jueves, 13 de junio de 2013

Uruguay: Mujeres de 15 a 18 años y embarazadas son las más agredidas, señala encuesta.

La Encuesta de Prevalencia de la Violencia Doméstica en los servicios de salud, presentada el último día 15 en Uruguay, reveló la situación de la violencia doméstica relatada por mujeres mayores de 15 años que buscan atención en los servicios de salud públicos y privados del país.

El estudio fue elaborado por la Facultad de Medicina, por el Instituto de Estadística y por el Ministerio de Salud Pública, en el marco del Programa Integral de lucha contra la violencia de género.

El mapeo analizó 1.200 casos de mujeres de todos los niveles educativos, distribuidos en localidades con más de cinco mil habitantes y constató diferentes agresiones contra las mujeres: violencia doméstica – 27,7% de los casos, violencia psicológica – 23,9% de los casos, violencia física – 6,3% y violencia sexual con el 6,2% de los relatos.
De acuerdo con la encuesta, una de cada cuatro mujeres sufre violencia doméstica en Uruguay. 

Las que están en la franja etaria de los 15 a los 18 años son las más agredidas, con el 35,4% de los casos. Las mayores de 65 años son las menos agredidas (22%). Ocho de cada 10 mujeres declararon haber sido agredidas por un hombre que, en el 40% de los casos es su pareja actual. Si se consideran los novios, ex-novios o ex-esposos ese índice de agresión sube a más del 60%.

Conforme los relatos recogidos por el estudio, la situación en la que las mujeres más sufren violencias es durante el embarazo (14%). La frecuencia de las agresiones, según la encuesta, es de casi todos los días (20,5%), una o dos veces por semana (15,1%), una o dos veces por mes (21,7%), menos de una vez al mes (19,9%). Algunas entrevistadas afirmaron haber sufrido algún tipo de violencia de género en los últimos 12 meses.

La ministra de salud, Susana Muñiz, dijo que ésta es la primera vez que el país hace un relevamiento y pone a disposición datos sobre violencia contra las mujeres. Para ella, éste es un problema de salud pública, derechos y seguridad que requiere la elaboración de políticas y acciones preventivas. La ministra resaltó además que el relevamiento servirá de base para monitorear, ampliar y profundizar acciones de combate a este tipo de violencias y que es importante concientizar a hombres y mujeres en relación con los derechos y contra la violencia.

La encuesta fue realizada en el marco del "Programa integral de lucha contra la violencia de género”, que es realizado por el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio del Interior, Poder Judicial y Ministerio de Salud Pública, con el acompañamiento de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Para saber más, entre en: www.msp.gub.uy/uc_7676_1.html

Publicado por: ADITAL – Brasil – Tatiana Félix – 07/06/13 –
Traducción: Daniel Barrantes


Violaciones A Los Derechos De Las Mujeres: Esterilización Forzada, Control De La Natalidad Y El VIH Y Sida.



El pasado julio, el Tribunal Supremo de Namibia sentenció al Estado por la esterilización forzada de tres mujeres embarazadas que están infectadas por el VIH. En Uzbekistán, las autoridades continúan negando casos notificados de dicho procedimiento quirúrgico. AWID da una mirada a las esterilizaciones forzadas en ambos países y lo que éstas significan para los derechos reproductivos de las mujeres

Aunque la esterilización pessian*uede ser una opción de planificación familiar efectiva para muchas mujeres, cuando se realiza sin el consentimiento previo y plenamente informado de ellas es una grave violación de sus derechos humanos, específicamente de su salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR). El resultado de la 56ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW56) de 2012 sobre SDSR, en la cual las reacciones fundamentalistas bloquearon las Conclusiones Convenidas, y más recientemente el 46º Período de Sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo, en el cual fue diluido el lenguaje sobre SDSR, son ejemplos de algunos de los obstáculos que aún existen para asegurar que las mujeres, especialmente las jóvenes, tengan un acceso universal a SDSR. A medida que el movimiento de mujeres se esfuerza por mantener los derechos actuales acordados, es importante prestar una estrecha atención a las políticas y prácticas que los socavan.

La esterilización forzada, un método coercitivo de planificación familiar que involucra extraer o inhabilitar quirúrgicamente los órganos reproductivos sin un consentimiento pleno o informado, es una clara violación de la integridad corporal y la autonomía. Según Radhika Coomaraswamy, ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer: “La esterilización forzosa, grave violación de los derechos reproductivos de la mujer, es un método de control médico de la fertilidad de la mujer sin su consentimiento. Esencialmente, la esterilización forzosa que viola la integridad física y la seguridad de la mujer constituye violencia contra la mujer”.[1]
Manipular el cuerpo de una mujer contra su voluntad le roba la capacidad de tomar decisiones sobre su cuerpo, incluyendo el número de hijas e hijos que tendrá, y es una violación de derechos fundamentales—entre ellos el derecho a la salud—que se supone están protegidos por tratados e instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 7), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer—CEDAW (Artículos 10h, 12, 16e y Recomendación general 19), laDeclaración y Plataforma de Acción de Beijing (La mujer y la salud, párrafo 94) y, dentro de los confines de un ataque sistemático o generalizado, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que en su Artículo 7e identifica específicamente la esterilización forzada entre varios crímenes de lesa humanidad.

