lunes, 2 de marzo de 2015

Mujeres lambadas luchan contra la trata infantil en India

Las mujeres lambadas, que nunca fueron a la escuela, se esfuerzan para que sus hijas sí lo hagan. Cuando una niña se ausenta de la escuela por demasiado tiempo, suenan la alarma ante la posibilidad de trabajo o trata infantil. Crédito: Stella Paul/IPS
A sus 11 años, Banawat Gangotri tiene ya cuatro de experiencia como trabajadora agrícola. La niña, integrante de la comunidad nómada de los lambadas, del pueblo de Bugga Thanda, en el sur de India, recogía algodón y pimientos desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde a cambio de un jornal aproximado de un dólar.
Cada día, su padre se quedaba con sus ingresos y los gastaba en alcohol.
Pero a mediados de este mes, ese ciclo se quebró. Horas antes de que su padre la llevara a Guntur, un distrito productor de pimientos (llamados también ajíes o chiles), a 168 kilómetros de distancia, Gangotri fue rescatada y llevada a una escuela con internado en la vecina localidad de Devarakonda, donde ahora cursa el cuarto grado.
Una organización sin fines de lucro, el Centro de Recursos Gramya para la Mujer, dirige la escuela. También moviliza al pueblo lambada contra la trata de niños y niñas, el abuso infantil y el infanticidio, prácticas frecuentes en la comunidad del austral estado de Telangana.
La escuela tiene a 65 niños como Gangotri, rescatados del trabajo infantil o los traficantes.
“Me gusta la escuela. Cuando sea grande voy a ser maestra”, dijo Gangotri a IPS.
El pueblo de Gangotri es uno de los solo 40 en toda India en contar con un Comité de Protección Infantil, cuyos 12 integrantes trabajan para prevenir la trata y el trabajo infantil esclavo o forzado.
El comité, capacitado por Gramya en los derechos de los niños y las mujeres, vigila atentamente a las niñas en edad escolar del pueblo. Si una de ellas no asiste a la escuela por un par de semanas, suena la alarma: en general una larga ausencia significa que la niña fue destinada al trabajo o al casamiento.
Pero la vigilancia no logra salvar a todas. El mismo día del rescate de Gangotri, Banawat Nirosha, una niña de 12 años, desapareció de la aldea de Mausanngadda. Sus padres, campesinos sin tierra, la llevaron con ellos para trabajar como recolectores de pimientos en la localidad de Guntur.
Es probable que los padres vuelvan cuando termine la cosecha en marzo, pero existe la posibilidad de que arreglen el matrimonio por conveniencia de su hija en Guntur, según dijeron varios aldeanos a IPS.
Frenar la matanza y la venta de las hijas
Estos casos son comunes, pero el comité asegura que las cosas mejoraron mucho en la aldea, donde el infanticidio femenino y la trata de niñas eran generalizados hace solo 20 años.
En marzo de 1999, tras el rescate de 57 niñas lambadas de una red de trata en Hyderabad, la capital de Telangana, investigaciones policiales revelaron que, entre 1991 y 2000, unos 400 bebés de la región fueron vendidos y comprados en adopción, pero los activistas temen que muchos hayan terminado como mano de obra esclava o en el comercio sexual de India.
En este país donde se calcula que tres millones de niñas “desaparecen” cada año debido a los abortos selectivos y el infanticidio, las niñas lambadas corren un doble riesgo.
La fundadora de Gramya en 1997 y activista social de Hyderabad, Rukmini Rao, recuerda algunos de los horrores que experimentó en su labor, como haber impedido que una familia, que ya luchaba por mantener a cuatro hijas, matara a dos mellizas recién nacidas en un pueblo de Telangana.
Un estudio que Rao realizó concluyó que en el pueblo había 835 niñas por cada 1.000 varones.
En la actualidad, gracias a la sensibilización y a la vigilancia de la comunidad, esa proporción ascendió a 983 cada 1.000, muy por encima del promedio nacional de 941 niñas cada 1.000.
Pero queda mucho por hacer. En este país donde 50 por ciento de la población tribal vive en la pobreza, con menos de un dólar al día, evitar que las familias lambadas maten o vendan a sus hijas es una batalla cuesta arriba.
Suma Latha, una coordinadora de Gramya con 14 años de experiencia en la formación de mujeres lambadas como activistas de derechos del niño, dijo a IPS que las embarazadas suelen viajar a Hyderabad, donde venden sus bebés recién nacidos por unos pocos miles de rupias, y de vuelta en el pueblo explican que murió al nacer.
“La venta es siempre en contra de la voluntad de la madre, arreglada por el padre y la suegra”, aseguró Latha. Cuando Gangotri fue rescatada, su padre había ofrecido “dar” a la chica por 15.000 rupias, o unos 250 dólares.
De piel clara y ojos color avellana, los niños lambadas son muy solicitados por parejas sin hijos oriundas en su mayoría de las ciudades, que están dispuestos a pagar generosamente por un bebé.
Algunos terminan en casas de familia, pero otros casi seguro que caen en manos de delincuentes con fines sexuales.
“Los intermediarios que compran los bebés… se mueven por dinero, no por la moral”, observó Lynette Dumble, una médica australiana que estudia el infanticidio femenino en India desde hace más de 20 años. “Así que si los delincuentes ofrecen más… las chicas terminan vendidas”, añadió.
Los datos recabados por numerosas organizaciones revelan que Hyderabad, la ciudad más cercana a los pueblos lambadas, es un centro creciente de trata sexual.
En 2013 la policía detuvo a 778 delincuentes que se dedican a la trata de personas y rescató a 558 víctimas, incluidas menores de edad, indicó B. Prasada Rao, el director de la policía del estado de Andhra Pradesh, en la frontera con Telangana.
Aunque eso representa solo una pequeña parte de la trata sexual infantil estimada en unos 43.000 millones de dólares en todo el país, la situación preocupa mucho a los activistas de la zona.
Soluciones sostenibles
Las mujeres lambadas creen que la clave está en la educación, y exhortan a las familias a que aprovechen el sistema escolar público y los subsidios estatales para aumentar la matriculación de las niñas en las zonas rurales.
Pero igualmente importante, según los investigadores, es darles alternativas a las comunidades marginadas.
Datos oficiales indican que 90 por ciento de la población tribal de India no tiene tierras. En el distrito de Nalgonda, donde apenas subsiste la familia de Gangotri, 87 por ciento de la población tribal no es propietaria de la tierra.
Si la tierra no produce lo suficiente para la subsistencia, las familias, inevitablemente, buscarán su sustento en otra parte.
“¿Si no hay nada que comer y no tenemos tierra para cultivar alimentos, qué opciones tenemos salvo enviar a nuestros hijos a ganarse el pan?”, cuestionó Khetawat Jamku, una mujer lambada de 50 años.

