viernes, 3 de abril de 2015

India sin igualdad de género en el mercado laboral

 La mecanización y la incorporación de nuevas tecnologías en la industria instaló la preferencia por tener empleados hombres para ciertas tareas. Crédito: Neeta Lal/IPS

Las últimas investigaciones en India muestran que solo 125 millones de mujeres en edad de trabajar están empleadas, aunque desde 2004 cada vez son menos las que están en esa situación.
Solo si este país de 1.200 millones de personas, con 380 millones de mujeres en edad de trabajar, se concentra en ofrecer a las mujeres las mismas oportunidades laborales que a los hombres, logrará alcanzar los objetivos de desarrollo y reducir la pobreza.
Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), la participación femenina en la fuerza de trabajo está entre las más bajas de los mercados emergentes y de otros países de características similares.

“Tenemos que reconocer que tenemos una crisis para luego trabajar en el empoderamiento de las mujeres y así ayudar a India a desarrollar todo su potencial económico”: Preet Rustagi.

La participación de la mujer en el mercado laboral (la proporción de mujeres en edad de trabajar que tienen o buscan empleo), es de 33 por ciento, casi la mitad del promedio de Asia Pacífico y muy por debajo del mundial, que es de 50 por ciento.
En India se instaló un debate sobre igualdad de género en las juntas directivas de las empresas, donde las mujeres apenas si constituyen cinco por ciento de los integrantes, la más baja de todos los países del grupo de economías emergentes del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
Una nueva ley aprobada en 2013 exigía a todas las empresas registradas en la bolsa de valores a tener por lo menos una mujer en su junta directiva para agosto de 2014. Pero el plazo tuvo que ampliarse hasta este mes porque solo una pocas lo concretaron.
La falta de mujeres en el mercado laboral de India es una “enorme pérdida de oportunidades” para el crecimiento económico del país, se lamentó la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde.
La diversidad de género en el ámbito laboral no se trata de corrección política, sino de un imperativo económico, sostienen economistas.
Un estudio del FMI, publicado en 2013, concluye que el crecimiento de India sufrió el impacto de la exclusión laboral femenina.
“Suponiendo que la brecha de género se divide a la mitad para 2017 y se recorta a un cuarto del valor de 2008 para 2027, el ingreso por habitante de India podría ser de entre 10 y 13 por ciento superior a la línea de base si se mantiene incambiada la desigualdad de género para 2020 y 2030” respectivamente”, señala el informe.
Como las mujeres suelen realizar tareas domésticas no remuneradas, no “cuentan” en la economía formal. Crédito: Neeta Lal/IPS

Contar y reconocer el trabajo de las mujeres
Una explicación de la aparente “ausencia” de trabajadoras es la escasez de datos a escala nacional en el sector informal. Como la mayoría de las mujeres realizan tareas no remuneradas, como el trabajo doméstico, no “cuenta” su contribución a la economía cuando se registran los datos del mercado laboral.
“El trabajo que realiza una mujer en su propia casa no se registra como actividad económica, y no se tiene en cuenta para las estadísticas nacionales de ingresos”, explicó Preet Rustagi, directora del Instituto para el Desarrollo Humano de Nueva Delhi.
“Su situación es peor que la de los servicios domésticos pagos, pues por lo menos se consideran una actividad económica y cuentan en los ingresos del país”, precisó.
Las mujeres asumen varias responsabilidades como cocinar, cuidar a las personas mayores y criar a los hijos, todos trabajos cruciales para la economía y la sociedad india, remarcó Rustagi.
En los pueblos rurales, las mujeres, además, realizan tareas vitales como criar ganado, los que también queda fuera de los registros, añadió.
Hay normas culturales que también sabotean el ingreso de las mujeres al mercado laboral formal.
“La cultura patriarcal arraigada idealiza a las mujeres en, y las limita a, los papeles de esposas y madres. Las nociones de superioridad socio-ritual de un grupo o familia pueden vincularse directamente a mayores restricciones sobre las mujeres, incluida su movilidad física y un empleo fuera de su casa”, explicó Bhim Reddy, editora adjunta del Diario de Desarrollo Humano, quien ha investigado mucho sobre las prácticas de reclutamiento de personal en el mercado laboral.
Reddy también observó que la matricula escolar desigual, en especial de jóvenes mujeres de entre 14 y 21 años, también contribuyó a la asimetría en la fuerza de trabajo.
“Una mayor proporción de mujeres en ese grupo etario, que solía formar parte de la fuerza laboral, ahora está en escuelas secundarias y facultades, y eso se refleja en la disminución de mujeres en el mercado laboral”, explicó Reddy.
Si bien el número de universitarias se multiplicó, esto no se tradujo en un aumento proporcional de profesionales en el mercado laboral, según una investigación de Everstone Capital, una empresa de inversiones.
Con 22 por ciento, la proporción de graduadas que ingresa al mercado laboral es más baja que las mujeres analfabetas que encuentran empleo.
La participación de las mujeres indias en la fuerza de trabajo cayó de 33,7 por ciento, en 1991, a 27 por ciento, en 2013, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas. Entre 2011 y 2012, había menos de 20 por ciento de mujeres entre los trabajadores de los sectores no agrícolas.
Es sorprendente que la participación laboral femenina resulte particularmente baja entre las profesionales de las ciudades, un sector que se presume encuentra menos barreras sociales.
Según datos oficiales, entre 2009 y 2010, la proporción de mujeres dedicadas a tareas domésticas no remuneradas trepó a 57 por ciento en las ciudades entre las que tenían título de grado o más, con respecto al 31 por ciento registrado entre sus pares rurales con educación primaria o media.
Los especialistas sostienen que la mecanización y la incorporación de nuevas tecnologías en la agricultura y la construcción llevó a una “masculinización” del empleo para algunas tareas en esos sectores.
Además, la explotación y el acoso en el ámbito laboral empeoraron la situación. India aprobó una nueva ley para combatir el problema, según la cual las organizaciones con más de 10 empleados deben contar con un comité de protestas para investigar las denuncias.
Pero según un estudio de la Universidad de Jawaharlal Nehry, menos de 20 por ciento de los empleadores de la capital cumplen con la norma.
Además de las campañas de sensibilización, los activistas reclaman mayor inversión en infraestructura, seguridad en el transporte público, mejores centros para el cuidado infantil y recortes tributarios para atraer a las mujeres al mercado laboral.
“Tenemos que reconocer que tenemos una crisis para luego trabajar en el empoderamiento de las mujeres y así ayudar a India a desarrollar todo su potencial económico”, subrayó Rustagi.

