $10.000 menos que los hombres por año y todavía están en pie de lucha por la igualdad económica. Lamentablemente las leyes no ayudan demasiado. Un caso emblemático de esta problemática, fue la demanda de 1.500.000 empleadas de la corporación Walmart, quienes acusaron a la compañía por discriminación, ya que ganaban menos que sus compañeros de trabajo, pero perdieron el caso. En cuanto al impacto económico de la violencia de género, se pierden 8 millones de días de trabajo remunerado cada año; entre el 21 a 60% de las victimas pierden sus empleos debido a razones derivadas del abuso. Entre 2003 y 2008,142 mujeres fueron asesinadas en el lugar de trabajo por su agresor. En 2016, hay muchas posibilidades que una mujer, Hillary Clinton asuma la presidencia de Estados Unidos. Será muy interesante ver el rol que tendrá en defensa de las reivindicaciones de la mujer. Tiene ante sí, una oportunidad histórica para hacer cumplir la Ley de Violencia Contra las Mujeres, que firmara su esposo y ex presidente, Bill Clinton en 1994.

Publicado por TELESUR – Anahi Rubin  (Blog Estados Unidos) – 27/05/15 -

Una madre alemana de 65 años y con 13 hijos da a luz a cuatrillizos prematuros

Annegret Raunigk en un programa de televisión en 2005, con su hija pequeña Lelia, que ahora tiene 9 años

Annegret Raunigk, también abuela de siete nietos, tuvo a sus hijos por cesárea tras un embarazo de 26 semanas..... y un tratamiento de implantación de óvulos por inseminación artificial

Una alemana de 65 años, madre ya de 13 hijos y profesora de ruso e inglés, ha dado a luz a cuatrillizos en un hospital de Berlín, según informó la cadena privada de televisión RTL.
La madre, identificada como Annegret Raunigk y abuela de siete nietos, tuvo a sus hijos por cesárea tras un embarazo de 26 semanas. Los cuatrillizos -una niña y tres niños- pesaron entre 960 y 655 gramos y midieron entre 32,5 y 30 centímetros y están en incubadoras.
TRATAMIENTOS
Raunigk se sometió durante el último año y medio a varios tratamientos de implantación de óvulos por inseminación artificial fuera de Alemania después de que una de sus hijas, Lelia que tiene actualmente 9 nueve años, le expresara el deseo de tener un nuevo hermano.
Las posibilidades de supervivencia de cuatrillizos nacidos tras un embarazo de 26 semanas es bastante alta aunque no se pueden descartar complicaciones. Sin inseminación artificial, las posibilidades de tener cuatrillizos son de en 1 entre 600.000.
Publicado por Periodista Digital – AFP -  25/05/15 -


Fallan, la joven que murió solo por tomar la píldora durante 3 semanas.(Los peligros de la automedicación)

Fallan Kurek (Facebook


No tenía ningún problema de salud y le recomendaron la pastilla para regular su menstruación, pero le produjo un coágulo que acabó con su vida.

Tenía solo 21 años, muchos sueños por cumplir y una preciosa vida por delante, pero Fallan Kurek no podrá disfrutarla porque hace escasas semanas fue declarada muerta cerebralmente y sus padres tomaron la dura decisión de desconectarla de la máquina que aún la unía a la vida. La joven no sufría ningún problema de salud ni nada por el estilo, la única causa que explica su inexplicable muerte es la pastilla anticonceptiva que había empezado a tomar 3 semanas antes en Staffordshire (Inglaterra). Ahora sus padres han decidido contar su historia para poder salvar otras vidas.
A Fallan le recetaron la píldora para poderregular sus períodos menstruales como a miles y miles de mujeres en el mundo, pero desde el principio las cosas no funcionaban como debían. Tenía que tomarla durante tres meses y luego realizar un periodo de descanso, sin embargo a los pocos días ya empezó a sufrir los primeros efectos secundarios con dolor en piernas y costillas. También se quedaba sin aliento. Pero cuando fueron al hospital nadie se dio cuenta que podía ser una reacción a las pastillas y tras realizarla un electrocardiograma la mandaron para casa.
Pero el tiempo para la joven se estaba acabando y solo cuatro días después, tras tomar la píldora,Fallan perdió el conocimiento. Volvió a ser trasladada al centro hospitalario donde ya empezaron las primeras sospechas de que podía ser una reacción al medicamento.
La exploración encontró un gran coágulo en el pulmón que estaba provocando problemas en el corazón. Tres días más tarde sufrió un ataque y su cerebro murió, apagando entonces sus padres la máquina.
"Solo lo necesitaba para regular sus períodos. No podía creer que nadie nos hubiese dicho que la pastilla podía hacer esto. Debería decir en el envase y en la etiqueta que puede matar", relató la madre al Birmingham Mail.
Son conscientes de que no pueden traer de vuelta a Fallan, pero los padres están decididos a dar a conocer el caso de su hija para que la gente sea consciente de los verdaderos peligros de la píldora anticonceptiva y así poder evitar que más chicas inocentes fallezcan.
"Saben que la pastilla puede crear coágulos de sangre. No podemos tenerla de nuevo, lo único que podemos hacer es quizás salvar otra vida", manifiestan.
Para las autoridades este tipo de métodos anticonceptivos son seguros, pero no cabe duda que este caso va a aumentar las dudas entre las consumidoras y va a hacer que se mire con lupa cualquier caso. Desgraciadamente Fallan ha sido el último de ellos.


