martes, 13 de noviembre de 2012

Muere una niña saudí de 5 años torturada por su padre.


Una niña saudí de 5 años ha sido torturada hasta morir por su padre, considerado un importante religioso que acostumbra a retransmitir plegarias en distintos canales de televisión.
Lamaa, ingresada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la capital saudí, Riad, falleció hace unos días tras no poder superar las consecuencias de múltiples lesiones que van desdebrazos rotos hasta fractura de cráneo, según explicó la madre de la menor a la cadena de televisión Al Arabiya. El hombre infligió a la menor las más variadas torturas, desde electrochoquesquemaduras con hierro candente pasando por latigazos.
La madre, divorciada del agresor, tenía un acuerdo con su exmarido para establecer el régimen de visitas de la hija que compartían. La mujer rememora que recientemente llevó a su hija con su padre durante dos semanas, como establecía el acuerdo, pero la niña nunca volvió y ella recibió una llamada de la fiscalía para que acudiera al hospital.
 Publicado por: elperiodico.com - Riad - 12/11/12 -

América Latina y el Caribe: Educación sexual, ¿existe una fórmula?

La inestabilidad de las políticas públicas, la escasez de recursos y la difícil ejecución de los proyectos afectan el impacto de los programas de educación integral de la sexualidad que buscan el desarrollo sostenible y equitativo, reconocieron en La Habana especialistas de América Latina y el Caribe.
Durante la primera Reunión sobre programas y estrategias de educación integral de la sexualidad en América Latina y el Caribe, celebrada del 5 al 7 de noviembre, especialistas, personas que coordinan programas nacionales de educación sexual y representantes de organizaciones civiles y de cooperación coincidieron en la importancia de ubicar la educación sexual en el marco de derechos humanos y encaminada a la construcción de ciudadanía.
Aunque cada país parte de un contexto específico, se impone un cambio de paradigma en muchos órdenes, trascendió en el encuentro al que asistió más de medio centenar de representantes de Perú, México, El Salvador, Argentina, Uruguay, Guatemala, Ecuador, España y Cuba. 
En opinión de la experta uruguaya Stella Cerruti, se necesitan nuevos conocimientos para superar los mitos que reducen la sexualidad a su componente procreativo y niegan su carácter lúdico, creativo, placentero y político. 
Partiendo de la salud entendida como bienestar general, Cerruti abogó por el compromiso de las autoridades en el desarrollo de proyectos de educación integral que incidan también en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente, la violencia, entre otras problemáticas actuales.
El desmontaje de las relaciones desiguales de poder y el reconocimiento de las luchas feministas y de los movimientos de mujeres forman parte de la solución, se reiteró en el encuentro.
María Isabel Domínguez, coordinadora de los programas de educación popular del
 Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr 
de Cuba, destaca que la clave está en la construcción de un sujeto emancipado. 
"Si se quieren formar sujetos autónomos, con pensamiento crítico, hay que apelar a propuestas educativas que consideren a las personas sujetos de los procesos y no objeto de la acción de especialistas. Un programa nacional de educación sexual implicaría partir de las necesidades de esos sujetos, de sus propias palabras", declaró a SEMlac la socióloga cubana.
Entre otras preocupaciones, participantes en el encuentro se refirieron a la calidad de la educación, su vínculo con la preparación de docentes y demás trabajadores del sistema educativo y la sinergia que debe existir con los espacios informales. 
En la región hay experiencias diversas. Algunas apuestan por la especialización en educación sexual, como es el caso de la Universidad Pedagógica Nacional de México, que cuenta con estudios en Educación Integral de la Sexualidad, una iniciativa en línea a la cual tienen acceso profesionales de pedagogía de México y Guatemala. 
Otras prácticas llaman a la integración de estos conocimientos en todas las áreas. En Argentina, por ejemplo, la formación del profesorado se basa en una política educativa de construcción de subjetividades sensibles a estos temas. "Nada hacemos si, fuera de clases, el estudiantado recibe criterios distorsionados. El docente no tiene que ser un experto en sexología para compartir conocimientos sobre la sexualidad", acotó Mirta Bibiana Marina, coordinadora del 
Programa nacional de educación sexual integral de Argentina.

