domingo, 29 de julio de 2012

España: los Derechos de tod@s están en peligro.

La reforma de la ley que plantea el ministro Gallardón quiere acabar con derechos de ciudadanía atacando en especial a las mujeres. Un país sin derechos de salud sexual y reproductiva, recogidos en la actual ley, es una sociedad donde mujeres y hombres han perdido el derecho de escoger cuál es el momento más óptimo para ser madres y padres; donde los niños han perdido el derecho a nacer deseados y a crecer en el mejor entorno posible. La reforma de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo golpea el modelo de sociedad que los años de democracia han forjado. Los cambios en los derechos deben consolidar todo lo que contribuye al bienestar y felicidad de las personas, permitiendo decidir lo que es mejor para construir su futuro, ese que el Gobierno del PP nos quiere negar.
El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es una de las conquistas más importantes en relación a los derechos de las mujeres. Los estudios de la OMS demuestran que los países con leyes más restrictivas no reducen los abortos, e incrementan las prácticas peligrosas principalmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

En España, con la ley orgánica 9/1985, se despenalizó el aborto en tres supuestos: grave riesgo para la salud física y psíquica de la mujer embarazada, violación y malformaciones del feto. Las mujeres podían interrumpir el embarazo en centros públicos o privados, en las 12 primeras semanas, o en las 22 primeras semanas en el supuesto de malformaciones. Se requería denuncia policial en caso de violación o un informe médico que certificara el cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley, en el resto de supuestos.

En el 2010 se reforma la ley y las mujeres pueden decidir de forma libre durante las 14 primeras semanas de gestación. El plazo aumenta hasta la semana 22 en casos graves para la vida o la salud de la madre o del feto. A partir de este momento, sólo se puede interrumpir si se detectan anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave en el feto que sea incurable en el momento del diagnóstico y confirmada por un comité clínico. Por fin teníamos una ley de salud sexual y reproductiva, con el objetivo de prevenir los embarazos no deseados y disminuir el número de abortos equiparando nuestro país a la legislación europea más avanzada. Alemania, Grecia, Holanda y Austria disponen, desde hace décadas, de leyes de plazos.

Las intenciones del Gobierno del PP transformarían la legislación de nuestro país en una de las más restrictivas de Europa, asimilándonos a Irlanda y Malta. Volveríamos a 1985, cuando la interrupción voluntaria del embarazo no se consideraba un derecho y las decisiones de las mujeres estaban supeditadas a la tutela médica.

Retorno al pasado, 3.000 mujeres muertas. Eran los datos del Tribunal Supremo de 1976, cuando se practicaron 300.000 abortos clandestinos en todo el Estado. Hace 40 años, las mujeres sólo podían interrumpir un embarazo no deseado gracias a la información que conseguían a través de las redes personales. Si disponían de recursos económicos viajaban a Londres o Amsterdam y llevaban a cabo una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones sanitarias dignas. Si no disponían de recursos, accedían a abortos clandestinos en España en clínicas de IVE no legalizadas o abortaban utilizando métodos caseros y peligrosos con consecuencias nefastas para su salud física y psíquica. La propuesta del ministro Gallardón de penalizar el aborto por malformación del feto es retrógrada. ¿Quizás el PP quiere condenar a la clandestinidad esta prestación sanitaria y poner en riesgo la salud de las mujeres del país?

Defendemos la maternidad libremente decidida, derivada del derecho al propio cuerpo y al futuro. No queremos que sea una situación sobrevenida ni obligada por leyes restrictivas. Queremos que las mujeres puedan tomar la decisión sobre su embarazo y que ésta, consciente y responsable, sea respetada. La decisión de tener hijos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que mujeres y hombres afrontan durante sus trayectorias vitales. Los poderes públicos deben establecer los mecanismos para que se haga de manera libre y responsable, poniendo al alcance de todos información, asesoramiento y servicios de atención sanitaria.

Una ley de aborto no obliga a abortar, pero una ley que limita el derecho a hacerlo condena a mujeres, parejas, familias y a la sociedad en general a llevar adelante vidas llenas de dolor y dificultades, con gran coste emocional y económico. La libertad de escoger es la única garantía de defender los derechos de la ciudadanía. No se puede confundir legislar con imponer una doctrina religiosa en un país que ha decidido ser aconfesional.

