jueves, 23 de abril de 2015

Retrata las cárceles de mujeres de Afganistán condenadas por 'delitos morales' según el Corán

 La fotógrafa polaca-canadiense Gabriela Maj muestra un trabajo de cuatro años sobre las historias y condiciones de internamiento de las mujeres afganas presas. Han sido condenadas por una interpretación extrema del delito coránico del  'zina', las relaciones sexuales entre dos personas no casadas la una con la otra. 'Jardín de almendros' —nombre de la cárcel femenina de Kabul— muestra la cruda realidad carcelaria de un país que hasta 2009 no consideraba delito la violación.

Antes de salir de la cárcel de mujeres de Kabul, la fotógrafa Gabriela Maj recibió un mensaje que le hacía llegar a hurtadillas, gracias a la mediación de la intérprete, una de las internas a las que acababa de retratar y entrevistar: "Por favor, no dejes que los guardias hagan copias de mis fotos. Me venderán a otros hombres".
En un país como Afganistán, donde hasta 2009 no estaba tipificado el delito de violación o cualquier otra forma de abuso sexual, ni tampoco el maltrato y el acaso a mujeres eran considerados penalmente punibles, es fácil entender el temor de la valiente joven interna que acababa de hablar con la reportera. 

La arbitrariedad es el sistema rector de las actuación policial, legal, penal y penitenciaria. 'Delitos morales' La reportera, polaco-canadiense, presenta en Almond Garden (Jardín de almendros). La belleza del nombre, traducción Badam Bagh, el nombre afgano de la cárcel de mujeres de la capital, suena especialmente incongruente.
Se trata de un reportaje desgarrador que Maj llevó a término, entre 2010 y 2014, tras obtener un inesperado permiso de la administración afgana para entrar y retratar la prisión y las internas encarceladas por "delitos morales" basados en una figura legal vaga y sujeta a interpretaciones muy distintas fundamentadas con frecuencia en el capricho: el zina. Este precepto coránico establece como prohibida y delictiva cualquier tipo de relación sexual entre personas que no estén legalmente casadas. Abarca el sexo premarital y el adulterio. 

Es el primer registro fotográfico de las mujeres presas en Afganistán Durante los siguientes cuatro años la reportera viajó por Afganistán para retratar y entrevistar a las mujeres encerradas en varias prisiones del país, entre ellas la penitenciaría femenina de Badam Bagh, en las afueras de Kabul, la más grande para mujeres.
El proyecto de Maj, que ahora publica en libro la editorial especializada en proyectos relacionados con derechos humanos y minorías Daylight Books [164 páginas y un PVP de 45 dólares], es el primer registro sobre las experiencias de las mujeres encarceladas en Afganistán. Evitar represalias Las fotos de las presas, inquietantes porque sabemos de la injusticia —ninguna de estas mujeres, casi siempre jóvenes, estaría encarcelada en ningún país con leyes justas y libertades individuales garantizadas—, son también hermosas merced a la mirada compasiva que aplica la reportera. Los nombres de las mujeres, cuyas fichas personales aparecen al final del libro, no se emparejan en ningún momento con las imágenes para preservar la identidad y evitar a las protagonistas represalias de las autoridades penitenciarias o judiciales. Los guardias consideraban irrelevante lo que tres mujeres pudiesen hablar.
 En compañía de una intérprete, también mujer, Maj consiguió mediante la conversación pausada y sin prisas que los guardianes de las cárceles, todos hombres, se cansaran pronto de lo que consideraban un charloteo entre mujeres y abandonaran la "escolta" de la visita. "Mi sensación era que sin la compañía de ningún tipo de seguridad, una mujer, aunque fuese extranjera, no sería considerada una amenaza por los guardias. Tenía razón: pasaron por alto mi presencia porque consideraban irrelevante lo que tres mujeres pudiesen hablar". El pasaporte polaco, un aliado Maj se encontró con una inesperada ventaja añadida para llevar adelante el reportaje: su pasaporte polaco. Las autoridades afganas, como le confesaron, confiaron en ella por su procedencia y por la común historia compartida de Polonia y Afganistán de resistencia a la invasiva opresión soviética.

Una vez ganada la confianza de los guardias y sus superiores, no tuvo problemas para entrar en las cárceles y regresar a visitar a las presas con casi total discrecionalidad. Por intentar escapar de una situación de maltrato, la condena puede ser de hasta 15 años de cárcel La mayoría de las presas relatan que sus "crímenes morales" vinieron precedidos por matrimonios forzados, esclavitud doméstica, malos tratos físicos cotidianos, violaciones con o sin embarazo o prostitución obligatoria. 

La arbitrariedad con que los tribunales dictan sentencias bajo el precepto del zina —que la jurisprudencia coránica amplía también a una amplia gama de comportamientos sexuales: desde las relaciones lésbicas hasta el magreo y que también se aplica, aunque no esté anotado en el Corán, a los intentos de huida, consumados o no, de las mujeres que quieren escapar de los escenarios de la atrocidad— queda claro en la enorme diferencia de las penas impuestas, que pueden oscilar entre 5 y 15 años de cárcel no de acuerdo a posibles agravantes sino a la potestad o talante del tribunal de turno. Rechazadas por las familias
 Las fotos de Almond Garden muestran a las mujeres, a menudo con sus hijos —deben ingresarlos porque nadie de otro modo se haría cargo de ellos, ya que las condenadas con marcadas como apestadas sociales y sus familias las rechazan—, enfrentadas a la cámara de una forma directa y en actitudes que van de la serenidad al reto. Tomados con gran angular, los retratos exponen también los entornos de las celdas, los espacios que las condenadas personalizan como pueden, con cortinas de encaje hechas jirones, fotos personales pegadas en las paredes, jarrones con flores de plástico y, en ocasiones, electrodomésticos como frigoríficos y monitores de televisión. 