Publicado por Yahoo Noticias – Javier Taeños – Gaceta Trotamundos – Blog de Noticias – 27/05/15

Rescatan niña de 11 años que fue violada y vendida para ser casada

La guardia civil española rescató a una niña de 11 años que fue vendida por 17.000 euros en 2014 para casarla, y que también fue maltratada y violada.
Cinco personas pertenecientes a las dos familias implicadas en el caso fueron detenidas por "trata de seres humanos, malos tratos, hurtos, abuso sexual, agresión sexual y explotación laboral", en el marco de una operación realizada en Valladolid (centro) y Sevilla (sur), precisó la guardia civil.
La investigación comenzó cuando los agentes descubrieron en mayo de 2014 "la venta de una menor de edad por 17.000 euros por parte de sus progenitores de mutuo acuerdo con el objetivo de contraer matrimonio en una fiesta de compromiso en Rumanía".
La pequeña, cuyos padres residen en Sevilla fue maltratada desde que llegó a Valladolid, donde vivía la familia del comprador.
"La insultaban, amenazaban y agredían constantemente, obligándola a mantener relaciones sexuales con M.I.B", de 19 años, añadió la guardia civil.
Este joven, sus padres, así como los padres de la niña, todos de nacionalidad rumana, según la prensa, fueron detenidos.
También la obligaban "a trabajar en labores agrícolas, recogiendo uva y patatas, con jornadas laborales intensas y sin recibir ninguna remuneración económica", según la guardia civil.
La pequeña acabó por pedir socorro a su madre, pero el "clan familiar" al que había sido vendida exigió 10.000 euros para dejarla marchar.
"Llegaron a arrancarle de las orejas, de forma muy violenta, los pendientes que llevaba puestos como parte de compensación de la deuda que habían contraído sus progenitores cuando pidieron la vuelta de la menor a Sevilla", según la guardia civil.
Este "clan" la devolvió a su familia cuando se percataron de la vigilancia policial, precisó ese cuerpo policial.
Publicado por Diario Rio Negro – Argentina – AFP – España – 28/05/15 -


Reportaje ANF: ¿Cómo se vive la maternidad en prisión?

En Bolivia hay más de 1.800 mujeres privadas de libertad que continúan ejerciendo el rol de madres desde el interior de los penales. Ellas son el pilar fundamental de muchas familias que se vienen abajo con su ingreso en prisión.

El día que Amalia entró en la cárcel de mujeres de Obrajes pasó la noche en vela pensando en sus cinco hijos –la mayor tenía 15 años y el menor no llegaba a tres– “¿Dónde estarán, qué habrán cenado, tendrán frío?” se preguntaba. Hacía tiempo que había tomado la decisión de separarse de su marido, hastiada de soportar sus malos tratos. Ella ejercía como padre y madre de los menores.
A la mañana siguiente sus pequeños aparecieron en la puerta del penal. “No tenemos ni para desayuno mami” susurró uno de ellos mientras miraba el recinto con asombro. “Se me vino el mundo encima”, recuerda ella. 

Desde ese día, sus hijos menores malvivieron a su lado dentro del penal durante cuatro eternos años. La mayor, por ser adolescente, tuvo que hacerse adulta lejos de su madre, luchando por huir de los riesgos de la calle y buscando día tras día su propio sustento.
La lucha de Amalia se abocó a hacerles a sus hijos la estancia en prisión un poco más fácil. Se enfrentó a las otras internas cuando insultaban al tercero de sus hijos que padecía una discapacidad; trabajó a destajo en la lavandería del penal para poder alquilar un toldo –una casa fabricada por las presas con ladrillo y calamina que cuesta alrededor de 6.000 bolivianos y a la que se accede cuando una reclusa sale en libertad y la vende–; y juró y perjuró no volver a delinquir para que sus pequeños pudieran cerrar las cicatrices que deja la privación de libertad, el hacinamiento y la violencia.
Según los últimos datos de la Defensoría del Pueblo, en enero de 2013 había 1.856 mujeres privadas de libertad en las cárceles bolivianas, un 13 por ciento de la población reclusa. El 76 por ciento se encuentran en detención preventiva por ser sospechosas de haber cometido algún delito y sólo el 24 por ciento tiene sentencia, según un informe del Periódico Digital de investigación sobre Bolivia PIEB.
La mayoría son madres, un rol que no abandonan por el hecho de atravesar el portón que separa la libertad de la condena. Es más, su maternidad se engrandece al estar ante una situación límite, como cuando una leona protege a sus cachorros de la adversidad.

La Defensoría del Pueblo estima que en las cárceles del país viven más de 1.500 menores dentro de las cárceles acompañando a sus padres y madres. “Incluso muchas dan a luz mientras están en prisión”, apunta Susana Saavedra de la Fundación Construir. “La ley establece como última opción la detención preventiva para mujeres embarazadas pero esto no se cumple. Nosotros hemos visto bastantes mujeres en estado dentro de los penales”, explica.
Jefas de hogar
Antes de que caiga la noche en la ciudad de La Paz y las policías del penal de Miraflores la recluyan en su habitación, Andrea se las ingenia para comprar algo de comida en el patio de la cárcel y esconderlo bajo su ropa. “No nos permiten introducir alimentos en las habitaciones, pero mis hijitos están de hambre en las noches y tengo que darles algo”, comenta. Andrea es corpulenta y tiene los cachetes sonrojados. Sus ojos brillan cuando habla de los tres hijos que viven a su lado y del pequeño de tres años que tuvo que dejar con su hermana de 17 porque no podía mantenerlo. “Soy inocente, no es justo que mis hijos tengan que pagar por algo que ni siquiera hice” explica mientras baja la voz y dirige su mirada a través de una ventana que tiene los cristales rotos.

