sábado, 8 de febrero de 2014

La Fundación Dexeus reconstruye 52 clítoris a mujeres que sufrieron ablación.

La Fundación Dexeus Salud de la Mujer ha reconstruido el clítoris gratuitamente a 52 mujeres que sufrieron una mutilación genital, 13 de ellas durante el año pasado .
Según ha informado la Fundación con motivo de la celebración mañana del Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina, el programa de reconstrucción genital pos-ablación, que dirige el doctor Pere Barri Soldevila, reconstruyó este órgano a las 52 mujeres, que tenían una media de 26 años de edad y recuperaron la capacidad sensitiva en su zona genital.

Barri ha explicado que se trata de una cirugía reconstructiva que consiste en una intervención de unos 45 minutos y un día de hospitalización y el coste de cada intervención lo asume la Fundación Dexeus Salud de la Mujer.
Según Barri Soldevila, "si bien según nuestros datos la edad media de las pacientes sigue rondando los 26 años, cada vez son chicas más jóvenes las que llaman preguntando por el programa e interesándose por la intervención".

Eso se debe, según cuentan las pacientes, a su vinculación con el lugar de residencia y la cultura que han vivido la mayor parte del tiempo.
"Son chicas, la mayoría africanas, que se han criado en Cataluña y que sienten la necesidad de integrarse y ser una más en sus respectivos grupos de amigos y conocidos", ha dicho Barri, que ha señalado que este tipo de intervención permite restituir anatómicamente los órganos genitales afectados en un 90% de los casos.

En un 75% de las pacientes, la restitución también es funcional.
Reconstruir el clítoris es, según Barri, "una decisión muy importante en sus vidas, y por eso no recomendamos la operación antes de los 18 años, a excepción de que haya alguna patología como fístulas o problemas urinarios vinculados a la mutilación sufrida".


Publicado por: lavanguardia.com – Barcelona – EFE – 05/02/14 -


Más derechos: La primera jubilada trans en Argentina.


Carla Castro, de 62 años, es una de las caras de la batalla cultural por la identidad e igualdad y la primera travesti en poder jubilarse antes de los 65 años como establece la ley.

Luego de años de lucha, y luego de poder cambiar el DNI, operarse y casarse, las travestis y transexuales consiguieron una jubilación y un seguro de desempleo. Carla Castro, de 62 años, es una de las caras de la batalla cultural y la primera travesti en poder jubilarse antes de los 65 años como establece la ley.


Así, la beneficiada relató lo difícil que fue su vida: sus luchas diarias cuando era Carlos y se sentía atrapada en un cuerpo que no le pertenecía y la condena de sus compañeros y empleadores cuando les confesó su deseo de operarse.


Carla, nacida en el partido de Pilar, emocionada sostuvo, “mi hermana era hermosa, tenía unos ojos verdes que todos halagaban y era la nena mimada de la familia. Cada vez que a ella le regalaban un vestido me ponía muy celosa y cuando nadie me veía me lo probaba en secreto. A los seis años ingresé al colegio y desde un primer momento me marginaron porque jugaba a ser mujer y me comportaba como cualquier nena de mi edad”.


“En casa el tema era tabú: mis padres jamás me preguntaron nada y yo nunca les conté mis proyectos o cómo me sentía. A los veinte años comencé a ir a la Facultad de Medicina para interiorizarme sobre la operación de cambio de sexo”, cuenta Carla.


Luego de trabajar 17 años como dibujante de cartografía en Techint y ser echada por su condición de trans, con la indemnización más un dinero que le pasa mes a mes su hermana y la venta de todos los muebles y electrodomésticos de su casa, logró subsistir hasta hoy.


“Si bien las leyes no me cambiaron en nada porque tanto la operación como el DNI fueron conquistas que logré a pulmón, estoy feliz de haber logrado la jubilación, de volver a tener mi plata y de facilitarles el camino a tantas otras personas”, admitió.


Con esta ley, Carla puede jubilarse desde los 60 como cualquier mujer. “No es una dádiva sino un derecho ganado en este modelo de país”, concluye Sandra Felgueroso, jefa de la Udai Pacífico.


Martín Olmos, jefe regional de la ANSeS Capital, indicó que existen dificultades ya que “al estar excluidas laboralmente, la mayoría no cuenta con los años de aportes requeridos”. Pero lograr romper con el estigma de que el único camino para las minorías sexuales es la calle se convirtió en una política de Estado.


El Ministerio de Trabajo emitió las resoluciones 332 y 331 que otorgan a las víctimas de violencia de género, travestis y transexuales un seguro de desempleo similar al que cobran los beneficiarios del Plan Jefes de Hogar: una asignación monetaria mensual de 225 pesos durante los primeros 18 meses sin empleo y 200 pesos durante los últimos seis meses.


Además del seguro, el Estado otorgará a aquellos que lo requieran servicios de “orientación y asistencia en la búsqueda de empleo”, “intermediación laboral para la incorporación al empleo en el sector público y privado”, “formación básica y profesional”, “participación en actividades de entrenamiento para el trabajo” y “asistencia técnica para la formulación de proyectos de autoempleo”.