Las prácticas discriminatorias son centrales para la esterilización forzada y ésta suele ser prescrita a mujeres jóvenes con VIH y sida, mujeres con estilos de vida no convencionales en cuanto al género, mujeres jóvenes y niñas con discapacidad y mujeres indígenas (entre otras), quienes con frecuencia son forzadas a esterilización y otros procedimientos. En Uzbekistán, el control de la natalidad ha significado que dichas mujeres están en riesgo de ser esterilizadas, mientras que en Namibia se ha evidenciado una clara discriminación contra mujeres con VIH y sida[2] que son forzadas a la esterilización.

Uzbekistán: Control de la natalidad

A pesar de reportajes de prensa y preocupaciones expresadas en el Comité contra la Tortura, de las Naciones Unidas, las autoridades uzbekas continúan negando la realidad de la esterilización forzada en su país. Hasta una reciente investigación de dos meses realizada por la BBC y Radio 4, había habido muy pocas denuncias sobre estos abusos contra los derechos humanos. En un clima político donde no se tolera el disenso,[3] esto también ha significado que las entrevistas con mujeres, médicas/os y funcionarios/as del Ministerio de Salud son escasas y generalmente anónimas.

Los casos[4] que han sido documentados por la BBC sugieren que el procedimiento quirúrgico suele llevarse a cabo durante el trabajo de parto. Varias/os médicas/os admitieron que recientemente ha habido un aumento de cesáreas. Un jefe de cirugía en un hospital cerca de Taskent, la capital de Uzbekistán, cree que el 80 por ciento de las mujeres da a luz por cesárea y agrega: “Esto hace muy simple realizar la esterilización y atar las trompas de Falopio”. Otro médico se refirió específicamente a la Resolución 1098[5], la cual “dice que después de tener dos hijos, en algunas áreas después de tres, una mujer debería ser esterilizada”.

Se cree que la esterilización forzada en Uzbekistán es parte de un programa de control demográfico. Con una población de casi 30 millones de habitantes, es el país más grande en Asia Central. Y la teoría no es improbable, en vista de otros intentos del Gobierno uzbeko por regular los nacimientos, incluyendo cuotas que médicas y médicos deben cumplir para frenar la elevada tasa de fertilidad.[6] Una ginecóloga en Taskent dijo a la BBC: “A cada doctor se le dice a cuántas mujeres se espera que les practique contracepción, cuántas serán esterilizadas. Hay una cuota. Mi cuota son cuatro mujeres al mes”.[7]

Una tendencia preocupante es que el lenguaje referido a la planificación familiar y los derechos reproductivos está siendo manipulado en contra de los propios principios que representan. La salud y los derechos sexuales y reproductivos implican la elección sexual y reproductiva, libre de violencia y coerción. El programa Mejoramiento de los Servicios de Salud Materna e Infantilde Uzbekistán, un esfuerzo conjunto de UNICEF y la Unión Europea, tiene el objetivo de “mejorar la calidad de la atención a madres, niñas y niños y promover prácticas de búsqueda de asistencia médica entre familias y comunidades”, pero aparentemente la realidad ha tenido el efecto contrario. A fin de alcanzar las metas en materia de salud reproductiva, el Gobierno parece haber impulsado un enfoque de solución rápida que viola los cuerpos y la autonomía de las mujeres como una manera de “proteger” la salud materna. “Es una formula simple—menos mujeres dan a luz, menos de ellas mueren”, dijo un cirujano en el reportaje de la BBC. De modo que en lugar de apoyar salud y derechos sexuales y reproductivos reales como una opción más sostenible y basada en los derechos mediante el acceso a servicios e información, incluido el acceso a diversas opciones de planificación familiar, el Gobierno de Uzbekistán está adoptando un enfoque equivocado.

Namibia: Altas tasas de VIH y sida

En Namibia, un país con una significativa prevalencia de casos de VIH y sida, el dictamen del Tribunal Supremo que sentenció al Estado por la esterilización forzada de tres mujeres embarazadas que están infectadas por el VIH es sólo un pequeño paso hacia la justicia. Una apelación del Gobierno fue interpuesta septiembre del año pasado y el alegato de que estas esterilizaciones forzadas habrían sido realizadas debido al estado de VIH de las mujeres—un claro ejemplo de discriminación en función del VIH—fue desestimado por falta de pruebas concluyentes.
En cada uno de estos tres casos, los médicos les informaron a las mujeres—cuando ellas optaron por dar a luz mediante cesárea para evitar transmitirles el VIH a sus bebés—que la esterilización era un requisito para la cirugía, con lo cual coaccionaron su consentimiento. Aunque el Tribunal Supremo no pudo vincular los abusos a la discriminación basada en el estado de VIH, entre 2008 y 2012 el Centro de Asistencia Legal, una entidad legal de interés público con sede en Windhoek, documentó 15 casos de mujeres con VIH que fueron sometidas a esterilización forzada. También la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA (ICW) documentó 40 casos en su informe de 2009 denominado La esterilización forzada y coaccionada de mujeres con VIH en Namibia [disponible en inglés].
Reconocer judicialmente que las mujeres están siendo esterilizadas sin su consentimiento es un paso importante hacia la justicia, pero no aborda la brecha legislativa de conocimientos en materia de SDSR—un motivo de decepción además de la renuencia del Tribunal Supremo a reconocer la discriminación relacionada en función del VIH y de un gobierno que no está dispuesto a aceptar su responsabilidad.