Publicado por IPS – Stella Paul -  CHANDAMPET, India – 26/01/15 

Recolectoras de heces se rebelan contra su “destino” en India

 Una mujer dalit junto al baño de una casa de casta alta en la localidad india de Mainpuri, donde se produjeron actos de violencia contra quienes intentan abandonar la profesión de “recolectores manuales”. Crédito: Shai Venkatraman/IPS
Ver Bittal Devi teje con destreza los hilos de diferentes colores en una pintoresca colcha de retazos. Resulta difícil imaginar que esta mujer de 46 años pasó la mayor parte de su vida limpiando retretes con sus manos.
Nacida en Sava, un pueblo en el estado de Rajastán, en el noroeste de India, Devi pertenece a un sector de la población que trabaja, desde hace siglos, como “recolectores manuales”.
"Un ser humano que lleva la mierda de otro sobre la cabeza no es solo un problema de esa mujer o de la comunidad. Es la lucha de la población entera de este país, y juntos podremos erradicar esa práctica": Aashif Shaikh.
La profesión condena en su mayoría a las mujeres, pero también a los hombres, a limpiar manualmente los excrementos humanos de los cuartos de baño y a llevarlos sobre la cabeza para arrojarlos en basureros. Muchos también limpian alcantarillas, tanques sépticos y drenajes abiertos sin equipos de protección.
Se los llama bhangis despectivamente, que se traduce como “identidad rota”. La mayoría son dalits, la casta más baja y marginada de la sociedad, los llamados “intocables”, condenados a las tareas que se consideran por debajo de la dignidad de las castas superiores.
“Empecé este trabajo a los 12 años. Acompañaba a mi madre cuando limpiaba los baños de las casas de los thakurs” o castas superiores, “en nuestro pueblo, todos los días”, recuerda Devi.
“Recogíamos las heces en una canasta con una escoba y un plato. Después descargábamos la canasta en las afueras de la aldea”, explicó.
Por la limpieza diaria de 15 inodoros recibían poco más de seis dólares al mes, además de ropa usada que los propietarios de las casas donde trabajaban les obsequiaban una vez al año.
Devi lo pasó mal en su primera semana de trabajo. “Vomitaba cada vez que tenía que comer”, aseguró.  Más difícil de soportar eran las burlas de sus compañeros y compañeras de clase.
“Se cubrían la nariz y decían que tenía mal olor. Los niños de mi casta teníamos que sentarnos lejos del resto”, agregó. Al final, abandonó la escuela.
“Desde que nacimos, a mí y a los demás niños de mi comunidad nos dijeron que esta era nuestra historia y nuestro destino. Era la tradición de nuestros antepasados que teníamos que respetar”, destacó Devi.
La discriminación por casta, o la intocabilidad, está prohibida en India desde 1955. Diversas leyes y políticas a lo largo de las décadas pretendieron acabar con la cruel  tradición de la recolección manual de los deshechos.
En septiembre de 2013 el gobierno ilegalizó el empleo de personas para limpiar heces humanas.
Pero en los hechos estas medidas no resultaron ya que las políticas no se aplican adecuadamente, la gente no sabe que puede rechazar este tipo de trabajo, y quienes se niegan a hacerlo padecen actos de violencia y amenazas de desalojo.
Mujeres unidas para el cambio
La Red de Solidaridad Internacional Dalit, que trabaja por la erradicación de la discriminación por castas, calcula que hay 1,3 millones de “recolectores manuales” en India, en su mayoría mujeres.
Las organizaciones activistas señalan que las mujeres son víctimas por partida doble. Están mal vistas por las castas superiores y, además, sus esposos las obligan a continuar con una tradición laboral que ellos mismos consideran degradante.
La vecina de Bittal Devi, Rani Devi Dhela, comenzó a trabajar como recolectora manual a los 12 años y continuó cuando se casó, ya que su esposo estaba desempleado.