Fuente:  Diario Registrado – Redacción – mayo/2013 - 

Campesinas de Chile enseñarán agroecología a la región

Una parte del predio y al fondo la casa donde se instalará el Instituto de Agroecología de las Mujeres del Campo. Crédito: Cortesía Anamuri.
Una organización que reúne a unas 10.000 mujeres campesinas e indígenas de Chile lanza un instituto de agroecología para el campesinado femenino del sur americano.
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) capacita desde hace años a miles de personas a través de la red internacional La Vía Campesina y trabajando en base a la soberanía alimentaria. Pero hoy enfrenta su proyecto más ambicioso.
El Instituto de Agroecología de las Mujeres del Campo, al que pusieron la sigla IALA, será el primero de América Latina destinado solo a un público femenino y se emplazará en la localidad de Chépica, 180 kilómetros al sur de Santiago, en el poblado de Auquinco, “agua que resuena” en lengua mapuche.
Ya se realizan capacitaciones, a pesar de que la sede no está lista.
“Perseguimos no un sueño, sino un reto”, dijo a Tierramérica la directora internacional de Anamuri, Francisca Rodríguez, encargada del IALA.
El proyecto tiene un centro político, “la producción de alimentos para resolver los problemas del hambre”, precisó.
“Es fundamental buscar los caminos que nos permitan seguir sobreviviendo y existiendo como un sector importante de la agricultura en medio del ataque feroz hacia los campesinos, que tiene que ver con los sectores productivos, pero también con los modelos de consumo”, añadió.
La formación del IALA se orienta a defender la agricultura familiar campesina, dijo.
Es un esfuerzo por sumarse a “la gran tarea” de los Institutos de Agroecología de América Latina de los que tomó su sigla, puntualizó.
Estos proyectos se iniciaron en Venezuela, donde ya egresaron los primeros ingenieros agrónomos, todos hijos de campesinos. Los IALA se replicaron luego en Brasil, Paraguay, Ecuador y en la región andina. El último gran logro fue la Universidad Campesina SURI que se inauguró en Argentina en abril de 2013.
 “Es importante que tengamos profesionales del agro para la soberanía alimentaria, para seguir en este proceso que requiere especialistas arrancados desde la misma tierra”, explicó Rodríguez.
“Nadie más que los campesinos podrán sentir esa necesidad de seguir desarrollando una agricultura al servicio de la humanidad”, añadió.
Rodríguez asegura que en Anamuri “entendimos el reto” y se plantearon un instituto que en una primera instancia estará orientado a las mujeres del Cono Sur americano, pero que luego puede ampliarse a los hombres.
En Auquinco poseen el terreno de una hectárea y una amplia casa que acogerá a las estudiantes, adquiridos por unos 23.000 dólares, que consideran un “regalo” de sus anteriores propietarios, un matrimonio de exiliados que retornaron al país y quisieron vender la propiedad a estas mujeres pensando en el buen uso que le darían.
Pero los daños que sufrió la construcción por el terremoto de febrero de 2010 obligan a una restauración, que es posible y que no la hará perder su origen campesino, según los arquitectos que la evaluaron.
Es urgente comenzar con los trabajos, dijo Alicia Muñoz, directora de organización de Anamuri.
“Este es el verano (austral) en el que hay que organizar brigadas voluntarias para que nos ayuden a poner bonita la casa y los jardines, que no pierda su origen”, dijo Muñoz.
Anamuri decidió que 2014 será “el año de restauración”, una campaña de voluntariado que se iniciará el 4 de enero con un viaje a desmalezar e iniciar la reparación de lo más urgente: la techumbre.
“Este es el sueño de tener un instituto para la conservación de esa agricultura que las mujeres saben hacer, que sea realmente confiable desde el punto de vista de la salud, de los nutrientes”, afirmó Muñoz.
En la historia de la agricultura chilena, el hombre siempre dominó la escena, con la mujer “relegada al ámbito doméstico, el procesamiento de alimentos, la mantención de la casa y la crianza de animales menores”, dijo a Tierramérica el antropólogo Juan Carlos Skewes.
Pero “está olvidada su contribución, para mí fundamental, al trabajo agrícola y al proyecto de desarrollo alternativo que es la huerta”, añadió.
“Cada huerta, cada práctica de cultivos familiares campesinos, supone biodiversidad, conservación de material genético, posibilidad de reproducir la semilla y de hacer mejor uso de los recursos locales”, explicó Skewes, director de la Escuela de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado.
También está allí el espacio para “articular mejor los recursos, el autoabastecimiento y el fortalecimiento de una economía local”, agregó.
“Entonces, sumando, te das cuenta que hay proyectos autonómicos, hay capacidad de autogestión, de autosostenimiento, de manejo de material genético no modificado y se da una suerte de posibilidad de contrarrestar, resistir o desafiar los procesos industriales tanto de la agroindustria como de la industria del procesamiento de alimentos”, completó.
Para el experto, en estas dimensiones “tremendamente contemporáneas” el jugador clave “pasa a ser la mujer campesina, organizada bajo la forma de protección de las semillas para el autoconsumo y el manejo sostenible de la agricultura”.
En Anamuri, el año que comienza es esperanzador. Confían en que el nuevo gobierno, encabezado por una mujer, la socialista Michelle Bachelet, les abrirá puertas para desarrollar mejor su trabajo.
También confían en el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, que declaró 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar, al que ellas añaden el apellido “Campesina”.
“Hay mucha gente que está retornando al campo, por lo tanto hay esperanzas”, concluyó Rodríguez. “Sabemos que haremos patria en nuestra parcela de Auquinco”.
Publicado por: TERRAMÉRICA – (Medio ambiente y desarrollo - IPS) – Marianela Jarroud – Santiago de Chile 03/01/14 -



Caso de esterilizaciones forzadas en Perú no está agotado.