No estamos dispuestas a retroceder 30 años en los derechos de las mujeres. No podemos dejar dilapidar tantos esfuerzos y desde tantos espacios como se han hecho por la defensa de los derechos de las mujeres. Y ahora hemos constituido la Plataforma Nosotros Decidimos para hacer un llamamiento a todas las personas que creen en la libertad y en la igualdad de las mujeres para decidir sobre sus vidas. Somos libres para decidir y queremos que la actual ley de salud sexual y reproductiva no retroceda y que el aborto se garantice como una prestación sanitaria más.

Artículo publicado por: elperiodico.com - España - 29/07/12 -

España: El Gobierno pretende que la Ley del Aborto decida caso por caso.

El Gobierno español está obligado por la normativa europea a disponer de una ley que regule la interrupción del embarazo y, como confirmó el pasado viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, España seguirá teniendo una ley del aborto, pero modificada.

A diferencia de la que está en vigor desde el 2010, que permite que la embarazada decida en las 14 primeras semanas si mantiene o no la gestación, la nueva norma será «una ley de casos», que analizará la circunstancia de cada mujer antes de autorizar o denegar un aborto. Falta por saber qué figura jurídica o médica analizará a cada gestante y qué estructura social asumirá tal función.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, avanzó hace una semana que la norma que prepara no considerará legal detener un embarazo cuando el feto sufre malformaciones graves, contra lo que sucede en todos los países europeos con excepción de Malta e Irlanda. La anterior ley española (1985-2010) autorizaba esos abortos hasta las 22 semanas de gestación. La actual no pone límite temporal, pero obliga a que se constituya un comité médico que supervise el caso.

CAMBIO COMPLETO / La restricción anunciada por Ruiz-Gallardón dejará sin amparo jurídico el aspecto de la ley tal vez más incuestionable desde el punto de vista de los médicos y del resto de la sociedad.
«Interrumpir la gestación de un feto en el que se detectan malformaciones graves es una práctica de sentido común, tanto desde punto de vista médico como humanitario», afirma Ramon Carreras, presidente de la Societat Catalana de Ginecologia i Obstetrícia. «Suspender ese derecho dejaría sin sentido todos los avances científicos aplicados al diagnóstico prenatal, que forman parte de los protocolos de control del embarazo de la Generalitat», añadió.
Esos controles permiten detectar fallos cromosómicos, genéticos o morfológicos, de los que se informa a la embarazada. «La mujer siempre es quien decide si aborta o no», puntualiza Carreras. «No estamos hablando de que al feto le falte un dedido, sino de enfermedades gravísimas del sistema nervioso, del cerebro o de la formación del esqueleto».
LA LEY DE SUPUESTOS / La primera ley española, de 1985, despenalizó tres supuestos en los que quedaba autorizado interrumpir un embarazo: cuando era producto de una violación, si existían malformaciones fetales graves o si la gestación suponía un riesgo físico o un conflicto psíquico grave para la mujer. Este último punto, que exigía un certificado psiquiátrico, cubrió durante 25 años más del 90% de los abortos, de lo que los actuales legisladores han deducido que fue «un coladero» por el que las mujeres decidían sobre sus gestaciones, y no el reflejo de un auténtico quebranto psíquico. Los futuros supuestos legales para abortar serán más estrictos, aseguran.
Dicha ley fue modificada en el 2010 por la desprotección jurídica en que quedaban las clínicas cuando un juez analizaba la situación psíquica de las mujeres que habían abortado. Y también porque mantenía a las mujeres en la consideración de «dependientes» de la autoridad médica, indica Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo, que agrupa a 22 centros en España.
COMO SI NO HUBIERA / «El Gobierno hará ahora una ley del aborto porque el Europa obliga a que así sea, pero será tan restrictiva que, en la práctica, será como si no tuviéramos ley», afirma Barambio. «Nosotros no somos un cuerpo extraño y anómalo, sino que formamos parte de la sociedad civil, que necesita centros acreditados donde interrumpir los embarazos que, por la razón que sea, no son viables», dice. Si la nueva ley es muy restrictiva «desaparecerán las clínicas privadas dedicadas al aborto», asegura Barambio, y pronostica el regreso a la época en que cada año morían miles de mujeres en abortos clandestinos.

