viernes, 11 de julio de 2014

Los femicidios, un delito que no cesa en todo el país

Un nuevo crimen por violencia de género en Córdoba, a manos de un hombre que ya había sido condenado por el asesinato de su primera pareja, demuestra que todavía falta mucho para la erradicación de este tipo de delito.

Mucho se escribe y se publica sobre la violencia de género, y entre los avances producidos en Argentina hay que mencionar la sanción de leyes que tienen por objeto su erradicación, así como la puesta en agenda de esta temática, tanto en los organismos del Estado, en el Poder Judicial y en las fuerzas de seguridad.

El 14 de noviembre del 2012 se sancionó la ley 26791 que introdujo reformas al Código Penal, incorporando la figura del femicidio en el artículo 80 (homicidio agravado), en los incisos 1 y 4. Así, esa norma establece que "se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 1. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. 4. Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión".

Y también se incorporan dos incisos al mismo artículo 80, que disponen: "11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. 12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1".

De esta manera, Argentina, lo mismo que Perú, Bolivia, Ecuador y otros países de la región, incorporan la figura del femicidio en su legislación, como una de las formas de castigar la violencia de género en su máxima expresión, que es el crimen de una mujer por su condición, a manos casi siempre de sus parejas, cónyuges, novios, concubinos, actuales o pasados.

Sin datos oficiales

Pero aún con estos avances en materia de legislación penal, los números son implacables. En primer lugar, por la falta de ellos. No hay estadísticas oficiales sobre femicidios, y casi todos quienes se refieren a esta problemática, se basan en los datos que recopila la organización no gubernamental "La Casa del Encuentro".

Según el informe que esta ONG realiza todos los años en el mes de marzo, al momento de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, en 2013 hubo 295 femicidios en la Argentina, lo que significa que cada 30 horas, una mujer fue asesinada por violencia de género.

La estadística de 2013 superó la de 2012 en un 16 por ciento, y constituye la cifra más alta de los últimos seis años. La directora del Observatorio de Femicidios de la Argentina, que pertenece a La Casa del Encuentro, Ada Beatriz Rico, estimó que unos 405 niños y niñas perdieron a su madre durante 2013, por esta causa.

El Observatorio lleva el nombre de Adriana Marisel Zambrano, una joven jujeña de 28 años, asesinada a golpes en 2008 en Palpalá, a manos de su pareja, Juan Manuel Zerda, quien fue condenado a cinco años de cárcel por "homicidio preterintencional" y una vez recuperada su libertad, el mismo Poder Judicial que lo benefició con una figura legal que considera "que no tuvo intención de matar", dispuso que la niña -que tenía 10 meses al momento del crimen- pueda ser visitada por el asesino de su madre dos veces por semana.

Proyecto de ley

Por ello La Casa del Encuentro pretende que el Congreso de la Nación trate un proyecto de ley que prive de la patria potestad a los femicidas. Y junto con eso, han presentado un petitorio con medidas para mejorar el tratamiento del problema de la violencia de género, tales como: la confección de estadísticas oficiales; mayor presupuesto para dar respuesta a las víctimas; que la reforma del Código Penal no suprima el agravante por violencia de género; la incorporación en todas las currículas educativas de la temática de violencia sexista, en particular en los operadores del Poder Judicial y los miembros de las fuerzas de seguridad.

El relevamiento del Observatorio abarca los casos que se publican en las agencias informativas y más de 120 diarios y portales de noticias de todo el país, desde 2008, y lo hace justamente ante la falta de estadísticas oficiales. De esta forma, contabiliza los homicidios de mujeres por razón de género, es decir, casos que no tienen que ver con robos, secuestros u otras situaciones de la llamada "inseguridad" urbana.

Para Fabiana Túñez, directora de La Casa del Encuentro, el trabajo estadístico del Observatorio es "un piso para saber dónde estamos", y para que la agenda pública de los gobiernos aborde esta problemática con la seriedad que esos mismos números están reclamando.

En 2012, el Observatorio había registrado 255 femicidios; 282 en 2011; 260 en 2010; y 231 en 2009. En casi todos los casos, el principal sospechoso o imputado por el crimen es el marido, novio o ex pareja de la víctima.

Los datos no incluyen los casos que no se difunden en los medios de comunicación, como por ejemplo, mujeres que ingresan a los hospitales con evidencia de violencia sexista, pero al fallecer en sus certificados de defunción figura muerte por paro cardiorrespiratorio u otra causal; mujeres que mueren por abortos clandestinos, que fueron causados por violencia de género; o mujeres que aparecen en las noticias como muertas por suicidio, pero que han padecido previamente una situación de violencia sexista en sus vidas.

Doble femicida

Los datos sirven para luego formular y mejorar las políticas públicas, pero los casos reales superan los fríos números. Así sucedió con el caso del presunto doble femicida que ha conmovido a la opinión pública en Córdoba. Carlos Molina mató a su esposa hace siete años, dejando sin madre a 4 niños pequeños. Hoy es el principal sospechoso del crimen de su nueva pareja, Silvina Córdoba.

La Policía de Córdoba busca afanosamente a Molina, quien se encuentra prófugo, luego que un vecino declarara a la policía haber recibido mensajes de texto de su celular, confesando haber matado a su pareja.

En 2007, Molina había asesinado a su mujer, Elsa Susana Cano, de 10 puñaladas, en la casa que compartían en barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba. Los cuatro hijos de la pareja quedaron al cuidado de su abuela materna, Margarita Moya de Cano. El más pequeño, de sólo 3 años, comenzó desde ese día a sufrir convulsiones que aún hoy, con 10 años, lo obligan a tratamientos permanentes.

El crimen de Silvina Córdoba, y la sospecha de que su autor sería Carlos Molina, quien así se convierte en un femicida reincidente, trajo nuevamente a la luz los detalles del juicio que lo tuvo como acusado hace seite años. Tanto el fiscal como los jueces, basándose en el dictamen del perito psiquiatra, consideraron que Molina había actuado con la atenuante de "emoción violenta". De esta manera, lo condenaron a tres años de prisión "en suspenso", con lo cual no fue a prisión, a pesar de haber cometido un crimen.

¿Crímenes imperceptibles?

María Paula García, docente e integrante de la Marcha Mundial de Mujeres, en un artículo publicado en el sitio de Internet "Notas-Periodismo Popular", se interroga si es que hay "muertes más importantes que otras". Y pide que imaginemos qué pasaría si cada 30 horas en Argentina se asesinara a un comerciante, a un colectivero o a un policía. Agrega también, qué pasaría si esas muertes hubieran estado precedidas por amenazas, agresiones verbales, golpes, etcétera.