El archivo del caso de la esterilización forzada de más de 2.000 mujeres en Perú durante el régimen de Alberto Fujimori representó un sorpresivo cambio del fiscal encargado. ¿Qué pasó? Esta investigación de IPS confirma que las vías jurídicas no están agotadas.

El fiscal Marco Guzmán Baca emitió el 24 de enero la resolución que puso fin en esa instancia a la investigación de las esterilizaciones forzadas que se practicaron en Perú entre 1996 y 2000. En ella dispone no denunciar penalmente a Fujimori (1990-2000), ni a tres exministros de Salud y otros funcionarios acusados de responsabilidad en el delito.
“Nos llevaron en camiones. Entramos inocentes y contentas. Pero escuchamos gritos y corrí (…). Las puertas estaban cerradas con candado. Me llevaron en camilla, me ataron los pies y ahí me cortaron”, contó a IPS la víctima Micaela Flores Bañares, de la provincia de Anta, en la sureña región de Cusco, que entonces tenía siete hijos.
Eran unas 30 mujeres que fueron al centro de salud bajo el engaño de una campaña para un chequeo general, recordó.

El dictamen fiscal solo determina procesar a personal de salud del norteño departamento de Cajamarca. Las esterilizaciones formaron parte del Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) que crearon Fujimori y su equipo para reducir drásticamente la natalidad en las zonas más pobres del país y que afectó sobre todo a mujeres rurales y quechua hablantes.
Como titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, Guzmán tomó el caso en julio de 2013, luego de que las investigaciones se reabrieran en noviembre de 2012.
El proceso, actualmente con 142 tomos, es de larga data. En mayo de 2009, la fiscalía ya había archivado la investigación contra los exministros y otros funcionarios, pese a los reiterados exhortos del sistema interamericano de derechos humanos.

En 2003, el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa, por el que Perú aceptó indemnizar a la familia de María Mamérita Mestanza, quien murió tras ser esterilizada en Cajamarca.
También se comprometió a investigar y enjuiciar a las autoridades que diseñaron y ejecutaron las esterilizaciones forzadas.
Tras años de idas y vueltas, las organizaciones de derechos humanos vieron una luz en el interés de Guzmán en investigar a Fujimori como autor mediato de esta práctica generalizada y sistemática.[related_articles]
A fines de noviembre, el fiscal advirtió que existían “indicios reveladores de la presunta participación en los hechos de Alberto Fujimori”, por lo que amplió la investigación sobre el caso Mestanza y otros.
La abogada Rossy Salazar, de la organización Demus y defensora de las víctimas, informó a IPS que esta advertencia del fiscal figura en la foja 60277, parte de un reporte del caso dirigido al fiscal Víctor Cubas, coordinador de las fiscalías de derechos humanos.
Guzmán admitió en entrevista con IPS haber señalado que “había indicios de la participación de Fujimori”. Para entonces, el fiscal ya había entrevistado a más de 500 víctimas, principalmente de los departamentos de Piura (noroeste) Cusco (sur), detalló, aunque en su resolución de 131 páginas dice que solo pudo interrogar a más de un centenar.

Además, Guzmán tenía evidencias de que se trató de un plan con metas, incentivos y hasta sanciones para el personal que incumplía las cuotas de esterilización, según documentos  obtenidos por organismos gubernamentales que investigaron los hechos.
Demus invocó esos documentos oficiales en el recurso de queja que presentó el 28 de enero contra la decisión del fiscal, ante el propio organismo de acusación pública.
El recurso menciona cuatro cartas que el exministro de Salud, Marino Costa Bauer, dirigió a Fujimori en 1997. En el oficio N° SA-DM-0722/97, el ahora exculpado en el proceso reporta al entonces mandatario del incremento de la producción de servicios de AQV “y que debemos estar cerrando el año 1997 con una producción total bastante cercana a la meta”.
IPS preguntó al fiscal: “¿Por qué después de determinar en noviembre que había indicios de la participación de Fujimori, usted termina excluyéndolo de esta responsabilidad poco tiempo después?”
“Para poder examinar había que interrogarlo. Yo fui a interrogar a Fujimori y él ha respondido algunas preguntas, otras no. En algunas ha invocado el silencio. Luego su defensor adjuntó los documentos. Eso era importante porque nunca antes se le ha entrevistado a Fujimori por este caso”, respondió Guzmán.

El interrogatorio a Fujimori, el 15 de enero en el penal Barbadillo donde purga condena de 25 años por delitos de derechos humanos, duró entre dos y tres horas. Una semana después, el fiscal archivó la investigación contra el expresidente.
“¿Fue determinante la entrevista con Fujimori para resolver si él tuvo participación en el caso?”, insistió IPS. “Es algo que se ha considerado, pero no es determinante. Lo determinante es el paquete normativo que tengo que aplicar (…) No hay un soporte normativo que refuerce la imputación”, dijo.
El fiscal argumenta que la legislación peruana no tipifica como delito la esterilización forzada, así que no representa un soporte legal. En su resolución señala que los hechos denunciados no constituirían delitos de lesa humanidad, que se aplican para un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y que no prescriben.
En el plano internacional, el Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional, sí contempla el delito de esterilización forzada. El Estatuto solo entró en vigor en julio de 2002 para Perú, después de que se consumaran los hechos y se iniciaran las denuncias, pero “desde inicios de los 90 la comunidad internacional ya consideraba la esterilización forzada como un crimen”, recalcó Salazar.