Publicado por IPS – Nueva Delhi – Neeta  Lal – 03/04/15 -

Maltrato, abusos y prostitución en las cárceles para mujeres de México

Ciudadana francesa condenada en México por secuestro. AFP

La CNDH ha elaborado un informe en el que denuncia graves irregularidades en prisiones
Acusa al Estado de 'incumplir con su obligación' de proteger a las reclusas
La falta de atención médica o de personal técnico son otras carencias

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) ha afirmado en un informe publicado este domingo que las cárceles de mujeres del país registran graves irregularidades, desde el maltrato de reclusas a manos de funcionarios hasta la existencia de redes de prostitución.
En el 'Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana', el organismo ha dicho que se han documentado "distintas irregularidades que contravienen normas nacionales e internacionales y violan los Derechos Humanos relacionados con el trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad personal y la reinserción social de las internas".
Así, ha afirmado que el Estado mexicano "incumple con su obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas".
El informe fue redactado tras la investigación llevada a cabo por la CNDH entre los meses de febrero y marzo de 2014 en un total de 77 de las 102 cárceles para mujeres del país, donde hay recluidas un total de 11.107 internas.
"En estos centros de reclusión se detectaron irregularidades diversas, como deficientes condiciones materiales; insuficiencia en los servicios; desigualdad entre las áreas masculina y femenina; alimentación deficiente; maltrato; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno, cobros y privilegios; inadecuada separación y clasificación, y aplicación discrecional de sanciones disciplinarias", apunta.
Asimismo, ha señalado que "se confirmó la falta de atención médica; inexistencia de manuales de procedimientos; y prohibición de estancia para las hijas y los hijos de las internas en algunos casos".
Además, ha destacado "la falta de apoyo para centros de desarrollo infantil; deficiencia de programas para la atención de personas con adicciones; insuficiente personal técnico y de seguridad; falta de capacitación e inadecuada supervisión de los centros".
La CNDH ha detallado que la media de irregularidades por centro es de 14, una cifra que asciende hasta las 21 en el estado de Guerrero, en los centros regionales de reinserción social de Chilpancingo y Acapulco.
Por ello, ha expresado su preocupación "por las condiciones y el trato que se brinda a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad y a las niñas y los niños que viven con sus madres internas" y ha planteado 22 propuestas para hacer frente a la situación.
Publicado por El Mundo - EUROPA PRESS - México D. F.- 30/03/15 -


Parlamento francés lanza combate contra la anorexia en el mundo de la moda

Los diputados franceses emprendieron este viernes una batalla contra la valorización de la anorexia y los comportamientos que puedan incitar a ella, con la prohibición de emplear modelos demasiado delgadas o la obligación de identificar una "foto retocada".

En el marco de un proyecto de ley de salud, los diputados adoptaron una enmienda que prevé la prohibición de toda actividad de modelo a las personas cuyo índice de masa corporal sea inferior a niveles definidos por las autoridades sanitarias francesas.
Según el texto, toda persona que administre una agencia de modelos o que contrate modelos debe "velar por el respeto de la prohibición" so pena de seis meses de prisión y 75.000 euros de multa.

Otra enmienda adoptada prevé la mención obligatoria de "foto retocada" en las fotos de uso comercial, en las que la apariencia de la modelo haya sido modificada para "afinar o ensanchar" su silueta, dado que las modelos son a veces excesivamente flacas.
"La perspectiva de esas sanciones tendrá un efecto regulador en todo el sector", estimó el diputado que presentó la enmienda, Oliver Véran.
La enmienda del diputado socialista fue apoyada por la ministra de Salud, Marisol Touraine, que consideró "preocupante" el hecho de que haya modelos excesivamente delgadas.

Entre 30.000 y 40.000 personas, adolescentes en el 90% de los casos, sufren en Francia anorexia mental, una de las patologías psiquiátricas con mayor tasa de mortandad.
Los diputados habían aprobado ya el jueves por la noche la creación de un delito de incitación a la anorexia, pasible de un año de prisión y de una multa de 10.000 euros.
- Antes España, Italia e Israel -

La medida de tope mínimo de masa corporal será "vinculante" para todas las modelos, incluyendo las extranjeras "que desean trabajar en territorio francés", indicó Véran.
El diputado recordó que otros países han tomado ya medidas similares, como España -cuya Pasarela Cibeles fue pionera al excluir la extrema delgadez en 2006-, Italia e Israel.
Véran, que es médico neurólogo, batalló para vencer las reticencias de otros diputados a su proyecto. Para convencerlos, leyó una cara de una modelo, cuyo nombre no reveló, en la que acusa a las agencias de promover la toma de laxantes para perder peso.

En la misiva cuenta asimismo que pesa "menos de 45 kilos y mide 1, 80 metros", y que vio dejarse "morir de hambre" literalmente a una de sus colegas, que falleció de un paro cardíaco al terminar un desfile.
En Francia, país bastión de la moda, el Sindicato Nacional de Agencias de Modelos (Synam) protestó ya por esas medidas, lamentando una "amalgama ente la anorexia y la delgadez", así como la "estigmatización" únicamente de las agencias, cuando éstas deben satisfacer los pedidos de los creadores y de las revistas de moda.

Isabelle Saint-Félix, secretaria general del Synam, estimó que es "un tanto simplista" pensar que "no habría más anoréxicas si se suprimieran las modelos muy delgadas".
Alegó que la delgadez es natural en muchas de las estrellas de las pasarelas.
"Inès de la Fressange, para citar un solo ejemplo, dice ella misma que es así de constitución", aseguró, refiriéndose a la francesa que en los años 80 fue la reina de las pasarelas de la casa Chanel, antes de crear su propia marca.

Publicado por Boletín Globedia – Redacción Política – 03/04/15 -


Prueba de ADN de la sangre es más eficaz para detectar síndrome de Down

Un análisis del ADN de la sangre de una embarazada es más eficaz que las pruebas estándar para detectar el síndrome de Down en el feto, así como otras anomalías cromosómicas menos frecuentes, según un estudio publicado este miércoles.

La prueba del ADN fetal en células libres --es decir las pequeñas cantidades de ADN del feto que circula en la sangre de la madre-- puede ser realizada entre las 10 y 14 semanas de embarazo.
Los investigadores estudiaron cerca de 16.000 mujeres y encontraron que la prueba del ADN fetal en células libres identificó correctamente los 38 casos de síndrome de Down en el grupo, señala el estudio publicado en la revista especializado New England Journal of Medicine.
Sin embargo, los exámenes estándar a las mismas mujeres detectaron solo 30 de los 38 casos de síndrome de Down.

El análisis estándar consiste en la extracción de sangre para examinar hormonas y proteínas asociadas con los defectos cromosómicos, combinado con un ultrasonido que revisa el exceso de fluido en la parte de atrás del cuello del feto, denominado pliegue nucal.
Este ultrasonido también falló en el diagnóstico, que dio 854 falsos positivos, comparado con nueve de la prueba de ADN fetal en células libres.
Con otras anormalidades cromosómicas menos comunes, la prueba de ADN también resultó más precisa.
"Entre 10 casos de trisomía 18 (síndrome Edwards), la técnica de ADN libre de células identificó nueve y marcó un solo falso positivo", indica el estudio liderado por Mary Norton, profesora de la clínica de obstetricia y ginecología de la universidad de California, San Francisco.

Este test también detectó dos casos de trisomía 13 (síndrome de Patau) y marcó un falso positivo, mientras la prueba estándar solo identificó un caso de esta anomalía y diagnosticó mal a 28 fetos.
Los investigadores subrayaron que la prueba de ADN en células libres es incapaz de encontrar un rango de anomalías que detectan las pruebas estándar.
"Las mujeres que opten por la prueba de ADN en células libres deben ser informadas que éste es un examen muy preciso para detectar el síndrome de Down, pero se enfoca en un pequeño número de anomalías cromosómicas y no provee el tipo de evaluación amplia de la que se dispone con otras pruebas", observó Norton.