El informe de la ICW concluye: “el Gobierno de Namibia es cómplice en la práctica carente de ética de esterilizar a mujeres positivas [con VIH]”—un punto que ha sido argumentado porJennifer Gatsi-Mallet , Directora Ejecutiva de la Red por la Salud de las Mujeres en Namibia (NWHN), en un reportaje de Think Africa Press de 2012, en el cual explica que durante una reunión de la NWHN con hospitales de Onandjokwe en la región norte, dos médicos y el oficial de programas para el VIH revelaron que habían estado esterilizando (sin consentimiento) de acuerdo a las directrices del Ministerio de Salud. Al preguntarles a estos profesionales qué había influido en tales directrices, ellos respondieron que las mismas se basaban en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para “asegurar que las mujeres infectadas [por el VIH] no queden embarazadas e infecten a sus bebés”. Es interesante señalar que, según el reportaje de Think Africa Press, sólo una publicación de la OMS sobre el VIH y el sida se refiere significativamente a la esterilización, indicando (en la sección 2.2.2.6, pág. 23): “Dado que la esterilización es un procedimiento cuyo propósito es ser permanente, debe darse una atención especial a velar por que cada mujer haga una elección voluntaria informada del método... El personal de cuidados de salud debería asegurar que las mujeres no sean presionadas o coaccionadas a someterse al procedimiento”. Sin embargo, el Ministerio de Salud niega haber emitido directrices para esterilizar a mujeres con VIH o tener conocimiento de que en el país se estaban realizando esterilizaciones forzadas.

Al igual que en Uzbekistán, el lenguaje sobre SDSR (en este caso, de la OMS) está siendo cooptado para privilegiar una estrategia gubernamental de “salud” que carece de un enfoque sostenible y basado en los derechos. Un lenguaje cuya intención es proporcionar a las mujeres elección, información y acceso a servicios de SDSR está siendo manipulado para impulsar violaciones patrocinadas por el Estado contra los cuerpos y los derechos fundamentales de las mujeres. En vez de dar respuesta a la propagación del VIH con soluciones reales, incluyendo el acceso a información y educación sobre SDSR, así como a diversos métodos de planificación familiar, la “solución rápida” regulada por el Estado socava los principios básicos de los derechos humanos, despojando a las mujeres de sus derechos corporales, su derecho a la salud, su autonomía y seguridad.
Acceso a información y soluciones a largo plazo
Aunque las supuestas razones de la esterilización forzada en ambos países son diferentes, el resultado para las mujeres es el mismo: graves abusos contra sus cuerpos y sus derechos. En lugar de afrontar los asuntos reales subyacentes en la sobrepoblación y las crecientes tasas de VIH y sida, la esterilización forzada se convierte en una medida superficial de control por parte del Gobierno, todo el tiempo violando a las mujeres y los acuerdos internacionales que buscan protegerlas.

En Uzbekistán es limitada la conciencia sobre las opciones de planificación familiar. En un reportaje reciente del Instituto de Informes sobre la Guerra y la Paz (IWPR), un trabajador de salud materna e infantil explicó que “éstos son temas tabú... así que, en vez de educar al público, el Gobierno está yendo por el sencillo camino de reducir por la fuerza la tasa de natalidad”.

En Namibia, desigualdades de género muy arraigadas han significado desequilibrios en las relaciones de poder en las cuales los hombres dictaminan el uso de métodos anticonceptivos, lo cual deja a las mujeres “especialmente en riesgo de contraer el VIH porque, como regla, sus posiciones sociales y económicas relativamente débiles les dificultan evitar las relaciones sexuales con un compañero que tiene el VIH u otras ITS [infecciones de transmisión sexual] o exigir el uso de condones”.

En ambos casos, una solución real que protege a las mujeres y sus derechos fundamentales por encima de todo es apoyar a las organizaciones de derechos de las mujeres que están trabajando en pro de aumentar la conciencia sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos y de que se comprenda la realidad de los desequilibrios en las relaciones de poder, así como trabajar con mujeres y hombres para superar retos globales como la sobrepoblación y la propagación del VIH.
* La autora agradece a Marisa Viana por su contribución a este artículo.
Notas:
2.   Ver: GNP+, ICW, Young Positives, EngenderHealth, IPPF, ONUSIDA, Fomento de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos de las personas que viven con el VIH: Paquete de orientación. Ámsterdam: GNP+, 2009.
3.   Según el informe Against Her Will: Forced and Coerced Sterilization of Women Worldwide [Contra su voluntad: Esterilización forzada y coaccionada de mujeres a nivel mundial], publicado por Fundaciones para una Sociedad Abierta, pocas mujeres que han sido esterilizadas forzadamente están anuentes a pronunciarse por temor a represalias.
4.   El país que esteriliza a sus mujeres en secreto, Natalia Antelava, BBC, 12 de abril de 2012.
5.   Al momento de escribir este artículo no había documentación disponible sobre la “Resolución 1098”. Nota de la traductora: Ver: Uzbekistan: “Three Children Is Enough for You”[Uzbekistán: “Tres hijos son suficientes para usted”], Lydia Guterman, Fundaciones para una Sociedad Abierta, 13 de abril de 2012; y Esterilización forzosa de mujeres en Uzbekistán, Radio La Voz de Rusia, 14 abril 2012.
6.   Medidas del Decreto No. PP-1096, del Presidente Islam Karimov, sobre medidas adicionales para proteger la salud materna e infantil y la formación de una generación saludable.
7.   Ibíd., nota 4.