En su recurso, Demus argumenta que la resolución del fiscal “no agota la investigación penal”. Es solo “el paso inicial en la búsqueda de la verdad” y no cierra la fase probatoria. Por eso, pide que una instancia fiscal superior acuse para que el caso siga. Otra vía para reabrirlo sería la introducción de una nueva denuncia de una víctima.
Demus, además, proyecta presentar a la CIDH la situación en marzo.
El 31 de enero, Guzmán publicó un artículo en el diario El Comercio, en el que señaló que “la única manera de responsabilizar a Fujimori es con la autoría mediata y, según el Tribunal Constitucional, no concurren los requisitos de esta, dado que en el caso no hay estructura rígida vertical, pues no es posible obligar a un médico a operar contra su voluntad”. “Son casos aislados”, dijo a IPS.
Según el Ministerio de Salud, entre 1993 y 2000 se practicaron 346.219 esterilizaciones femeninas y 24.535 masculinas, 55,2 por ciento de las cuales fueron realizadas en el bienio 1996-1997. En ese lapso se efectuaron 262 ligaduras de trompas por día en promedio.

Del total, se ha establecido que algo más de 2.000 personas fueron esterilizadas con engaños y amenazas. Las mujeres de Cusco figuran entre las más afectadas, porque hubo allí casi cinco operaciones al día, según cifras del Ministerio de Salud y testimonios de las víctimas.
Sabina Huillca Cóndor, de la comunidad cusqueña de Huayapacha, narró a IPS que ella acudió al centro de salud de Anta para dar a luz a su hija Soledad, pero terminó alumbrando en el camino.

Las enfermeras le dijeron que debía quedarse para limpiarla y evitar una infección. Al día siguiente, Sabina se despertó llorando, con un dolor punzante, un corte cercano al ombligo y amarrada en la camilla. Después huyó a su pueblo, se limpió la herida con jabón para lavar ropa, se sacó los puntos como pudo, y fue donde su madre para que la tratase con hierbas.
“Ahora tengo cáncer, se me juntó sangre seca en el ovario”, contó mientras mostraba su corte oscuro en el vientre.

Publicado por: IPS – Milagros Salazar – 02/02/14 -


Sandra Cabrera, diez años después.

Hace una década mataron a una mujer sanjuanina que se animó a organizar el gremio de las trabajadoras sexuales en la ciudad de Rosario y denuncia la explotación de la mafia policial.

Diez años después es necesario hacer algunos apuntes: el asesinato de Sandra Cabrera, producido el 27 de enero de 2004, en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus “Mariano Moreno” de la ciudad de Rosario, confirmó la condena que entrañaban las amenazas que recibieron ella, sus compañeras y hasta su propia hija, Macarena, especialmente a partir de setiembre de 2003. Deberían revisarse aquellas causas que vienen desde 1998.
Aunque hubo un esfuerzo para buscar pistas a través del registro de aquellas denuncias repartidas entre varios juzgados provinciales, no se profundizaron los caminos que vinculaban a dueños de boliches, policías federales y provinciales.
Existe una preocupante y llamativa naturalización de parte de la justicia provincial de los delitos denunciados en la causa y que tienen como protagonistas a integrantes de ambas fuerzas. Desde el hostigamiento y persecución a las trabajadoras sexuales hasta el compartir la droga remanente de procedimientos para la venta en la calle con los potenciales clientes de sus tácitas rehenes.
Después del asesinato de Sandra Cabrera se apagaron las denuncias que en los últimos años produjeron los relevos en la cúpula de Moralidad Pública y otras reparticiones. Volvió el miedo y continuaron los aprietes.
Los que mataron a Cabrera siguieron con sus negocios y se sacaron de encima a una molesta denunciante.
Tampoco hubo explicación, de parte del poder político de la provincia, sobre por qué de aquel entonces por qué le sacaron la custodia policial a la asesinada menos de tres semanas antes del crimen. Apenas hubo una excusa a través de los medios de comunicación.

El ex gobernador Jorge Obeid le manifestó su desagrado al entonces ministro de Justicia, Gustavo Béliz, por el acompañamiento que hizo el ex jefe de la división de Drogas Peligrosas de la Policía Federal al principal imputado. El resultado fue la separación de aquel responsable del área y su alejamiento de la ciudad. Más que un castigo, aquella medida política, diez años después, parece ser un encubrimiento de responsabilidades funcionales.
En todo el expediente las tres palabras que más se repiten son: policías federales, provinciales y droga. Sin embargo no existió una búsqueda que intentara desarticular semejante grado de connivencia entre los sectores que supuestamente deben combatir al delito y que, en realidad, lo practican.
Casi una profecía de lo que vendría en Rosario a partir de la segunda mitad de la primera década del tercer milenio.