Publicado por Boletín Globedia – Redacción Salud – 01/04/15 -

Perú: Mujer indígena ejemplo de lucha y defensa de los derechos

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana reconoce y saluda la labor de la mujer indígena a través de su historia, ya que ella ha venido luchando por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, a pesar de la desigualdad de oportunidades. Por ello hoy 8 de marzo, aún no podemos celebrar el Día Internacional de la Mujer en toda su magnitud ya que las mujeres indígenas vienen siendo relegadas.
Problemas como el limitado acceso a la salud y a la educación para las mujeres indígenas aún es una realidad que debemos superar. Además de la discriminación y violencia sexual que se enfrentan constantemente por leyes débiles.
Incluso su participación política y social por el tema de cambio climático en la Cop20, no ha sido equitativa en comparación de la participación masculina, a pesar que son las mujeres indígenas las guardianas del conocimiento ancestral y las primeras en desarrollar mecanismos de adaptación en sus comunidades.
Por ello, las mujeres indígenas exigen al Estado dar mayores oportunidades para que puedan participar directamente manifestando sus respectivas propuestas.
Asimismo, en los tratados del Marco Convención de las Naciones Unidas no se especifica mucho la participación de la mujer indígena, como por ejemplo en el acceso directo a los recursos económicos para programas de trabajo por el cambio climático. Pues son las mujeres indígenas las que constantemente frenan la crisis climática; sin embargo, estos aportes de la mujer indígena no están siendo visibilizados y por ende su derecho está siendo relegado.
En cuanto a su participación política, la mujer indígena solo ha logrado pertenecer al 4% de los roles políticos femeninos alcanzados a nivel nacional, lo cual demuestra la poca participación en política, pues solo se ha logrado cargos como los de consejeras, regidoras y alcaldesas. Aún no hay presidentas regionales y mucho menos una presidenta que nos represente, a diferencia de los países como Argentina,Chile, Brasil, etc.
Por eso se les exige al gobierno peruano y a los gobiernos del mundo que tomen en serio el tema de la participación femenina en estos espacios de decisión. Ya que deben ser mencionadas con mayor interés y no solo en días festivos como este, el Día Internacional de la Mujer, pues muchos derechos y demandas de las mujeres indígenas aún no han sido tomados en cuenta y por ello este día debe ser el recordatorio de lo que falta por hacer.
Además se le pide a la actual Directora de la ONU MUJER, Phumzile Mlambo-Ngcuka, tomar consideración las demandas de las mujeres indígenas del mundo para su participación activa en cumbre Beijing + 20,en la COP21 que se realizará en Francia como en otros de espacios donde se reúnan las mujeres indígenas para exigir sus derechos.
Porque el objetivo que quiere lograr el movimiento indígena es crear espacios de participación equitativa para hombres como mujeres con respecto a la reivindicación de los derechos indígenas. Por ello si la voz de las mujeres indígenas es callada o ignorada también lo es para todo el movimiento indígena.
Ya que la mujer indígena a lo largo de la historia, ha sido doblemente relegada por una parte ha sufrido violencia de género y por otra lleva el peso de su condición indígena sin derechos reconocidos por su propio Estado. Aún lideras indígenas sufren de procesos judiciales por defender su territorio, su familia y la vida de la madre naturaleza. Aquella desigualad tiene que terminar.
AIDESEP hace un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para que se asegure mejores condiciones para las mujeres indígenas y el movimiento indígena.
“Aún no hay motivos suficientes para celebrar pero queremos recordar a cada una de las mujeres que transmiten sabiduría y velan por la soberanía de los alimentos en sus territorios, territorios que son la garantía para la vida en el planeta” Nery Zapata, líder indígena nacional del pueblo yine.
Publicado por Sudamérica Rural – Perú – AIDESEP – 18/03/15 -





La igualdad de género y las barreras del conservadurismo religioso

Alexya Salvador, diaconisa de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de São Paulo: "en los espacios religiosos donde los valores patriarcales son básicos, nunca habrá espacio para una práctica que fomenta la igualdad y la justicia." FOTO: Yahoo

En Brasil el siglo XXI, las mujeres siguen arrancando en desventaja en el día a día. . Con salarios más bajos que los hombres, aunque realizando las mismas funciones; a menudo, haciendo dobles o triples jornadas de trabajo; sub-representadas en los espacios decisorios o teniendo su visibilidad condiciona por el punto de vista machista, como ocurre en la publicidad; más vulnerables a la violencia y la discriminación; ellas tienen además al desafío de vencer una cultura llena de conservadurismo, muchas veces fundamentada en argumentos religiosos - cuyos defensores y partidarios han atacado [ y continúan atacando] gran parte de las conquistas obtenidas y reivindicaciones sostenidas en laigualdad de género.
A veces justificada de una manera dogmática, la desigualdad se refleja de muchas maneras, incluso en las cifras. Según una investigación realizada por una importante agencia de empleo, las mujeres ganan en promedio un 30% menos que los hombres. Y cuanto menor es la demanda de cualificación para el puesto, mayor es la brecha salarial.

En la representación política, a pesar de que ha crecido en comparación con la última legislatura, la bancada femenina - 51 diputadas - representa apenas el 10% de la Cámara. Número que contrasta con el tamaño del electorado femenino: más de la mitad (52%) del total. Mientras tanto, países como Costa Rica y Argentina tienen alrededor del 40% de mujeres parlamentarias. En Brasil, el porcentaje de las mujeres en la representación política oficial aumentó sólo un 7% en las tres últimas décadas.
En su cara más radical, la de violencia, la desigualdad de género, mata a una a mujer cada noventa minutos, siendo cometidos un tercio de estos crímenes en el hogar. Brasil ocupa el séptimo lugar en 84 países el ranking de homicidios de mujeres en todo el mundo. Reconociendo la gravedad del problema, también presionado por los acuerdos internacionales suscritos y por el movimiento de mujeres, el gobierno brasileño instituyó recientemente una ley que tipifica el feminicídio, endureciendo las penas para los que incurren en un delito de este tipo, entre otras medidas.

Bajo ataque
Actualmente, suman 78 dirigentes evangélicos entre diputados y senadores. Parte de ellos han ganado notoriedad al justificar su posiciones políticas en argumentos basados en su interpretación de la religión - en especial sobre temas que se relacionan con el aborto y la homo-afectividad. En la bancada femenina hay diez mujeres evangélicas, cinco de ellas - Clarissa Garotinho (Partido Republicano - PR - Río de Janeiro), Christiane Yared (Partido Nacional del Trabajo - PTN - Paraná),Eliziane Gama (Partido Socialista Popular - PPS - Maranhão), Tia Eron (Partido Republicano Brasileño - PRB - Bahía y Rosangela Gomes (PRB - Río de Janeiro) - fueron electas con más de 100.000 votos.