No constan la identidad, la edad o el delito por el que han sido encerradas Los tonos brillantes de la ropa de las mujeres afganas, el rebosante colorido de los tejidos y la ausencia de las típicas barras de las prisiones —las celdas con más bien como pequeños cuartos— parecen desmentir que las condiciones de vida sean duras, pero el sufrimiento de las reclusas se adivina en algunos gestos abatidos y, sobre todo, en la lectura de los testimonios de cada una.
Sin posibilidades de acceder a servicios médicos o psicológicos, las presas han sido cosificadas hasta el extremo: ni siquiera hay fichas sobre su entrada en la cárcel, no se conoce oficialmente su identidad, edad, procedencia o circunstancias del delito por el que han sido encerradas. 'Tumba en vida' "Casi siempre rechazadas por las familias, la cárcel se convierte para estas mujeres en una tumba en vida. Al ser puestas en libertad deben enfrentarse a la ira acumulada por los familiares y están en peligro real de ser asesinadas, violadas o torturadas a no ser que sean capaces de encontrar sitio en alguno de los pocos refugios para mujeres amenazadas que hay en Kabul". 

Los cuerpos de las mujeres son algo que se puede comprar y vender Las voces de las decenas de presas que aparecen en Almond Garden "son un testimonio de los abusos contra los derechos humanos que muchas mujeres afganas siguen sufriendo" y también "una llamada a la acción para el necesario apoyo de la comunidad internacional". Mientras el zina siga siendo la "base fundamental" para "perpetuar un sistema de violencia legitimada contra las mujeres" habrá pocas posibilidades de cambio, escribe Maj en el libro.
 "Si las mujeres tuvieran la libertad de elegir a sus parejas, ya no sería responsabilidad del Estado salvaguardar su virginidad. Mientras la libertad de elegir sea negada, la violencia y el sufrimiento seguirán existiendo, y mientras los cuerpos de las mujeres sean considerados como algo que se puede comprar y vender, esta guerra en nombre de la moral va a continuar", añade. Los agresores, impunes 

Para la fotógrafa es especialmente dramática la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres que huyen de sus hogares para escapar de abusos. "La policía las rastrea como si las criminales fuesen ellas y a menudo terminan en prisión, mientras que sus agresores quedan impunes", dice Majac, que pone énfasis en la corrupción que campa por sus fueros en las cárceles —los guardias incautan los teléfonos móviles de las presas una vez a la semana y les obligan a pagar si desean recuperarlos—, la exención de culpa a los culpables de crímenes de violencia de género y el peligro añadido por los talibanes, que han asesinado, desde 2008, a varias de las primeras mujeres policía afganas en llegar a grados de mando. 

Publicadopor 20minutos.es -  Jose Angel Gonzales – 20/04/15 –


FOTOS MUJERES MUSULMANAS EN LAS CARCELES


(1     ALMOND GARDEN, 62Foto de Gabriela Maj de una mujer afgana encarcelada con su hija (© Gabriela Maj. Excerpted from the book 'Almond Garden'. Published by Daylight Book)

(2    ALMOND GARDEN, 008Las mujeres afganas retratadas por Gabriela Maj deben llevar a sus hijos a la cárcel porque las familias las rechazan y se niegan a prestarles ayuda (© Gabriela Maj. Excerpted from the book 'Almond Garden'. Published by Daylight Book)

ALMOND GARDEN, 38Una de las mujeres afganas presas retratadas por Gabriela Maj posa en la cárcel con su bebé (© Gabriela Maj. Excerpted from the book 'Almond Garden'.
Published by Daylight Book.)




Mujer Campesina: Un actor social y político que asciende

 En memoria de Margarita Murillo, dirigente campesina, defensora de derechos humanos y militante del FNRP.

"Es necesario crear una democracia que no sea manca; que tenga dos manos: La representación inevitable y la participación esencia de la política” Enrique Dussel

Los procesos de reforma agraria en Latinoamérica penalizaron el acceso de la mujer campesina a tierras y demás activos productivos. Un argumento teórico es que las unidades de producción campesina son homogéneas, en tanto comparten sus bienes y el trabajo entre todos sus miembros y también sus ingresos o pérdidas, asignándole al jefe de hogar, en este caso el hombre, un derecho de propiedad legitimado por el Estado.

La mayor parte de las leyes de reforma agraria aprobadas en décadas pasadas, años 60s y 70s, consignan este derecho de propiedad al tipificar como único beneficiario de dicho proceso impulsado por el Estado, al hombre cabeza de hogar. En las fincas colectivas creadas, llámese cooperativas, unidades de producción de base o empresas asociativas campesinas, el trabajo de los campesinos es colectivo, pero un vez pagado el valor de la tierra al Estado, pasa a su poder en caso que la unidad de producción colectiva no se disuelva; pero si esto último sucede, el dueño de la tierra es el cabeza de hogar sin tener ninguna obligación moral ni jurídica para compartir este beneficio (físico o en dinero) con su cónyuge.

Los programas de ajuste estructural reivindicaron el derecho de propiedad de la mujer sobre las tierras de la reforma agraria entregadas por el Estado, pero buscando conseguir otros resultados: a) debilitar el trabajo colectivo; b) aumentar el grado de explotación de la fuerza de trabajo de la unidad familiar. Se diseñaron programas de compra de tierra para mujeres campesinas sin tierra o en posesión precaria de esta, al margen de la tierra adjudicada por el Estado para fines de la reforma agraria; acompañado de proyectos de desarrollo productivo que al final incrementaron el tiempo de trabajo de la mujer rural.
Otro argumento teórico para excluir a la mujer, se basa en la invisibilidad de su trabajo en el campo y falta de cuantificación de su remuneración y aporte a la economía familiar, comunidad, municipio, región y país. Según este argumento, la mujer campesina tiene poco tiempo disponible para asumir nuevas obligaciones como aquella de ser sujeta de crédito por los bancos y participar en la organización y administración de las empresas campesinas.