"No es muy difícil suponer", escribe García, "la irrupción de protestas de vecinos, amigos, conocidos pidiendo justicia y de toda una sociedad indignándose y pidiendo la cabeza de políticos, judiciales y policiales. Así como tampoco faltarían muestras de dolor por parte de diversos funcionarios en conferencia de prensa. Pero que una mujer sea asesinada justamente por su condición de tal cada 30 horas no le mueve el pelo a casi nadie. No hay protestas, ni movilizaciones, ni conferencias de prensa, ni presentación de planes de contingencia".

Mientras estas cifras sigan en alza, una mujer será asesinada entre el momento de escribir este artículo y su publicación. Mientras jueces, fiscales y peritos del Poder Judicial no se formen sólidamente para abordar los casos de violencia de género, seguirán dictando sentencias como la que dejó libre a Molina, hoy doble femicida, o en La Pampa, a Tomaselli, el asesino de Carla Figueroa.

Si quienes tienen a su cargo, en los poderes del Estado, diseñar no sólo las leyes sino también las políticas públicas, tanto en materia de criterios de investigación y persecución criminal, como en el área educativa, como lo reclama sin descanso La Casa del Encuentro, no abordan esta problemática con firmeza y continuidad, con los recursos que sean necesarios, la cifra de femicidios no disminuirá y muchos varones violentos seguirán golpeando y asesinando a sus parejas. Incluso con conductas reincidentes.

En un año, un 16 por ciento más

En 2013 hubo 295 femicidios, un 16 por ciento más que en 2012. En el 63 por ciento de los casos, los autores fueron el esposo, la pareja, el novio o ex parejas o ex novios.

El 16 por ciento de las víctimas había formulado denuncia contra quien luego la asesina, o había obtenido en la Justicia una medida de restricción de contacto o de exclusión de hogar para el agresor.

Para la violencia de género, el lugar más peligroso sigue siendo el propio hogar: el 52 por ciento de las víctimas fue asesinada en la vivienda que compartía con el agresor (79 casos) o en la de ella (79 casos). En la mayoría de los casos, el crimen se perpetra con armas de fuego (83 casos), con apuñalamiento (64 casos), a golpes (37 casos), por estrangulamiento (28 casos) o por incineración (17 casos). En tanto, 19 víctimas eran adolescentes: tenían entre 13 y 18 años, 11 víctimas estaban embarazadas.

En 15 casos el autor o principal sospechoso del femicidio era integrante o ex miembro de fuerzas de seguridad. En 27 casos hubo además presunción de abuso sexual. Cuatro víctimas pertenecían a pueblos originarios, y en sus casos hubo abuso sexual seguido de muerte.

La provincia de Buenos Aires, por su densidad de población, reúne la mayor cantidad de femicidios: 89. Le siguen Córdoba con 31; Santa Fe con 28; y Salta y Chaco, con 16.


Publicado por: Argenpress.info - Irina Santesteban (LA ARENA) – 10/07/14 -

La feminización de la vejez en Panamá

Sobre el incremento demográfico de la población adulta mayor femenina y sus posibles consecuencias socio-estructurales para la sociedad