El último censo arrojó casi un millón de mujeres que ejercen el rol de jefas de hogar en el país. En muchos casos el abandono de sus parejas y la necesidad de mantener a sus hijos hace que muchas de ellas encuentren una salida en el negocio de la droga como mulas o transportadoras de pequeñas cantidades. En las prisiones bolivianas el 56% de las privadas de libertad lo están por delitos de narcotráfico. Amalia es una de tantas micro-vendedoras de droga que copan las cárceles de Bolivia. Su adicción desde muy joven y la necesidad de comprar los medicamentos que necesitaba su hijo hicieron de ella una presa fácil de las redes del narcotráfico. “No sabía que más hacer para conseguir dinero”, cuenta desesperada.
Dentro de los penales las madres siguen ejerciendo el rol de jefas de hogar para garantizar el sustento que el régimen penitenciario no alcanza a cubrir para su familia. El pre diario que les dan es de 6,60 bolivianos. Con eso desayunan, comen y toman un té por las tardes. No hay cena, ni para ellas ni sus pequeños. En las cárceles de mujeres la vida laboral no se permite un descanso. En cualquier rincón y espacio hay costureras, tejedoras, vendedoras de todo tipo de alimentos y artesanías, cocineras, lavanderas y hasta taxistas (las que conducen a los foráneos hasta la interna visitada por el módico precio de un peso).

Andrea cuenta que el trabajo mejor valorado y remunerado es la lavandería, donde se puede ganar una media de 5.000 bolivianos. Conseguir un puesto puede llegar a ser una lucha diaria entre las veteranas y las nuevas.
Lidia oculta su mirada detrás de unos grandes y opacos lentes de sol. Acusada de robo, pasó tres años en prisión sin llegar a ver nunca una sentencia condenatoria. Desde que ingresó a Obrajes hizo lo único que su abuela le enseñó en vida, tejer frazadas. Sus manos todavía reflejan las cicatrices del desgaste de las agujas. Las internas con más recursos le encargaban las mantas pero a veces no le alcanzaba ni para la cena. Ella lo tenía claro: lo primero eran sus hijos.
Familias rotas
El ingreso de las madres en prisión destroza a las familias, las descompone y las desintegra como cuando el pilar que sostiene un gran edificio se desmorona y todo queda reducido a escombros.
“La mayoría de las mujeres –por el rol reproductivo que la sociedad machista y patriarcal les adjudica– sufren el abandono de sus parejas y la estigmatización de la sociedad, que las castiga doblemente por el hecho de ser mujeres y madres”, apunta Griselda Sillerico, delegada adjunta de programas y actuaciones especiales de la Defensoría del Pueblo.
Sonia  ha pasado dos veces por prisión con menos de 30 años. La primera de ellas por robar una caja de bolígrafos y la segunda por robo agravado. Las rejas de San Pedro se cerraron para su marido el mismo día que lo hicieron para ella las de Miraflores. Su hijo de ocho años fue enviado a un hogar de acogida y su pequeña de cuatro vivió un tiempo con su suegra, hasta que fue abusada sexualmente por su tío y enviada a otro hogar.

Sonia relata su situación fuera de los muros de la cárcel con serenidad y con el sueño en el horizonte de rehacer su vida lejos de su ex marido y junto a sus hijos. “Él fue el que me metió a delinquir, yo era una niña y no sabía lo que hacía. Ahora solo pienso en mis hijos y en marcharnos lejos y empezar de cero”, comenta con una tímida sonrisa.
Niños fuera o dentro
En el patio de Obrajes –que más que una prisión parece un pequeño pueblo, una realidad paralela donde las agujas del reloj tienden a moverse más despacio– una pareja de niñas de apenas cinco años juegan en las escaleras de la iglesia con dos muñecas desnudas de cabellos ásperos y despeinados.
-Yo soy una 1008, se apresura a decir una de ellas.
-Entonces yo seré una condenada a 30 años, le contesta la otra agitando su muñeca.
– Vayamos a mi celda, invita la primera.
-¡Vamos!, replica la segunda.
La imaginación de los niños puede ser tan poderosa como peligrosa, todo depende de los estímulos que tengan a su alrededor. La legislación actual admite que las madres y padres privados de libertad vivan con sus niños y niñas menores de seis años en el interior de los penales. Sin embargo, la realidad arroja imágenes de niños que se convierten en adolescentes y jóvenes que se  hacen adultos dentro de los penales ante la imposibilidad de que alguien aparte de su madre se haga cargo de ellos.

Desde la promulgación de la Ley Niña, Niño y Adolescente en 2014 los mayores de seis años fueron saliendo poco a poco de los recintos carcelarios del país, aunque Cáritas estima que muchos estarían retornando a las cárceles por el maltrato recibido en los hogares de acogida y la desprotección de la vida en la calle.
“Está claro que el mejor lugar para que crezca un niño nunca será una cárcel, pero sí será donde esté su madre”, cuenta la abogada de género Marisol Quiroga. De hecho –explica– que más que discutir sobre si los niños deben estar dentro o fuera de las prisiones, lo que debería examinarse es la prioridad social del niño a la hora de tener en cuenta la situación jurídica de su madre, “tal y como establece la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas”, apunta.
La realidad penitenciaria en Bolivia ni está pensada para la mujer ni para sus hijos. Sólo tres de los nueve departamentos cuentan con cárceles con guarderías. En el resto, los menores deben compartir cama, baño y espacios de esparcimiento en el poco lugar que deja el hacinamiento, que supera el 300 por ciento de la capacidad de los recintos en el país, según datos de Cáritas.
Maternidad en soledad