La experiencia latinoamericana demuestra no solo lo débil de estos argumentos y errático de las políticas de gobierno que los acompañan, sino también que la mujer campesina es el principal actor social y político de la lucha en contra de la pobreza, la indigencia, sequia, hambre, inseguridad y soberanía alimentaria, defensa de los territorios y recursos naturales como los bosques y las fuentes de agua; un actor muy visible y fundamental para transformar el agro latinoamericano. En las peores condiciones socio-económicas siguen produciendo alimentos en la parcela de tierra o fuera de esta, son jornaleras estacionales, responsables de atender la familia y niños, participar activamente en la vida comunitaria y religiosa. El tiempo de trabajo de la mujer (no reconocido ni remunerado) es mayor que el realizado por el hombre, pero no se escucha su clamor cuando exigen políticas de Estado a su favor y en contra de la injusticia social y desigualdad económica.
La recién declaración de la V Asamblea de Mujeres de la CLOC- Vía Campesina celebrada en la Argentina en el marco del VI Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo de fecha 12 y 13 de abril de 2015, exige la vigencia de una reforma agraria integral y popular, agricultura limpia (no tóxica y libre de transgénicos), derechos de propiedad sobre los territoritos y recursos naturales y ambientales, derogación de tratados comerciales excluyentes, vigencia de nuevas relaciones sociales de producción en el campo y la no agresión y violación de derechos humanos. Pero también exigen mayores espacios para la participación y representación social y política, convirtiéndose en actor principal de su propio destino; o sea representando a sus bases sociales en las instancias de decisión política, y actuando como auditor social de las intervenciones públicas ejecutadas por el Estado.

En este marco, hay en la agenda pública cuatro temas que deben priorizarse. El primero es la organización nacional para la integración regional. En la Argentina el movimiento de organizaciones de mujeres mostró sus fortalezas, pero a lo interno de los países falta todavía trabajo que realizar. Para el caso, las organizaciones o federaciones de mujeres campesinas en gran parte de los países de la región centroamericana no tienen agende propia, y sus actuaciones están delimitadas por las políticas de gobierno, los programas y proyectos que ejecutan con la cooperación internacional y los pocos espacios que se brindan por los partidos políticos progresistas.

En segundo lugar se apuesta a una reforma agraria integral con soberanía alimentaria y enfoque de género, pero es evidente que las condiciones de lucha no son las mismas que 40 o 50 años antes; caso particular de los interlocutores que están representados ya no por terratenientes y compañías bananeras, sino por empresas transnacionales corporativas con sede en el exterior que utilizan incluso las embajadas de sus países de origen cuando son afectados por las "tomas” de tierras (C. Kay: 2012). Esta lucha es a mediano y largo plazo, pero en el corto plazo la vigencia de nuevos programas de reforma agraria territoriales, impuestos a tierra(s) ociosa y mal utilizada, fondos de tierra y los bancos de crédito y semillas son alternativas también posibles.

En tercer lugar los movimientos de mujeres campesinas tienen mayor conciencia de los efectos e impactos negativos de los tratados comerciales unilaterales en la producción y consumo de los alimentos básicos, que afecta también las condiciones de reproducción material de las familias ya que se inundan los mercados de productos alimenticios subsidiados. El clamor, tal como se desprende de la declaración de CLOC-Vía Campesina, es la revisión y derogación de los tratados comerciales. En la región centroamericana las organizaciones exigen la revisión del CAFTA-RD, pero no todo el movimiento campesino apoya esta iniciativa. Urge la conformación de una agenda de trabajo unificada y, además, la exigencia de los reparos por daños causados a los productores de bienes "sensibles” (maíz y arroz por ejemplo) y sus familias. En Nicaragua, Honduras y el Salvador, organizaciones de mujeres campesinas y de comercialización de alimentos hablan de una agenda complementaria al tratado, la vigencia de un Observatorio de Tratados Comerciales y la derogación de cláusulas leoninas como controles fitosanitarios en EEUU que encuentran siempre una justificación para que pequeños productores de la región no exporten.

Finalmente, la lucha por la defensa de los territorios, recursos naturales y culturas ancestrales es una lucha de país, por lo que las alianzas son parte de la estrategia de cada organización campesina y étnica. Es también una lucha política que necesita de la participación de una organización más amplia como los partidos políticos a lo interno, y los gobiernos de otros países afines a lo externo. En Centroamérica está vinculación es menos fuerte, por lo que hay que participar activamente en las negociaciones para cargos de elección popular y posicionarse en discursos políticos y programas de gobierno futuros.

Publicado por ADITAL – Honduras - Javier Suazo – ALAInet – 17/04/15 -

Lenta liberación sexual china demanda al régimen que deje su puritanismo

El gigante asiático, que durante siglos mantuvo una postura muy cerrada hacia el sexo vive desde los años 70 una "lenta revolución sexual"

El desarrollo económico y la apertura al exterior han ayudado a la sociedad china a tener una postura hacia el sexo similar a la de Occidente, aunque choca con un Gobierno que mantiene leyes rayanas al puritanismo que, según los expertos, tendrán que caer pronto si quieren adaptarse a la realidad.