Para especialistas y organizaciones civiles, la familia y los medios de comunicación masiva consuman el complejo entramado, al cual se suma la abogacía como responsable de un marco jurídico de obligatorio cumplimiento. 
Un estudio realizado por la
 Coalición mesoamericana para la educación integral de la sexualidadconcluyó que Guatemala presenta los mayores avances en la educación integral de la sexualidad, a partir de la implementación de los acuerdos de la Primera reunión de Ministros de Salud y Educación para detener el VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS) en Latinoamérica y El Caribe, denominada "Prevenir con educación".
En declaraciones a SEMlac, el experto guatemalteco José Roberto Luna afirmó que, en su país, el vínculo entre fuerzas políticas y civiles como la Secretaría de la Mujer, las organizaciones juveniles y académicas, los colectivos que defienden los derechos sexuales y reproductivos y la presión ejercida por el Congreso de la República dio como resultado la publicación de una carta acuerdo entre los Ministerios de Salud y Educación, con compromisos nacionales compartidos. 
La confluencia de fuerzas sociales y un diseño estratégico apoyado en acciones legales emergen como las principales búsquedas, tras la reunión. Cuba destaca por sus fortalezas desde la voluntad política y la institucionalización de las estrategias de educación sexual, además de la amplia experiencia de organizaciones civiles como la Federación de Mujeres Cubanas. 
A la vanguardia del marco jurídico, el gobierno argentino ha logrado establecer un programa nacional en relación directa con el cumplimiento de varias leyes. En 2006, allí se sancionó la ley 26159 de Educación sexual integral. 
Otros mecanismos nacionales, como la leyes de Educación nacional, de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el matrimonio igualitario y la Ley de identidad de género, garantizan la inclusión y cumplimiento de objetivos relacionados con la equidad de género, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de la diversidad sexual.
La 
reunión sobre programas y estrategias de educación integral de la sexualidad en América Latina y el Caribe 
promete ser un mecanismo de integración regional, según la mayoría de sus participantes, no solo por los intereses comunes y valores compartidos, sino porque también la región enfrenta similares retos.
Entre otras propuestas, se acordó sistematizar estos encuentros de expertos y expertas, además de la futura conformación de convenios y de un fondo común de investigaciones, materiales y otros productos que apoyen los procesos de los distintos países.
En la declaración final se hace un llamado a los gobiernos de la región para que cumplan con su papel de garantes de la educación sexual como derecho humano. 
El documento insiste en fortalecer el impacto comunitario y local de las estrategias nacionales desde una percepción de derechos humanos y equidad, y teniendo en cuenta las particularidades sociales, culturales, religiosas y étnicas de las diversas poblaciones.

Recuadro:
Como signatarios de varios mecanismos y declaraciones internacionales relacionados, los estados de la región comparten acuerdos en materia de educación sexual. Entre los mecanismos y tratados de Naciones Unidas que apoyan el desarrollo de la Educación Integral de la Sexualidad figuran:
" 
Plataforma de acción de la Conferencia internacional de población y desarrollo Cairo 1994.
" 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
" 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
.
" 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
.
" 
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
.
" 
Convención sobre los derechos del niño
.
" 
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los personas con discapacidad
 
 
Publicado por: SEMlac - Redacción - La Habana - noviembre/2012 -

México: Cerca de 700 mujeres son denunciadas por abortar.


En sólo tres años, de 2009 a 2011, 679 mexicanas fueron denunciadas ante las autoridades por el delito de aborto, según un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el reporte “Acceso a la información en salud sexual y reproductiva en América Latina”, elaborado por organizaciones civiles de la región, se indica que en 24 entidades de México 679 mujeres fueron denunciadas por interrumpir un embarazo no deseado.