Para Magali Cunha, profesora en la Universidad Metodista de São Paulo y experta en el área de los Medios de Comunicación, Religión y Política, las acciones de las mujeres, en general, han sido invisibilizadas, aunque hay excepciones.
"Clarissa Garotinho - que lleva el apellido de su padre – está entre las que tuvieron una posición más destacada al momento de votar, junto a Christiane Yared. Esta última ha figurado al aliarse con Eduardo Cunha, dirigiendo en la actualidad, el Frente Parlamentario Evangélico. El no dar visibilidad a las mujeres presentes en espacios de poder, por parte de los medios de comunicación es una reproducción de lo que sucede en las iglesias", analiza Magali.
En relación a la bancada femenina, la mayor inquietud de losdefensores de los derechos humanos es que la nueva presencia evangélica le dé un perfil más conservador, siguiendo la tendencia del grupo parlamentario que se identifica como evangélico - dirigido por Eduardo Cunha [Partido del Movimiento Democrático Brasileño - PMDB - Río de Janeiro] - que ha librado una verdadera campaña contra los derechos sexuales y reproductivos y LGBT [Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans-género].

Antes figura entre los sospechosos del último escándalo de corrupción del país, Cunha fue conocido por ser autor de proyectos de ley como el nº 7382/2010, que penaliza la discriminación contra los heterosexuales; el nº 1672/2011 se establece el día del Orgullo Heterosexual, a celebrarse el tercer domingo de diciembre; y el proyecto 7443/2006, que la inclusión del aborto como crimen atroz.
La presión de la banca evangélica, logró incluso que la ley feminicídio no incluyese a las mujeres trans. El proyecto de ley fue cambiado para determinar que solo se incluyan en la nueva tipificación, cuando el sexo de la víctima esté registrado en la cedula de identidad. Es decir, incluso cuando se trata de homicidio basado en la cuestión de género, feminicídio sólo se aplica a mujeres que se asuman como tales en su cédula de identidad.

¿Iglesias y la igualdad de género?
Integrante de las iglesias pentecostales durante gran parte de su vida - tan antigua como el diputado Cunha -, Valeria Cristina Vilhena señala que la tradición religiosa pentecostal no siempre se identificó con el conservadurismo que hoy amenaza derechos de grupos como las mujeres.
"La religión cristiana evangélica pentecostal - tradición de la que pertenezco - y en su comienzo, ha sido reconocida por los investigadores como ecuménica e incluyente con las mujeres y los negros. Esta trayectoria histórica, por desgracia, no se consolidó. En cambio, la tradición cristiana que prevaleció fue la exclusión. Frida Vingren, por ejemplo, esposa de Gunnar Vingren - uno de los fundadores del pentecostalismo brasileño - fue invisibizada en la historia oficial de las Asambleas de Dios. Ella ha sido olvidada, aunque haya trabajado mucho junto a su compañero por el crecimiento de las Asambleas de Dios en Brasil ", recuerda.

"La religión cristiana evangélica pentecostal - tradición de la que provengo - y en su comienzo, ha sido reconocida por los investigadores como ecuménica e incluyente con las mujeres y los negros. Esta trayectoria histórica, por desgracia, no se consolidó. En cambio, la tradición cristiana que prevaleció fue la exclusión. Frida Vingren, por ejemplo, la esposa de Gunnar Vingren - uno de los fundadores del pentecostalismo brasileño - fue invisibizada en la historia oficial de las Asambleas de Dios. Ella ha sido olvidada, aunque hayatrabajado mucho junto a su compañero por el crecimiento de las Asambleas de Dios en Brasil ", recuerda.
Valeria señala que los evangélicos en general son muy abierto al mercado, a las nuevas tecnologías, a los medios de comunicación, pero en relación con los derechos de las mujeres todavía reproducen la misoginia. También destaca que los espacios sagrados, son comúnmente utilizados para diversos fines, tales como la venta de Biblias, libros, discos, organización de conciertos góspel y bazares. "Y, ¿porque no usar estos mismos espacios para la promoción de la igualdad? Para el diálogo, para combatir la violencia ¿Por qué no? No utilizar estos espacios es pecado de omisión ante la enorme desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad. Lo que ya es una violencia", cuestiona.

Hay iglesias que ya lo hacen, como la Comunidad Metropolitana de São Paulo. De acuerdo con su diaconiza, Alexya Salvador, en cultos, encuentros y tiempos de formación, la predicación incluye la lucha por la igualdad, ya sea de género, orientación sexual, los derechos civiles, la religión, etc. Alexya, que es una mujer trans, cree que en los espacios religiosos donde los valores patriarcales son la base, nunca habrá espacio para una práctica que estimule la igualdad y la justicia.
"La religión, sea la que sea, debe ser, sobre todo, un espacio de igualdad y justicia. La igualdad presupone justicia y por esta razón no hay que separar sus realidades. Sólo habrá un camino para alcanzar la justicia: si la religión propone vivirla en sus comunidades. Entonces sí, se hará el camino de concienciar a la sociedad sobre los valores del Reino de Dios, que, a su vez, nos comunica la igualdad, la justicia y la fraternidad", recuerda.

Publicado por Adital – Brasil – Koinonía – 02/04/15 -

Parejas de un mismo sexo también construyen familia

El amor familiar no se distingue por la orientación sexual de las personasSEMlac

Superando paso a paso las hostilidades de una sociedad en su mayoría homo y lesbofóbica, las cubanas Olimpia Díaz Borges y Liana López Filpo cimientan su proyecto de familia como lesbianas.
Cuando se enamoraron, cada una tenía una hija cuya educación, responsabilidad y afecto compartieron de inmediato, hace ya siete años.
"Siempre tuve el apoyo de mi familia y eso fue importante para educar a mi hija y transmitirle valores, para que comprendiera que las personas valen por sus sentimientos y no por lo que piensen los demás", defendió a SEMlac Díaz Borges, también activista por los derechos sexuales en la provincia central de Cienfuegos, a unos 300 kilómetros de La Habana.
Para su pareja fue más difícil porque cuando reveló a sus padres que era lesbiana mostraron un fuerte rechazo. Solo la comprensión de amistades cercanas y de los familiares de Olimpia le ayudaron a aceptarse.
"Merecemos respeto, y así lo conversé con mi hija, que me entiende y apoya", reconoce a esta agencia la mujer de 43 años.
Como ellas, muchas parejas del mismo sexo enfrentan rechazo y prejuicios por su orientación sexual que, por lo general, se acrecientan cuando educan en común a su descendencia, reconocen especialistas consultados por SEMlac.
La comunidad, la escuela y, en ocasiones, también parientes cercanos, emiten juicios adversos sobre las familias homoparentales que, hasta el momento, carecen de recursos legales para legitimar sus derechos como padres y madres cuando no existen vínculos biológicos.