En Panamá, el envejecimiento poblacional es un hecho sociodemográfico indiscutible. Somos actualmente el segundo país en la región centroamericana con una sociedad anciana (el primero es Costa Rica). Sin embargo, y a pesar de esta realidad poblacional, en nuestro país la temática del envejecimiento y la vejez no ha sido tomada en serio por ningún gobierno; por ende, las personas adultas mayores en general (jubilados o no), se encuentran desprotegidas por el Estado panameño, lo cual no solo significa que sus derechos ciudadanos están siendo lesionados, sino que constituye un factor esencial para la aparición de procesos de vulnerabilidad y exclusión social.
Frente a esta problemática sociodemográfica, valdría la pena decir, que existe en la sociedad panameña contemporánea una marcada feminización de la vejez. Según los datos censales, en 1990, las personas mayores del sexo femenino eran la minoría demográfica (49.71%) frente a la mayoría masculina (50.29%); en 2000 esto cambia, siendo las mujeres la mayoría (50.61%) y los varones la minoría (49.39%); y, en el 2010, la población fémina amplía su diferencia (51.15%) frente a los hombres (48.85%).
Lejos de ser un capricho demográfico, ya que existen datos que reflejan que hay una mayor natalidad masculina que femenina, y, sin embargo, llegan más mujeres que hombres a la etapa de ancianidad o cuarta edad (75 años a más); la feminización de la vejez implica un cambio en el comportamiento poblacional que requiere, no solo de mayores estudios demográficos en miras de identificar sus posibles incidencias en la estructura social, sino de políticas gerontológicas que permitan garantizar el bienestar social de este segmento de la población adulta mayor.
GÉNERO Y ESTILOS DE VIDA
Según algunos especialistas en la temática del envejecimiento y la vejez, esta longevidad femenina podría explicarse como una consecuencia latente del modelo patriarcal de sociedad. El cual influye, no determina, que las mujeres tengan estilos de vidas más saludables que el de los varones.
Esta tesis sostiene que mientras que las mujeres, por lo general, adoptan actitudes, hábitos y comportamientos orientados hacia empleos y ocupaciones menos riesgosos (ama de casa, enseñanza, secretariado, etc.); los hombres prefieren realizar actividades más peligrosas, que van desde los vicios hasta trabajos de alto riesgo físico y estresores. Así, si bien este modelo normativo tradicional de roles de género ha influido, directa e indirectamente, en los estilos de vida de hombres y mujeres, generando una mayor o menor esperanza de vida (75.00 años para los hombres y, 80.70 años para las mujeres), lo cierto es que esta feminización de la vejez es una realidad que tendrá a corto, mediano y largo plazo consecuencias estructurales para nuestra sociedad.
PROBLEMÁTICAS Y COMPLEJIDADES
Dentro de las múltiples problemáticas que acarrea la feminización de la vejez, se pueden mencionar tres en particular. Primero, al ser las ancianas más longevas que los viejos, no debe sorprender que existan en la población mayor del país más viudas que viudos (28.69% y, 8.92% respectivamente). Esta situación de soledad obliga a muchas mujeres adultas mayores a tener que buscar dependencia socioeconómica y emocional con algún hijo/a o familiar. Lo cual, no solo genera una familia extensa, sino además, toda una logística de cuido que afecta y reestructura las necesidades del núcleo familiar.
Segundo, la muy conocida feminización de la pobreza se agrava sustancialmente con la feminización de la vejez, ya que la mayoría de las ancianas no solo no tienen recursos suficientes (jubilaciones y pensiones irrisorias o, subsidio estatal como el programa 120 a los 70), sino que estructuralmente se encuentran casi imposibilitadas para acceder al mundo laboral.
Tercero, pero no menos importante, una proporción significativa de ancianas no son beneficiarias o, jubiladas o pensionadas por vejez (23.74%); lo que implica que se encuentran desprotegidas de la seguridad social en términos de salud geriátrica. Este hecho es aún más agravante, ya que en estas edades longevas la temática de la salud se vuelve un imperativo en cuanto a la calidad de vida y la misma esperanza de seguir viviendo.
AMBIVALENCIA DE LOS ROLES SOCIALES EN LA VEJEZ
A pesar de que de una forma u otra los roles de género tradicionales han sabido subsistir a través del tiempo, cuando se alcanza el epíteto de viejo o anciana todo cambia. Estructuralmente, las sociedades capitalistas basadas principalmente en la producción, han creado históricamente una suerte de cronograma existencial, en donde los individuos son asignados, en términos de status y rol social, en tres etapas marcadas por la edad cronológica. Primero, la infancia, destinada a la educación; segundo, la madurez, orientada al mundo del trabajo y la familia; y, por último, la jubilación o etapa de descanso, la cual se caracteriza por la pérdida de status y roles sociales.
Ahora bien, para estos últimos, esta etapa de ‘rol sin rol’ tiende a crear un imaginario colectivo de mundo sin orientaciones y directrices socio-estructurales para los viejos, en donde son estigmatizados y discriminados por las demás generaciones (principalmente por los jóvenes). Así, la sociedad ha generado un cuerpo mitológico de creencias peyorativas sobre el envejecimiento y la vejez, la cual ha legitimado de una manera u otra la fragilidad social de este grupo etario.
Dentro de esta situación sociológica, la persona adulta mayor de ambos sexos se ve afectada a su vez por el nuevo modelo de sociedad basado principalmente en el consumo de bienes y servicios. Este nuevo orden del mercado, el cual no deslegitima la lógica cronológica tripartita anterior, más si constituye un referente importante para la aparición y sustentación de nuevos roles sociales. De esta manera, hoy por hoy no es extraño observar que viejos y ancianas realicen roles sociales muy similares en el hogar.
La familia, aunque históricamente siempre ha sido el principio y fin de la vida de muchas mujeres (esfera privada) en la contemporaneidad se ha transformado en el principal centro existencial también de los viejos varones. Por ende, no es atípico observar a muchos de estos realizar labores hogareñas como el cuido de sus nietos. Por otra parte, la vida pública de las ancianas se ha incrementado, siendo muchas veces estas las que a pesar de su edad realizan trabajos para ayudar en el seno familiar o, asumen otras responsabilidades algo alejadas al modelo patriarcal definido para ellas (amas de casa, etc.).
Esta ambivalencia en los roles sociales de la persona adulta mayor, según el demógrafo y sociólogo español Julio Pérez Díaz, ha sido el producto inevitable de un mundo envejecido constituido por mujeres ancianas y, por otra parte, sugiere que existe una dicotomía generacional en donde lo masculina tiene que ver más con la juventud y la madurez, mientras que lo femenino con la etapa de vejez de los seres humanos. Ahora bien, se entiende lo masculino como ámbito público (mundo del trabajo, la participación, etc.), mientras que lo femenino como esfera privada (la familia, la enseñanza, etc.). Aunque parezca extraño, ya en el siglo XIX pensadores sociales como Georg Simmel planteaba la idea de que la cultura femenina podría construir realidad social (cultura objetiva), siempre y cuando exaltara su particular universo imaginario sobre la sociedad y lo masculino. Por el momento, esta hipótesis Simmeliana parece estar dibujándose en el siglo XXI, mientras se va desvaneciendo, no lo masculino como tal, sino las barreras estructuradas por sus premisas patriarcales.
BIENESTAR SOCIAL PARA LAS ANCIANAS
Así, se evidencia que la sociedad panameña no solo se encuentra en pleno proceso de envejecimiento, sino que un segmento importante de su población femenina se encuentra excluida del bienestar social. Lo que debería llevarnos, irremediablemente, a preguntarnos si debemos como sociedad incidir en esta problemáticas socio-estructurales por medio de una política gerontológica integral, que sirva de nexo dentro de las complejidades específicas del envejecimiento y la vejez o, en cambio, relegamos, el cuido de nuestras ancianas a familiares o allegados.
Mientras reflexionamos a este respecto, recordemos que las personas mayores no son residuales, sino ciudadanos con derechos sociales. Lo que significa que el istmo, como sociedad moderna y democrática, tiene la obligación de constituir un escenario propicio y solidario para que nuestras ancianas no se vean reducidas a la miseria más humillante, a los avatares de la incertidumbre y, a la negligencia de la inhumanidad.
De esta forma, al igual que han realizado otras sociedades envejecidas del contexto latinoamericano como la costarricense, la uruguaya y la cubana; debemos como sociedad apostar por un Estado inclusivo para nuestras ancianas, el cual les proporcione un adecuado bienestar social focalizado a sus necesidades particulares.

Publicado por: laestrella.com.pa - Alberto Valdés Tola – 06/07/14 -


Por qué maté a mi marido

“Yo sólo quería que mis hijos tuvieran a su papá, a su mamá y todo estuviera bien. No quería esto”, dice entre lágrimas Claudia Vera, la mujer que hoy está con arresto domiciliario en Tunuyán, acusada de haber matado a su esposo -Miguel Aloise- de una puñalada.

“No tengo nada que perdonarte. Te vamos a acompañar en esta”, fueron las palabras que pronunció el mayor de sus dos hijos (de 19 y 15 años) a través de las rejas en la alcaidía de Tunuyán; le devolvieron la vida.

“Quiero la libertad sólo para estar con ellos. Yo me iría de este pueblo, porque ya voy a quedar estigmatizada. Pero ellos tienen sus amigos, sus estudios, su vida aquí”, aclara. Hablar de sus hijos es lo único que le enciende la mirada. Enseguida, se apura a comentar con orgullo que el mayor estudia Administración y el menor entró al seleccionado provincial de hándbol.

Claudia llevaba 19 años de matrimonio con Miguel y uno de novios. Recuerda como pequeños flashes lo que ocurrió esa negra noche del miércoles 25 de junio.

“Habíamos discutido al mediodía por plata. Me golpeó y hasta cortó la línea del teléfono para que no pidiera ayuda. Creía que le estaba enviando dinero a mi mamá a San Juan (su madre está en silla de ruedas). En la noche, volvió a golpearme. Me acuerdo que se levantaba y me pegaba… varias veces”, relata. Fue en una pausa del castigo que la mujer tomó el cuchillo, que estaba en una mesa de luz, y se lo clavó.