Publicado por: AWID –  Ani  Colekessian - 07/06/13 - 
Título original: Violating Women’s Rights: Forced Sterilization, Population Control and HIV/AIDS.
TraducciónLaura E. Asturias



Sexo oral y su relación con el cáncer.

El papiloma humano pudo ser causante de la enfermedad que sufrió Michael Douglas y produce, en un alto porcentaje, otros cánceres como el de cuello uterino y vagina.

Las declaraciones del ganador del premio Oscar, Michael Douglas, al diario británico The Guardian despertaron el debate sobre la relación entre sexo oral y cáncer de garganta. En la entrevista del lunes pasado, el actor explicó que la enfermedad que padeció hace tres años no fue provocada por el tabaco o el alcohol, como es usual, sino por una enfermedad sexualmente transmisible. "Sin entrar en detalles, este cáncer muy específico está provocado por el virus delpapiloma humano (VPH) y proviene del cunnilingus (práctica del sexo oral)", dijo.
Investigaciones del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y de laSociedad contra el Cáncer del mismo país demuestran que la afirmación de Douglas es cierta. La misma teoría tiene Joaquín Luna, oncólogo y ginecólogo de la Clínica Colombia, quien afirma que entre el 10 y el 15% de los casos de la enfermedad se deben a la presencia del VPH en la garganta.
Sin embargo, las implicaciones del virus van más allá. Luna explica que la infección con ciertos tipos de VPH (son más de 100) también puede causar otras formas de cáncer: de ano (en el 85% de los casos), de pene (40%), decuello uterino (100%) y de vulva y vagina (50%). Asimismo, la hepatitis tipo B, trasmitida por vía sexual como el papiloma humano, es responsable de buena parte de los casos de cáncer de hígado.
Enrique Cadena, cirujano de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Cancerología, dice que pese a la evidente incidencia del sexo oral en el cáncer de garganta, no todos los que lo practican y están en contacto con el virus tendrán necesariamente la enfermedad, ni todos aquellos que padezcan este tipo de cáncer y practiquen el denominado “cunnilingus” puedan atribuir como causa de su mal al VPH.
De acuerdo a un informe de este año de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, la mayoría de las personas con cáncer oral consumen tabaco, y su riesgo de padecer estos tipos de cáncer está relacionado con la cantidad de tabaco y por cuánto tiempo lo han fumado o masticado.
El consumo de bebidas alcohólicas también aumenta el riesgo de padecer la enfermedad:
“el riesgo se eleva aún más para las personas que consumen tanto tabaco como bebidas alcohólicas. Cerca de 7 de cada 10 pacientes con cáncer oral son bebedores empedernidos”, dice el documento, y añade que “el riesgo de estos tipos de cáncer en personas que consumen bebidas alcohólicas y tabaco en exceso puede ser 100 veces mayor que el riesgo en personas que no fuman ni beben”.
Aun así, según reza el mismo informe, en las últimas décadas, el número de casos de cánceres en la garganta asociados al VPH han aumentado “dramáticamente”. ¿La razón?, “se cree que podría deberse a cambios en las prácticas sexuales en las últimas décadas, particularmente a un aumento en el sexo oral”.
El aumento de la enfermedad se ve en países como España, donde el 26,7% de los cánceres de garganta detectados tienen relación con el VPH transmitido por vía sexual oral, según un estudio realizado conjuntamente por cuatro hospitales de Madrid, que por primera vez cuantifican la afectación del virus con estos tumores.
Juan Carlos Ulloa, infectólogo de la Universidad Javeriana, afirma que en el caso de Michael Douglas habría que determinar con una prueba si tiene o no el virus para poder asociarlo con el cáncer. De todas formas, explica que de tener el VPH en su organismo, al ser un agente infeccioso que le gusta invadir mucosas, es probable que sea el causante de la enfermedad. “Lo mismo le puede suceder a muchos colombianos, por eso es fundamental crear una cultura sobre la vacuna contra el papiloma humano”, concluye.
En el mismo punto enfatiza el doctor Felipe Rueda, médico de familia, quien sostiene que casos como el de Douglas obligan a pensar en la necesidad de planes efectivos de vacunación tanto para las mujeres como para los hombres. “Es muy difícil establecer cómo se contagió el célebre actor, pero no hay duda de que el papiloma humano es uno de los causantes de cáncer de orofaringey que en muchas ocasiones está asociado al sexo oral. Por eso varios estados aplican ya la vacuna para niños y niñas”, asegura Rueda.