Familias que requieren derechos

Al estudiar la representación social de la paternidad en parejas de adultos medios de orientación homosexual en la capital cubana, el psicólogo Ariel R. Arcaute Mollinea encontró que los 20 hombres entrevistados habían presentado dificultades para ejercer este rol debido a la heteronormatividad y al machismo que prima en el país.
Estos gays de entre 41 y 45 años sustentan su paternidad en las cualidades morales, la responsabilidad y en el amor como fuente de bienestar emocional y espiritual para sus hijos e hijas, además de una educación adecuada, ilustró el investigador durante un evento realizado en enero pasado por la sección Diversidad Sexual de la Sociedad Multidisplinaria de Estudios de la Sexualidad (SOCUMES) en la ciudad de Cienfuegos.
No obstante el clima favorable de estos hogares, el 85 por ciento de la muestra consideró que la sociedad cubana aun no está preparada para aceptar plenamente un nuevo modelo de familia constituido por una pareja de hombres o de mujeres.
Según el investigador, en el país se vivencia una discriminación hacia las personas homosexuales que quieren ser padres o madres pues se les invisibiliza de los programas de reproducción asistida y no clasifican para adoptar a niños y niñas sin amparo filial.
Tampoco se les reconoce como matrimonios o uniones formales, por lo que no garantizan sus derechos patrimoniales, de herencia y custodia compartida de hijos comunes (no biológicos) en caso de separación.
Hasta el momento, el Código de Familia de Cuba, vigente desde 1975, reconoce solo las uniones heterosexuales y monogámicas.
Desde hace casi 10 años, varias instituciones promueven ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) una propuesta con modificaciones para esa ley civil, entre las que se incluye el reconocimiento a las uniones consensuales entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adopción para estas parejas.
Sin embargo, el reclamo de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) por la aprobación del nuevo Código sigue sin ser escuchado, y no existen indicios de próxima atención al tema por parte de los órganos legislativos.
Arcaute asegura que estas familias proponen un modelo novedoso, con tendencia a una educación más flexible en cuanto a los roles tradicionales de género.
En los casos estudiados, sus padres proveen recursos de personalidad a sus niños y niñas, que les preparan para enfrentar actitudes discriminatorias en su vida cotidiana.
"La familia no es el único agente socializador y, por ejemplo, en la escuela y el barrio también se ejerce una presión sobre los niños y niñas", confirmó en entrevista con SEMlac el experto del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociales (CIPS) de Cuba.
Claudia Rodríguez, hija biológica de Olimpia Díaz, se ha enfrentado a este tipo de rechazo desde muy pequeña y aprendió con el tiempo a defender el derecho de su madre a amar a quien desee.
"Algunas personas no te dicen frontalmente las cosas, pero hacen comentarios desagradables y, a veces, no se sabe cómo responder ante los cuestionamientos de los propios compañeritos", narra a SEMlac la joven de 19 años.
La aceptación y sinceridad que primó en su educación la preparó para hacer frente a la discriminación, la hizo más fuerte, asegura.
"A los 10 años, mi madre me explicó que era lesbiana y para mí fue algo normal porque nunca afectó su dedicación y apoyo hacia mí, además de que crecí conviviendo con dos mujeres", dice Rodríguez Díaz.
Ella reconoce a Liana como su otra mamá, la misma que visita todas las reuniones de su escuela y se mantiene al tanto de su bienestar emocional y físico.

"Para la sociedad, es complicado adaptarse a la idea de que somos como cualquier otra familia, que nos queremos, que tenemos conflictos, que nos divertimos, pero me gustaría alguna vez poder ir a un restaurante con mis dos madres y mi hermana sin que las personas nos miraran raro", sostiene la futura albañil y restauradora.
A Naomi del Monte, la hija biológica de López, le ha costado más aceptar la orientación sexual de su madre.
"Me pareció raro al principio, pero ya me estoy adaptando, aunque mis amistades no lo saben", confesó en entrevista con SEMlac la joven de 16 años, estudiante de esgrima en la Escuela de Deportes provincial.
Ambas jóvenes están integradas como activistas a las campañas contra la homofobia que realiza el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y son parte de la Red Nacional de Jóvenes por la Diversidad y del grupo Fénix, defensor del derecho de las lesbianas en Cienfuegos.
"A pesar de que las personas piensen lo contrario, no se trata de una familia disfuncional", sostiene Del Monte, aún algo tímida para referirse abiertamente a estos asuntos.

Discriminación en la escuela

Según la psicóloga Dachelys Valdés Moreno, los niños y niñas de familias homoparentales pueden resentirse en su autoestima por los prejuicios hacia sus padres o madres, sobre todo al inicio de la etapa escolar.
"A veces el maestro o maestra reproduce prejuicios homofóbicos que segregan", sostuvo la especialista en diálogo con SEMlac.
Investigaciones sociales realizadas en Cuba demuestran que muchas veces los hijos e hijas de parejas del mismo sexo se vuelven centro del acoso y el maltrato por parte de otros pequeños y de la sociedad.
"Es posible encontrar niños y niñas que se aíslan porque les da vergüenza confesar que viven con dos mamás o con dos papás, aunque en lo privado esa situación familiar transcurra felizmente", atestigua la experta.
Durante un estudio con 200 profesionales de la educación primaria en el municipio Plaza de la Revolución de la capital cubana, realizado el pasado año, Valdés encontró rechazo del profesorado a las familias homoparentales y un amplio desconocimiento sobre temas de sexualidad.
La muestra incluyó un 85,5 por ciento de mujeres, y tuvo como promedio de edad 38 años, incluyendo personas desde 17 hasta 72 años que, en el 98 por ciento, dijeron ser heterosexuales.
Si bien no encontró casos de agresión física directa contra los niños y niñas con padre gay o madre lesbiana, sí refirieron violencia psicológica debido a la orientación sexual de progenitores, tales como motes específicos, negativas para integrarlos a grupos y burlas hacia su familia, entre otros.
Para la investigadora, en el profesorado radica una gran responsabilidad para transformar conductas homofóbicas, teniendo en cuenta que la escuela es el segundo espacio de socialización de las primeras edades.
En su criterio, poco a poco se pueden ir desmontando estos prejuicios, en la medida en que se incremente la información sobre el tema y se legislen derechos para las personas LGBTI.
"Tenemos que luchar porque las familias puedan ser de hombres y hombres, mujeres y mujeres, mujeres y hombres, o como quieran ser", anhela, por su parte, Olimpia Díaz.

Publicado por SEMLac – Helen Hernández Hormilla –  23/03/15 -


Privatización de río provoca 14 mil muertes de indígenas por inanición.

 Principal población indígena de Colombia no tiene acceso al único río de la región. Foto: Reproducción.
Desde que el principal río de la región fue represado y su agua privatizada por la industria agrícola y por la mayor explotación de mina de carbono a cielo abierto del mundo, la mayor comunidad indígena de Colombia, compuesta por los pueblos Wayúu, muere de hambre y sed. Situada en el extremo norte del país, en la península desértica de La Guajira, la población sufre por desnutrición, contabilizando por lo menos 37 mil niños indígenas desnutridos. Datos señalan que cerca de 14 mil niñas y niños ya murieron de inanición.