Desde que quedó detenida aquella noche, Vera estuvo tres días en la alcaidía de la zona, uno en el hospital El Sauce -porque un médico había dicho que estaba “desequilibrada”- y el resto en la cárcel femenina de El Borbollón. Ayer, a las dos de la mañana, llegó a la casa de unos amigos en Tunuyán, donde tendrá su arresto domiciliario.

Este beneficio tuvo mucho que ver con un hábeas corpus que presentaron sus abogados patrocinantes, del estudio de Carolina Jacky. El juez de instrucción de Tunuyán, Oscar Balmes, tomó esta decisión después de una extensa indagatoria. “El juez cree que fue algo premeditado. Cómo podría hacer algo así”, sostiene la acusada.

Es locuaz y, pese a lo duro de su relato, su voz no pierde dulzura. Repite que apostó toda su vida al hogar, aunque sueña con poder ejercer algún día como profesora de Historia. Sorprendió “de a buenas” a su esposo hace tres años y él le permitió estudiar en el terciario, “siempre que no desatendiera la casa”.

En el ámbito educativo le dicen “la mamá” del terciario, por ser la mayor y porque cada tanto les llevaba algo casero para comer. Todos -profesores y compañeros- le han manifestado su apoyo. Tanto que fueron los promotores de dos marchas masivas que recorrieron el centro de la ciudad valletana pidiendo su excarcelación.

Historia de violencia

“Empezó por una tontera”, así define Claudia el comienzo de una escalada de violencia que la convirtió en una “presa del miedo”. Dice que su esposo “se había ido al sur, volvió y no tenía trabajo. Andaba mal”. Corría el año 1998 y la pareja tenía un pequeño de tres años. Un día, iban en el auto y “él se iba a bajar en un lugar a comprar zapatillas y yo no quería bajarme porque hacía frío para el niño. Era un Citroën y yo estaba en el asiento de atrás; se dio vuelta y comenzó a pegarme”, relata.

Estos episodios se hicieron cada vez más recurrentes y por cualquier motivo. “Porque estaba gorda, por temas de dinero, por celos. No podía salir sin avisarle, se enojaba si alguien le decía que me había visto en la calle. Había épocas en que quería que trabajara, otras que no. A veces no me dejaba sentarme con ellos a la mesa”, la suave voz de Claudia se quiebra en un sollozo.

“Los golpes siguieron año tras año a pesar de que tuve al otro hijo”, explica. Siguieron durante el embarazo, siguieron aunque Claudia se recluyó en su casa como le pedía, siguieron aunque sus hijos ya grandes trataban de defenderla, siguieron en la vía pública, en reuniones familiares, frente a amigos y hasta en el terciario. “Yo trataba de no charlar con nadie en la calle”, apunta, y reconoce que tampoco podía hacerlo vía telefónica porque “él me vivía rompiendo los celulares”.

Hubo algunos intentos de Claudia de huir de ese infierno, pero dice que no encontró en el Estado el respaldo que necesitaba. Al contrario. “Yo traté de hacer todo lo legal”, apunta.

Cuando la violencia de su marido se hizo evidente, tomó a su hijo mayor -por entonces de 3 años-, trepó a un micro y huyó sin dar explicaciones a San Juan, donde tiene a toda su familia.

El hombre la denunció -siempre según su relato- y quedó detenida dos días en San Juan, con un juicio iniciado y perdiendo la tenencia de su pequeño. En los análisis médicos que le hicieron como trámite judicial se enteró que estaba embarazada de su segundo hijo.

Sobreseída, volvió a Tunuyán a vivir en lo de una vecina para estar cerca de su hijo. “Después él me volvió a suplicar, prometía que iba a cambiar, que me amaba… y yo lo único que quería era tener una familia”, alcanza a pronunciar la mujer antes de que le ganen las lágrimas

Sin paz

Como la situación de violencia continuaba, entre 2010 y 2011 realizó dos denuncias en la Comisaría 15 de la zona. “El tema es que las citaciones llegaban y yo se las tenía que dar y volvían los golpes. Le daban la prohibición de acercamiento y se quedaba en lo de su mamá”, cuenta. Claudia vivía sobre la calle San Luis, en una piecita al fondo de la casa de su suegra. “Ella sabía lo que pasaba. Siempre me rogaba que no lo denunciara”, asegura.

Cuando el juzgado tomó el caso, le puso profesionales que intentaron ayudarla. “Yo le rogué a la jueza y me dejó irme a San Juan con los chicos. Pero él empezó a buscarnos, (además) el menor lo extrañaba mucho y quería volverse con él. Yo me mataba si lo perdía. Y me volví, pese a que mi familia se oponía”, confesó.

Lo que no se perdona esta mujer de 42 años es el silencio que guardó durante tanto tiempo. “Pasaron los años y no lo hablé con nadie. Temía a la estigmatización. Que dijeran: ‘Con ese porte y no puede defenderse’”, confiesa.

Cuando se le pide que formule un consejo para las mujeres que viven una situación de violencia intrafamiliar, no duda en responder: “Que no se callen, que pidan ayuda. El silencio siempre termina en tragedia”.

El calvario de los últimos días

Desde que llegaron los vecinos convocados por los gritos de sus hijos y la ambulancia para asistir a su esposo aquella fatídica noche, la vida de Claudia mutó en un calvario. Recién ahora, con prisión domiciliaria en un departamentito cedido por unos amigos de la pareja, puede encontrar algo de calma.

Primero estuvo tres días en la alcaidía de Tunuyán, donde pudo mantener charlas con sus hijos, que la alentaron a seguir. Después fue derivada al hospital El Sauce. “¡Me medicaron!”, resalta extrañada, “yo que nunca tomé una pastilla”. Según señala Vera, el psicólogo del Cuerpo Médico Forense resolvió un determinante diagnóstico: “Dijo que estoy loca (sic) y tengo intenciones de fuga”.

Allí Claudia pasó más de un día, hasta que los especialistas del hospital desistieron del diagnóstico inicial. Entonces, fue trasladada a El Borbollón.

Salvo los dos días en la comisaría de San Juan que figuran en sus antecedentes, Vera nunca había estado tras las rejas. Semanas atrás, en el cursado de una materia pedagógica había estado viendo videos sobre cómo es educar en contextos de encierro. Nunca imaginó que poco tiempo después se encontraría en esa situación.

“No te imaginás lo que se siente, cómo se vive allá adentro, las necesidades que pasan las presas”, señala la tunuyanina, a quien le tocó dormir en el suelo por el hacinamiento que había en la pieza que le destinaron. “No me dieron ni siquiera una frazada”, dice.