Tampoco hubo desde la entonces oposición política, hoy gobierno en la provincia de Santa Fe, una continuada y decidida voluntad de combatir las mafias que manejan el negocio de la prostitución y el narcotráfico en la zona de la terminal de ómnibus “Mariano Moreno” en la ciudad de Rosario. Es necesario crear una comisión especial legislativa que investigue aquellos negocios en red que tienen integrantes de las fuerzas policiales, en actividad o en disponibilidad.
El crimen de Sandra Cabrera, por lo tanto, no fue un asesinato pasional, sino un hecho que revela una situación estructural en la ciudad de Rosario, en primer lugar, y en la provincia de Santa Fe, en segundo lugar.
Es necesario revitalizar la investigación judicial en torno al asesinato y crear una comisión bicameral que produzca información y compile pruebas alrededor de una red ilegal de negocios y explotación de personas que incluye menores de edad y que está compuesta, como queda probado en los once cuerpos de la causa, por integrantes de la Federal, la Provincial y tiene contactos con empresarios de la ciudad.

Porque, si el poder judicial no puede, no quiere o no sabe completar las pistas sueltas que quedaron en el expediente, es deber de la Legislatura resolver cómo continúan vigentes los intereses que celebraron el asesinato de Sandra Cabrera.
Publicado por: Agencia de Noticias Pelota de Trapo – Carlos del Frade –Edición 2617 – 27/01/14 - Fuente: Expediente judicial del asesinato de Sandra Cabrera; investigación realizada por el autor de esta crónica.


Porteadoras marroquíes, heroínas y víctimas de la frontera.

Porteadoras marroquíes esperan, cargadas con grandes fardos, en el paso del Barrio Chino, en la ciudad autónoma española de Melilla, en el norte de África. Crédito: Cortesía de José Palazón/Asociación Pro Derechos Humanos de la Infancia
Aún no despunta el sol cuando una mujer marroquí guarda su turno en el paso fronterizo peatonal que separa a su país de la ciudad española de Melilla. Tras horas de espera, cruza, carga sobre sus espaldas un fardo de 80 kilogramos de mercancía y desanda sus pasos entregándolo en su territorio a cambio de menos de seis dólares.
Cada día, ella y otras miles de mujeres atraviesan los puestos limítrofes que comunican Marruecos con las ciudades de Melilla y Ceuta, enclaves españoles en el norte de África, para proveerse de productos dispuestos en pesados bultos y transportarlos por el pasaje fronterizo a pie, en un comercio que mueve millones de euros y del que se benefician los comerciantes de ambos territorios.
Los empresarios de Melilla “viven de este contrabando”, que hacen posible las miles de mujeres porteadoras “para sobrevivir y dar de comer a sus hijos”, dijo a IPS el fundador de la Asociación Pro Derechos de la Infancia, José Palazón, quien vive en la ciudad hace 14 años.
“Son madres solteras, viudas, maltratadas, con maridos inválidos, mujeres excluidas por la sociedad que echan mano del contrabando para poder salir adelante”, afirmó a IPS el dirigente sindical Abdelkader El-Founti, de la melillense Central General de Trabajadores.
A las 9:00 abre el puesto fronterizo melillense del Barrio Chino, la porteadora muestra el pasaporte y camina hacia una explanada en la que varias furgonetas dejaron temprano en el suelo los bultos preparados para la carga.
Amarra con cuerdas el paquete sobre su espalda y anda en sentido contrario más de 200 metros,  sorteando la multitud que se amontona en el estrecho lugar,  para entregar pronto la carga en el lado marroquí y volver a hacer más portes, antes del cierre del paso a la 13:00 horas.
A esta actividad los melillenses y ceutíes la llaman “comercio atípico” y los marroquíes lo viven como contrabando tolerado.
De las altas verjas de hierro del estrecho pasaje del Barrio Chino cuelgan carteles con siluetas de porteadores y porteadoras que indican la entrada.
Las mujeres cobran cuando entregan el fardo en el lado marroquí, donde hay hombres con carretillas o vehículos esperando para transportarlo. La cuantía depende de los kilos que carguen. “Lo máximo son 10 euros (13 dólares) diarios. Por cada porte les pagan de tres a cinco euros (cuatro a seis dólares), según el peso”, afirmó El-Founti.
Al peso que soportan se añaden “todo tipo de vejaciones que sufren por parte de la policía española y marroquí”, denunció.