De acuerdo con el capítulo dedicado a México, realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aunque las dependencias federales otorgaron estos datos los sistemas estatales de acceso a la información pública aún tienen fallas a la hora de revisar y dar respuesta a las solicitudes presentadas.

En el marco del 146 periodo de sesiones de CIDH, siete organizaciones civiles manifestaron su preocupación porque los Estados no brinden información sobre el ejercicio de los derechos femeninos.

El pasado 2 de noviembre, organizaciones de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Perú, dijeron que en sus países las instituciones gubernamentales carecen de información pertinente, completa y actualizada.

En el caso de México, según los datos obtenidos a través del sistema de acceso a la información, de las 679 mujeres acusadas por aborto en tres años, sólo en 86 casos el Poder Judicial emitió una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria.

Aunque en el informe no se precisan mayores datos, destaca que las mexicanas sentenciadas por el delito de aborto, en su mayoría, tienen entre 18 y 25 años de edad, es decir son mujeres jóvenes que interrumpieron su embarazo.

Las organizaciones no indicaron si las dependencias les negaron la información sobre quién denunció a estas mujeres, si tuvieron un aborto provocado o espontáneo, y cuál es su condición socioeconómica, etnia o el lugar de residencia.

En el caso de la Secretaría de Salud (Ss), ésta proporcionó la información relativa al número de egresos hospitalarios por causa de aborto entre 2009 y 2010, según la cual los casos pasaron de mil 562 en 2009 a 8 mil 386 en 2010.

Esto significa que de un año a otro aumentó el número de mujeres atendidas por los servicios de salud a causa de un aborto; pero acerca de los abortos inseguros la Ss dijo carecer de esa información.

Las agrupaciones civiles detectaron que la Ss no cuenta con un programa específico para atender los abortos permitidos por la ley, es decir, aquellos que se realicen por malformación del feto, riesgo de la vida de la madre o por violación sexual.

De acuerdo con la dependencia, la interrupción del embarazo se atiende a través del programa “Arranque Parejo en la Vida”, mismo que también atiende la mortalidad y morbilidad materna.

Con esta investigación, organizaciones como GIRE, la Asociación por los Derechos Civiles (Argentina), la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (Colombia), y la Asociación Colectiva por el Derecho a Decidir (Costa Rica), hicieron una serie de propuestas.

Sugirieron que los Estados elaboren, en conjunto con las mujeres y los grupos ciudadanos, políticas públicas para promover el acceso de las mujeres a la información en materia de salud sexual y reproductiva.

También pidieron a la CIDH que exhorte a los países a desarrollar e implementar procedimientos judiciales eficaces que permitan revisar las decisiones de los funcionarios que omiten responder o niegan el acceso a la información pública en estos temas.

Asimismo señalaron que es necesario hacer efectivo el principio de máxima divulgación en materia de derechos sexuales y reproductivos, en especial en materia de aborto, anticoncepción de emergencia y maternidad y morbilidad materna.

En este tema recordaron que los Estados tienen la obligación de proporcionar información sobre salud sexual y reproductiva desagregada por sexo, edad, etnia, raza y otras condiciones de riesgo, e incluso hicieron un llamado a diseñar y publicar estadísticas confiables y actualizadas.
 
Publicado por: Argenpress.info - Anayeli García Martínez - CIMAC - 12/11/12 -


Mismo objetivo, distintos medios: la nueva anticoncepción.