Artículo publicado por: elperiodico.com - Ángels Gallardo - Barcelona - 29/07/12 -

En Guatemala la "trata" tiene rostro de Mujer.

En Guatemala las denuncias por trata de personas, cuyas víctimas suelen ser mujeres y niñas, han aumentado 82 por ciento en los dos últimos años aunque la impunidad que rodea estos crímenes es casi absoluta.

Entre 2008 y 2011 los juzgados apenas lograron 23 sentencias condenatorias en casos de trata de personas, no obstante que el Ministerio Público recibió en el mismo período 750 denuncias con más de mil víctimas de este delito, informó personal de la Procuraduría de Derechos Humanos (DH).

La mayoría de casos no llegan a denunciarse, dijeron las autoridades. “Esto evidencia la terrible impunidad que rodea este crimen en el país, el cual golpea en muchos casos a las migrantes que buscan llegar a Estados Unidos”, explicó Sandra Gularte, de la Unidad para la Prevención de Trata de Personas de la Procuraduría de DH.

Según la experta, “Guatemala está inmersa en la ruta migratoria hacia EU, por donde pasan miles de centroamericanos, chinos, jordanos, ecuatorianos y ciudadanos de otros países, muchos de ellos mujeres, expulsados de sus territorios por diversas razones”.

La falta de oportunidades económicas, la reunificación familiar, y la violencia intrafamiliar, son algunas causas que motivan a las mujeres a buscar oportunidades en EU, abundó Gularte.

“En ese contexto se encuentra la trata de mujeres, niñas y niños que van vulnerados frente al crimen porque no conocen sus derechos. Hemos rescatado niñas y mujeres que son entregadas por el ‘coyote’ (traficante de personas) a redes de tratantes en México y quedan esclavizadas”, detalló.

Y es que la trata de personas “tiene rostro de mujer y niña”, ya que 75 por ciento de las víctimas son mujeres y 25 por ciento hombres, según las denuncias recibidas, afirmó la especialista.

A pesar del pantanoso terreno judicial, el número de denuncias por trata ha aumentado. Entre 2000 y 2010, el Ministerio Público recibió 956 denuncias por ese delito, mientras que sólo de enero a octubre de 2011, acogió 259.

La aprobación en 2009 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que tipificó ese delito con penas de 6 a 12 años de prisión, ha contribuido. “Es un avance pero su implementación aún es difícil porque los jueces no han tenido la capacitación para aplicarla”, dijo la experta mientras los crímenes continúan.

Gularte estimó que hay 5 por ciento de probabilidades de que las migrantes sean víctimas de trata de personas, cuyas principales formas son: la explotación sexual y trabajos forzados en la región fronteriza entre Guatemala y México. El azaroso viaje, incluso, ha desalentado las migraciones de mujeres.

“Los registros del INM (Instituto Nacional de Migración de México) sobre las y los migrantes centroamericanos devueltos por el país vecino, permiten inferir que las mujeres han disminuido gradualmente su participación absoluta y relativa en la migración de tránsito irregular hacia EU”, concluyó en 2011 un reporte del Centro de Estudios Migratorios del INM.

“Entre 2007 y 2010, la reducción fue de 9 puntos porcentuales, quizás como respuesta a los mayores riesgos y costos del desplazamiento por México y posterior cruce a EU. Así, de 62 mil 788 centroamericanos devueltos por México en 2010, 8 mil 663 fueron mujeres”, precisó.

Y es que a su paso por territorio mexicano, las mujeres se exponen a violaciones, asaltos, trata de personas, e incluso asesinatos masivos, cometidos por el crimen organizado muchas veces en contubernio con las fuerzas estatales de seguridad.

María Eugenia Villareal, de la Asociación Para la Eliminación de la Prostitución, Pornografía, Turismo y Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, dijo que para combatir la trata hacen falta campañas de sensibilización, y formación de jueces y fiscales para aplicar la ley correctamente.