Según él, todas las personas, después de iniciada la vida sexual han tenido algún contacto con el virus, lo que no significa que desarrollen la enfermedad. De hecho, continúa Rueda, el contacto sexual no es la única forma de transmisión, pues incluso hay encuestas que señalan que algunos niños menores de ocho años ya tienen el virus en prepucio. ¿Cómo lo consiguieron? Eso aún no se ha establecido.


Publicado por: elespectador.com – Redacción Vivir – 06/06/13 -

Historia de Mujeres: Françoise Barre-Sinoussi.

(París, 1947) Viróloga francesa que recibió el premio Nobel de Medicina en 2008. Licenciada en bioquímica por la Universidad de París (1972), se doctoró en virología en 1974 y realizó luego estudios posdoctorales en Estados Unidos. Inició su carrera como investigadora en el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica (INSERM); posteriormente pasó al Instituto Pasteur, donde trabajó con Jean-Claude Chermann en el campo de los retrovirus.

Especializada en infecciones virales, Françoise Barre-Sinoussi adquirió notoriedad en el ámbito científico en 1983, cuando junto con Luc Montagnier logró aislar el retrovirus conocido como VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y determinar que tal virus era el causante del SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), nueva enfermedad por entonces sin tratamiento que se estaba extendiendo por todo el mundo, en una preocupante epidemia. A partir de entonces centró su carrera en la investigación del SIDA, tanto con trabajos destinados a la obtención de una vacuna como a la prevención de la enfermedad y a la lucha contra la infección. Contribuyó a la puesta a punto de tests de detección y estudió la transmisión de la enfermedad al feto en las madres portadoras del virus.

La investigadora francesa, que ha trabajado también en la coordinación de programas de la Agencia Nacional francesa de Investigación sobre el SIDA (ANRS) en Camboya y Vietnam, es vicepresidenta del Consejo Científico y miembro del Consejo de Gobierno de la ANRS, además de profesora del Instituto Pasteur y directora de su Unidad de Regulación de Infecciones Retrovirales, dentro del Departamento de Virología. En 2008 recibió, junto con Luc Montagnier, el premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento del virus del SIDA. Compartieron el galardón con el alemán Harald zur Hausen, descubridor del virus del papiloma, causante del cáncer de cuello de útero. Autora de numerosas publicaciones científicas sobre su especialidad, Barre-Sinoussi fue distinguida en 1996 con el título de Caballero de la Legión francesa.


Fuente: Biografías y Vidas - junio/2013 -

Fin a las distinciones (sobre opción de dos mujeres a ser reconocidas como madres).

Una nueva amiga me contó que una de sus hijas era lesbiana y que los niños que tenía con su pareja habían nacido mediante fertilización asistida. Cuando supe este aspecto de su historia, tuve que readecuar las imágenes que antes me había hecho de su vida familiar, cambiando al yerno que yo había inventado por una nuera. Las historias de los niños regaloneando con la abuela, la cotidianeidad de los almuerzos del fin de semana, los juegos de los primos, en cambio, permanecieron intactos. La abuela me confesó que aunque en algún momento la complicó que su hija fuera lesbiana, hoy vivía esa situación con total naturalidad.

Esos niños saben y sienten que tienen dos mamás. Esas dos mujeres saben y sienten que son mamás de dos preciosos mellizos. Sin embargo, para el derecho chileno esos niños sólo tienen una mamá: la que los llevó en su vientre. El derecho declara que son hijos de madre soltera. Su otra mamá no puede adoptarlos, porque si lo hiciera, los niños perderían el vínculo con su mamá biológica. Respecto de su mamá no reconocida, nuestro sistema no les otorga a esos niños los derechos legales de cuidado, crianza, educación y socorro.

Si en el futuro no vivieran con su mamá, estos niños no podrían exigirle derecho de alimentos ni tendrían por ley el derecho a seguir en contacto con ella mediante un régimen de comunicación. Si su mamá muriera, no serían reconocidos como herederos. Esa mamá no puede, de acuerdo con la ley actual, educar y corregir a sus hijos, ni representarlos jurídicamente (no puede tomar decisiones relevantes sobre salud o educación, por ejemplo). No puede, siquiera, impedir que sus hijos sean sacados de Chile sin su permiso.
Hay países que sí reconocen el vínculo parental de dos mamás (o dos papás) y los niños de estas parejas quedan amparados por el derecho de familia. El derecho reconoce lo que los niños viven: una realidad familiar que para ellos y su entorno es valiosa.
Para no adoptar esta solución, en Chile se dice que es necesario asegurar el interés superior de los niños. Sin embargo, no hay razón que permita afirmar que dos mamás o dos papás van a velar menos por el interés de los niños que una pareja heterosexual, salvo la idea preconcebida de que las personas homosexuales tienen un déficit en sus capacidades parentales.

Es común, por ejemplo, asumir que las parejas homosexuales al decidir tener o adoptar hijos están sólo pensando en sus intereses egoístas y no que están realizando un acto de amor generoso, como sí se piensa de las parejas heterosexuales cuando deciden ser padres. Esos prejuicios no tienen sustento sino en la ignorancia o el miedo.