Eustaquia eleva las puntas de sus pies para alcanzar las especias de la cocina de la cárcel de Obrajes. Desde hace más de dos años trata de engañar al tiempo removiendo verduras e hirviendo pequeñas presas de pollo para los niños del penal, la dieta más accesible para el presupuesto de las mamás.
Su pequeña estatura y su sonrisa pícara dan cuenta de la leve discapacidad que padece. Tiene 35 años, dos largas trenzas negras que le resbalan incluso por encima de su pollera, y una manilla de cuerda que le regaló otra interna antes de irse y que atesora como su bien más preciado.
Eustaquia ingresó a Obrajes el día de navidad de 2012 acusada de asesinato. Desde entonces no ve a sus hijos ni a su marido. Nadie fue nunca a visitarla ni le llevó a sus niños para que pudiera sentirlos. En su comunidad, a tres horas de La Paz, probablemente ya no la acepten igual que antes, pero ella –que ya acaricia su libertad porque no pudieron demostrar que cometió tal delito–  solo se imagina cuidando su chacra como lo hacía antes con sus hijos revoloteándole las faldas.
La historia de Eustaquia es la de muchas mujeres privadas de libertad, abandonadas por sus parejas y familias y cuya reinserción en la sociedad se convierte en un castigo eterno por no haber cumplido con su “deber”, por no haber sido “buenas madres”.

En un rincón de la celda que comparten diez internas del penal de Obrajes, Marcelina se afana desde hace semanas en tejer sin descanso los vestidos que lucirán sus cinco hijos en el espectáculo de su colegio para el día de la madre. Desde hace seis años, cada 27 de mayo, no disfruta de su ritual predilecto del año: ir temprano al colegio de sus pequeños, escoger un buen asiento con visibilidad y aplaudir efusivamente desde las gradas cuando alguno de sus hijitos le sacaba una lágrima y le hacía sentir orgullosa.
*todos los nombres de mujeres privadas de libertad de este reportaje son ficticios con el objetivo de preservar su identidad y dignidad*


Publicado por eju.tv – Isabel García – 25/05/15 -

Prohibida la entrada en una tienda a una mujer saudí por no llevar guantes

 Un miembro de la policía religiosa saudí expulsa de una tienda a una mujer por no llevar guantes.

La policía religiosa vetó la entrada de otra a un centro comercial por llevar las uñas pintadas

Una mujer saudí ataviada con niqab no ha podido acceder a una tienda porque no llevaba guantes. Los hechos ocurrieron en Hail, al noreste de Arabia Saudí.

"Vete, no digas nada y ponte los guantes", le espetó, en palabras de la mujer, un miembro de la policía religiosa. El vídeo ha provocado múltiples reacciones en la red. Usuarios de Youtube no han dudado en describir el episodio como "barbarie".

No es la primera vez que trasciende un vídeo de similares características en Arabia Saudí. En el 2012, una mujer saudí no pudo acceder a un centro comercial de la capital, Riad, por llevar las uñas pintadas. En esta ocasión, fue la propia mujer perjudicada la que grabó el vídeo plantando cara a la policía religiosa.

Publicado por elperiodico.com – Ryad – 28/05/15 -

Profesores de Japón piden admitir la responsabilidad por las esclavas sexuales

Profesores universitarios de Japón exhortaron al Gobierno a reconocer la responsabilidad del país en la explotación de las miles de mujeres asiáticas obligadas a prostituirse en los burdeles del Ejército Imperial nipón.

En un comunicado publicado el lunes, dieciséis sociedades universitarias, incluida la Sociedad de Historia de Japón, denunciaron la "esclavitud sexual" de la que fueron víctimas estas mujeres, en su mayoría coreanas, e instaron al Gobierno a asumir "honestamente" la responsabilidad.

A principios de mes, casi 200 universitarios, en su mayoría de EEUU, publicaron una carta abierta en el mismo sentido, pidiendo a Japón que reconociera los errores de su pasado colonial y militarista con motivo del 70º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

"Aquellas que se convirtieron en 'mujeres de confort' fueron víctimas de una violencia intolerable como esclavas sexuales", destacan los profesores japoneses.
"Al continuar adoptando una actitud irresponsable consistente en negar la existencia de esclavitud sexual dentro del Ejército japonés durante la guerra, algunos políticos y una parte de los medios están dando el mensaje al resto del mundo de que Japón no respeta los derechos humanos", lamentan los docentes.

En su comunicado, piden a las partes implicadas que "enfrenten con honestidad las lesiones infligidas por Japón en el pasado, así como a las víctimas".

El primer ministro nipón, el conservador Shinzo Abe, repitió recientemente ante el Congreso de EEUU los "profundos remordimientos" de Japón por su pasado militarista en Asia, pero sin pronunciar las excusas esperadas por chinos y coreanos.

Publicado por Boletín Globedia – Redacción Política -  26/05/15 -

 

Por qué tampones y toallas sanitarias generan polémica en Australia

 Es difícil para las mujeres prescindir de tampones o toallas sanitarias.

¿Qué es más esencial y necesario como producto, la carne de cocodrilo o un tampón o toalla sanitaria?
Aunque para muchas mujeres (y hombres) la respuesta puede parecer obvia, quizás les sorprenda saber que para algunos gobiernos no lo es tanto.
En Australia, los tampones y las compresas están tasados con un 10% en el impuesto de valor añadido (IVA, conocido en este país como GST), mientras que otros productos considerados esenciales no pagan este impuesto.
Entre ellos están los preservativos, la crema solar o el lubricante.