Allí sufrió picos de hipertensión arterial -ahora está medicada-, sin embargo dice que la convivencia “fue aceptable”. Ya conoció ese ‘paisaje’ y dice que luchará para no volver allí. Junto a sus hijos, compartió en varias charlas su sueño de terminar los estudios y construir un futuro de trabajo y armonía. Esa posibilidad es lo único que hoy la mantiene en pie.


Publicado por: Argenpress.info - Gisela Manoni (LOS ANDES - COSECHA ROJA) – 11/07/14 -

Más de 35 millones de niñas en el mundo sin educación por barreras

Más de 35 millones de niñas en el mundo viven sin acceso a la educación por barreras y estereotipos, lamentó hoy la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

Existe un consenso internacional sobre la necesidad de eliminar estas barreras; sin embargo, persisten algunos estereotipos de género que prohíben a las niñas asistir a la escuela, indicó la funcionaria.

Pillay participó en la sesión inaugural de un evento internacional que se celebra en Ginebra, auspiciado por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (Cedaw).

Durante su intervención también afirmó que este flagelo imposibilita a las sociedades el progreso y provoca que las féminas accedan "a peores puestos de trabajo, con peores salarios y peor consideración".

La Alta Comisionada abogó porque las instituciones educativas desempeñen un importante papel en la lucha contra los estereotipos y los roles tradicionales de mujeres y hombres.


Publicado por: Argenpress.info – PL – 08/07/14 -

Guanajuato: Las 13 recomendaciones para evitar alerta de género

Guanajuato falla en prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, concluyo el grupo de trabajo —conformado por autoridades federales— que analizó la situación en la entidad, tras una solicitud de Alerta de género que argumentó que el estado es la segunda entidad federativa con el mayor número de feminicidios en el país.

Aunque el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres evitó declarar la Alerta en el estado, emitió 13 recomendaciones que en caso de no ser aceptadas por el gobierno del panista Miguel Márquez Márquez en los próximos 15 días o aplicadas en un plazo de seis meses, la entidad se convertirá en la primera del país con una Alerta.

El artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la define como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.
Entre los cambios que el estado de Guanajuato tendrá que cumplir se incluyen reformas penales para considerar como graves los delitos de abuso a mujeres o violencia intrafamiliar; la creación de una base de datos para que en la entidad exista información clara y precisa sobre la violencia contra las mujeres; conformar una Comisión para investigar la violencia feminicida o mejorar los protocolos para la investigación de feminicidios.
La investigación del grupo de trabajo —integrado por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos— se originó tras una solicitud de Alerta de Género de la organización civil Las Libres que denunció que en el 2013 se triplicaron los feminicidos en el estado, pasando de 24 a 73, y que de enero a marzo de este año se cometieron otros 12.
Ante esa denuncia, el grupo de trabajo acudió al gobierno estatal para tener una versión oficial y encontró que según autoridades la organización civil “confunde la privación de la vida por cuestiones de género con la privación de la vida de mujeres por circunstancias diversas. Los homicidios de mujeres a los que se refiere constituirían situaciones aisladas de diversa índole, por lo que no todos estarías motivados por cuestiones de género o misoginia”.
Tras verificar la información entregada por sociedad civil y por el gobierno estatal, el grupo de trabajo concluyó que hay un incremento en los casos de muertes violentas de mujeres en el estado de Guanajuato.
“Se observó que en algunos de estos casos se describen condiciones de crueldad e inhumanidad como, por ejemplo, la decapitación o incineración de las víctimas, situaciones que podrían constituir violencia feminicida”.
En la investigación también se condenó “la falta de efectividad del sistema de impartición de justicia”, pues sólo el 20% de los casos reconocidos como feminicidios han obtenido una sentencia condenatoria.
Estas son las 13 recomendaciones del Grupo de Trabajo que el estado de Guanajuato está obligado a acatar si quiere evitar la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la entidad.
Uno
Se menciona “la imperiosa necesidad” de reformar el Código Penal para el Estado para que la violencia contra las mujeres sea sancionada “de acuerdo a su gravedad y con ello evitar la impunidad”.
Por lo tanto se solicita realizar cambio de denominación en el delito de violencia intrafamilar por violencia familiar y en el de abusos eróticos sexuales por abuso sexual; adecuar penalidades de los delitos sexuales y de violencia familiar; revisar si esos delitos deben ser perseguidos de oficio; tipificar el delito de estupro; o establecer con perspectiva de género la reparación integral del daño en el tipo penal de feminicidio y demás delitos contra las mujeres.
Dos
Realizar programas de capacitación y profesionalización en materia de derechos humanos y perspectiva de género para las autoridades que atienden casos de violencia de género.
Tres
Ante la inexistencia de información sistematizada sobre hechos que impliquen violencia contra las mujeres, el estado deberá elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.
Cuatro
Debido a que el sistema de información estatal no es confiable, se debe rediseñar un banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres en el que participen todas las instancias involucradas en la atención y sanción de este tipo de violencia. El objetivo es tener estadísticas y diagnósticos para conocer patrones de violencia e instrumentar políticas públicas.
Cinco
Se deberá asignar presupuesto etiquetado a programas dirigidos a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y fortalecer al Instituto de la Mujer Guanajuatense.
Seis
Existen inconsistencias y contradicciones entre las fuentes de información sobre la violencia feminicida en la entidad, por lo que deberá existir una instancia de seguimiento de la violencia feminicida integrada por la Procuraduría General de Justicia del Estado y organizaciones civiles.
Siete
Los protocolos utilizados para investigar los delitos del feminicidio, violencia familiar, violación de mujeres y no localización de mujeres no son adecuados, por lo que deberán mejorarse con apoyo de especialistas y publicarse en el Periódico Oficial.
Ocho
Contar con protocolos de actuación especializados para policías municipales y estatales que incorporen perspectiva de género.
Nueve
Garantizar la reparación integral del daño en concordancia con el marco jurídico nacional e internacional bajo un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género.
Diez
Especializar y fortalecer la atención de los Centros Multidisciplinarios para la Atención Integral de la Violencia y coordinar su trabajo con la Procuraduría.
Once
Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia contra las mujeres.
Doce
Tener campañas permanentes de alcance estatal con perspectiva de género en las que se fortalezca la promoción de la prevención de la violencia de género y feminicida.
Trece
Mantener y reforzar el mensaje de cero tolerancia la violencia contra las mujeres, todas las autoridades estatales y municipales deben promover el mensaje; se deberán difundir las sentencias dictadas por el Poder Judicial del Estado para promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres y hacer públicas las sanciones contra los agresores.
Publicado por: Animal Político . Tania Montaldo – 11/07/14 -


Redadas de mujeres indias contra el trabajo infantil

Grupos de mujeres se organizan en Andhra Pradesh para localizar niños trabajadores en situación de explotación y denunciar a los empresarios. Realizan redadas con el beneplácito del Gobierno para reducir las cifras de empleo infantil: cerca de 28 millones de niños trabajan, según Unicef. Si no estamos nosotras, ellos no hacen nada; a menudo aceptan los sobornos de los empresarios”, dice una voluntaria.