Los anticonceptivos ya no son un tema tabú. De hecho, en nuestro país el 75% de las mujeres en edad fértil recurren a alguno de estos métodos. La creciente diversidad de anticonceptivos hace que la elección se adecue a los deseos y particularidades de cada hombre y mujer. Los clásicos, como el preservativo o la píldora, siguen dominando el mercado. Le siguen en menor medida, el DIU y métodos permanentes (vasectomía o ligadura de trompas). Pero surgen además, nuevos métodos como el anillo, los parches y los implantes de los que conviene conocer sus principales características.
De la píldora clásica a las modernas
La píldora clásica, con más de 5 décadas a sus espaldas, ha dado lugar a nuevos tratamientos hormonales orales con otras composiciones. Es el caso de las píldoras con estradiol que controlan de una forma más efectiva el ciclo menstrual y tienen un perfil bioquímico más favorable para la mujer. La minipíldora es otra novedad. La píldora clásica está compuesta de dos hormonas femeninas: el progestágeno, que actúa como anticonceptivo, y el estrógeno, que regula el ciclo menstrual y que puede tener efectos adversos en mujeres maduras con riesgo cardiovascular por fumar o tener hipertensión, diabetes, obesidad o altos niveles de lípidos. La minipildora solo contiene progestágeno. Así, se evitan sus efectos indeseables y es idónea para mujeres mayores.
Nuevas vías de administración
Al margen de los métodos anticonceptivos más usados (preservativo y píldora), los nuevos aún son poco conocidos y utilizados por la mujer española, a pesar de sus ventajas. En la última década han surgido los siguientes:
  • Anillo vaginal: su composición equivale a la de la píldora clásica (estrógenos y gestágenos). Es un anillo de plástico especial con hormonas que se introduce por la vagina. Se lleva tres semanas y se retira una semana para descansar, tras la cual se reanuda la anticoncepción. Tiene la misma eficacia que la píldora, las mismas indicaciones y un control del ciclo excelente. Su ventaja principal es que se producen menos olvidos al tener que retirarlo solo una vez al mes. Entre sus inconvenientes destaca que la manipulación vaginal puede despertar cierta reticencia en algunas usuarias y puede acompañarse de un aumento de la secreción vaginal, aunque no de más infecciones. Su precio se sitúa en torno a los 20 euros.
  • Parche dérmico: se coloca una vez a la semana y se lleva de forma continuada durante 21 días seguidos, tras las cuales se descansa una semana. Tiene las mismas indicaciones que la píldora y el anillo vaginal. Entre sus inconvenientes; produce molestias mamarias con frecuencia en los dos primeros ciclos de utilización, aunque tienden a disminuir; a veces, causa irritación en el punto de aplicación. Una caja de tres unidades, que sirve para un mes, suele costar 17,50 euros y una de nueve unidades, en torno a los 48 euros.
  • Implante dérmico: es una varilla subcutánea que se coloca en el brazo por debajo de la piel, y que dura un período de tres años durante el cual es altamente eficaz. La principal causa para que se abandone su uso son las alteraciones en el sangrado menstrual: es normal que se pierda la referencia de la regla mensual y el sangrado se comporte de forma irregular, con tendencia a la disminución o desaparición. En algunas mujeres puede producir acné, alteraciones del humor o aumento de peso, sobre todo si ya tienen sobrepeso. Lo prescribe y lo implanta un médico. El precio ronda los 160 euros y está financiado por la Seguridad Social.
  • DIU hormonado: el dispositivo intrauterino hormonado tiene diez años, pero apenas se conoce a pesar de tener una eficacia superior a la ligadura de trompas. El DIU, un dispositivo que se coloca en el útero de la mujer, lleva una hormona que ejerce una acción local eficaz para evitar el embarazo. El hormonado registra una eficacia superior a la de los métodos quirúrgicos (ligadura o vasectomía) y se usa también como tratamiento para el sangrado ginecológico excesivo. Puede alterar las reglas, que tienden a la disminución o desaparición de sangrado. El precio oscila entre 150 y 180 euros.
  • Essure o bloqueo de trompas sin cirugía: es un método permanente que consiste en un dispositivo metálico que se introduce mediante histeroscopia, una técnica que permite visualizar el interior del útero y las trompas de Falopio y se ubica en ellas para impedir que los espermatozoides fecunden el óvulo. Es un método muy eficaz, sin hormonas, pero irreversible, igual que la ligadura de trompas, por lo que las mujeres que se decidan por él deben estar seguras de no querer tener más hijos.
 