El gigante asiático, que durante siglos mantuvo una postura muy cerrada hacia el sexo -que se acentuó todavía más con la llegada del maoísmo-, vive desde los años 70 una "lenta revolución sexual", en palabras de la sexóloga china Li Yinhe, la más célebre defensora en su país de reformas que acompañen a esa liberación.
China sufre un gran contraste entre la visión del ciudadano de a pie, que en 30 años ha pasado a ver el sexo con naturalidad, y unas leyes que continúan prohibiendo la pornografía y el sexo en grupo, o persiguen a la prostitución buscando humillar públicamente a quienes la ejercen.
Esto rechina en un país donde se habla de sexo con cada vez mayor apertura, la pornografía se consume con normalidad o el sexo premarital, que hace 30 años era practicado por sólo un 15 por ciento de la población, ahora se da entre más del 70 por ciento.
"Lo que más ha ayudado a este cambio ha sido la economía", destaca a Efe Li Yinhe, quien señala que "cuando la población ha podido asegurarse una comida y un techo, es cuando se presenta el sexo como la siguiente necesidad a cubrir".
Además, "la vigilancia ideológica se ha relajado", lo que, lamenta, aún no se ha traducido en la eliminación de leyes antipornografía o que persiguen los intercambios de parejas, aunque sí que ha disminuido su persecución y se han reducido las penas.
También ha bajado la aceptación social de esas persecuciones, como se vio el año pasado en la ciudad sureña de Dongguan, una de las principales mecas de la prostitución en el país, donde una campaña de redadas contra sus burdeles se saldó con la detención de decenas de mujeres.
Buena parte de la sociedad china se solidarizó con las prostitutas detenidas enarbolando el lema "todos somos Dongguan".
Se pedía entonces que se dejara de detener o de humillar -a veces con "desfiles" de las arrestadas por las calles y otros actos heredados de la Revolución Cultural- a quienes ejercen ese oficio, y que en lugar de ello se persiguiera a proxenetas o a clientes.
En los años 90, la Justicia china aún dictaba ejecuciones contra personas que difundían pornografía o regentaban establecimientos donde se ejercía la prostitución.
Actualmente, las penas se han reducido a un periodo corto de prisión, aunque la sociedad aún demanda cambios ya que, según explica a Efe la sexóloga, "aún es ilegal, por ejemplo, el sexo entre más de tres personas, algo que está en contra de la libertad individual".
Las contradicciones en torno al sexo no son sólo cosa de la era comunista en una China que durante mucho tiempo, aproximadamente hasta el siglo X, fue sorprendentemente abierta en este asunto.
Así puede verse, por ejemplo, en antiguos manuales taoístas para la práctica del sexo comparables al "Kamasutra" indio.
Aquella "edad de oro del sexo" se apagó en dinastías siguientes, y con la llegada del comunismo en 1949 la represión se acentuó, ya que el régimen de Mao identificó la promiscuidad sexual con las clases más pudientes.
"El sexo era interpretado como un lujo", señaló Li sobre los tiempos iniciales del régimen, que comenzó cerrando todos los burdeles, prohibió el sexo extramarital -medida que no se abolió hasta 1997- y puso fin a la poligamia en el país de las concubinas imperiales.
Las contradicciones enseguida afloraron y tanto entonces como ahora las concubinas continuaron existiendo con otras fórmulas entre la elite: líderes comunistas o ricos empresarios tienen una o varias "ernai" (como se denomina a las "segundas esposas") y con frecuencia no lo ocultan a su círculo cercano.
Tema aparte es el de la homosexualidad, que en China, según la sexóloga, nunca ha estado prohibida ni tampoco ha sido mal vista socialmente, aunque, eso sí, siempre envuelta en un halo de extrema discreción.
Artistas como la bailarina transexual Jin Xing, muy popular en China, ayudaron a normalizar la inclusión social del colectivo LGBT, aunque las autoridades aún son recelosas, por ejemplo, a actos públicos de reivindicación.
La inesperada cancelación en años pasados de festivales de cine gay, concursos de belleza protagonizados por homosexuales y actos similares muestran ese recelo, aunque Li vaticina que China se abrirá también en este frente e incluso vislumbra una pronta legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
"En Taiwán ya están en trámites para ello y no es difícil que aquí al lado China le siga", subraya la experta, quien a finales del año pasado reveló que su actual pareja es transexual.

Publicado por elespectador.com -  El Mundo – 19/04/15 -

Las mujeres, la guerra y la paz

Las mujeres siempre han estado en la lucha política y en las victorias de los pueblos por la emancipación, la justicia y libertad. Su presencia ha sido permanente en el protagonismo social, político, cultural y económico, aunque su reconocimiento y visibilización en esa gran labor ha sido opacada, incluso excluída del disfrute de las conquistas, por patrones patriarcales existentes.
Por el contrario continúan en su vida cotidiana con el doble rol, la doble jornada laboral. Constituye ésta una de las facetas más excluyentes e impositivas que han llevado a la mujer a la más horrible explotación y discriminación.

Es un odioso y profundo lastre que hemos llevado los humanos por miles de años arrastrando como una pesada carga, es una enfermedad terminal que debemos combatir con una nueva concepción de la vida y de las relaciones entre las personas, sin importar nuestra condición de clase, raza, credo, sexo y otras realidades diversas de identidad.
Como si fuera poco, se les ha asignado específicamente la reproducción, los oficios domésticos, y en la vida laboral si devenga un salario está por debajo de lo que le pagan a los hombres por cumplir el mismo trabajo. Sin embargo a pesar de la existencia de normas legales para vincularla al proceso productivo, luego de hacerlo, terminan en responsabilidades secundarias, imponiéndose el hombre por encima de ella, exclusivamente por su condición masculina.

Las guerras convencionales y los conflictos internos, han hecho de las mujeres sus principales víctimas, han sido asesinadas, desplazadas, amenazadas, son miles las viudas y huérfanas; millones las que han padecido violencias de todas las maneras y tipos posibles.
En medio de semejante adversidad, las mujeres continúan construyendo sus sueños y anhelos, a través de sus luchas por la igualdad de género y social, por la conquista plena de sus derechos, por el reconocimiento como sujetos sociales y políticos. De ahí su protagonismo en el proceso de paz que se desarrolla en La Habana.
Porque es claro que en Colombia no habrá paz sin el concurso creador y masivo de la mujer, sin su participación activa. La inclusión de las mujeres en todas las etapas de construcción de la paz es un requisito esencial para el sostenimiento de la misma.

Un informe de la ONU, señala que en procesos de paz desde 1992 a la fecha, la participación de las mujeres ha sido baja, sin embargo, en estos procesos, la violencia sexual contra ellas ha sido referenciada en el debate. En la década de 1990, en la República de El Salvador en la Mesa de Negociación con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) las mujeres propusieron un plan de reparación.
En Irlanda del Norte, las mujeres aseguraron la participación de una representante en la Mesa de paz creada en 1997, al constituir una agrupación política de mujeres de distintos partidos que participó en la reconciliación y la reintegración de los presos políticos. En la República de Sudáfrica, a mediados de la década de 1990, la Comisión Nacional de la Mujer pidió que la mitad de los multipartidistas fueran mujeres, y logró que uno de cada dos representantes de cada partido también fuera una mujer, participantes en el proceso de negociación.