Según entidades que acompañan a la población, es difícil dimensionar la tragedia que ha acometido a los Wayúu. Esto es así porque esa comunidad, de origen pre-hispánico, carece de la presencia estatal colombiana efectiva. Datos divulgados por el diario digital alternativo Las 2 Orillasseñalan que la mayor parte de los niños indígenas que mueren en la región no consigue llegar a los centros de salud más cercanos para ser atendida. Sin medios de transporte, ellas tendrían que caminar enormes distancias por el desierto.
Por igual motivo, más de la mitad de ellos ni siquiera son inscriptos en el registro civil al nacer, tampoco generan declaraciones de óbito, al fallecer. Lo que imposibilita al gobierno obtener estadísticas reales de la situación en La Guajira.
Los Wayúu viven sin acceso al agua desde que el río Ranchería, único en la región, se secó en su totalidad. Su caudal está hoy destinado, exclusivamente, a las grandes haciendas del sur de la región y a las operaciones industriales de las minas de carbono. Actualmente, en su lecho transitan automóviles y animales de carga. Con esto, la etnia vive en condiciones de miseria, careciendo de alimentos y servicios básicos, como un acueducto y salud, además de electricidad y educación.

Desigualdad social y degradación ambiental
La región de La Guajira, con una población de 500 mil personas, recibió en los últimos 20 años más de 1.000 millones de dólares de incentivo para la extracción de sus recursos naturales (carbono y gas), además de un monto anual que deviene del Presupuesto Federal de Colombia. No bastando el destino desigual de recursos para las poblaciones, de acuerdo con Las 2 Orillas, la mayor parte de esos recursos termina siendo desviada en esquemas de corrupción que dominan las administraciones públicas locales.
Según el medio alternativo, el gobierno colombiano destina recursos del Presupuesto Federal para la etnia Wayúu. Sin embargo, los fondos no llegan a los indígenas. El Programa de Alimentación y Nutrición (PAN) para La Guajira, por ejemplo, destinado a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de poblaciones en condiciones de extrema pobreza, tiene una inversión anual de más de 15 millones de dólares, pero se encuentra enganchado a redes de corrupción, que detienen ese dinero ilegalmente. Denuncias de portavoces de los indígenas señalan que esos fondos terminan siendo utilizados en la captación de votos en campañas políticas.
37 mil niños de los Wayúu sufren por desnutrición. Foto: Reproducción.
En medio de todo este contexto, la Defensoría del Pueblo, órgano gubernamental encargado de la defensa de los derechos humanos de la población, llegó a calificar la situación como "crisis humanitaria”. El último mes de febrero, representantes del pueblo Wayúu recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que tutele la garantía de sus derechos fundamentales.

Los indígenas reivindican que la CIDH establezca medidas cautelares urgentes que permitan recuperar el uso del único río que hay en la región y, con esto, contener la actual mortandad por inanición, principalmente de niños y ancianos. La pretensión es que la comunidad vuelva a tener acceso al recurso natural y disfrute, de manera segura, prioritaria y exclusiva, del agua. Para ello, requieren la apertura inmediata de las compuertas de la represa para la población y que la industria utilice otras fuentes públicas de agua, como las subterráneas.

Sepa más sobre el contexto del pueblo Wayúu a través del documental inédito "El río que se robaron”, del periodista colombiano Gonzalo Guillén. La producción, con imágenes y testimonios de las víctimas, será utilizada como prueba judicial ante la CIDH sobre los hechos denunciados.

Publicado por Adital – Derechos Humanos - Colombia – Marcela Belchior – 02/04/15 -

El día a cielo abierto

La precarización laboral que afecta sobre todo a las mujeres –más cuando se trata del primer empleo o de aquellos que se buscan después de los 45– tiene una gran oferta en tareas que se desarrollan en la calle: promotoras, volanteras, mensajeras, vendedoras, artesanas y un largo etcétera en el que también se mezclan algunos trabajos formales, pero imponen la misma dificultad para apropiarse del espacio urbano que no fue diseñado con perspectiva de género. El acoso callejero naturalizado, el temor en las zonas mal iluminadas, el acceso a sanitarios –complicación extra para mujeres que menstrúan–, la anquilosada aunque viva creencia de que la calle es lugar de los varones aparecen en estas historias de mujeres que hicieron de la intemperie su lugar y que, más allá de todo, han sido capaces de apropiarse de la libertad que da acotar las horas vividas entre cuatro paredes.
Es un día de semana a la hora del almuerzo y la tarde agobia. Los que pueden buscan refugio en algún bar o están puertas adentro, en sus oficinas. Los turistas aparecerán más tarde. Por la peatonal de Lavalle circulan algunas pocas personas, pero todo se ve algo desierto. Mónica Almada barre con delicadeza. Dice que le gusta estar arreglada: tiene el pelo sostenido con invisibles, los labios bien pintados, las pestañas rizadas. Hay una prolijidad sobria, que queda de sus años de estilista en provincia. Siempre tuvo su peluquería, cuenta, pero un día decidió que quería más estabilidad y la encontró hace seis años en este trabajo como barrendera de Cliba, y en este sector que conoce como si fuera el living de su casa. “Acá estás en blanco... estoy conforme –dice–. La gente se acostumbra a verte... Yo tengo que barrer y vaciar los cestos de la basura. Renegás, claro, con la gente que no está acostumbrada a tirar la basura. A mí me han respondido: ‘Si estás para eso’. Te duele. Me costó mucho adaptarme a la calle: pasar tantas horas fuera de casa. Yo tengo mis hijos ya grandes, soy abuela y todo. Vengo de Berazategui. Al principio, hasta viajar en subte me asustaba.”
Las urbes se han moldeado para el patriarcado y las mujeres históricamente fueron relegadas al ámbito de lo privado. En una ciudad, por ejemplo, conformada con el pulso de horarios laborales que, en su origen, fueron exclusivamente masculinos, la ciudad femenina queda como una red algo enmarañada: el viaje a casa, el viaje al colegio para buscar a los hijos o hijas, el viaje al lugar del trabajo, incluso, los espacios para transitar con carritos de bebé: todo parece un gran campo que todavía no termina de ser surcado. Basta ver las publicidades: todavía se construye una mujer, por lo general, en la casa blanco-ala, o en el shopping. La ciudad, todavía, es un territorio que necesita ser ganado; sobre todo, si es ahí, en la esfera pública, donde las mujeres tienen que desarrollar su trabajo.
“Todavía piensan que la mujer debe estar en la casa. Todo trabajo de la mujer en la calle es embromado”, dice Mónica Almada, sin soltar la escoba. En una oración resume algo que señala Michelle Perrot en Las mujeres en la ciudad, donde devela recorridos, circuitos que hicieron las mujeres a lo largo de la historia, con la lógica de una antiquísima idea de que para ellas los hombres destinaban el reinado de lo doméstico.
Esa zona de peatonales cerca de Lavalle y Florida condensa un ecosistema en el que turismo y oficinas vuelven rentables distintos modos de subsistencia. Una gama de trabajos más o menos precarizados. Según un informe del Centro de Estudios Mujer y Trabajo de la Argentina, “el 40 por ciento de las mujeres trabajadoras tiene una ocupación informal, empleos precarizados y sin cobertura social”. Es en la vía pública donde se propicia este tipo de actividades. Volantear es un trabajo plagado de informalidades. En los espacios de masivo tránsito de personas, hay muchas chicas que reparten papelitos: para casas de comida, venta de celulares, agencias, gestoría, tarot. Varias se niegan a hablar. Apenas aparece la pregunta, cortan con un “No me interesa”. Laura Cerkez no tiene problema. Cuenta que viaja a Capital de lunes a sábado desde Temperley. Tiene que pararse en Lavalle con un cartel y promover los servicios de una agencia de turismo. Hace diez años que trabaja en la vía pública. Antes de ser promotora, vendió telefonía celular, también en la calle. Reconoce que no le queda otra que aceptar estos trabajos: “Por la edad... está jodido... –dice–. Yo tengo 51 años y piden hasta 45 años, por eso agarro esto. Acá estoy a comisión y tengo un viático de $400 por semana, en negro. Y tengo un objetivo que cumplir... ahora me faltan 225 para completar la semana. Igual, me acostumbré”.