Publicado por: Boletín Eroski - Salud - noviembre/2012 -
 

Argentina: María Ovando, cuando se criminaliza la pobreza.


La historia de María Ovando ocurrió en Misiones, una provincia ubicada en el noroeste argentino. Ella cuenta con 37 años, vive en la indigencia, tiene 12 hijos, es analfabeta y ha sido víctima de violencia familiar. En la vida de esta mujer la pobreza se multiplicó en todos los frentes.
La adversidad a la que estaba acostumbrada se potenció cuando a Carolina Ayala, su hija de tres años, le empezó a doler el vientre y tuvo que llevarla a un hospital. Sucedió que María vivía a varios kilómetros del nosocomio y no tenía cómo llegar hasta allí. Por eso se lanzó al camino con su niña, que estaba en un estado de desnutrición avanzada: la llevó en sus brazos y los dolores persistían. Así, bajo el imperio de esa desgarradora miseria, su hija falleció camino al centro de salud.
La mujer, presa del susto y la desesperación, la enterró cerca de un arroyo, llamado Aguaray Guazú, Colonia Mado, Misiones. La desaparición de la menor fue denunciada a la policía por los vecinos.
María tiene una voz tímida y parece inhibirse ante el mundo. Recuerda ante la prensa aquel hecho: "La levanté como pude, me dolía todavía mucho la cintura, pero la alcé y cruzamos el puentecito que está sobre el arroyo". 
Recuerda que en el camino esperó que alguien se detuviera y que algún vehiculo la pudiera llevar al nosocomio, pero "nadie paró, esperé mucho tiempo ahí, hasta que escuché una respiración fuerte y después ya no se quejó más. Luego de un rato sentí que el cuerpito ya estaba frío y duro, y me asusté mucho, me subió un calor, me desubiqué, no sabía qué hacer, tenía mucho miedo, no sabía qué hacer, no sabía cómo volver a mi casa, me perdí".
La Justicia dijo que hubo "abandono de persona calificada por la muerte resultante y por el vínculo". Es decir, consideró que María Ovando es la única responsable de la muerte de Carolina Ayala, por "no haberle brindado los cuidados necesarios". Pero la Justicia no evaluó la vulnerabilidad en la que se encuentra la vida de María: falta de educación, de acceso a servicios básicos, violencia familiar. Ella es una abandonada por el Estado.
El hecho ocurrió en marzo de 2011 y actualmente ella está en prisión preventiva, según señala a SEMlac Graciela Franzen, secretaria de derechos humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina de Misiones: "la justicia no vio las condiciones de María, una mujer analfabeta, con 12 hijos, y las condiciones en las que vive". 
Por su parte, la abogada Roxana Rivas, co-defensora de María Ovando, aseveró que la defensa apuntará en el debate que se realizará el 19 de noviembre, a demostrar que "es inocente y, por eso solicitaremos su sobreseimiento definitivo".
El juez que actuó en la causa es Roberto Saldaña y, al momento de la detención, María Ovando estaba amantando a su pequeña hija de tres meses. Pero incluso ese acto fue inhumano: "se sabe que a las presas les dejan ver a sus hijos y amamantarlos", apuntó Franzen a SEMlac.
Esto significa que a María Ovando se le negó el derecho establecido por el Código Procesal Penal de la Nación, en su Artículo 495, en el inciso primero que dice: "la ejecución de una pena privativa de la libertad podrá ser diferida por el tribunal de juicio (…) cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de seis meses al momento de la sentencia".
Antes de María, esta misma vivencia tuvo otro nombre: Liberada Figueredo. A Liberada se le murieron dos hijos, víctimas de la desnutrición. Estuvo detenida, imputada por dejarlos morir y la Justicia tampoco tuvo en cuenta el drama social en el que vivía. El juez que actuó en la causa fue Roberto Saldaña, el mismo del proceso de María Ovando.
Liberada fue declarada culpable y estuvo cerca de dos años en prisión. Por entonces relataba que cada vez que llevaba a sus hijos a los servicios de salud "los médicos a veces le daban sueros, a veces le recetaban remedios, pero yo no tenía plata para comprar y en el hospital me decían que no había".
Ante la alternativa de realizar un tratamiento médico, según Liberada, el personal médico le sugería que los niños "necesitaban tratamiento de olla". Pero ella carecía de medios económicos para llenar esa "olla" y de alguna forma desviar la desgracia que le tocó a sus hijos. En agosto de 2004 fue absuelta.
Desgarra saber que estos casos no son los únicos e indigna constatar que a la pobreza se la criminaliza. "María Ovando no tenía muchos de los beneficios que pudo haber obtenido del Estado: no tuvo el subsidio que se le otorga a las madres con siete hijos y tampoco percibía la Asignación Universal por Hijo, por el simple hecho de desconocer que esos derechos existen y sus hijos e hijas son indocumentados", continuó Franzen.
En Argentina, la Asignación Universal por Hijo es un beneficio que le corresponde a los hijos de las personas desocupadas, que trabajan en el mercado informal o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil. Consiste en el pago mensual de 270 pesos (55 dólares aproximadamente) para niños menores de 18 años. A su vez, las pensiones para madres con siete hijos o más constituye una ayuda económica destinada a madres de siete o más hijos nacidos vivos, biológicos o adoptivos.
La situación de Ovando evidencia las cifras que Graciela Franzen comparte con SEMlac: "el Estado provincial está ausente y lo que invierte en salud son 26 pesos por persona por año (casi cinco dólares)".
Recuadro: 
Misiones, en cifras