En la república de Guatemala, las mujeres influyeron de manera significativa en las conversaciones que condujeron al acuerdo de paz de 1996. En Asha Hagi Elmi constituyó el Sexto Clan de mujeres en la República de Somalia en las conversaciones de paz donde se había excluido a las mujeres. En Burundi, Las mujeres presentaron su lista de recomendaciones al facilitador de las negociaciones, Nelson Mandela, y más de la mitad de dichas propuestas quedaron recogidas en el acuerdo de paz.
Es apenas una muestra de los esfuerzos que han hecho las mujeres por alcanzar su espacio en la sociedad, por ser activas constructoras de paz.

El 26 de agosto de 2012, el Gobierno y las FARC-EP, firmaron un "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Cabe recordar acá que los recientes procesos de paz llevado acabo en Colombia, las mujeres no han sido incluidas como debiera ser, sin embargo, en la Delegación de Paz de las FARC-EP, casi la mitad son mujeres y a instancias de la Mesa de Conversaciones en La Habana, se creó la Subcomisión de Género para darle un enfoque de género a los acuerdos, para interlocutar con representantes de organizaciones de mujeres, de las cuales hicieron presenica 16 lideresas y 2 representantes de la comunidad LGBTI. Las conclusiones de las tres audiencias realizadas, serán recogidas y tenidas en cuenta en los acuerdos pactados desde la perspectiva de género.

Definitivamente debemos todos y todas sin excepción, desarrollar una campaña de visibilización, reconocimiento del papel y los derechos de las mujeres, con medidas afirmativas temporales, mientras sea necesario, que permitan alcanzar la igualdad de género. Debe ser un compromiso de los hombres junto a ellas, avanzar en este necesario y urgente objetivo de vida y de esperanza para el futuro de la sociedad.


Publicado por AmecoPress/Mujeres Farianas – Cuba – Rubín Morro – 21/04/15 -

En Nicaragua el matrimonio es solo para él y ella

Una de las numerosas movilizaciones con que las organizaciones defensoras de la diversidad sexual en Nicaragua reclamaron en 2014 que se reconociese a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans el derecho al matrimonio y a la adopción, lo que finalmente no le reconoció el nuevo Código de la Familia. Crédito: Cortesía de la Red de Desarrollo Sostenible de Nicaragua.

Nicaragua estrenó este mes un nuevo Código de Familia, que en general mejora y actualiza los derechos de la población, pero que tiene un gran vacío: no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y, en consecuencia, les cierra las puertas a la adopción. 
Las organizaciones que defienden los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans  e intersex (LGBTI) lucharon sin éxito hasta el final para que el nuevo orden legal establecido por la Ley 870, la del nuevo Código, recogiese sus demandas a favor del matrimonio igualitario y les permitiese la adopción.
Marvin Mayorga, activista del Proyecto Acciones Urgentes contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en Nicaragua, resaltó a IPS “el carácter discriminatorio de la ley”.

“Al establecer que el matrimonio y la unión de hecho estable solo es entre hombre y mujer, un sector importante de la población, que forma parte de la diversidad sexual, es víctima directa de la violación al principio universal de igualdad y no discriminación”: Ramón Rodríguez.