Dalits de Nueva Delhi queman canastas utilizadas para recoger desechos humanos en señal de protesta contra la práctica de la “recolección manual”. Crédito: Shai Venkatraman/IPS

Dhela inscribió a sus cuatro hijos en la escuela, con la esperanza de que la educación cambiara su futuro. Pero la realidad le cayó encima cuando su hija de 11 años regresó a casa sollozando.
“Se había puesto ropa nueva y los niños de las castas superiores y las maestras se burlaron de ella por presumir”, narró la madre a IPS.
Pretendían que su hija limpiara el vómito de otro niño y los baños de la escuela. “Cuando se negó, le dijeron que ese era su futuro como hija de una bhangi, y que no se hiciera ilusiones por ir a la escuela”, añadió.
“Un maestro incluso amenazó con arrojarle ácido en la boca. Entonces me di cuenta que nada cambiaría a menos que yo desafiara a esas personas. Dejé la canasta y decidí que preferiría morir de hambre antes de trabajar en eso”, subrayó.
Dhela se encontró sola. Las castas superiores reaccionaron contra ella y su comunidad no la respaldó. Peor aún fue la reacción de su marido y sus suegros, que le dieron una paliza.
“Los thakurs quemaron nuestra cabaña y le dijeron a mi marido que nos echarían. Pero mis hijos me apoyaron “, señaló.
Con el tiempo también tuvo el respaldo de otras mujeres, incluyendo a Bittal Devi. Juntas fueron a un pueblo cercano, a la oficina de la organización no gubernamental Jan Sahas, que aboga por la erradicación de la recolección manual desde hace 17 años.
“Intentamos que la comunidad de ese pueblo dejara la recolección manual, pero tenían mucho miedo como para resistir. Después de lo que pasó con” Dhela “algunos decidieron luchar”, dijo Sanjay Dumane, coordinador de Jan Sahas.
Pero la policía del pueblo no solo se negó a recibir la denuncia, sino que aconsejó a las mujeres que aceptaran su lugar en la sociedad.
Recién se tomaron medidas cuando las víctimas recurrieron a la policía a nivel del distrito.
“Varias camionetas policiales entraron al pueblo con oficiales de alto rango que advirtieron a las castas superiores que irían a la cárcel si violaban la ley sobre los recolectores manuales”, recordó Dumane.
Una batalla cuesta arriba
La recolección manual no se practica en Sava desde febrero de 2014. “Algunos de las castas superiores nos boicotearon. No nos invitan a sus bodas o a los festivales. Pero mis hijos y mi esposo están orgullosos de mí y eso me hace feliz”, destacó Dhela.
“Mucha gente me dice ‘no tenías derecho a abandonar la profesión’”, añadió Archana Balnik, de 28 años y oriunda de Digambar, una aldea en el estado de Madhya Pradesh. “Pero quiero cambiar mi futuro y el de los niños de mi pueblo”.
La mayoría de las mujeres que abandonaron la recolección encontraron trabajo en la construcción de carreteras y puentes. Algunas reciben formación en Dignidad y Diseño, una iniciativa de bajo costo que Jan Sahas ofrece en los estados de Bihar y Madhya Pradesh para la rehabilitación de estas mujeres.
“Ofrecemos formación en sastrería y bordado y creamos unidades para la confección de bolsos, monederos y demás productos”, explicó Aashif Shaikh, el fundador de Jan Sahas, a IPS.
“Esperamos hacerlo en toda India, con el apoyo del gobierno y el sector privado”, comentó.
Pero el cambio de actitudes es una batalla cuesta arriba. La reciente Encuesta de Desarrollo Humano confirma lo arraigada que está la idea de la pureza de casta en la sociedad india contemporánea, donde una cuarta parte de los 1.210 millones de habitantes practican la intocabilidad o marginación de las castas presuntamente inferiores.
“Hay señales de cambio, sobre todo en la generación más joven, que está más educada”, afirmó Shaikh, cuya organización lleva a cabo campañas de sensibilización en centros de enseñanza.
“Un ser humano que lleva la mierda de otro sobre la cabeza no es solo un problema de esa mujer o de la comunidad. Es la lucha de la población entera de este país, y juntos podremos erradicar esa práctica”, aseguró.
Publicado por Inter Press Service -  MUMBAI (India) – Shai Venkatraman – 07/01/15