Ni todas las parejas homosexuales son buenos padres ni todas las heterosexuales lo son. Por eso, el derecho contempla la posibilidad de que un juez declare, en un caso particular, la inhabilidad de un padre o una madre que dañe a sus hijos. La inhabilidad no debe presumirse en razón de la sola orientación sexual. No es válido el argumento de que a los hijos se les perjudica al exponerlos a la discriminación social. Aceptar que se imponga el prejuicio es dar un derecho a veto a quien discrimina.

Bajo el derecho internacional, el Estado tiene el deber de trabajar por la eliminación de los estereotipos de género que sí causan daño. Negar a las familias de padres y madres homosexuales el amparo del derecho va exactamente en la dirección contraria.


Publicado por: Página web de Las Humanas (Chile) – LA TERCERA - Verónica Undurraga, Profesora de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez – 06/06/13 -

Chile: Estudio revela perfil de las mujeres condenadas en cárceles del país.

El informe de la U. de Chile indica que el 31% de ellas ha estado más de cinco años de su vida en un penal. El análisis busca mejorar las herramientas de reinserción y capacitación de las reclusas.

El 38% de las mujeres condenadas ha estado en la cárcel más de una vez y el 31% ha estado más de cinco años de su vida detenidas. Así lo reveló un estudio presentado el jueves, en la primera Mesa de Políticas Penitenciarias con enfoque de género 2013, realizada por el Ministerio de Justicia.
El estudio, encargado por el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) y realizado por el Instituto de Asuntos Públicos y Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, consideró a 391 mujeres reclusas de distintos centros penitenciarios de la Región de Valparaíso, Biobío y Metropolitana, de entre 19 y 78 años. De ellas, el 94,1% tiene, en promedio, casi tres hijos, mientras que el 30,3% es jefa de hogar sin tener una pareja estable.
Al respecto, la coordinadora general del informe y de estudios penitenciarios de este centro de la Universidad de Chile, Olga Espinoza, explicó que parte de la información más importante que arrojó la investigación es el perfil que caracteriza a estas mujeres. “En este sentido, un alto porcentaje tiene entre dos y cinco hijos, que indican que es jefa de hogar, por lo que es la principal fuente de ingresos de su familia”. Otra de las conclusiones es que el 41% de estas jefas de hogar es reincidente y el 10% ha estado presa por cuatro o más veces. Respecto de los años de permanencia en las cárceles, el 12% ha estado por más de nueve años.
Otro de los datos que arroja el estudio es que el 32% de condenadas encuestadas trabajaba, previo a su condena, en el rubro del comercio. Por su parte, el 6% se dedicaba a actividades delictivas, recibiendo alrededor de $ 820 mil mensuales, mientras que las que se dedicaban a actividades lícitas ganaban, en promedio, $ 303 mil. Ante esto, Espinoza indicó que “un público de escasa formación (75% no ha completado sus estudios formales), con limitado acceso a experiencia laboral (...), podrá tener mayor probabilidad de optar a actividades que generen retorno (dinero) de forma rápida y fácil”.
REINSERCION
Para colaborar en la reinserción de las mujeres privadas de libertad, la ministra de Justicia, Patricia Pérez, explicó que es necesario diseñar programas enfocados en las características y condiciones propias de la mujer, debido a que hoy “las cárceles, en general, están construidas para las necesidades de los hombres”. La ministra agregó que “existe una invisibilización de la realidad penitenciaria y más aún, de la que viven los grupos minoritarios, como las mujeres”. Este grupo alcanza el 8% del total de la población penal. El objetivo de este informe era evidenciar el perfil de las reclusas para mejorar las instancias de capacitación y reinserción.
Según la ministra, hay que reforzar los programas hacia una mayor capacitación en oficios, considerando que cerca del 65,7% de las reclusas -según el estudio- tiene como proyección trabajar de manera independiente. “La información (del documento) permite, a quienes elaboran las políticas públicas, identificar que los programas de reinserción deben trabajar el tema de las expectativas laborales futuras, pero necesariamente también, en el apoyo sicosocial y de seguimiento”, señaló Olga Espinoza.
Otro punto de la política penitenciaria es avanzar en la nivelación de estudios y modificar el reglamento de las cárceles. “Esto es muy importante porque la normativa no tiene un enfoque de género y es bastante antigua”, indicó la ministra Pérez. A raíz de esto, en abril, en la última conferencia plenaria de ministros de Justicia iberoamericanos desarrollada en Viña del Mar, Chile se suscribió al Programa Modelo de Género en contexto de privación de libertad.

Publicado por: LA TERCERA (Chile) – Gabriela Castillo - 08/06/13 -

De clones, embriones y células madre. Interrogantes en torno a la biotecnología aplicada a humanos.

Es fácil advertir el vertiginoso avance de la ciencia y de la tecnología, en particular aplicado a la salud del ser humano. Pero tal como hemos sostenido en otras oportunidades, aquel representará un progreso de la humanidad en tanto se condiga con el Bien del hombre. Muchos de los que se presentan como progresos de la ciencia ponen en riesgo o atentan contra la dignidad humana, el ejercicio de las libertades individuales y los derechos fundamentales del ser humano.

En ese contexto, surgen numerosos interrogantes y dilemas de difícil resolución que exigen de la Bioética respuestas concretas a fin de regular con justicia la conducta humana.