La falta de reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario “nos obligan a permanecer bajo el estado civil de soltería y las personas solteras no tienen permitido adoptar en este país por la vía legal y constituir una familia”, alegó.
Además, “fuera de la familia hay más barreras para acceder a garantías mínimas y beneficios como el trabajo digno, seguro social, educación, salud y vivienda”, denunció.
El activista destacó que “las familias en Nicaragua son diversas, pero se quiere imponer un solo modelo de familia”.
El nuevo Código entró finalmente en vigor el 8 de este mes, tras cumplirse una serie de trámites desde su aprobación en 2014 por la legislativa Asamblea Nacional.
A través de esta herramienta jurídica el Estado busca proteger los derechos individuales de cada miembro de la familia y a la vez los colectivos de este núcleo social reconocido como institución sujeta a garantías y obligaciones.
El Código, según detalló a IPS su principal promotor, el diputado Carlos Emilio López, del  gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, reúne y actualiza  en 674 artículos lo que hasta ahora estaba disperso en 47 diferentes normas.
El nuevo marco jurídico aborda temas como matrimonio, derechos patrimoniales, adopción y jubilación, derechos de madre, padre e hijos, divorcios, demandas de alimentos o responsabilidad paterna y materna.
Hasta ahora, los asuntos de familia se suscribían principalmente al vetusto Código Civil de 1904, que según López regulaba el tema bajo una fuerte doctrina católica y conservadora, que supeditaba los derechos de las mujeres y la niñez a la figura masculina como principal soporte de la familia.
“Se analizó minuciosamente que cada miembro de la sociedad, como individuo parte de una familia, tuviera bien claro sus derechos, obligaciones y deberes conforme a la Constitución Política y las leyes del país, de modo que no hubiera discriminación para nadie por ninguna razón”, dijo.
El diputado argumentó que no existe discriminación para las personas LGBTI, porque la Constitución Política, que es la norma suprema del país y está sobre el nuevo Código, protege el derecho de cada nicaragüense sin desigualdad alguna.
Pero Luis Torres, coordinador ejecutivo de Alternativa Nicaragüense de Diversidad Sexual, sostuvo a IPS que el nuevo Código sí  discrimina a las personas LGBTI al excluirles del derecho a matrimonio legal y obligar al Estado a transferir los beneficios sociales únicamente al núcleo familiar reconocido por la nueva norma.
“Es un retroceso. A través del Código, el Estado deja fuera en asuntos de amparo y seguridad social, a las parejas del mismo sexo que son convivientes. No se reconoce el matrimonio ni la unión de hecho estable entre personas del mismo sexo”, aseguró.
Eso se traduce en que “las parejas LGBTI no tenemos acceso a derechos conexos como el derecho a crédito familiar, a adopción, extensión por viudez, muerte y lesiones en seguro social, entre otros derechos que sí gozan las parejas heterosexuales”, detalló.
Estimaciones locales e internacionales indican que 10 por ciento de la población nicaragüense, de 6,1 millones de personas, es sexualmente diversa.
El Código tiene entre sus avances el de reconocer por primera vez en el país, la unión de hecho estable en igualdad de derechos y obligaciones que el matrimonio tradicional. Pero esa unión o el matrimonio solo pueden ser “entre un hombre y una mujer”.
Para el catedrático de derecho penal y de derechos humanos en la Universidad Centroamericana y la Universidad Americana, Ramón Rodríguez, “al establecer que el matrimonio y la unión de hecho estable solo es entre hombre y mujer, un sector importante de la población, que forma parte de la diversidad sexual, es víctima directa de la violación al principio universal de igualdad y no discriminación”.
Samira Montiel, procuradora especial de la Diversidad Sexual, difiere de estas críticas de promotores de derechos humanos y de las organizaciones de LGBTI.
“Yo igual hubiera querido que el Código me permitiera casarme y adoptar, pero la Constitución Política no lo establece así y el Código no puede estar encima de la carta magna”, dijo a IPS la funcionaria.
Montiel aseguró que aunque “de momento” no se establece el matrimonio entre personas del mismo sexo, “los derechos individuales de cada miembro de la comunidad lésbico-gay están protegidos en razón de ser hermanos, hijos, padres, parientes y ciudadanos con igualdad de condiciones sociales”.
“A ninguna mujer lesbiana u hombre gay que tenga un hijo se le va quitar derecho, se le va negar beneficio. Hasta ahora no recibí una queja formal sobre el Código, nadie lo ha apelado, no existe una sola gestión de adopción de niños por parte de una pareja gay, no se le niega la atención médica a una lesbiana o un bisexual”, explicó a IPS.
Lo positivo del Código
Entre las novedades positivas del Código está también que se aceleran los procesos de demanda alimenticia de madres o padres, con un límite de 150 días como máximo, cuando antes podían tardar hasta cinco años.
Entre otras cosas, fija además los montos de la manutención de los hijos e hijas menores de 18 años en hasta la mitad de los ingresos del padre o madre demandado, así como sanción económica y patrimonial por incumplimiento.
Así mismo incorpora la demanda de padres a hijos por abandono, derechos de los adultos mayores ante abandono de sus hijos, pensión de alimentos a hijos e hijas hasta los 24 años, siempre y cuando se demuestre que necesitan el recurso económico.
Se incluye el derecho a potestad legal de cualquier miembro de la familia con autoridad parental en caso de ausencia de padre o madre de un hijo o hija y asuntos concernientes a divorcios, división de bienes, protección del hogar cuando haya niñez, permisos laborales y otros.
Igualmente, se prohíbe el castigo físico y trato humillante a la niñez en cualquier ámbito, e igualmente solo se permite el matrimonio desde los 18 años, edad que además se establece como mayoría de edad, en ambos sexos, para contraer obligaciones legales.
La Federación Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan por la Niñez y la Adolescencia habían demandado que se elevase hasta edad la del matrimonio, para poner freno a bodas entre niñas de 14 años o menos con varones mayores de edad.
Muchas veces esos matrimonios constituían el llamado “remedio familiar” a abusos sexuales y embarazos cometidos por hombres mayores contra niñas y adolescentes.

Publicado por IPS – Managua - Jose Adan Silva – 22/04/15 -

El macabro misterio de las mujeres de Río Rojo del Norte

 Rinelle, una estudiante de 16 años, había estado tomándose unos tragos con unos amigos cuando dos jóvenes la llevaron a un lugar aislado bajo un puente.
 Ahí la atacaron física y sexualmente.
Recuerda estar en un río, pero no si fue porque logró escapar o porque la tiraron.
Cuando pudo salir del agua, los hombres la atacaron otra vez hasta que creyeron que estaba muerta.
La encontraron medio desnuda e inconsciente en la ribera del río. No había muchas esperanzas de que sobreviviera.
"La temperatura era muy baja", le dice a la BBC el detective encargado del caso, John O'Donovan, de la policía de Winnipeg, ciudad del centro de Canadá.
"Estaba a punto de morir, pero el frío le salvó la vida", explica, refiriéndose a que a temperaturas heladas, el metabolismo le permite al cuerpo empezar el proceso de sanación.
Rinelle vivió para contar lo que le ocurrió, una oportunidad que no tuvo una larga lista de mujeres y niñas que, como ella, han sido atacadas y desechadas por razones y personas desconocidas en esta ciudad fronteriza.

Un espejo en el norte

La historia se asemeja dolorosamente a la de Ciudad Juárez en México, donde desde 1993 cientos de mujeres han sufrido un destino similar, pero se trata de Winnipeg, la ciudad con la población más grande de indígenas en Canadá.
Y es de esa población de la que provienen la mayoría de las víctimas: las aborígenes tienen una posibilidad cuatro veces mayor a ser asesinadas o desaparecer que otras mujeres canadienses.
Entre 1980 y 2012, casi 1.200 mujeres y niñas indígenas fueron asesinadas o desaparecieron, según un informe publicado el año pasado por la Real Policía Montada de Canadá.
Hay quienes piensan que las cifras oficiales son incompletas, y que el total es más alto.

Tina abrió los ojos

Un domingo de agosto de 2014, semanas antes de que encontraran a Rinelle Harper, O'Donovan había tenido que interrumpir su descanso para encargarse de otro caso: habían encontrado un cuerpo en una bolsa con pesas en el Río Rojo del Norte, el río que atraviesa la ciudad y es su alma.
El cadáver estaba en un estado tan avanzado de descomposición que tomó cuatro horas determinar que era una joven y otras cuatro para hacer una identificación tentativa.
Un tatuaje de unas alas de ángel en la espalda les indicó a los oficiales que se trataba de una chica que había abandonado su hogar, una colegiala de 15 años llamada Tina Fontaine.

Nadie sabe qué le pasó a Tina durante las semanas previas a su muerte que pasó en la ciudad.
El caso de Tina llegó a las primeras planas en todo Canadá no sólo por la horrible naturaleza del crimen sino también por lo que ella representaba.
Ella era parte de la población aborigen canadiense, compuesta por las Naciones Originarias, los inuit del norte y los metis, descendientes de los colonizadores y amerindios.
La indignación colectiva ante su muerte había marcado un momento decisivo para una ciudad que a menudo no le había prestado atención a la aparentemente sucesión sin fin de ataques violentos contra las indígenas.