“El trato que se da a los porteadores es humillante. Hay malos tratos por la policía de ambos lados de la frontera. Solo hay que permanecer cinco minutos allí para darse cuenta”, subrayó a IPS el marroquí Amin Souissi, de laAsociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en la sureña ciudad española de Cádiz.
Souissi recordó la muerte en septiembre de 2013 de un joven porteador de la ciudad marroquí de Tetuán que, “harto de tanta humillación”, se quemó a lo bonzo en el paso fronterizo de El Tarajal de Ceuta, después de que las autoridades de su país le quitasen la mercancía que transportaba.
 “No queremos que pierdan su medio de vida, pero pedimos que se respeten los derechos humanos de estas personas en las fronteras de Ceuta y Melilla”, reivindicó Souissi, quien ha visto a policías empujando con sus porras a las porteadoras.
El activista lamentó la corrupción de las autoridades  marroquíes que cobran la “rasca” (soborno), así como la arbitrariedad imperante a la hora de permitir cruzar a los porteadores, “que depende del funcionario que toque”.
En los enormes bultos se transportan todo tipo de objetos, como mantas, neumáticos usados, alimentos y pañales. La inmensa mayoría de los porteadores son mujeres, pero también lo hacen hombres, sobre todo jóvenes sin recursos.
Muchas mujeres cruzan la frontera con paquetes más pequeños. Otras ejercen como empleadas domésticas en domicilios de Melilla y Ceuta y, a última hora, regresan a dormir a Marruecos.
De las alrededor de 40.000 personas que circulan diariamente entre la localidad marroquí Beni Enzar y Melilla,  solo 10 por ciento lo hace con visado, advirtió El-Founti. Los porteadores deben mostrar su pasaporte y el resto cuenta con un permiso especial, acordado entre el gobierno español y marroquí, para trabajar durante el día a Melilla y regresar a pernoctar a sus hogares.
“Son trabajadores de la construcción, empleadas del hogar y del sector de la hostelería que trabajan 10 o 12 horas por menos de 200 euros (270 dólares) mensuales y sin derechos”, denunció.
El-Founti lamentó que los empresarios melillenses aprovechen el miedo de los “empleados transfronterizos” a perder su trabajo y su situación de necesidad. “Muchas de las mujeres marroquíes empleadas domésticas en Melilla son analfabetas y desconocen sus derechos laborales”, subrayó.
El trasiego de mercancías de las porteadoras “mueve muchísimo dinero a ambos lados de la frontera”, comentó Palazón, quien cree “muy difícil” acabar con esta situación, pero exhorta a dignificar su trabajo y mejorar las instalaciones fronterizas por donde pasan diariamente.
“No hay ni un grifo para beber”, aseveró Souissi sobre el paso fronterizo de El Tarajal de Ceuta, que “más que un paso de peatones parece una jaula” con pasillos muy estrechos donde las porteadoras casi no caben.
Este comercio reporta 1.400 millones de euros anuales (1.800 millones de dólares) en los dos lados de la frontera y supone un tercio de la economía de las dos ciudades autónomas españolas.
De la actividad viven directamente 45.000 personas y 400.000 indirectamente, según datos de la Cámara Americana de Comercio en Casablanca, en Marruecos, citados en la Declaración de Tetuán, firmada allí por casi una treintena de organizaciones en abril de 2012.
En esta declaración se alerta sobre la “importante cantidad de ingresos obtenidos a través del soborno”, 90 millones de euros anuales (121 millones de dólares), según datos del semanario independiente marroquí Al Ayam.
Las condiciones de paso por los puestos fronterizos, donde se agolpan miles de personas, ya han causado muertes. En noviembre de 2008,  Zafia Azizi murió aplastada en Melilla y el 25 mayo de 2009 fallecieron las marroquíes Busrha y Zhora en una avalancha en el paso ceutí de Biutz.
Activistas consultados por IPS coincidieron en que la Unión Europea (UE) no atiende debidamente las vulneraciones de los derechos humanos que sufren las porteadoras marroquíes.
Ceuta y Melilla tienen un régimen fiscal especial con importantes rebajas impositivas y son ajenas a la Unión Aduanera  del bloque, lo que permite a ambas ciudades importar con aranceles inferiores a los de la UE y vender a los ciudadanos marroquíes esos productos para su posterior ingreso irregular en Marruecos para su reventa.