Apropiación o desamparo

Cumplir horario de trabajo en un territorio que históricamente fue pensado para la rutina masculina puede ser un vaso al medio: estarán quienes ven la oportunidad de independencia y libertad, hay quienes sólo sienten la intemperie. En el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer han estudiado la urbanización desde la mirada de género y subrayaron esas cuestiones: la urbe se moldeó para los hombres y, para muchas mujeres, trabajar en la calle requiere de sortear miedos, resistir a relaciones de poder, armar lazos solidarios. Y entre la estabilidad de pertenecer a un gremio, trabajar en blanco, y la precariedad de trabajos tomados para pagar las cuentas, hay de todo: inspectoras, vendedoras de café, promotoras, encuestadoras, volanteras, cadetas, motoqueras; muchas de ellas huérfanas de reclamos que contemplen cuestiones de género. Un abanico amplio y dispar de mujeres que circulan y habitan el espacio público y tensionan, padecen o reinventan los tejidos de la ciudad.
Mónica Almada confiesa que aprendió “el código” de trabajar en la calle: “Esta es mi zona. Nosotras estamos divididas por cuadro. Somos todas mujeres barrenderas en la peatonal, por una imagen para el turismo: por eso el uniforme, que es diferente al del resto de los compañeros, que es amarillo. Fue idea de una delegada que tuvimos. El turismo te para y te comenta qué presentables que nos ven”. En todos estos años como barrendera, tejió su red. Logró, aunque dice que no fue fácil, habitar su cuadro con lazos casi maternales: cuando algún turista se acerca para darle la comida que sobró de algún restaurante, ella se lo acerca a la gente sin techo que se refugia por ahí; o le lleva bolsas de nylon al hombre que duerme bajo una marquesina para que se tape cuando llueve. “Ellos me cuidan también. Todos me saludan. Y la gente de los locales también: me dejan ir al baño, se preocupan. Acá está cada una en la suya, la que reparte volantes, la que está ‘cambio, cambio’... pero te vas conociendo”, dice.
Agustina Suárez es socióloga y tiene 34 años. Trabajó durante casi dos años en el colectivo Face to Face de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF). Tenía que ir a una zona (a ella le tocaba Barrio Norte) y la tarea era hablar con la gente, presentar la organización y conseguir asociados. Ahora coordina los grupos de quienes trabajan como lo hizo ella, en la vía pública. A la hora de elegir a alguien, cuenta que toma como prioridad la capacidad de comunicarse con el otro, la sociabilidad. Para Agustina, el trabajo en la vía pública fue muy enriquecedor. Ella venía de trabajar en investigaciones en la cárcel. La libertad de la calle fue un ventarrón de aire fresco. “Al entrar a trabajar derribé muchos prejuicios. Se puede pensar que el trabajo en la calle es descalificado, o que sólo importa la estética, pero no es así. Para mí, estar ahí resignificó todo. Además, cuando estás muchas horas en la calle tenés otra visión. Ves todo. Conectás con gente que quizá nunca conocerías”. El chaleco rojo, uniforme de MSF, para ella, da ventajas: “Nos diferencia del resto de quienes están en la calle, nos ayuda si tenemos que ir a algún baño, hasta alguna vez una situación de posible robo se suspendió porque se dieron cuenta de que éramos de la organización.”
Patricia Lucero, en cambio, no la pasó tan bien en sus años como inspectora de Aysa, la empresa de agua y saneamiento. Tiene alrededor de treinta años y, luego de dos en la calle, pidió que la pasaran a oficina. A veces le tocaban zonas despobladas o lugares en los que se sentía desprotegida, y pidió el cambio. Una inspectora debe llevar planos, comparar lo registrado en la oficina con la obra en construcción que le toca visitar. Cuando llega al lugar señalado, debe buscar los carteles de información de la obra y, si éstos no están visibles, debe darle golpecitos a la empalizada que da a la calle y, muchas veces, tiene que pedir entrar a ver los planos. En esos momentos, la chapa se corre y tiene que entrar al esqueleto de lo que será un edificio: columnas peladas, pocas luces, y un grupo de hombres que trabaja (la construcción es un universo masculino; el 97,2 por ciento del trabajo es realizado por ellos, según un informe del Centro de Estudios Mujeres y Trabajos de la Argentina). “Al principio, tenía que andar por Capital, zona oeste, zona sur, con planos grandes para ver si encontrábamos obras en construcción o indicio de ellas: arena, cemento... cuando veíamos algo, lo teníamos que anotar –cuenta Patricia–. Hasta ahí no había problema”. Todo cambió para ella cuando tuvo que pedir el ingreso a las obras para ver planos o carteles: “A veces me gritaban desde arriba de los edificios cualquier cosa cuando me veían llegar y yo tenía que ir y pedir entrar ahí. A mí, personalmente, no me gustaba. Yo no soy una persona miedosa, pero si estás sola en un lugar así, y pasa algo, ¿quién te escucha?”. Un día, cuando fue a una construcción y un hombre la amenazó, sugiriendo que tenía un arma, Patricia pidió que la pasaran a la oficina, que ahora transita con tranquilidad.
Quien hace el trabajo que dejó Patricia y lo hace con gusto es Florencia Bernárdez, su compañera. También tiene unos treinta años y dice que elige estar fuera de la oficina y reconoce que sí, que tuvo que aprender a mantener una postura, un tono, para estar afuera, pero ganó seguridad y libertad. “Empecé hace cuatro años –cuenta–. El primer año hice trabajo administrativo, pero veía que algunos de mis compañeros salían a la calle y me gustaba la idea. Entonces, hablé con mi jefa. Soy arquitecta y antes de estar acá trabajaba e iba a las obras. No es lo mismo, pero estás en contacto con gremios, obreros, y la mayoría son todos hombres. Como inspectora empecé por Devoto. A mí no me dan zonas peligrosas, pero si me tocan, sé cuáles son las manzanas y pispeo cómo está el día o la zona. Voy y sé que no me va a pasar nada. Confío. Cuando tenía que entrar a una obra, antes me daba vergüenza. Ahora me siento segura. A veces tengo que entrar y subir un par de pisos porque el cartel de la obra está oculto. Yo me mando”.