Además reconoció lo complejo de sensibilizar sobre este mal. “El mismo nombre que le pusieron a este crimen es difícil de entender. Es esclavitud pero nadie va a decir yo soy un esclavo”, dijo.

Artículo publicado por: Argenpress.info - Danilo Valladares - CIMAC - 27/07/12 -

Crímenes de Género, principal causa de muerte en la Mujer.

La mayoría de los feminicidios ha ocurrido en la casa de la víctima y con arma blanca

El feminicidio es ahora la principal causa de muerte de mujeres en edad reproductiva. Así lo evidencia el Reporte de feminicidios del primer semestre del 2012 del Observatorio Ciudadanía Activa de las Mujeres presentado por la Colectiva Mujer y Salud, que reportó la muerte de 98 mujeres en los primeros seis meses del año.

Según el informe, basado en estadísticas de la Procuraduría General de la República, una mujer muere cada 44.6 horas, esto es, una nueva víctima cada poco menos de dos días.
El documento revela que las provincias que presentan mayor número de casos son Santo Domingo, con 24; el Distrito Nacional, con 11; Santiago, con 9; San Cristóbal, con 8, y Puerto Plata, con 5, aunque las que registran la mayor tasa en función de la cantidad de la población femenina son Dajabón, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Baoruco, Monte Cristi, Elías Piña, Puerto Plata y La Altagracia.
Las provincias donde no se produjeron muertes de mujeres de manos de parejas o exparejas fueron Independencia, Pedernales, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Samaná, San José de Ocoa y Santiago Rodríguez.

El documento indica que un 82.6% de las víctimas fueron dominicanas, mientras que el 14.2% eran haitianas. Un 3.06% eran de otras nacionalidades.
Señala el informe que el 60.2% de las muertes fue en la residencia de la víctima y solo un 20.4 por ciento en la vía pública.
El 6.1 por ciento de los casos fue en colmados y sitios de diversión y el 13.2 por ciento en lugares diversos, entre los que se citan fincas, matorrales y moteles. Indica que un 63.2 por ciento ocurrió después de las 4:00 de la tarde.
El método más común utilizado en los feminicidios es el uso del arma blanca, con un 37.7%, seguido de arma de fuego, con un 35.7% y el estrangulamiento con un 14.2%. Otras formas han sido menos utilizadas.

De acuerdo con las estadísticas, las parejas de las mujeres asesinadas han sido más propensas a ejercer violencia contra ellas, con un 35.7 por ciento, sobre el 21.4 por ciento cometido por las exparejas.
En los 98 casos expuestos, doce de los victimarios lograron quitarse la vida, pero el documento no revela la totalidad de estos que intentó hacerlo.
Al presentar el reporte semestral del Observatorio Ciudadanía, la Colectiva Mujer y Salud reitera el llamado a las autoridades para que pasen de los discursos a inversiones en políticas públicas en el ámbito de la prevención, la atención y sanción a la violencia como medidas necesarias para hacer frente al problema.
Explicaron que "la escalada de los últimos años en el número y la ferocidad de estos asesinatos deja pocas dudas de que nos enfrentamos a una verdadera emergencia nacional, cuya solución no se puede seguir postergando”.

El pasado miércoles, 11 de julio, un grupo de organizaciones hizo un llamado a la población a vestir de luto en señal de duelo por las mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas, y cientos de personas se congregaron frente al Congreso Nacional en demanda de mayor presupuesto para combatir lo que ya se ha denominado como una epidemia y declarar el fenómeno de los feminicidios como una emergencia nacional.
Los reclamantes fueron recibidos fuera del edificio del Poder Legislativo por Magda Rodríguez, diputada por Santiago y presidenta de la comisión de género de la cámara baja.

Más violentas
Las provincias con mayor número de casos son Santo Domingo, con 24; el Distrito Nacional, con 11; Santiago, con 9; San Cristóbal, con 8, y Puerto Plata, con 5.

Cero muertes
Provincias donde no se registraron feminicidios en los primeros seis meses: Independencia, Pedernales, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Samaná, San José de Ocoa y Santiago Rodríguez.

Artículo publicado por: ADITAL (Rep. Dominicana) - Sorilenny Custodio - 25/07/12 -
Enviado por COMCOSUR MUJER 341 - 25/07/12 -