En Reino Unido, carnes exóticas como el cocodrilo y el canguro no pagan IVA, mientras que los tampones y las compresas son considerados productos "no esenciales, de lujo" y pagan un 5%.
¿Deberían ser clasificados como productos de primera necesidad?
Subeta Vimalarajah, estudiante universitaria de Sydney, cree que sí.
"La mitad de la población menstrúa y no debería ser penalizada económicamente por ello", afirma esta chica.
Subeta inició una campaña en Internet para pedir al ministro de Finanzas australiano, Joe Hockey, que elimine el conocido como "impuesto del tampón".

Reino Unido

La petición cuestiona por qué se tasa un producto que la mayor parte de las mujeres están obligadas a comprarcada pocas semanas, mientras que el gobierno no lo considera suficientemente "necesario" para librarlo del impuesto.
En Australia, los preservativos no están gravados con este impuesto.

La iniciativa logró más de 95.000 firmas y llevó a Hockey a afirmar que presionaría a las administraciones para aprobar una exención en este caso.
Sin embargo, el primer ministro Tony Abbot contradijo a su ministro posteriormente.
Abbot afirmó que, aunque entiende por qué mucha gente quiere que se elimine este impuesto, esto no entra en los planes de su gobierno.
El debate no es, ni mucho menos, exclusivo de Australia.
En países como Argentina, los productos de primera necesidad no están eximidos de los impuestos al valor agregado.
"Pero el gobierno matiene una lista de productos con precio reducido que incluye dos marcas de toallas sanitarias, pero no tampones, que no se producen en el país", según informa Verónica Smink, corresponsal de BBC Mundo en el Cono Sur.
En Reino Unido el impuesto sobre estos productos higiénicos era de un 17,5%hasta que, en el año 2000, la parlamentaria laborista Dawn Primarolo logró reducirlo al 5%.

El departamento que se ocupa de los impuestos (HM Revenue and Customs) sigue clasificando estos productos como "no esenciales, de lujo".
Laura Croyton, que inició una campaña en Internet antes de las elecciones en Reino Unido para pedir que compresas y tampones estén exentos de impuestos, critica esta idea.
"Son esenciales porque, sin ellos, las que menstrúan no tendrían forma de mantener una vida pública o privada normal y flexible, y podrían poner en riesgo su salud".

El gobierno británico, sin embargo, le respondió a la BBC que la aplicación de este impuesto depende de "leyes de la Unión Europea".
"Reino Unido aplica una tasa reducida del 5% a los productos sanitarios. Es la tasa más baja posible según la ley europea del IVA", dijo un portavoz.
Pero las tasas varían mucho entre países dentro de la propia UE: en Hungría se aplica un impuesto de un 27%, mientras que en España se aplica un tipo reducido del 10% (pero no el superreducido del 4% para productos de primera necesidad).

¿Sexismo?

Algunas personas, como Vimalarajah, creen que tras el debate hay una cuestión de género.
La situación se explica "o bien porque a los políticos se les hace raro confrontar la realidad de los periodos, o simplemente quieren que nosotras paguemos por ellos, literalmente
La mayoría de productos pagan el impuesto sobre el valor añadido.

"Sea como sea, es sexista", escribió en su blog.
Pero no todas las mujeres están de acuerdo con ella.
"La idea de que el impuesto es, simplemente, sexista parece muy obvia, pero no lo es en realidad", escribió recientemente la columnista de The Guardian Eleanor Robertson.
"Aceptando que los tampones son una necesidad, no se trata de un razonamiento que se aplique solo a los tampones", dijo Robertson.
"Se aplica a muchos otros productos gravados con IVA: el papel de baño está gravado con IVA, y las mujeres lo usan más que los hombres, ¿no debería entonces estar exento?", se preguntó.

"¿Y qué sucede con los pañales, un producto esencial que es mucho más caro que los tampones y cuyo coste recae solo sobre las familias con niñospequeños? La menstruación es un hecho en la vida, la caca de bebé también".
La columnista Lucy Mangan tampoco está de acuerdo en eliminar el impuesto.
"Retrocedo ante cualquier propuesta de que un impuesto es injusto", escribió Mangan en Stylist.
"Una parte importante de mis impuestos van a mantener las carreteras, subsidiar el combustible, pagar el Sistema Nacional de Salud a los fumadores y la educación de niños que no son míos", afirmó.

Publicado por BBC MUNDO -  redacción – 26/05/15 -


Mujeres migrantes, víctimas del plan antitrata

Mujeres migrantes. Foto: Moysés Zúñiga

Chiapas y la ONU lanzaron en 2009 el programa “Corazón Azul contra la Trata de Personas”, con la promesa de erradicar ese delito. Pero entrevistas con detenidas y especialistas y revisión de expedientes, dejan dudas de su efectividad: las acusadas son mujeres migrantes indocumentadas, detenidas en forma irregular y sin posibilidad de defenderse