Adolescentes argentinas, víctimas escondidas de femicidios

En promedio 21 adolescentes de Argentina son víctimas de femicidos cada año, un fenómeno que crece y se vincula con la violencia en los noviazgos y de parejas o exparejas. Crédito: Juan Moseinco/IPS.
La amplia repercusión mediática del asesinato de  una estudiante argentina, en el vecino Uruguay, puso en relieve un tipo de violencia casi no registrada como causa de muerte de adolescentes en el país: el femicidio.
En la mayoría de los países latinoamericanos, la falta de sistematización de datos oficiales sobre femicidios o feminicidios  –los vocablos que tipifican los asesinatos de mujeres por razones de género- dificulta la identificación de las víctimas por edad.
Pero en el caso de Argentina, algunos informes independientes, como el de la no gubernamental La Casa del Encuentro, comienzan a visibilizar un dato generacional: no solo se matan más  mujeres por razones de género, sino que también aumentan las víctimas de menos de 18 años.
“Entre 2008 y 2014 fuimos viendo como paulatinamente aumentó, y esto tiene que ver con violencia de género dentro del noviazgo o de abuso sexual seguido de muerte”, sintetizó a IPS la directora ejecutiva de esa organización, Fabiana Túñez.
El informe del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, perteneciente a esa organización, registró 295 casos de femicidio durante 2013 en Argentina, con 40 millones de habitantes. Entre 2008 y 2013 ocurrieron 1.236 homicidios por razones de género, equivalentes a un femicidio cada 35 horas.
Según el observatorio, durante esos seis años hubo 124 adolescentes asesinadas de entre 13 y 18 años víctimas de femicidios, según datos recabados de los medios impresos, lo que equivale a 21 en promedio cada año. Pero la cifra real podría ser ampliamente superior, porque en variadas ocasiones no se indica la edad de la víctima.
El informe coincidió con un caso que causó conmoción en Argentina: el asesinato de la estudiante, Lola Chomnalez, de 15 años, quien había desaparecido el 28 de diciembre, cuando estaba de vacaciones en casa de su madrina en un balneario uruguayo.
“Encontraron muerta a la nena argentina perdida en Uruguay. Nos siguen matando y todavía hay gente que pregunta qué hacía una de nosotras caminando sola en la playa. Se escucha en la televisión: el asesino vio a una chica linda y joven y aprovechó la situación”,  se indignó en Facebook la activista feminista Verónica Lemi, bajo su pseudónimo “Penélope Popplewell”.
“Si hasta para pasear por la playa tenemos que ir protegidas, llevar espray de pimienta o ir acompañadas, las mujeres no somos libres.  Si actuamos con los mismos derechos que los hombres, aumentamos el riesgo de que nos maten solo por ser mujeres”, agregó.
A veces los verdugos acechan en la calle: a la salida de una discoteca, volviendo de estudiar. Pero en otros casos son parte del entorno de sus víctimas.
Según Túñez, la mitad de femicidios se vincula a abuso sexual seguido de muerte. La otra mitad, con la violencia en noviazgos y parejas, lo que erradamente algunos medios siguen llamando “crimen pasional”.
Los datos confirman una tendencia mundial. Según la Organización Mundial de Salud,  tres de cada 10 adolescentes, sufre violencia durante el noviazgo.
Las causas, según Túñez, son las mismas que en los adultos. “el varón agresor controla, domina, cela. Y las adolescentes que están en sus primeras etapas de idealización del amor consideran que podrán cambiar eso aunque en realidad comiencen a entrar en una gran telaraña de la que después no pueden salir”, analizó.
Subrayó que hay que concientizar a las adolescentes para “desnaturalizar” estos comportamientos.
“No es normal que el novio tenga celos, no es normal que no puedan salir solas, no es normal que les controlen los movimientos, no es normal que les revisen sus celulares, no es normal que las insulten o les peguen”, destacó a los medios locales Ada Rico, otra fundadora de La Casa del Encuentro.
En su página “Acción Respeto: por una calle sin acoso”, Lemi, de 26 años,  intenta en Facebook “desnaturalizar” esa “cultura agresiva y sexista”, cuya peor expresión es el femicidio.
“Por un lado tenemos el avance que se dio en los derechos mujeres pero por el otro, en cuanto a idiosincrasia, seguimos viviendo en una sociedad muy machista en Argentina, donde decirle algo humillante a una piba (joven) de 15 años en la calle está bien porque significa que le gustaste”, dijo la activista a IPS.
“La aparente libertad sexual es hasta ahí. Porque cada vez que una chica es abusada todos los medios y comentaristas dicen ‘seguro que era una putita’. Cuando una mujer ejerce su libertad sexual es considerada una puta”, agregó
Para Lemi hay que combatir socialmente “esa relación hombre y mujer, donde hay un dominante y una sumisa” y contrarrestar esa “cultura de culpabilización de la víctima”.
“Hay muchísima violencia hacia las mujeres no solo física sino también desde lo discursivo, a nivel simbólico. Se sigue justificando la violencia hacia las mujeres. Dentro de ese contexto es lógico que sucedan femicidios”, opinó.
Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), consideró que el aparente aumento de casos de femicidios puede estar vinculado a su mayor difusión en los medios.
“Hay mayores visibilidad y por eso conocemos más casos o muertes, cuando ya es demasiado tarde para denunciar”, dijo a IPS
Argentina integra el grupo de países latinoamericanos donde ha habido avances en la educación a favor de la equidad de género y acceso de la mujer a la educación y a cargos directivos.
Además, el bicameral Congreso legislativo argentino aprobó en el 2012 una ley que endurece las penas para los casos de violencia de género, aunque no incluyó la figura del feminicidio o el femicidio, como hicieron ya otros países de la región.
En ella se establece la cadena perpetua cuando el homicida es la pareja o expareja de la víctima, o cuando se mate por razón de género.
“Se avanzó en la inserción laboral, en la educación… pero eso por sí solo no alcanza para cambiar la cultura machista y patriarcal”, sostuvo Gherardi
La directora de ELA cuestionó las deficiencias de implementación, control y evaluación de políticas públicas, como la de Educación Sexual Integral, que contempla aspectos de género.
“Me gustaría ver a líderes políticos, mujeres y hombres, hablando sustantivamente de temas de violencia, más allá de acciones grandilocuentes, cuando ocurren hechos que  espantan”, exhortó.
Gherardi subrayó el papel fundamental de los medios en la lucha contra la violencia machista.
Indicó que hay medios y periodistas con mensajes “que contrarrestan el estereotipo de género y otros que lo ayudan a perpetuar, poniendo a las mujeres en papeles humillantes”.
“Antes de llegar al golpe o al femicidio, hay una enorme cantidad de situaciones de violencia sutiles cotidianas”, concluyó.
Otros países latinoamericanos 

En México, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) detalló en diciembre que durante 2013 las niñas y adolescentes fallecidas presuntamente por homicidio fueron 315, en un ejemplo de la situación que se vive en otros países latinoamericanos.