El niño Shueb se levanta temprano. Le cuesta mucho levantarse, no tiene ganas, pero debe hacerlo. No es que las matemáticas se le resistan, no es que la ciencia le aburra; es que hace ya varios meses que no pisa el colegio y cada vez que el sol vuelve a asomar por el horizonte, sabe que le aguarda una eterna jornada de trabajo. En el sureño pueblo de Kadiri, en el Estado indio de Andhra Pradesh, la vida transcurre con el alboroto cotidiano, ajena a la tediosa rutina de Shueb y a su sueño desvelado. Él no lo sabe, pero en unas horas un grupo de mujeres intentará despertarle y denunciar al empresario que nubla su infancia.

Una de cada tres personas de los 1.200 millones de habitantes de la India vive en extrema pobreza. Éste es el monstruo creado por un sistema global que perpetúa la desigualdad y que condena a 28 millones de niños y niñas indios, según Unicef, a cambiar la escuela y los juegos infantiles por unas pocas monedas que sumen a la economía familiar. La India es el país del mundo donde hay más niños trabajando, por lo que las medidas que tome este país son determinantes en la lucha global contra la vulneración de los derechos de la infancia. El gobierno indio sólo reconoce, sin embargo, cinco millones de niños trabajadores según la última encuesta nacional de 2010. Este dato, basado en los casos de los que la policía tiene conocimiento, invisibiliza a los niños indocumentados y a los que son víctimas de la trata; sin una correcta definición de la magnitud del problema las políticas ejecutadas son, por fuerza, insuficientes.

Todas estas cifras están lejos del minúsculo piso donde Shueb todavía duerme en un camastro. Se levanta con lentitud, se pone la ropa del día anterior y se sienta en el suelo frente a un plato de arroz que su madre ha preparado con mucho cariño y poca salsa, porque el sueldo no da para más. Tiene diez años, está sucio y muy delgado, pero no es un caso aislado; como él, 217 millones de personas están desnutridas en la India, según la FAO. La pobreza causa desnutrición y la desnutrición afecta negativamente a la productividad de las personas y su capacidad para mejorar sus ingresos. No es un círculo vicioso: es una ruleta rusa.

El trabajo infantil está comúnmente aceptado por la sociedad, incluidas las autoridades. "Cuando hablamos con el departamento local de Trabajo para que hagan algo al respecto, nos dice que en Kadiri no hay trabajo infantil", denuncia Cheruvu Bhanuja, una activista que desde su pequeña ONG, Reds, lucha por los derechos de los colectivos más vulnerables. Cansada de esta inacción, se reunió con el jefe del distrito y de la policía y les arrancó el compromiso de intervenir; desde entonces, el gobierno local se coordina con las brigadas de mujeres voluntarias que Reds ha puesto en marcha para identificar y rescatar a niños en situación de trabajo.

Comienza la redada

Por la mañana las mujeres se organizan en la oficina de Reds, a las afueras de la ciudad. "Hemos encontrado a varios niños trabajando cerca de la estación del tren, reparando bicicletas y autorickshaws. Creo que deberíamos organizar cuatro equipos y separarnos porque si vamos todas juntas nos verán llegar y esconderán a los niños", comenta una. "No, mejor hagamos dos equipos, porque no somos muchas y si no tendremos poca fuerza para hablar con ellos", responde otra de las mujeres. En cuanto aparecen los representantes del gobierno, se montan en un jeep y en varios autorickshaws; al llegar a la zona de intervención, se separan y caminan con disimulo hasta llegar al taller donde trabaja Shueb, distraído con una moto y una llave en la mano. Al verlo, las mujeres corren hacia él y el dueño del negocio, en un intento porque el muchacho huya, lo empuja, pero éste cae al suelo.

Rápidamente las mujeres agarran al niño, varias más lo rodean. Está asustado. No sabe qué pasa. Mira a su alrededor con el ceño fruncido, acongojado; una de ellas revisa su estado de salud –tiene varias heridas en la cabeza-, le pregunta su edad, le explica que no le va a pasar nada, intenta calmarlo, pero a pocos metros otro grupo de mujeres busca a otro menor y el barrio se ha convertido en una algarabía confusa. Actuar rápido es vital. La representante del gobierno, Bashirunisa, lo graba todo en su móvil porque el vídeo se utilizará como prueba para denunciar a los empresarios. "Le di trabajo al niño porque me lo pidió su madre, yo sólo intentaba ayudarla", se excusa el dueño del taller.

Luego recogen, se suben a los jeeps y actúan en otra zona cercana. En esta ocasión, al verlas llegar los niños huyen. Las mujeres salen detrás de ellos, pero al llegar a la mezquita, se detienen repentinamente en las puertas: la mujer no puede entrar en los templos musulmanes. Los niños permanecen inmóviles, escondidos dentro de la mezquita; habrán de pedir ayuda a dos hombres para que saquen a los niños de allí. Bhanuja explica que "a menudo los empresarios amenazan a los niños y sus familias, por lo que si hay algún problema tienen miedo a represalias".

Sin protección social

En una hora, el equipo de Reds y del gobierno ha conseguido localizar y llevar al colegio a ocho niños. "Estamos trabajando muy duro contra el trabajo infantil, las penas y las multas han aumentado y eso nos ayuda a disuadir a los empresarios; aún así deberemos regresar a los mismos locales dentro de unos meses porque es probable que contraten a niños de nuevo", afirma Bashirunisa.

En la India, hasta 2012 tan sólo estaban penados los casos de trabajos peligrosos; la enmienda a la Ley de trabajo infantil de ese año también ha endurecido las penas, que pueden llegar hasta los dos años de prisión y multas de 50.000 rupias (623€) para los casos más graves. En la práctica, el Gobierno trabaja de la mano de ONGS y entidades como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para rescatar y rehabilitar a los menores, principalmente gracias a las escuelas puente y las escuelas residenciales donde los niños y niñas adquieren el nivel necesario para poder reincorporarse al curso regular.

Media hora después de la redada, Bhanuja recibe una llamada: "Era una de las voluntarias. Dice que los representantes del gobierno las han dejado en la escuela y se han ido. El director del colegio se niega a admitir a los niños y está pidiendo certificados de casta, lo cual es ilegal". La activista se enfada y no se muerde la lengua: "Si no estamos nosotras, ellos no hacen nada; a menudo aceptan los sobornos de los empresarios".