.En el patio del penal femenil de Tapachula, Chiapas, hay un grupo de mujeres sentadas bajo un techo de lámina, el único escudo contra el inclemente sol. Las convoca un ministro de culto que reza, pero sus raíces centroamericanas y los motivos de su encierro, también las reúnen.
Ellas, originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, están acusadas del delito de trata de personas. Algunas fueron condenadas a 23 años de prisión, otras llevan más de un año detenidas y no han recibido sentencia.
Sólo en esta prisión, ubicada en la frontera sur de México, permanecen 20 mujeres detenidas acusadas de explotar sexualmente a sus compañeras.
Otras tres que permanecieron encerradas durante cuatro años obtuvieron su libertad mediante un método extremo: por varios días permanecieron en huelga de hambre para presionar por la revisión de su caso.
El 26 de mayo Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales abandonaron la prisión. Su caso, señalan organizaciones civiles, “demuestra la violación sistemática al debido proceso”, y evidencia el fracaso del sistema penitenciario mexicano “que por un lado priva de la libertad a personas inocentes y, por el otro, deja impunes a los verdaderos operantes de las redes de trata”.
Algo que se refuerza con los testimonios de nueve mujeres presas, entre ellas las recién liberadas, otra más que antes abandonó la cárcel, la revisión de sus expedientes y la experiencia de defensores de derechos humanos.
En el fondo lo que prevalece son patrones que dejan dudas sobre la efectividad del programa “Corazón Azul contra la Trata de Personas” que en el año 2009 lanzó el gobierno de la entidad en colaboración con la ONU.
Primero, una de cada dos personas detenidas y acusadas de trata son mujeres y, al menos, una tercera parte, son mujeres migrantes sin documentos y sin acceso a defensa consular; segundo, en casi todos los casos se trata de acusaciones que el ministerio público fincó a partir de testigos o víctimas, también migrantes, que no ratificaron su dicho o lo modificaron, incluso señalaron haber sido presionadas para testificar en contra de la detenida.
Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, considera que la Procuraduría General de Justicia de Chiapas no ha presentado resultados que confirmen el combate al crimen organizado y a la corrupción dentro de las instituciones que permite el crimen de explotación sexual.
Por el contrario, acusa, se criminaliza a las mujeres migrantes.
“Su interés es sólo dar cifras. Se les hace más fácil criminalizar a las mujeres, a las más vulnerables. Ponen a las migrantes como delincuentes, como un peligro social. Y cuando el trabajo de ellas es el servicio sexual sin coacción, al criminalizarlas lo que hacen es empujarlas a que su trabajo lo hagan de manera clandestina”.                                                                                                   

Deyra: Obligaron a sus compañeras a acusarla

Las hondureñas Deyra Elizabeth Santos y Karen Julisa Vallecillo Castro fueron las primeras mujeres migrantes detenidas en Chiapas y acusadas de traficar sexualmente con personas.
Deyra, presa desde 2011, fue condenada a 23 años y Karen, en la cárcel desde el 2010, a 29 años. La historia de Deyra se hizo pública cuando la Procuraduría de Chiapas la exhibió ante los medios de comunicación como un “logro” en el combate a ese delito.
Así, según organizaciones defensoras de migrantes, la dependencia inició con una estrategia para aprehender y acusar al mayor número posible de mujeres migrantes que trabajan en bares o cantinas a donde llegan los sectores populares de la sociedad.
En el expediente 154/2011 la primera declaración de Nancy Carolina Núñez Palma y su hermana Osiris, quienes trabajaban con Deyra en el bar “Paso del Norte” de Frontera Comalapa, fue para acusarla por explotarlas. En la segunda, Nancy y Osiris se desistieron y acusaron haber sido obligadas para inculparla.
En entrevista telefónica, Osiris explica cómo fueron obligadas a acusar a su compañera de trabajo:
“Nosotras teníamos sólo 12 días trabajando en el mismo bar que Deyra, pero cuando nos detienen, nos golpean y nos amenazaron con deportarnos y quitarnos a mi sobrina. Nosotras no vamos a dejar sola a Deyra porque sabemos que es una injusticia que esté en prisión”.
En el caso de Karen Julisa, el expediente 1114/2010 de Motozintla, señala que fue detenida en el bar “el Titanic” de Frontera Comalapa, junto a Katia Elizabeth Hernández y Griselda Judith Vásquez Rodríguez, todas originarias de Honduras.
En una primera declaración Katia y Griselda aparecen como víctimas de trata y Karen su victimaria. En las siguientes declaraciones las dos presuntas víctimas se desistieron y deslindaron de toda responsabilidad a Karen, sostuvieron que trabajaban por libre elección y dentro del bar su labor se limitaba a servir mesas y acompañar a los clientes a beber.
A pesar de que Katia declaró a favor de Karen, la sentenciaron a 29 años de prisión.
“A nosotras nos acusan sólo por ser extranjeras, porque a los verdaderos tratantes, a los dueños de los bares, no les hacen nada y cuando alguno llega a caer, paga porque lo liberen. Con el tiempo también hemos visto que esto que empezó con el que fue gobernador antes (Juan Sabines Guerrero), se hizo más fuerte y ahora les pagan hasta 30 mil pesos a los policías que detienen a una de nosotras y logran que otras la acusen de trata”, acusa Karen.
Deyra sostiene que algunos policías y ministerios públicos les han dicho a las detenidas que reciben “una compensación de un fondo” por detener a migrantes en bares y cantinas. “Lo siento chaparrita vas a ver que con el tiempo vas a salir de prisión”, son las palabras que ellas mencionan.
Deyra y Karen apelaron tres veces su sentencia, sin éxito. El 18 de mayo, junto con Santa María Rosales iniciaron una huelga de hambre que consiguió lo que cientos de hojas de expedientes burocráticos no pudieron: que los jueces se dieran cuenta de su inocencia.

Migrantes indocumentadas, las más vulnerables

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubican a Chiapas como un “polo de atracción” para la trata de personas con fines de explotación sexual, por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres sin documentos, lejos de casa, sin conocer sus derechos o sin posibilidad de exigirlos, pues la misma exigencia las pone en la mira de las autoridades. Además por la xenofobia y discriminación social que naturaliza el hecho y se vuelve cómplice de autoridades.
Por la clandestinidad del delito, se desconoce el número de víctimas de trata, pero se calcula que por cada víctima identificada hay 20 ocultas. En todo caso la mayoría de las víctimas son extranjeras que provienen del triángulo norte centroamericano: Guatemala, Honduras y El Salvador y el delito se diluye en el trabajo sexual voluntario.
En el “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México 2014” la UNODC también reconoce que además de la falta de capacitación especializada de las personas que aplican las leyes contra la trata –Ministerios Públicos, jueces y policías investigadores- no se han desarrollado todavía las herramientas para la persecución y sanción del delito, y la protección y atención a las víctimas, sus familiares y los testigos.