“Los casos de violencia contra las mujeres en México han ido en aumento, la mayoría de ellas son niñas y adolescentes quienes son víctimas de la violencia y que en muchas ocasiones terminan en feminicidios”, señaló Redim, que criticó la falta de acciones del gobierno para prevenir esta violencia.

En El Salvador, la Policía Nacional Civil registró 261 feminicidios durante los primeros 11 meses de 2014, de ellos 28 de me mujeres entre 0 y 17 años.

Mientras, en Panamá, tres de cada 10 mujeres víctimas de femicidios eran menores de edad, según el Ministerio Público del país.

En el periodo 2009-2014 hubo en Panamá 343 muertes violentas contra mujeres, de las que 226 se clasificaron como feminicidios.

Publicado por IPS – Fabiana Frayssinet – Buenos Aires – 26/01/15 -


Reclusas forzadas al sexo con funcionarios en la cárcel de Brieva

Acceso para las visitas a la cárcel de Brieva, donde siete reclusas denuncian a cuatro funcionarios. JULIÁN JAÉN

·         Noches de celdas abiertas, sexo, alcohol y hachís en esta prisión de Ávila
El diálogo lo inicia el funcionario de la cárcel de Brieva (Ávila) y es, según la reclusa, aproximadamente así:
- ¿Qué te parece si hacemos un día de estos un trío tu novia, tú y yo?
- ¿Cómo? No entiendo.
- Sí, mujer, el otro día ella y yo echamos un polvo, uno rapidito.
De aquella situación -la bronca posterior de la presa con su novia, que le admite haber tenido sexo no consentido con el funcionario, y otras denuncias- emerge un proceso, iniciado por InstitucionesPenitenciarias, que desemboca este viernes en el Juzgado de Instrucción 2 de Ávila, donde cuatro funcionarios declararán como imputados por abusos sexuales a siete reclusas.
Una suerte de psicodrama carcelario que incluye, según una de las denunciantes citada por fuentes del penal, noches de celdas abiertas, sexo, alcohol y hachís proporcionado por trabajadores del centro, un director que se opone a enterrar los presuntos abusos y hasta una presa celestina que casa a reclusas y funcionarios y que, siempre según fuentes del propio centro, habría declarado a la inspección que Brieva es «un folladero» de condenadas y trabajadores.
La historia comienza el 7 de noviembre de 2013, cuando una presa denuncia a uno de los cuatro funcionarios por forzarla sexualmente. El caso llega a Instrucción 2 de Ávila, pero la mujer se retracta y retira la denuncia. El 30 de enero de 2014, nueva denuncia contra el mismo funcionario. Una presa brasileña denuncia que el hombre le ha propuesto un trío tras haber abusado de su novia.
La dirección investiga y surgen nuevas denuncias, casi todas de extranjeras. La primera brasileña denuncia también haber sido forzada por otro trabajador, otra chica admite sexo a cambio de chocolatinas con otro (luego denuncia haber sido forzada), y uno más lleva a las chicas, dicen ellas, alcohol y hachís.

Regalos y coacciones

Éste último, según un testimonio recogido por la inspección de Instituciones Penitenciarias, le da a una chica 80 euros a cambio de sexo (ella acepta pero el acceso carnal no llega a tener lugar) y le ofrece incluso su casa en Salamanca cuando salga de permiso. La mujer que hace de celestina, que asegura no haber tenido sexo con ninguno de los cuatro funcionarios por ser lesbiana, afirma que uno de los imputados oscila entre hacer regalos a las chicas (perfumes, hachís, tarjetas para teléfonos) y rozarse y sobar circunstancialmente a las mujeres. El teléfono móvil está prohibido en las cárceles, pero esvox populi que muchos reclusos los tienen, y los introducen en los centros a veces por vía rectal.
Cada uno de los imputados utiliza con sus presuntas víctimas, según fuentes del penal, un estilo diferente: mientras que uno es autoritario y otro puede ser amistoso, las denuncias contra un tercero refieren buen número de relaciones forzadas, y complica su situación el hecho de que su mujer es también funcionaria de prisiones.
Emerge en las primeras declaraciones de las mujeres la participación en los abusos de un cuarto funcionario, y también la confusión de algunas de las denunciantes, que explican que en alguna ocasión «las presas se aprovechan de los funcionarios»: la ambigüedad de las relaciones de poder en una cárcel de mujeres se pone de manifiesto («para ellas tener un trabajo en prisión lo cambia todo»), y no faltan casos en que un funcionario es perseguido para tener sexo por una reclusa.
Al igual que sucede en los penales masculinos, mujeres en principio heterosexuales entablan habitualmente relaciones homosexuales con compañeras con total normalidad, mientras siguen recibiendo la visita de su marido y sus hijos, con quienes regresan también al cumplir condena.
Los presuntos abusos de Brieva son muy variopintos. A una presa uno de los imputados le instala un televisor en la celda. «¿Y qué me vas a dar a cambio?», le suelta él, que le estampa un beso en la boca. La mujer no denuncia, pero lo declara más tarde a la Inspección. La propia celestina admite en su declaración ante Instituciones Penitenciarias que su novia mantuvo una relación con el encargado de mantenimiento, omnipresente en cada rincón del centro.
El viernes, en Ávila, declaran los cuatro funcionarios imputados.