Publicado por: IPS – MÁLAGA – España – Inés Benítez – 24/01/14 -



México: Abusa de una niña, alega “ignorancia”… y lo liberan

La justicia mexiquense consideró que el agresor tiene "escaso desarrollo cultural y suma ignorancia", por lo que no sabía que "tomar como mujer a una niña" es un delito

Por orden de un tribunal federal con sede en Toluca, este lunes 27 de enero, fue puesto en libertad Roberto Orozco Cantica, quien desde septiembre de 2012 purgaba una sentencia de 15 años de prisión,
 tras confesar su culpabilidad en la violación de una niña de 13 años, a la que con engaños trasladó desde Baja California Sur hasta el Estado de México, para “tomar(la) como su mujer”. 
La determinación de otorgar la “liberación inmediata” a Orozco Cantica se basa en el argumento de que este hombre, de 24 años, presenta “escaso desarrollo cultural y suma ignorancia”, razón por la cual no sabía que “tomar como su mujer a una niña era un delito”, tal como señala la sentencia en su favor, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Segundo Circuito con sede en Toluca.
“En 2011, este sujeto sacó a la niña de Baja California Sur, en una edad en la que todavía estaba para jugar con muñecas, y se la llevó al Estado de México –informó la maestra Teresa Ulloa, directora de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, que representa legalmente a la menor agredida–. Unos meses después, en enero de 2012, nosotras la rescatamos y promovimos un procedimiento penal en contra del agresor, mismo que concluyó nueve meses después (en septiembre de 2012), gracias a que él mismo se ‘allanó a la acusación’, es decir, aceptó su participación y culpabilidad en los hechos, y esto lo hizo ‘libre y voluntariamente, teniendo claro cuáles son las consecuencias’”, como quedó inscrito en la sentencia emitida entonces.
A cambio de esta confesión, detalló la defensora de los derechos de las mujeres, Roberto Orozco fue sentenciado como culpable por el delito de “violación equiparada”, pero se le concedió la “pena mínima”, que es de 15 años de cárcel.
“Este sujeto apeló esa sentencia –informó Ulloa–, pero el Tribunal de Justicia del Estado de México confirmó que debía pasar al menos 15 años en prisión; sin embargo, luego buscó el amparo de la justicia federal, la cual, finalmente, consideró que por la ‘suma ignorancia’ que presenta el agresor, no se le puede acusar del delito que él mismo confesó y, basados en esto, los magistrados federales que revisaron el caso concluyeron que aquí aplica un concepto legal denominado ‘error invencible de tipo’, es decir, que el tipo penal de violación no aplica, debido a la escasa preparación educativa del violador.”
–¿Esta persona presenta algún tipo de discapacidad mental o intelectual? –se pidió precisar a la abogada.
–No, ninguna.
–¿Es una persona en completo dominio de sus facultades mentales?
–Claro que sí –remarcó la maestra Ulloa–, y tan es así que el sujeto vendía droga, actividad en la que también intentó involucrar a la niña raptada. Debido a eso, nosotras intentamos que este sujeto fuera también juzgado por el delito de trata de personas, pero no fue aceptado y sólo logramos que se le responsabilizara por violación.
Ulloa destacó que, además de alegar ignorancia, Roberto Orozco reclamó su libertad argumentando que la niña –quien entonces tenía 13 años– “consintió” en irse con él, abandonando su núcleo familiar y sus estudios. Sin embargo, subrayó la abogada, la ley no reconoce el consentimiento de los niños y las niñas en estos casos, aquí la ley ordena que debe aplicarse el concepto de “vicio en el consentimiento”, pero en vez de hacer esto, los magistrados federales “pasaron por encima del interés superior de la niña y favorecieron a su agresor”.
La revictimización de esta niña, abundó Ulloa, fue todavía más allá, puesto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Segundo Circuito con Residencia el Toluca, difundió la identidad de esta menor, a pesar de que la Constitución establece que siempre deben mantenerse bajo reserva los datos personales y de identificación de aquellas víctimas que son menores de edad, o que sufrieron delitos sexuales, trata, secuestro o delincuencia organizada.
“No obstante –denunció la activista–, los magistrados federales del Segundo Tribunal Colegiado Penal de Toluca insistieron en hacer pública la identidad de la niña, alegando que a ello se veían obligados por la Ley Federal de Transparencia, esto, a pesar de que ninguna ley está por encima de la Constitución.”
La menor agredida por Roberto Orozco, lamentó Ulloa, ya había sido reintegrada a su núcleo familiar e, incluso, había retomado sus estudios de nivel secundaria. Sin embargo, debido a la liberación de su agresor, y ante la vulneración de su identidad por parte de los magistrados, esta niña debió nuevamente ser puesta en un programa especial de protección.
“Este martes me presenté a la Suprema Corte de Justicia de la Nación –remató la maestra Ulloa–, donde me hizo el favor de recibirme la ministra Olga Sánchez Cordero, quien no podía creer lo que le estaba contando. Ella prometió revisar la determinación de los jueces de Toluca, y nosotras formalmente solicitamos que la Corte ejerza su facultad de atracción para revisar este amparo, así como la actuación del Segundo Tribunal Colegiado Penal de Toluca, cuyos integrantes evidentemente no saben nada de derechos humanos… o se corrompieron.”

Publicado por: ANIMAL POLÍTICO – París Martínez – 29/01/14 - 

El secreto de Islandia, el mejor país del mundo para ser mujer

Annadís Rudolfsdottir aún recuerda el día que cambió la vida de generaciones de mujeres en Islandia. “Sentí que, con 11 años, me convertí en feminista”. El 24 de octubre de 1975, declarado Año de la Mujer por Naciones Unidas, organizaciones de mujeres en el país nórdico se tomaron “el día libre” para llamar la atención sobre sus bajos salarios y la falta de reconocimiento a su rol en la sociedad.
“Ni mi madre, ni las amigas de mi madre, ni las empleadas en las tiendas, ni las maestras” trabajaron, cocinaron o cuidaron a sus hijos aquel día, recordó a BBC Mundo Rudolfsdottir, que quedó sola en casa con su hermana menor.
Nada menos que el 90% de las mujeres del país se sumó a la protesta y se congregó en actos públicos.
Las empresas no tuvieron más remedio que recibir el influjo de niños que acompañaban a sus padres y muchas escuelas, fábricas y tiendas cerraron.

Fue un llamamiento a la acción. Muchos sienten que la solidaridad mostrada ese día abrió el camino para la elección, cinco años después, de Vigdis Finnbogadottir, la primera presidenta electa democráticamente en el mundo”, señaló Rudolfsdottir, actualmente coordinadora del programa sobre estudios de género en la Universidad de la ONU en la capital islandesa, Reikiavik.
La protesta de 1975, seguida de acciones similares en 2005 y 2010, muestra la lucha detrás de los cambios que hoy explican por qué Islandia es, por quinto año consecutivo, el país número 1 en equidad de género, según el ránking anual del Foro Económico Mundial.
¿Cuál es el secreto de esta nación de poco más de 300.000 habitantes y qué puede aprender América Latina?

LA CLAVE DE LAS GUARDERIAS
Países con menor disparidad de género
1. Islandia. 2. Finlandia. 3. Noruega. 4. Suecia. 5. Filipinas. 6. Irlanda. 7. Nueva Zelanda. 8. Dinamarca. 9. Suiza. 10. Nicaragua.
Algunos analistas han buscado las raíces de la mayor equidad de género en factores culturales. “Las sagas suelen tener personajes femeninos muy fuertes, o a veces se menciona que los hombres estaban ausentes porque trabajaban en el mar”, dice Rudolfsdottir.
Pero la académica asegura que para hallar las causas de la menor disparidad de género en Islandia es necesario mirar a las acciones del movimiento de mujeres, marcado por la huelga de 1975.
“En esencia, este movimiento luchó muy duramente para crear en la sociedad las estructuras necesarias para que las mujeres pudieran participar en la política y en el mercado de trabajo”.
El 82,6% de las mujeres islandesas en edad laboral trabajan y constituyen el 45,5% de la fuerza laboral. Al mismo tiempo, tienen una de las tasas de fertilidad más altas de Europa, con 2,1 niños por mujer.