Santa: su familia, sus “víctimas”

Santa María Rosales, alta, muy delgada, cabello largo, ondulado, 35 años, hondureña. Cuando tenía 23 años cruzó la frontera de México, desde hace 6 radica en Huixtla
De acuerdo con su relato, el 19 de junio de 2013 policías armados y encapuchados tocaron a su puerta. Una denuncia “anónima” los llevó a su casa. Ella estaba con su hermano menor Luis y su prima Berty Larissa, quienes acababan de cruzar a México para llegar a Estados Unidos.
No hubo orden de aprensión, acusa Santa. Los policías entraron, golpearon y se llevaron a todos. A su hermano y a su prima los deportaron casi de inmediato.
En el expediente 134/2013 del Juzgado de Huixtla dice que Santa María se dedicaba a la trata de personas, y que fue detenida con dos de sus víctimas. También, que dos mujeres declararon en su contra.
Santa afirma que logró investigar y supo que se trataba de dos chicas a quienes tuvieron encerradas en un “albergue para víctimas”, quienes habrían huido de ahí porque las violaron. Por eso nunca comparecieron en las audiencias, reconoce la Procuraduría de Chiapas.
Santa fue sentenciada a 6 años de prisión por el delito de trata de personas. Su prima Berty fue deportada a Honduras, de donde regresó en una ocasión para declarar a favor de Santa y explicar el motivo por el que se encontraba en su casa. Su hermano Luis también declaró a favor de ella antes de continuar su viaje a Estados Unidos.
Hoy la hondureña, más delgada que hace unas semanas por la huelga de hambre, está libre.

El respaldo de la ONU

Deyra, Karen y Santa no lo saben pero en 2009 el entonces gobernador Juan Sabines Guerrero hizo un acuerdo con la ONU para apoyar los objetivos del Programa “Corazón Azul contra la Trata de Personas”.
Promulgó la Ley para combatir, prevenir y sancionar la trata de personas en el estado de Chiapas. Cuatro años después el gobierno chiapaneco la reformó para crear el llamado “Fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata de personas del estado de Chiapas”, al que organismos internacionales, de la sociedad civil y del propio gobierno, depositan recursos cuyo manejo es libre, discrecional y no está sujeto a ninguna fiscalización.
En el 2013, el acuerdo fue ampliado por el procurador Raciel López y el representante de la ONUDC, Antonio Luigi Mazittelli. Según el diplomático el actual mandatario, el polémico Manuel Velasco, ha permitido obtener “buenos resultados”.

Guadalupe, sin traductor, ni abogado ni apoyo consular

Guadalupe Pérez tiene 50 años de edad, es una mujer indígena originaria de la Aldea San Pedro Tacana, San Marcos, Guatemala. En su expediente penal, el 18/2014 del Juzgado Mixto de Motozintla, se dice que fue detenida en enero de 2014 en Frontera Comalapa. Está acusada de explotar sexualmente a un grupo de mujeres.
Ella lo niega. Guadalupe relata que trabajaba afuera de un bar, una construcción de lámina y bajareque. Por 80 pesos diarios su trabajo consistía en invitar a los transeúntes a entrar y consumir cerveza.
El día de su detención, recuerda, llegó un convoy de policías federales y estatales. Llevaban los rostros cubiertos, portaban armas largas. Ella asegura que la detuvieron con otras mujeres, que las llevaron a unas oficinas, las maltrataron y las obligaron a firmar declaraciones cuyo contenido nunca supieron.
Guadalupe, señala, por ser analfabeta imprimió su firma. Con el tiempo supo que la acusaban de prostituir a sus compañeras de la cantina. Trata de personas con fines de explotación sexual, señala su expediente. No tuvo asistencia consular, tampoco traductor pues su español es muy elemental. Guadalupe dice desconocer a su abogado, y no entender lo que se dice en las pocas audiencias que ha tenido.

Persiguen a las más vulnerables

De acuerdo al informe “Campaña Corazón Azul Contra la Trata de Personas”, de la PGJ de Chiapas, en el periodo 2010-2014 se ha detenido a 286 personas acusadas de este delito, 123 de ellas son mujeres (el 43 por ciento), 37 de las detenidas son migrantes centroamericanas actualmente recluidas en los penales de San Cristóbal de las Casas, Cintalapa, Comitán y Tapachula.
Un análisis realizado por Luis Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, encontró que el 90 por ciento de las mujeres fueron detenidas en operativos que se concentran en locales de bajo presupuesto, donde trabajan las mujeres más vulnerables, las que no tienen estancia legal en el país. La mayoría de las veces trabajan como encargadas de atender, meserear o lavar trastes.
Villagrán señala que se debe investigar desde la raíz, los dueños de los negocios. Para abrir un bar, cantina o centro de bebidas alcohólicas los ayuntamientos expiden los permisos. Villagrán acusa que las compañías cerveceras acaparan los permisos para, posteriormente, rentar a particulares. Este es el caso de la mayoría de bares y cantinas en la zona. También acusó la falta de revisión de bares de mayor plusvalía que actúan en impunidad.
“En Tapachula este sector de bares de alta categoría formó un Sindicato y actúan en la impunidad. La Procuraduría no se mete con ellos, con los giros negros o rojos”.