Los cuerpos en la ciudad

¿Cuán libre es la circulación cuando aparece la frase no buscada, la mirada que intimida? Cada 15 de abril se celebra el día mundial contra el acoso callejero. En toda América latina se empezó a desnaturalizar ese tipo de violencia y fue varias veces citada la encuesta de la Universidad Abierta Interamericana que señalaba que el 72 por ciento de las mujeres encuestadas había sido acosada poco tiempo antes de hacer el estudio y, de ellas, el 60 por ciento se había sentido intimidada. Estos datos se suman a lo que informa “Paremos el Acoso Callejero”, de Hollaback/Atrévete Argentina: que las mujeres mantienen un comportamiento controlado, que tratan de evitar el contacto visual, que evalúan el entorno constantemente, que buscan evitar ropas que puedan considerarse “provocativas”. La idea de este movimiento es romper con esa situación que termina por limitar la libertad y la apropiación femenina del espacio público. Cumplir una jornada laboral a la intemperie implica aumentar la exposición a este tipo de situaciones que se repiten y generan diferentes actitudes.
Varias veces, desde las seis de la mañana a las dos de la tarde, Laura Tosso se para en la barrera del cruce de Nazca y Yerbal del tren Sarmiento, en el barrio de Flores. Las piernas bien plantadas, la mano en alto, el silbato en la boca. Lleva una bandana sobre el largo pelo negro, una remera al cuerpo y el pantalón del uniforme de ferroviarios. Parece una amazona, o alguna guerrera del Street Fighter. Levanta el brazo y detrás de la vía se detienen camiones, autos, motos. Alguien le grita algo, no se oye bien qué, aunque suena a susurro pegajoso. Luego de que pasa el tren, se refugia del sol que agobia en la garita, junto al paso a nivel. Todos los días es igual. Hace cinco meses que trabaja de banderillera. Su trabajo es en la calle, donde tiene que caminar y cuidar que ningún auto cruce cuando las barreras están bajas. “Como vengo con musculosa, arreglada, y soy mujer, dicen que yo desfilo por la barrera, pero yo no tengo complejos. Yo no desfilo, yo transito mi espacio”, dice en la garita que comparte con los otros trabajadores: un cubículo de techo bajo donde hay un ventilador, un televisor, un pequeño baño solamente.
Antes, Laura Tosso había sido recepcionista en un consultorio odontológico y, antes, había tenido su local. Es la primera vez que tiene un trabajo en la calle, pero le gusta. Tiene 31 años y una hija de cinco. Dice que no tiene problema ni con las miradas, ni con los gritos, que a veces son para halagarla, a veces, para putearla. Tampoco le preocupa la ropa. “Si porque soy mujer se creen que pueden pasar cuando estoy avisando que no, empiezo a las puteadas. Tenés que estar segura, si no, no servís para este puesto. Me gritan de todo, pero a mí me fascina este trabajo”, dice antes de que pase el próximo tren. Está maquillada, tiene aros grandes, no esconde la figura. No le gusta usar uniforme.
Florencia, la inspectora de Aysa, también dice que la ropa para trabajar no es un problema para ella: “Trato de ir supertranca, no llamar la atención. Me pongo más seria, claro. Cordial, pero con cierta actitud de seguridad. Al principio no era así, con el tiempo lo fui adquiriendo, porque te tratan distinto, te respetan un poco más. Ir con presencia. Cuando entro a mi trabajo no pienso en la ropa, pienso en lo que necesito”. En el edificio de la avenida Córdoba, donde ella cuenta esto antes de salir a la calle, está Patricia, su compañera, que se mantiene firme: “No me importa no salir. Estoy más tranquila. No me preocupo ni por la ropa. Cuando salía a la calle, en verano, era remolesto. Andaba en musculosa, pero si tenía que entrar a algún lugar en el que me habían dicho una guarangada me tapaba con las carpetas que llevaba, era muy incómodo.”

¿Puedo pasar al baño?

Trabajar en la vía pública implica ciertas situaciones por demás comunes, por demás terrenales, que pueden leerse como connotaciones de la intemperie. Hay algo que va más allá de géneros. El trabajo que se realiza en la calle, por ejemplo, sólo se suspende por lluvia. A los otros caprichos del clima hay que aguantarlos. “Con el calor se hacía difícil – recuerda Mariana Parra, que era promotora de una agencia–. Yo estaba cansadísima del olor a jabón del McDonald’s. Por eso me ponía contenta cuando tenía cerca un Starbucks, porque los baños son más limpios que el resto, y no te exigen consumir algo para usarlos. Cuando llegás a una zona, lo primero que hacés es detectar los lugares a los que vas a poder preguntar si te dejan usar el baño”.
A principios del siglo XX, en la ciudad de Buenos Aires había baños públicos. Los usaban los turistas, las personas que no tenían hogar, gente que trabajaba en la calle. Incluso, ofrecían toallas y jabón. Muchos, en los parques más grandes, eran subterráneos. Se pueden ver las entradas todavía, aunque no funcionan. El último baño público se cerró en 1999. Hoy por la ciudad circulan a diario cientos de miles de personas, que trabajan, que pasean, que van de un lugar a otro. Los baños públicos con los que se cuentan están en algunas estaciones de tren, en oficinas de gobierno, en estaciones de subte. Si eso no está disponible o, como suele ocurrir, muestran ese paisaje de posguerra: inodoros que no funcionan, falta de papel higiénico y jabón, piso mojado, ir a esos espacios es la última opción, de ser posible, sobre todo, en los días de menstruación. Quedan entonces los bares, y la ruleta del buen humor que a veces toca, a veces no, para poder usarlos sin la condición de consumir algo. Para cambiar esa situación hay algunos proyectos de ley, con diferentes matices, que se acercan o se alejan de una realidad, otorgar baños públicos es una obligación del Estado. Por el momento, pasar muchas horas en la calles implica, por lo general, buscar el McDonald’s más cercano.

La conquista del territorio

Agustina Suárez se fascina cada vez que recuerda la experiencia en la calle. Para una socióloga, poder ver el lado de adentro de ese mundo es tentador. “Hay lugares regenteados por volanteros. Hay áreas de disputa, hay puertas de locales que los dueños piden liberar. Hay que armarse de un carácter”, dice.
A veces, con trabajos más informales, esa dinámica puede adquirir otros matices. Erica es boliviana y tiene diecisiete años. Pide no decir su apellido. Por estos días, vende remeras con estampa de superhéroes para niños sobre una manta en la avenida Avellaneda, en Floresta, otro punto de movida multitudinaria. Se calculan más de 650 puestos en las calles por la zona, un gran porcentaje es atendido por mujeres. Los sábados el lugar es un hormiguero repleto. Apenas hay espacio para caminar. Se las ingenia, cuando alguien pisa su mercadería, pide que por favor tenga cuidado. Hace dos años que trabaja para ayudar a sus padres. Conoce a las dos manteras que hoy están a su lado y, si alguna tiene que ir al baño, se cuidan entre ellas la mercadería. “Igual, nos ayudan los hombres, que son los que bajan todo de las camionetas”, cuenta Erica. Al baño va a los bares de sus paisanos. Muchos hacen lo mismo, en las calles que cruzan la avenida. ¿Y qué pasa cuando vienen los gendarmes a correrlos? ¿Hay diferencia en el trato con hombres y mujeres? “No, ahí sí para los gendarmes somos todos iguales”, dice la chica que desde los quince vende en la calle, en ese territorio que para muchas es intemperie y, para muchas, un mapa ganado o a ganar.

Publicado por Pág12 – Suplemento Las12 – Argentina – Natalia Gelós – 02/04/15 -