Si vuelves a tu país, no denuncias

C. es una de las presuntas víctimas de abusos sexuales en la cárcel de Brieva, pero podría dejar de serlo en breve. El motivo: C. es brasileña y ya ha cumplido la mitad de su condena, por lo que podría cumplir el resto en Brasil gracias al convenio entre España y ese país. Sin embargo, la Fiscalía española, que en un principio accedió a que dejara un testimonio grabado y pudiera irse, ha solicitado finalmente que no disfrute de esa situación y se quede en España para participar en el juicio, según un documento despachado por el fiscal del caso el 19 de diciembre pasado. Es decir, se le castiga por ser víctima de unos presuntos abusos. O eso o, en el peor de los casos, se le empuja a retirar la denuncia para poder irse a cumplir condena a su país, estiman fuentes penitenciarias. El juez decide esta semana.

Publicado por EL MUNDO – España – Quico Alsedo – 27/01/14 -


Las trabajadoras sexuales que quieren tener su Sindicato.

 Son colombianas y están por legalizar su oficio.

–Nadie se pone un minuto en nuestros tacones –dice Fidelia Suárez.
Fidelia es trabajadora sexual desde hace más de veinte años y lidera desde hace siete la primera asociación –legalmente constituida en Colombia– de mujeres dedicadas a este oficio.
Su tono de voz es fuerte y cada palabra que pronuncia está acompaña del movimiento de sus manos. Conoce las leyes y tiene un discurso sólido. Ella es la líder de más de 600 trabajadoras sexuales del país.
La Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI) se fundó en el año 2008 después de que Fidelia y un grupo de tres compañeras asistieran a un taller en la Universidad de Nariño. Allí conocieron que tenían los mismos derechos de cualquier ciudadano colombiano. Cansadas de los atropellos y las malas condiciones laborales, emprendieron un camino que ha dado muchos frutos

Fidelia Suarez habla sobre la igualdad de derechos. 

 En la actualidad la asociación tiene su propia oficina en el barrio Teusaquillo de Bogotá. Recibe el apoyo económico del Fondo de Población de las Naciones Unidas y hace parte de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe.
Fidelia y su equipo de trabajo, conformado por una asesora legal, un asesor financiero, de comunicaciones y uno programático, tienen una sola misión: mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales en Colombia. Todo a través del empoderamiento de las mujeres, el reconocimiento como ciudadanas y el acceso a espacios gubernamentales.
ASMUBULI ofrece capacitaciones en prevención, incidencia política y liderazgo. Además, entre sus principales objetivos está la presentación de un documento que será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto a 17 países, para pedir la regulación del trabajo sexual y denunciar el asesinato de varias mujeres.
La líder también busca fundar el primer sindicato de trabajadoras sexuales de Colombia. “Queremos ser más fuertes, poder exigir y que se cumplan nuestros derechos como tiene que ser”, dice.
Las mujeres se vinculan a la asociación luego de una especie de reclutamiento. Se hacen recorridos en las calles, parques y establecimientos. El primer requisito es reconocerse como trabajadora sexual y no como prostituta ni como “puta” porque, según explica Fidelia, estos términos son peyorativos y victimizan.
“Nos reconocemos como trabajadoras sexuales porque el cuerpo es mi herramienta de trabajo, en mi cuerpo decido yo, en mi cuerpo mando yo. Es un trabajo. Presto un servicio y recibo una remuneración”, dice Fidelia.
La lucha principal de la Asociación de Mujeres Buscando Libertad es la regulación del trabajo sexual en Colombia, a nivel regional e internacional.  También establecer que es un oficio que deber ser ejercido por mujeres mayores de 18 años, y con consentimiento propio.
“Cuando iniciamos nuestro trabajo todos los derechos se ven vulnerados. Buscamos que el Gobierno nos permita participar en la construcción de proyectos para combatir nuestras necesidades y problemáticas. Necesitamos todos los derechos como cualquier ciudadano o ciudadana. El ejercer el trabajo sexual no me hace diferente a las demás mujeres. Nosotras necesitamos una ley que regularice el trabajo sexual en el país. Que cobije todos nuestros derechos porque somos parte de la sociedad”, enfatiza.
Fidelia quiere dejar atrás las típicas capacitaciones donde se enseña a poner un condón y prevenir una Infección de Transmisión Sexual (ITS). Por esta razón, la asociación ofrece cursos virtuales y asesoría en procesos jurídicos para las víctimas de abusos por parte de cualquier entidad.
Para esta líder lo más difícil de ejercer el trabajo sexual es la explotación por parte de algunos propietarios de los establecimientos, y el abuso por parte de la fuerza pública y las entidades de salud. Desde la asociación se busca la inclusión social, demostrar que son mujeres con capacidades y fortalecer pequeños grupos que surjan en el país. No queremos más estigmas, no queremos más discriminación”.
Fidelia, como la mayoría de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, lo hizo por necesidad. Después de llegar de su pueblo, Corozal (Sucre), y perder un trabajo en el Ministerio de Salud, comenzó a hacer parte del club nocturno ubicado en la Carrera 13 con Calle 49. Debía responder por su hijo mayor. Su trabajo siempre fue desconocido por su familia, pero un día una aparición en televisión reveló la verdad.
Ocurrió en el año 2011. Fidelia recibió la llamada de su papá con quien no conversaba en años. “Llamó para felicitarme. A decirme que eso era gallardía y me estaba viendo en RCN televisión hace media hora. Me dijo: ‘me siento orgulloso de mi hija. Siéntase apoyada y protegida por su papá’”.
El liderazgo de Fidelia le ha permitido representar a las trabajadoras sexuales en más de 20 países y reunirse con líderes mundiales en encuentros de alto nivel. Por ejemplo, fue invitada a la 44 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su sueño es estudiar derecho para defender a las mujeres que tienen su mismo trabajo.
“Yo me siento una mujer libre. Nosotras nacemos libres. Que los demás quieran aprovecharse de esa libertad nuestra por ejercer el trabajo sexual es otra cosa. Yo me siento orgullosa de quien soy. Es mi decisión. Yo respeto la de cada quien para que respeten la mía”, concluye Fidelia.
Publicado por KIEN & KE – 27/01/15 -