Las desaparecidas

En Winnipeg ya había un equipo de operativos especiales, llamado Project Devote, establecido hace cuatro años para investigar casos no resueltos en las que la víctima es considerada "vulnerable".


En sus oficinas, hay mapas con puntos que indican los lugares en los que las víctimas de los 29 casos que investigan fueron vistas por última vez o donde fueron encontrados sus cuerpos.

La mayoría son mujeres indígenas.
Hasta ahora, únicamente un caso ha llegado a los tribunales.
El alguacil Jason Michalyshen explica que el reto es enorme: "A menudo, cuando se trata de desaparecidas, no hay una escena del crimen que podamos analizar para encontrar evidencia. Entendemos que es devastador para los familiares, pero también es frustrante para los investigadores que no cuentan con información".
Bernadette Smith es una de esas familiares devastadas, y también frustradas.
Busca a su media hermana Claudette Osborne, que fue vista por última vez en julio de 2008 con un camionero al lado de una carretera interurbana.
Claudette tenía 21 años y acababa de dar a luz a su cuarto hijo.
"Todavía estaba sangrando y este hombre estaba tratando de tener relaciones sexuales con ella", le cuenta a la BBC Bernadette. "Ella trató de llamar a pedir auxilio a las cuatro de la mañana".
Pero el teléfono al que llamaba se había quedado sin crédito y pasaron varios días antes de que su familia escuchara los mensajes. Para entonces Claudette ya había desaparecido.
Y esa no es la única pérdida que ha experimentado Bernadette. Otras tres mujeres de su familia han sido asesinadas o están desaparecidas.
Junto con otros familiares de aborígenes desaparecidas, Bernadette ha estado dragando el río con ganchos metálicos, en busca de sus seres queridos pues piensan que las autoridades no han hecho lo suficiente.
Las aborígenes son víctimas tanto de conocidos como desconocidos.

¿Quién las está matando?

Una opinión generalizada en Canadá es que las indígenas son maltratadas principalmente por miembros de su propia comunidad.
Las cifras compiladas por la Real Policía Montada de Canadá respaldan hasta cierto punto ese criterio: entre 1980 y 2012 más del 60% de los asesinatos de mujeres aborígenes registrados fueron cometidos por maridos, familiares o amigos cercanos.
Pero eso deja un 40% de casos de muerte causada por extraños o conocidos casuales, un término que a menudo se usa para describir la relación entre trabajadoras sexuales y clientes.
El asesino en serie Shawn Lamb, condenado en Winnipeg en 2013 por asesinar a dos mujeres aborígenes, las describió como "las víctimas perfectas", pues a nadie parecía importarle si desaparecían.
Esa puede ser también la razón por la que una gran cantidad de indígenas estaban entre las víctimas del asesino en serie más notorio de Canadá, el criador de cerdos Robert Pickton.
Los restos o ADN de 33 mujeres fueron encontrados en su granja cuando fue arrestado en 2002. Algunas eran autoestopistas, otras prostitutas y drogadictas.
En Winnipeg también, muchas de las mujeres aborígenes asesinadas o desaparecidas eran trabajadoras sexuales.
En los últimos años, la unidad de la policía contra la explotación de esa ciudad ha estado patrullando la ciudad por la noche para proteger a las mujeres en riesgo.
"No tenemos ninguna autoridad legal para sacarlas de la calle, pero les preguntamos si podemos ayudarlas de alguna manera para que dejen de trabajar en el comercio sexual: es terreno fértil para depredadores".

¿Por qué tantas terminan en las calles?

"Nos olvidamos de que Canadá se estableció con el imperialismo colonial, alimentado por el racismo", dice Nahanni Fontaine, asesora especial en asuntos aborígenes para el gobierno de Manitoba.
"Los pueblos aborígenes consideraban a las mujeres y niñas como sagradas e iguales, pero esto cambió a: 'son putas, son promiscuas'", postula.
Agrega que una serie de políticas del gobierno contribuyeron a la discriminación contra los pueblos originarios, especialmente contra las mujeres.
La principal era la práctica de quitarle los hijos a las madres aborígenes para criarlos en colegios residenciales, que a menudo eran brutales y abusivos. Esta política se implementó durante más de un siglo, hasta hace 20 años.
La idea era acoplar a los indígenas a la sociedad dominante, pero el efecto fue aislarlos aún más.

Otras políticas, como la de sacar a los niños de las familias y enviarlos a otra parte, a menudo para que los adoptaran en otros países, y la necesidad de que los niños indígenas dejaran sus hogares en las reservas para terminar sus estudios, también contribuyeron a la destrucción de la estructura familiar de los indígenas.
Según Fontaine, esas prácticas explican en gran medida por qué las mujeres y chicas aborígenes muchas veces terminan marginadas, vulnerables a la explotación, atraídas por la prostitución y las drogas.
Pero por encima de todo, "hay esta creencia errónea de que la explotación sexual o los niveles salvajes de violencia son culpa de las mujeres mismas", dice Fontaine, a quien le gustaría que se discutiera más bien sobre los perpetradores, los hombres responsables de estos crímenes.

Futuro

En enero, atizado por un titular en una revista que declaraba a Winnipeg como "el lugar en el que el problema de racismo de Canadá es peor", el jefe de la Policía prometió abordar el problema de la violencia contra las aborígenes, aunque señaló que "es un asunto social profundo que debe ser enfrentado desde una perspectiva comunitaria holística".
Esto porque, para cuando un caso llega a la policía, "a menudo es demasiado tarde".
Su opinión va en contravía de la del primer ministro de Canadá, Stephen Harper, quien piensa que el tema es criminal, no sociológico.
No obstante, Clunis no está sólo: el gobierno provincial de Manitoba apoya el llamado a una consulta nacional, así como lo hizo un comité de la ONU en un informe del mes pasado que acusó a Canadá de una "violación grave" de los derechos de las mujeres aborígenes.