Lilian, acusada por su sobrina

Lilian Elizabeth Aguilar tiene 46 años de edad. Originaria de Guatemala, señala que vendía comida en la garita aduanal de Tecún Uman, frontera con Ciudad Hidalgo, Chiapas.
En agosto de 2010, recuerda, su sobrina Paola, de 17 años de edad, fue a comprar insumos para la comida y no regresó. Paola era como su hija, pues desde su nacimiento ella la cuidó.
“Fui a las autoridades y pedí que la buscaran, me dijeron que me iban a llamar si la encontraban. A los pocos días me dijeron que la habían encontrado y que estaba golpeada, que fuera a buscarla. Fui y entonces me dijeron que yo la había vendido. Ella solo lloraba”.
Lilian fue encarcelada y después Paola la visitó. Según relata Lilian, su sobrina le contó que se había ido con su novio y cuando la encontraron la obligaron a firmar un papel. Después supo que era para acusarla.
“Ella viene a verme (al penal) y me dice: ‘mamita, perdóname, yo ya les dije lo que pasó pero no quieren agarrar mi declaración’”.
Lilian fue condenada a 13 años y 6 meses de prisión por el delito de trata de personas. Osman Otoniel López, su esposo desde hace 24 años, la visita cada dos semanas. Él trabaja como jornalero agrícola para mantener a sus tres hijos y para llevarle algo de dinero a ella.

Consulados: “violan los derechos”

Las mujeres detenidas acusan el abandono de sus consulados. Los consulados, reprochan al gobierno mexicano el no permitirles la defensa.
Héctor Sipac, cónsul de Guatemala en Tapachula, refirió que la Fiscalía Especializada Contra la Trata de Personas actúa con negligencia y dolo contra sus compatriotas.
La Fiscalía, acusa el cónsul, no les notifica cuando hay guatemaltecas detenidas, violando así la Convención de Viena; además de que las han obligado a firmar documentos en blanco o declaraciones que no les permiten leer.
“Tenemos casos muy documentados donde guatemaltecas están detenidas acusadas de trata y donde tras varios años de cárcel ni siquiera han recibido una sentencia porque las presuntas víctimas ya no aparecen. En otros casos quienes son presentadas como víctimas terminan declarando a favor de las detenidas, pero sus testimonios no son tomados en cuenta”, refiere.
La cónsul de Nicaragua en Tapachula, Namibia Fuentes González, también denuncia irregularidades en el actuar de la Fiscalía, pues se les niega atención consular a sus connacionales acusadas del delito.
En abril, durante un operativo en el bar El Trópico, en Arriaga, se detuvo a una nicaragüense que no fue remitida a las autoridades. Para tratar de ubicarla, la cónsul acudió a la Fiscalía para la Atención a Migrantes de la PGJ de Chiapas, donde se le dijo que habría sido deportada sin que se le notificara al Consulado.
La diplomática nicaragüense dijo que no se está aplicando la Convención de Viena ni el Protocolo de Palermo para atender a las migrantes de su país que son detenidas en operativos contra la trata de personas.
Marco Tulio Buesco Guerra, cónsul de Honduras en Tapachula, sostiene que el mayor número de mujeres migrantes detenidas por el delito de trata pertenecen a su país.
“Hay pruebas de que en la mayoría de los casos han violado los derechos de nuestras connacionales. Es una situación que ha ido en crecimiento de manera alarmante, por ello ya realizamos un informe a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras, y esperamos que en breve se haga llegar al gobierno mexicano una nota diplomática pidiendo se revisen los casos de las ya detenidas, y se respeten los protocolos internacionales”.

Operativos “armados”

La organización Brigada Callejera “Elisa Martínez” labora con trabajadoras sexuales y meseras de bares y cantinas, para hacerles conocer sus derechos.
La fundadora Elvira Madrid dice que a las mujeres migrantes detenidas les fabrican expedientes irregulares donde a unas las ponen como víctimas y a otras como victimarias. En octubre del 2014 atestiguó un operativo en el bar Dragón Chino, a donde habían acudido para darle una plática a las mujeres.
En 30 minutos, recuerda, policías encapuchados y armados, acompañados de un ministerio público, montaron el operativo. Hicieron pasar a una joven como menor de edad; a otra que tenía una bebé la hicieron firmar una declaración donde decía que era víctima de trata, la amenazaron con que si no firmaba la acusación iba a ir a la cárcel y le quitarían a su hija.
La experiencia que tiene Brigada Callejera con el trabajo en la frontera sur, le permite al equipo asegurar que las acciones que se han emprendido en Chiapas contra la trata, dejan sin tocar a los grupos de la delincuencia organizada. “Hay lugares donde tienen a las mujeres obligadas, donde hay armas, donde hay droga. A esos no los tocan, con ellos no se meten”, señala Elvira Madrid.
Nora Suyapa Rodríguez, representante de la Comunidad de Centroamericanos en Chiapas, explica que sus paisanas encuentran en el trabajo en bares y cantinas, o en el servicio sexual, una opción de vida para obtener recursos suficientes que les permiten subsistir y enviar remesas a sus países de origen, pues el trabajo en tiendas o casas –la otra opción que tienen- se paga en 60 u 80 pesos por jornadas de 12 horas.
Una alternativa de alto riesgo, dice Nora. “Cuando entran al país el primer trabajo que les ofrecen es el de los bares y las cantinas. La necesidad las va orillando a los bares, a las cantinas, a los table dance, a exponer su vida, a ser explotadas y maltratadas; y ahora, hasta a ser encarceladas”.
Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx. 

Publicado por ANIMAL POLITICO -  angeles Mariscal – 27/05/15 -