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Posadas tiene un índice de pobreza que alcanza el 22 por ciento y la cifra de indigencia es del siete por ciento. A esto se suma que Misiones, según el Ministerio de Educación de la Nación, es la tercera provincia con el índice más alto de analfabetismo en Argentina: 4, 1 por ciento.
En 2010, la mortalidad infantil en esa provincia había cobrado la vida de más de 200 menores. Fue entonces cuando el Ministerio de Salud de Misiones admitió que cerca de 1.300 infantes están bajo atención médica y social debido al déficit nutricional, ante lo cual el gobernador de la provincia, Maurice Closs, declaró: "obviamente algunos de estos chicos se nos van a morir porque la mortalidad infantil es un problema, es una realidad".
Publicado por: SEMlac - Misiones - Norma Loto - noviembre/2012 -

CIDEM señala que en cuatro años se registraron 345 casos de feminicidio en Bolivia.


 
Del total de 542 decesos de mujeres en cuatro años, de 2009 a 2012, 345 fueron registrados como casos de feminicidio, según el informe del Observatorio "Manuela” del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM).

Según el monitorio del Observatorio "Manuela”, en 2009 se registró 143 muerte de mujeres, en 2010 145, en 2011 157 y en lo que va el 2012 simplemente registraron 97 decesos; que en total llegan a 542 la muerte de mujeres.

Siete de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia en sus hogares. El 75 por ciento de mujeres en situación de violencia reincidente no denuncian. Del total de mujeres que declararon haber sufrido violencia en sus hogares, el 53 por ciento no tomó ninguna acción y sólo más del 17 por ciento efectuó una denuncia, según datos oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) indicó que 5.610 casos de violencia física y sexual fueron atendidos en el sistema de salud público en 2007, de ellas 4.582 correspondía a mujeres y 1.028 a hombres.

El CIDEM registró un total de 442.056 denuncias de violencia en el país, entre los años 2007 a 2011.
Publicado por: ADITAL (Bolivia) - 12/11/12 - Fuente: 
ERBOL