Mujeres continúan siendo condenadas y presas por sufrir abortos espontâneos

Católicas por el Derecho a Decidir luchan por los derechos reproductivos y sexuales femeninos a la luz del catolicismo.

El desprecio por la condición ciudadana y de sujetos de derecho de las mujeres es tan grande, que en algunos países latinoamericanos y caribeños, hasta el aborto espontáneo es criminalizado y puede tener castigos severos. O sea, se niega a la mujer el derecho de atender las exigencias de su propio organismo, cuando por alguna razón no puede proseguir el embarazo. La afirmación es de Rosagenla Talib, integrante de la coordinación de Católicas por el Derecho de Decidir( CDD) Brasil, movimiento que desde el punto de vista teológico feminista lucha por el derecho de las mujeres a decidir en lo que concierne a su salud reproductiva, incluyendo las discriminación total del aborto, principalmente en caso de riesgo de vida para la mujer, embarazo por violencia sexual y el embarazo anencefálico.

Incluso parece irreal que una mujer puede ser castigada, incluyendo la detención ordenada por un cese involuntario del embarazo. "Es el colmo de la culpabilizaciónde la sexualidad femenina", dice Rosangela, para quien las iglesias, especialmente las cristianas como lacatólica, y los valores culturales siguen influyendo decisivamente en el imaginario social y en las rígidas leyes anti-aborto de la región latinoamericana, cuando, de hecho, el aborto debe ser visto como un problema de salud pública.
El castigo de mujeres que sufren abortos involuntarios es todavía una realidad en los países latinoamericanos. Este es el caso, por ejemplo, de El Salvador, donde no importa si el aborto es espontáneo, o la vida de una mujer está en riesgo o si fue el resultado de la violencia sexual. Allá interrumpir un embarazo, cualquiera que sea la razón, es un delito y quien se arriesga a abortar puede ser condenada a decenas de años de prisión. Esto también puede ocurrir en Chile, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

En la mayoría de los países, como sucede en Brasil, se permite la interrupción del embarazo cuando es espontáneo, amenaza la vida de la madre, el embarazo anencefálico y violación, pero sólo hasta la semana 20 de embarazo. El aborto voluntario sigue siendo un delito. Rosangela señala que, en Brasil, hay pocos casos, pero algunas mujeres siguen siendo condenadas por abortar voluntariamente. En América Latina y el Caribe sólo Cuba, el Distrito Federal de México y, más recientemente, Uruguay han legalizado el aborto.
En El Salvador, María Teresa Rivera, fue condenada a 40 años por homicidio intencional en 2012. Ella no sabía que estaba embarazada hasta que un día, en la fábrica textil donde trabajaba, sintió una necesidad urgente de ir al baño. Algún tiempo después, fue encontrado por su suegra, caída en el suelo y sangrado. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada, sufrió un aborto involuntario. Y por este "crimen" fue condenada. María Teresa tiene un hijo de cinco años. Cuando ella salga de la cárcel, su hijo ya será un adulto.

Guadalupe Vásquez tenía sólo 18 años y trabajaba como doméstica cuando ella quedó embarazada y tuvo un aborto involuntario. Ella dormía en la casa de los jefes, en una habitación pequeña, que ni siquiera tienen electricidad. Fue en esa habitación donde tuvo complicaciones obstétricas y parto prematuro. En estado de shock y hemorragia grave, fue llevado al hospital. Allí, Guadalupe fue acusada por el personal médico por el aborto y, durante el juicio, la tipificación del delito fue de homicidio agravado, siendo condenado a 30 años de prisión.
Incluso las organizaciones que trabajan por no legalizar el aborto como el Movimiento en Favor de la Vida (Movida) en Brasil, condenan la penalización del aborto si es espontáneo. "No podemos exigir a una mujer a controlar su propio cuerpo y, aun en los casos de aborto voluntario, debemos tratar de entender las razones que llevaron a la mujeres a hacer esto, a menudo bajo la presión de la familia y/o de su pareja", dice Fernando Lobo, fundador de Movida, señalando que, en primer lugar, debe estar la vida de la mujer, aunque señalan que los quienes hacen abortos voluntarios en Brasil están sujetas a sanciones. Incluso en el caso de embarazo anencefálico, el sostiene que la mujer espere un aborto involuntario, no provocado. Cuando ha habido violación, él entiende que cada caso debe evaluarse de forma aislada.