Publicado por BBC Mundo –  Joanna Jolly – 19/04/15 -


Desafiando el poder del uno por ciento y de la desigualdad

Las mujeres suelen soportar la peor carga de los desastres naturales porque son responsables del cuidado del hogar y el bienestar de sus familias. Crédito: Zofeen Ebrahim/IP
 Cuando hay que mover un objeto que resulta muy pesado, ¿qué es lo primero que se piensa? Pedir ayuda a otra persona, ahí está la diferencia. Lo mismo puede aplicarse a los movimientos sociales que luchan por transformar la realidad.
En un contexto de crisis económica, ecológica y de derechos humanos sin precedentes, los actores sociales no pueden mantenerse aislados, más bien deben unirse y utilizar su fuerza colectiva para superar los desafíos.
El último Foro Social Mundial (FSM), realizado del 24 al 28 de marzo en Túnez, mostró que “Otro mundo es posible” si se trabaja de forma colectiva para atender las causas estructurales de la desigualdad.
Eso fue lo que llevó a la Asociación para los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo (AWID, en inglés) a comprometerse a trabajar con ActionAid, Civicus, Greenpeace y Oxfam.
Unos 70.000 activistas se reunieron en Túnez y participaron de varios talleres sobre modelos económicos alternativos, entre ellos, “Imaginaciones feministas para una economía justa”, organizado por AWID.
Ese hecho, junto a las protestas contra la reducción de los espacios para el disenso y los reclamos de justicia social son fundamentales en un mundo donde las crisis económica, ecológica y de derechos humanos están interconectadas y yendo de mal en peor.
La de Túnez fue la 13 edición del Foro Social Mundial y resultó un recordatorio y un llamado a la acción, pues el poder de la gente es el que cambiará al mundo.
Transformar la realidad, en especial en lo que respecta a los derechos de las mujeres y la justicia de género, significa reconocer y dar visibilidad a las interconexiones entre diversos asuntos.
En los últimos 20 años se lograron notables avances en los derechos de las mujeres y en la justicia de género, pero todavía queda mucho por hacer.
En el centro de la actual crisis global, hay una enorme desigualdad económica devenida en el orden establecido. Unos 1.200 millones de personas pobres son responsables de tan solo uno por ciento del consumo mundial, mientras el millón más rico concentra 72 por ciento del mismo.
Ni la población mundial ni el planeta pueden sostener el grado de consumo del Norte rico; ecosistemas enteros desaparecen y pueblos y comunidades son desplazados.
No solo aumentan los desafíos, sino que se profundizan. Muchas mujeres y niñas y personas trans e intersexuales siguen sufriendo múltiples y cruzadas formas de discriminación, así como distintas vulnerabilidades a lo largo de su vida.
Entre ellas se destaca el desproporcionado impacto de la pobreza, el fundamentalismo religioso y la violencia contra las mujeres, las crecientes redes criminales y el mayor poder de las corporaciones trasnacionales sobre tierras y territorios, además de la profundización de los conflictos y la militarización, la generalizada violencia de género y la destrucción ambiental.
Las mujeres han sido las cuidadoras del ambiente y productoras de alimentos durante siglos y ahora están al frente de la defensa del hábitat ante el avance de la destrucción y la extracción de recursos perpetradas por las corporaciones.
La violencia contra las mujeres que defienden la tierra se desarrolla con impunidad, justo cuando las mujeres y las niñas también concentran la atención de varios actores corporativos filantrópicos como motores del desarrollo.
La mayoría de los compromisos gubernamentales e institucionales para atender las desigualdades han sido débiles. La movilización de la gente y una ciudadanía activa son fundamentales en todas las regiones del mundo, pues cuanto más se movilizan y defienden sus derechos, más cierran el espacio político y ciudadano las élites gobernantes.
La declaración política de la 59 sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW59), realizada del 9 al 20 de marzo, no es más que el último ejemplo de eso.
La Declaración de Beijing, de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, fue el acontecimiento más progresista en materia de derechos femeninos en su momento y fue el resultado de 30.000 activistas de todo el mundo presionando a los representantes de los 189 gobiernos participantes.
Pero 20 años después, organizaciones de mujeres fueron excluidas de las negociaciones de la CSW59 dejando un documento débil que no avanza lo suficiente hacia el tipo de transformación necesaria para realmente logar las promesas de Beijing.
Las fuerzas de justicia, libertad e igualdad se desplazan incansablemente. Urge la necesidad de fortalecer nuestra voz y poder colectivo para ampliar nuestros análisis compartidos y construir agendas interconectadas para la acción.
El FSM sirve exactamente para eso, y en la edición de este año, hubo una diversidad de activistas feministas que debatieron sobre las causas sistémicas de las desigualdades globales de forma intersectorial, vinculando las nuevas relaciones con la tierra y el uso de esta con el patriarcado, la soberanía alimentaria, la descolonización y el poder corporativo.
Esas interrelaciones hacen parecer que la lucha es enorme, pero también permite la solidaridad entre los movimientos.
Como red global de organizaciones, movimientos y activistas feministas y defensoras de los derechos de las mujeres, AWID trabaja desde hace 30 años para transformar las estructuras dominantes de poder y de toma de decisiones y promover los derechos humanos, la justicia de género y la sostenibilidad ambiental. En todo lo que hacemos, la colaboración es central.
Creo firmemente que no podremos logar una transformación significativa a menos que nos unamos en toda nuestra diversidad. Para AWID, unirse a la lucha por la sostenibilidad ambiental, una economía justa y los derechos humanos, es otro paso en una larga trayectoria de trabajo con y para otros movimientos
Juntos podemos tomar medidas más audaces, alentarnos a dar un paso más y apoyarnos en nuestro poder colectivo y nuestro conocimiento combinado para amplificar nuestras voces. Trabajar juntos es la única forma de revertir la desigualdad y de lograr un mundo justo y sostenible.

Publicado por IPS – Sao Pablo – Lydia Alpizar Durán – 17/04/15 -