En estas breves líneas nos hemos planteado formular algunos interrogantes que pueden generar las crecientes posibilidades técnicas y los nuevos conocimientos científicos en el campo del inicio de la vida y de la reproducción humana. Venimos estudiando las implicancias ético-jurídicas de las técnicas de procreación artificial, por lo que en esta oportunidad nos enfocaremos en realidades aún menos conocidas, al menos en nuestro país.

Hace pocos días se publicó en la prestigiosa Revista Cell un trabajo científico en el cual se afirma que sería posible reprogramar células adultas hasta el estado de pluripotencialidad[1] empleando técnicas de transferencia nuclear de células somáticas, lo que despertó serias críticas de un importante sector de la comunidad científica. Ello por cuanto implicaría emplear técnicas de clonación para la creación de células embrionarias, y de ese modo, se habría dado un paso hacia la clonación de seres humanos.

Según trascendió, la técnica de "creación de embriones" sería prácticamente igual a la utilizada para la clonación de la oveja Dolly en 1997[2] [3].

Las células embrionarias -por su calidad de pluripotentes- ofrecerían un amplio espectro de opciones terapéuticas[4], entre las que cabe destacar la generación de tejidos para trasplante. En la actualidad, las células madre embrionarias son obtenidas de embriones resultantes de las técnicas de fecundación artificial[5], lo que no garantizaría la compatibilidad con quien requiere tales tejidos. Las técnicas anunciadas en Cell permitirían la obtención de tejidos con un mayor grado de compatibilidad, por cuanto las células obtenidas serían idénticas a las del receptor.

Como se ve, el descubrimiento anunciado vuelve a generar interrogantes respecto de la licitud de las técnicas empleadas, en la medida en que la posibilidad de la clonación humana (sea con fines terapéuticos o reproductivos) luce cada vez más cercana y con ella, la cosificación y comercialización del ser humano.

Nos preguntamos entonces ¿existe algún límite para la técnica?

De la renombrada Declaración de Helsinki[6] de la Asamblea Médica Mundial surge como máxima que no todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable y así, es posible sostener que no todo aquello que sucede debe ser legitimado por el ordenamiento jurídico positivo, sino que ciertas conductas y situaciones deberán ser rechazadas en tanto encierren un valor negativo para la persona y su intrínseca dignidad humana o para la sociedad en su conjunto. En el mismo sentido, se ha destacado la tensión entre el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, en la que se pone en juego "la posibilidad de un desarrollo humano e integral"[7].

Ahora bien, en la actualidad resulta posible producir artificialmente organismos a través de técnicas distintas a la fecundación y manipularlos desde el momento mismo de su constitución. Sin embargo, aún no existe consenso respecto de la naturaleza jurídica de tales organismos. Ese es el caso, por ejemplo, de los híbridos (mezcla de células y/o gametos de diversas especies) y del producto de la partenogénesis (producción de un organismo a partir de un único gameto, el óvulo)[8].

Las grandes dificultades para regular jurídicamente la hibridación y la partenogénesis residen principalmente en que las ciencias de base -las ciencias biológicas- no logran despejar dudas respecto de la naturaleza de los entes resultantes. Se ha sostenido que "La ciencia aún no tiene criterios ciertos para identificar, en estos casos, cuándo hay verdaderamente un organismo humano unicelular"[9].

Vale decir que no sucede lo mismo con la clonación o con la utilización de células madre de origen embrionario. En el primero de los casos la legislación comparada es uniforme en rechazar la clonación con fines reproductivos[10], criterio compartido por nuestro país y regulado mediante el Decreto N° 200/1997. En dicha norma se consigna que "(...) es función indelegable del estado la defensa de la dignidad de la persona humana, la preservación de su salud y la calidad de vida de los habitantes". A su vez, se establece que (...) los avances científicos posibilitan la realización de experimentos de clonación humana que plantean problemas éticos y morales que se contraponen a las pautas y valores culturales de nuestro pueblo (...)", y por ello en el artículo 1° se prohíben los experimentos de clonación relacionados con seres humanos.

A nivel internacional, cabe destacar -a modo de ejemplo- que la Declaración Universal sobre Genoma Humano y Derechos Humanos[11] dispone en el artículo 11 que "No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos".

Como se sostuvo, la clonación de seres humanos con fines reproductivos se encuentra uniformemente prohibida al ser considerada una práctica contraria a la dignidad humana. Ahora bien, no ocurre lo mismo con la clonación con fines terapéuticos y aquí reside uno de los nudos principales de la noticia comentada. Del trabajo publicado en la revista Cell surge que no sería intención del equipo de investigación emplear la técnica descripta con fines reproductivos, sino que perseguiría una aplicación meramente terapéutica. Ello nos genera dos interrogantes:

a) ¿Cuál es la naturaleza jurídica del organismo resultante de la técnica aplicada? Aparentemente, la tecnología disponible en la actualidad no permitiría que el "clon" humano supere el estadio de blastocisto, lo que no despeja dudas respecto de su naturaleza jurídica. Están quienes argumentan que por ser técnicamente imposible -hoy- que estos organismos continúen desarrollándose, podría utilizárselos como fuente de células madre embrionarias con miras a obtener tejidos para trasplantes, por ejemplo. No obstante, es lógico pensar que en el futuro la técnica probablemente sí permita que dicho desarrollo continúe ¿Qué tratamiento se le dará a ese organismo entonces? 