Mayor riesgo para los musulmanes

La madre de Shueb, una mujer musulmana que se quedó viuda hace dos años, ha tenido que enfrentarse a la tradición que dicta que las mujeres de su religión deben permanecer en casa y a la falta de confianza en sí misma para salir adelante. Nunca había hecho nada sola. Ahora trabaja liando tabaco, un empleo por el que apenas cobra lo suficiente para sobrevivir. "En esta zona, las mujeres musulmanas tienen mucho riesgo de migración debido a sus escasos ingresos, muchas son víctimas de las redes de prostitución y trata", señala Bhanuja.

La mujer no vio más opción que poner a su hijo a trabajar como ayudante en un taller de reparación de motocicletas donde cobra 150 rupias al mes (1,86 €) por una jornada completa, muy lejos del salario medio de 6.000 (75€). La incidencia del trabajo infantil es un 40% más elevada entre musulmanes que entre hindúes y también afecta en mayor medida a las castas tribales. Dos tercios de los niños que trabajan en la India lo hacen en el campo, pero también en fábricas, comercios, construcción y minería. Todavía algunos menores son entregados a los terratenientes para que las familias puedan saldar las deudas contraídas, una solución extrema que responde a una situación desesperada.

El trabajo de concienciación a las familias se queda cojo sin una protección social que reduzca su vulnerabilidad y sus problemas económicos, tal y como reconoce un informe de la OIT. La India es uno de los países en vías de desarrollo que menos ha aumentado su gasto en protección social desde el año 2000, apenas un 1 %. La tendencia a la privatización de la sanidad y de la educación también contribuyen a perpetuar el círculo de la pobreza. Pero toda esta teoría está muy lejos del taller donde trabajaba Shueb, de su casa, de su plato de arroz. Se despertó demasiado pronto: le han desahuciado la esperanza.


Publicado por: Argenpress.info - Rocío Ovalle (ELDIARIO.es) – 07/07/14 -

"Todas las colombianas hemos sido víctimas de violencia"


La violencia contra las mujeres es sistemática, aunque haya dificultades para documentar las cifras de la magnitud del problema porque no les reciben las denuncias en las estaciones de policía, en las fiscalías de turno o en Medicina Legal y otras entidades del Estado. El problema de base es que la sociedad ha construido un símbolo de mujer que no se pertenece a sí misma, sino que es ‘propiedad’ de otro. Lo que permite y promueve casos como el que usted describe, se encuentra en el entramado cultural, social y simbólico de un sistema patriarcal en el que las mujeres estamos sometidas a una serie de subordinaciones.
Casos como los que se conocieron la semana pasada, en que el esposo de una joven la atacó en una tienda, la tiró al piso y le arrancó buena parte de la oreja derecha , ¿son excepcionales por el extremo al que se llegó o son sintomáticos de un comportamiento extendido en Colombia?

Si la situación es como usted la describe, entonces los casos de violencia afectarían a todas las mujeres del país. ¿Cree que llegamos a ese extremo?
Me atrevo a afirmar que todas las mujeres en Colombia hemos sido víctimas de algún tipo de violencia o de discriminación: la académica más importante, la que tiene buen estatus económico, la que se casó, la que optó por no casarse, en algún momento todas hemos sufrido algún tipo de violencia por tener cuerpo de mujer. Los casos que conocemos en la prensa y que parecieran aislados o excepcionales son indicadores del sistematismo de la violencia contra las mujeres. Siga usted los noticieros nacionales y todos los días encontrará descuartizadas, cadáveres en maletas, quemadas con fuego o con ácidos, golpeadas, violadas.

¿Qué mueve psicológicamente a un hombre que desfigura a mordiscos a la madre de sus hijos?
Lo que mueve a los agresores es el convencimiento fuerte de que tienen derecho a hacer con sus compañeras lo que quieran. Este tema de la propiedad incluye un control sobre la vida física, sexual y afectiva de las mujeres. Y tiene un fuerte componente de celos exacerbados que nacen de la necesidad de controlar la autonomía de la otra persona. Ese cuadro está vinculado a una gran inseguridad del victimario. En el patriarcado también los hombres han tenido carencias de afecto y extremos de exigencia en los que se cuestiona su masculinidad. Estas construcciones culturales afectan a toda la sociedad.

Los hombres que violentan a las mujeres, ¿son enfermos emocionales?
Es común creer que los victimarios están enfermos o locos. No es así. La evidencia indica, como lo dije, que existen agresores de mujeres porque hay construcciones sociales que así lo indican y permiten. No podemos terminar disculpando al victimario viéndolo como un pobre hombre o perdonándolo por considerarlo enfermo.

¿Los casos que se exponen en medios de comunicación contribuyen o no a disminuir la discriminación de género?
Contribuyen porque producen rechazo social e indignación, pero no hay que olvidar que a esos extremos de violencia que aparecen en la televisión llega también el hombre que en la intimidad de su casa agrede a su esposa; o el hermano que violenta a su hermana porque considera que está a su servicio. Insisto: el extremo está presente siempre y es sistemático, aunque haya ocasiones —y sólo ocasiones— en que sea notorio públicamente.

¿Qué pasa con los casos en que una mujer es agredida por un grupo en el cual también hay otras mujeres, como ocurrió también la semana pasada con una joven a la que casi matan un policía, otro hombre y una mujer por haber chocado su carro contra un puesto de frutas?
Hay que precisar que la violencia contra las mujeres casi siempre es cometida por hombres, pero no se puede negar ni desconocer que el sistema que les ha enseñado a ellos la subordinación de las mujeres, también enseñó a estas a ser reproductoras de los mismos patrones de conducta. Por eso hay madres que golpean y que aprendieron a ser violentas. Pero tampoco las vamos a poner en lugar similar al de los victimarios, porque ellas siguen siendo víctimas.

Una mujer que sufre ataques sucesivos de su esposo, compañero, hijo o hermano y prefiere callar antes de denunciar o intentar separarse del agresor. ¿Padece alguna alteración psicológica?
Cuando una mujer padece violencia, su autonomía está limitada y no se puede afirmar, desde una perspectiva psicosocial, que quienes la padecen sufren alteraciones psicológicas, ya que esto sería centrar, de nuevo, la responsabilidad en las víctimas y no en los victimarios.