Para Lobo, la información de que hay miles de muertes de mujeres por abortos por año en Brasil es una falacia. "Conoces a alguien que ha muerto a causa del aborto? Según los datos del SUS [Sistema Único de Salud], el número de muertes por abortono pasó 100 casos, si no me equivoco, en 2011", dice. Sin embargo, hay estudios que estiman los abortos constituyen la quinta mayor causa de mortalidad materna en Brasil. Sobre la base de los números Data Sus (Departamento de Informática del Sistema Único de Salud), la prensa ha informado de que se efectúan cerca de 850.000 abortos ilegales al año en Brasil. El número de hospitalizaciones por complicaciones durante abortos pasa de 200 mil, 155 mil por interrupción inducida.

Lobo, de la Movida, y Rosangela, el CDD, coinciden en una cosa: tenemos que fortalecer las iniciativas de educación en salud sexual y reproductiva de las mujeres, ampliando el acceso a los anticonceptivos. Para la integrante Católicas, está equivocado quien piensa que la legalización del aborto provocará una carrera a los hospitales. Las experiencias muestran que, por el contrario, la legalización del aborto conduce a una mayor concienciación de la sociedad en la prevención del embarazo y en los países que han legalizado, como es el caso de Uruguay, las tasas de aborto inducido disminuyeron con el tiempo.

El aborto y la iglesia
En la evaluación de Rosangela, de CDD, la Iglesia Católica, incluso con apertura progresiva iniciada por el Papa Francisco los últimos dos años, no se ha avanzado prácticamente nada en la discusión de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Es decir, la mujer sigue siendo reprimida en su sexualidad. "La iglesia sigue predicando que el sexo sólo debe aceptarse dentro de matrimonio heterosexual y con vistas a la procreación, que está muy lejos de la revolución sexual que viene dando las mujeres", dice Rosangela.
Para ella, ya será un gran logro cuando la iglesia acepte oficialmente el aborto en caso de riesgo de vida de las mujeres, de embarazo anencefálico y violación. Sin embargo, esta perspectiva todavía está lejos de realizarse, en su opinión, por razones a menudo religiosas. En pleno siglo XXI, hay muchas más iniciativas, en particular las leyes, en el caso de Brasil, para criminalizar, que para despenalizar y legalizar el aborto.

Campañas
Grupos de derechos humanos, como el Grupo Ciudadano por la Despenalización del Aborto en El Salvador y Amnistía Internacional luchan para proteger a las mujeres condenadas a someterse a abortos. Apenas la semana pasada, el Parlamento de El Salvador aprobó un indulto para Guadalupe Vásquez, que estaba cumpliendo una condena de 30 años de prisión por haber sufrido un aborto involuntario. En la evaluación de las instituciones, la decisión debe ahora servir de precedente para otras 16 mujeres salvadoreñas que permanecen prisioneras a causa de la total penalización del aborto y abrir la puerta a los necesarios cambios en la legislación.
Una de las mayores defensoras de Guadalupe Vásquez es Morena Herrera - persona destacada en la lucha por la libertad en El Salvador, feminista y activista por los derechos sexuales y reproductivos - quien explica por qué la total penalización del aborto en ese país debe ser anulada. Desde 2009, ella está en esta lucha, a través de la asociación que lidera - Grupo Ciudadano por la Despenalización del Aborto.
"Un día recibí una llamada telefónica. Era una estudiante que estaba en el baño de una escuela, con una hemorragia. Le pedí a un colega que la llevara a un hospital privado. Había sido violada en las inmediaciones de la universidad [quedando embarazada], pero no se lo dijo a nadie. Tomó algunas cápsulas hechas de soda cáustica, que le destruyeron las paredes de las arterias - pero continuaba embarazada. Para nosotros, este es el dilema: ¿preferimos que esta persona muerta o prisión? Esta es la realidad que vivimos todos los días. Es demoledora", describe Morena.

El embarazo no deseado es una realidad dolorosa para muchas mujeres y jóvenes en El Salvador. Cómo Morena Herrera señala, en el 36% de los nacimientos registrados en los hospitales, las madres tienen entre nueve y 18 años. Sin una adecuada educación sexual, con un acceso muy limitado a los anticonceptivos y la prohibición total del aborto, las jóvenes no tienen otra salida - excepto los abortos clandestinos (35.000 por año) o suicidio (con una tasa de 57 % de las muertes durante el embarazo).
Ante esta realidad, Amnistía está promoviendo una campaña para presionar al presidente de El Salvador Sánchez Cerén, a despenalización del aborto en el país; liberación incondicional e inmediata a todas las mujeres y niñas las presas por haberse sometido a un aborto o por aborto espontáneamente; garantizar el acceso al aborto seguro y legal para todas las mujeres y niñas en casos de violación o incesto, cuando la salud de la mujer está en riesgo y cuando es poco probable que sobreviva el feto; y garantizar el acceso a la información y servicios de anticoncepción adecuados y proporcionar una educación sexual integral para todos y todas.


Publicado por Adital – Latinoamérica y el Caribe – Benedito Texeira – 29/01/15 -