Analógicamente podría compararse con el desarrollo de las técnicas de procreación humana asistida. Cuando éstas comenzaron a investigarse tampoco se obtuvieron los resultados que hoy se ofrecen, sino que por décadas los "organismos" concebidos fueron inviables. Entendemos que ello no significa que los concebidos no hayan sido, desde el primer experimento, personas humanas.

b) ¿Cuál es la utilidad terapéutica publicitada? 

Lo cierto es que la utilidad y eficacia terapéutica de las células estaminales de origen embrionario esgrimida por los investigadores no estarían comprobadas[12]. Entonces, se estarían utilizando células embrionarias -lo que resulta en sí reprochable en tanto implica la eliminación del embrión-, persiguiendo una finalidad que no estaría demostrada. Es decir, pareciera que no sólo se justifican ofensas a la dignidad humana como medio para la obtención de un fin, sino que el fin es aún incierto.

En el caso de la utilización de embriones humanos para investigación, aunque no presenta el mismo nivel de consenso, existe legislación restrictiva respecto de su uso, pues ello también implica la eliminación de vida humana en su estadio inicial de desarrollo.

En ambos casos (clonación reproductiva e investigación con embriones), las normas que establecen prohibiciones cumplen en regular jurídicamente tales adelantos, pero de forma restrictiva en función de la sólida evidencia empírica en que se fundan. "Apoyadas entonces sobre la información biológica consistente, las demás ciencias tienen que analizar hasta qué punto las aplicaciones de los avances científicos -que no son siempre "buenos" para la humanidad ni respetuosas de su dignidad- deben ser promovidas o rechazadas" [13].

No existen dudas en el ámbito de las ciencias biológicas de que los embriones humanos obtenidos como resultado de técnicas de reproducción asistida son seres humanos y por tanto sujetos de derechos. Cabe preguntarse, entonces, si los entes producidos de modo distinto a la fecundación merecen un tratamiento análogo.

Lo cierto es que pocas décadas atrás la doctrina jurídica y la bioética se preguntaban desde cuándo el organismo humano comienza a ser persona, sujeto intrínsecamente digno y titular de derechos humanos, pero en la actualidad es necesario preguntarse si basta ser organismo humano para ser persona[14].

Prueba de la actualidad de estos interrogantes es la reciente consulta efectuada por la Justicia del Reino Unido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en torno a la naturaleza de los organismos resultantes de la partenogénesis[15].

De fondo es dable advertir que, en general, los avances tecnológicos que suelen poner en riesgo la dignidad humana están relacionados con intereses comerciales que desatienden todo argumento que no sea de orden patrimonial.

Ciertamente existe un claro interés público en el desarrollo de la ciencia y debe ser por tanto favorecido, aunque -como se vio- con las debidas restricciones. Una forma de promover la investigación es el derecho de patentes. "Las patentes de invención tienen como fin proteger las nuevas invenciones con el objeto de fomentar la actividad creativa aplicable a los procesos industriales"[16].

La Ley N° 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (modificada por la Ley 24.572) establece en su artículo 4° que "Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial". Por su parte, en el artículo 6° se consigna que "No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley (...) g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza".

Asimismo, el artículo 7° dispone que "no son patentables: a) Las invenciones cuya explotación en el territorio de la República Argentina deba impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas (...), b) La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza".

En ese sentido, si bien en el presente solo nos hemos propuesto presentar someramente el tema, podría afirmarse que la legislación argentina brinda posibles respuestas para algunos de los interrogantes antes planteados.

No obstante, están quienes entienden que establecer restricciones en la obtención de patentes (así como para la investigación biomédica en general) puede impactar negativamente en el desarrollo de tecnología nacional, generando cierta desventaja en términos de competitividad económica.


A modo de conclusión, y se insiste en que estas breves reflexiones no pretenden más que plantear interrogantes, cabría realizar la siguiente síntesis: primero el hombre descubrió el entorno que lo rodeaba, luego aprendió a modificarlo y utilizarlo en su provecho. Pero hoy el hombre se modifica a sí mismo y con ese norte ha desarrollado tecnología que hasta hace poco parecía de ciencia ficción. ¿Cuál es el límite de la técnica? ¿Deben existir límites? ¿Puede el hombre crear nuevos seres? ¿Es acaso el hombre capaz de modificar su propia naturaleza? Pareciera percibirse que a medida que se genera mayor conciencia en cuanto a la necesaria protección animal y del medio ambiente -tendencia acompañada legislativamente-, se debilita la protección de la naturaleza del hombre.

Lo cierto es que los dilemas éticos son propios de la condición humana y podría pensarse que el dilema ético (y jurídico) contemporáneo está inevitablemente vinculado a la vida y la naturaleza del hombre. Así, la Bioética se presenta como una disciplina ineludible para quien pretende comprender el signo de los tiempos, para quien pretende conocer al hombre actual.

Informe de Leonardo Pucheta publicado por: Catholic.net -  Centro de Bioética, Persona y Familia – 07/06/13 -