¿Cómo puede describirse, desde el punto de vista psicológico, una relación de pareja en la que uno agrede permanentemente al otro y éste, aunque sufra las consecuencias, tolera la situación y prolonga la relación por años?
En las relaciones de agresión permanente la violencia genera ciclos en los que se crean dependencias afectivas que están en estrecha relación con la violencia psicológica. Y ésta acompaña la mayoría de los otros casos de violencia.

Y, ¿cómo alguien puede salir de esos ciclos?
Implica varios pasos: 1. Que las mujeres conozcan sus derechos. 2. Que las entidades responsables de garantizar sus derechos cumplan con su función. 3. Que existan redes sociales solidarias con las víctimas. 4. Que haya procesos de acompañamiento que permitan a la víctima reconstruir su identidad y superar el sufrimiento.

Explique, por favor, ¿cuál es la relación que existe entre la violencia física y la psicológica, según dijo antes?
Muchas veces la gente dice que a las víctimas les gusta que les peguen u opinan que no hay que meterse porque hoy les pegan y mañana arreglan el problema con su victimario. En realidad lo que sucede es que la violencia física está ligada a la psicológica. La mujer que es violentada físicamente tiene baja autoestima, no posee autonomía y ha construido un pobre concepto de sí misma. Por eso es muy difícil, pero no imposible, que las víctimas se desvinculen psicológicamente de sus agresores. Del otro lado, y de acuerdo con el patrón de conceptos según el cual el cuerpo de las mujeres es propiedad del hombre, éste siente que puede lastimar, usar, violentar el cuerpo de su compañera. Esta creencia permite que la violencia se exacerbe y se ha exacerbado en todos los escenarios desde tiempos inmemoriales.

¿Cuándo se materializa la violencia emocional? Deme un ejemplo.
Ese tipo de violencia puede surgir cuando a una mujer le gritan bruta, tonta, gorda, fea, boba. O cuando la intimidan amenazándola con que no puede salir de la casa, que la van a despojar de su dinero o de sus propiedades; cuando le dicen que no puede abandonar al esposo porque quedará en la calle o cuando éste la obliga a tener relaciones sexuales sin que lo desee.

Pero es evidente que algo se ha avanzado: cada vez hay menos tolerancia hacia la violencia contra las mujeres.
Sí, hay grandes logros y no se ve bien que un hombre ataque a una mujer. Lo que le ocurre a la pareja no es un asunto que se arregla solamente en casa, como antes. Hoy es problema de salud pública. Pero en la medida en que ha sido más visible y que la resistencia de las mujeres está tomando forma, también surgen los movimientos en sentido contrario para mantener la dominación impuesta por el sistema patriarcal.

¿Se podría asimilar a una especie de lucha de poder, como la que ocurre en los escenarios políticos?
Negociar el poder en nuestra sociedad es un tema complejo. Tomará mucho tiempo antes de que los hombres aprendan que las mujeres son autónomas, dueñas de su cuerpo y de sus decisiones, y que no se les somete mediante violencia. Quienes han ostentado el poder históricamente no quieren redistribuirlo ni repensar una forma distinta de relacionarse en sociedad.

¿Reconoce algún avance en las presiones públicas contra la violencia por género o se trata sólo de escándalos momentáneos y en el fondo sigue la tolerancia social a ese fenómeno?
Hay avances, pero también hay más retos. La feminista Rosa Cobo (directora de la maestría en género y políticas de igualdad de la Universidad de Coruña) hizo un análisis muy interesante, según el cual cada vez que las mujeres resisten a las condiciones de subordinación y opresión, el patriarcado crea estrategias de castigo más fuertes para no permitir que le fragmenten el poder. Las violencias contra las mujeres se exacerban cuando se presentan movimientos liberadores. Si bien existen avances, también encontramos retos en todos los niveles: educativo, económico, social, político y emocional, antes de que haya un cambio realmente duradero y transformador.

Las entidades estatales, ¿también son ‘patriarcales’, según las denomina usted?
Suelen serlo, porque replican lo que ocurre en el resto de la sociedad. Por ejemplo, las comisarías de familia en vez de servir de apoyo a las víctimas, suelen revictimizarlas.

¿De qué manera?
Cuando las víctimas van a denunciar al agresor, en lugar de aplicarle a este los castigos previstos, obligan a la denunciante a conciliar con él. Los funcionarios de las comisarías, comúnmente actúan como si las mujeres fueran culpables de la situación que padecen. El Estado colombiano va a tener que actuar reformando esos sitios de atención y sancionando a quienes incumplan la ley que, justamente, proscribe la violencia contra las mujeres (Ley 1257). En este tema sería relevante preguntar cuáles son las posibilidades que tiene quien denuncia, de que se tramite su demanda dentro de las instituciones a las que les corresponde esa función. Habría que revisar la tolerancia a la violencia contra las mujeres a la luz de la impunidad y de la revictimización de las denunciantes.

¿Es cierto que también existe violencia patrimonial y económica, y en qué consisten?
Es cierto y consiste en que a las mujeres se les niegan los derechos que tienen a la propiedad. Por ejemplo, hasta hace un tiempo, y a pesar de que muchas pagaran la casa en la que vivía la familia, su propiedad estaba a nombre del primo, del tío, del papá, del hermano o del esposo. Aún existe esa forma de discriminación: no tener el control de la tierra o de los bienes. En el programa de restitución de tierras ha sido necesario crear una unidad especial para la atención de mujeres por razón de la violencia económica que se ejerce sobre ellas. Hay mujeres a las que todavía les retienen papeles, dinero y otras pertenencias.

¿Realmente existen diferentes tipos de violencia dependiendo de la región en que se encuentran las mujeres?
Realizamos un estudio entre 2009 y 2011 tratando de identificar los tipos de violencia que sufren las colombianas, además de la prevalencia de la violencia sexual en la vida cotidiana y en el conflicto armado. Ese estudio y nuestro acercamiento a las regiones nos permitieron tener una lectura específica sobre las formas que toman las relaciones violentas en las distintas zonas y encontramos que el factor territorial determina las problemáticas, según las características de cada sitio. Por ejemplo, los puertos tienen conflictos relacionados con el narcotráfico y las formas violentas que de allí se derivan; los lugares de extracción minera suelen generar redes de prostitución. Y en los lugares donde viven las poblaciones indígenas o las comunidades afros, las víctimas también sufren violencias diferenciadas, además de la que ya tienen que soportar por ser mujeres.

¿En cuántas regiones y cuántas personas participaron en el estudio?
La primera encuesta de violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano se desarrolló en 407 municipios en los que había presencia de la Fuerza Pública, de la guerrilla, de los paramilitares y de otros actores armados. Participaron en ella 489.678 mujeres (buscar en www.casmujer.com).

Publicado por: elespectador.com – Cecilia Orozco Tascón – 05/07/14 -