¿Cómo lo logran?
Una de las claves es acceso a servicios de cuidado infantil a bajo costo. “Las guarderías son administradas por la municipalidad de Reikiavik, y el precio mensual es muy bajo. Yo tengo dos hijos, viví durante 15 años en el Reino Unido y uno de los grandes problemas era el alto costo del cuidado de los niños para que las madres pudieran volver a trabajar”, señala.

Tres meses para los hombres
Pero además, una de las primeras cosas que llama la atención de las estudiantes de otros países que asisten al curso de Rudolfsdottir es “la gran cantidad de hombres en las calles cuidando niños”.
Y la explicación está en parte en otro de los cambios legales logrados en Islandia: la larga licencia por paternidad.
“En total la pareja tiene nueve meses de licencia luego del nacimiento del bebé”, dijo a BBC Mundo Thordur Kristinsson, profesor universitario de estudios sociales en Reikiavik. “Tres meses son exclusivos de la mujer, tres exclusivos del padre y otros tres pueden dividirse como la pareja quiera”.
“Esa licencia se toma con hasta 74% del salario. El padre y la madre pueden tomar más licencia, pero con una reducción salarial acorde”, agregó.
Para Kristinsson, estas reglas también exigen un cambio de mentalidad en la mujer, que “debe ceder en parte la toma de decisiones sobre los niños”. Sin embargo, considera que esto tiene una ventaja adicional: “las empresas ya no pueden ver a las mujeres como un factor de riesgo por sus licencias por maternidad, también los hombres pueden ser vistos como riesgo”.
“Y además hay un consenso aquí en Islandia. Los jefes también toman su licencia y si un padre no se toma sus tres meses esto se ve en forma extraña, como una falta de responsabilidad”.

Equidad total, ni en Islandia
El ránking del Foro Económico Mundial combina los puntajes de cada país en diferentes sectores, como empoderamiento político, logros educativos y acceso a la salud. El cartel reza: “Juntas firmes, hermanas”. Una consigna de la lucha detrás de cada cambio logrado por las mujeres.
Islandia está en el primer puesto total fundamentalmente por sus logros en dos áreas: educación y participación política.
El 70% de los graduados universitarios son mujeres, aunque la proporción es mucho menor en carreras como ingeniería. En política, las mujeres ocupan el 40% de los escaños parlamentarios y el 50% de las posiciones ministeriales.
Pero el país nórdico ocupa el puesto 97 en acceso a la salud, un sector en el que se ha llamado a una mayor inversión.
“Incluso el país número uno en el ránking ha cerrado solamente en un 87% la brecha entre hombres y mujeres”, dijo a BBC Mundo Saadia Zahidi, directora del Programa de Paridad de Género del Foro Económico Mundial y una de las autoras del ránking.
Para Annadís Rudolfsdottir aún queda mucho por hacer. “La diferencia de salarios entre hombres y mujeres es cercana al 10% y en un sondeo reciente de 3.000 mujeres, el 24% dijo haber sido víctima de violencia sexual alguna vez desde los 16 años”.

AMÉRICA LATINA DEBE EVITAR LA TRAMPA DE JAPÓN

Nicaragua, el mejor ubicado de A. Latina
Nicaragua es el país mejor ubicado de la región, con el puesto 10 en conjunto. Pero ocupa el lugar 91 en participación económica, el 28 en logros educativos y el 55 en salud, por debajo de naciones como Costa Rica, Brasil y Chile.

¿Cómo se explica entonces el lugar 10 en el ránking global?
Saadia Zahidi dijo que los puntajes reflejan a veces diferencias de decimales. En el caso de Nicaragua “la posición está determinada por lo que ha hecho en términos de empoderamiento político. En esta área ocupa el lugar 5, con 40% de los escaños parlamentarios ocupados por mujeres”.

¿Qué pueden aprender los gobiernos de América Latina del alto ránking de Islandia?
“América Latina es la región en que más países han logrado cerrar la brecha en salud y educación”, dijo a BBC Mundo Zahidi. “De las mujeres en edad universitaria, el 29% logra graduarse a nivel regional, en comparación con un 22% de hombres”.
La analista del Foro Económico Mundial recordó que “los gobiernos nórdicos reconocieron hace mucho tiempo que no pueden ser competitivos sin aprovechar todo el talento disponible en la sociedad”.
“Las mujeres en América Latina tienen la oportunidad de cambiar las estructuras necesarias para poder combinar trabajo y crianza de los hijos, al igual que en los países nórdicos. De lo contrario los países latinoamericanos se hallarán en una situación similar al estancamiento en que se encuentra desde hace décadas Japón, donde las mujeres van a la universidad igual que los hombres pero no se ven en puestos de liderazgo”, indicó.
Para Annadís Rudolfsdottir, más allá del ejemplo de Islandia, hay que mirar hacia adentro. “Yo empezaría por preguntarles a las propias mujeres de cada país en América Latina qué obstáculos concretos están impidiendo su mayor participación en el mercado laboral”.


Publicado por:  AmecoPress/Woman in Management – Redacción – 30/01/14 -