sábado, 21 de julio de 2012

MUJERES-CHILE: Cuando ya no basta con matarla.

El incremento de la violencia contra la mujer, la agresividad de los femicidas y la edad cada vez más temprana de víctimas y victimarios interpelan en Chile a las autoridades por la falta de políticas de prevención y a la hipocresía de una sociedad que "busca permanentemente mostrar su cara más bonita".

Un estudio de la organización no gubernamental Activa indica que los hechos de violencia intrafamiliar se incrementaron 10 por ciento en el primer semestre de 2012 en Chile, al igual que su grado de agresividad.

Entre enero y junio de este año se registraron 17 asesinatos de mujeres, también llamado femicidios o feminicidios, a mano de sus parejas registraron, cuatro más que en el mismo lapso del año pasado.

La directora de Activa, Gloria Requena, explicó a IPS que entre las causas identificadas existen algunas de orden estructural y psicológico, y otras que tienen que ver con falencias del ámbito legislativo.

"En cuanto a las causas estructurales, esto tiene que ver con la subvaloración que se hace sobre las mujeres. Lamentablemente, las campañas que se han diseñado para contrarrestar la violencia apuntan a generar más violencia y no a atacar las causas de la misma", sostuvo.

Requena añadió que el diálogo en Chile se ha perdido desde lo político hasta en las relaciones familiares.

"Lo que observamos es que las parejas no tienen herramientas para el diálogo y el Estado no se las está entregando. Los subconflictos hoy día se solucionan de manera cada vez más violenta o directamente a través de hechos de sangre", precisó la exjefa de la División de Seguridad Ciudadana del gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010).

El sondeo de Activa indicó, además, un aumento del ensañamiento hacia la víctima en los casos de femicidio, donde la muerte es acompañada por múltiples formas de maltrato y sofisticaciones en las agresiones, especialmente cuando se verifica el uso de armas blancas en esos crímenes.

"Ha habido recrudecimiento no solo de la violencia intrafamiliar sino también de otras figuras delictivas como las lesiones, el homicidio, que dan cuenta de la resolución de conflictos por vía de la fuerza y no mediante el diálogo", advirtió Requena.

La investigación registra que las principales causas de la violencia serían los celos y el deseo de venganza producto del rechazo de la mujer a las pretensiones amorosas de su agresor.

Entre los medios empleados para ejecutar el femicidio, se aprecia un aumento en el uso de armas blancas y de fuego, que llega a 73 por ciento de las consultas, seguido por la asfixia con 14 por ciento y objetos contundentes con 10 por ciento.

Respecto de las armas blancas y de fuego, el estudio constató que el agresor acrecentaba su violencia y los cuerpos de las víctimas presentaban múltiples heridas, lo que da cuenta de un mayor nivel de violencia que no se satisface tras provocar la muerte.

La mayoría de las víctimas se ubican en el tramo comprendido entre los 20 y los 39 años de edad, periodo de consolidación de las relaciones de pareja y, en especial, de la convivencia.

Los agresores tienen entre los 20 y los 59 años, aunque preocupa el crecimiento en el segmento etario de 20 a 39 años en lo que va de 2012.

Chile cuenta desde octubre de 2005 con una ley de violencia intrafamiliar que, entre otras cosas, estableció la creación de los tribunales de familia.
La normativa fue complementada cinco años después con la Ley de Femicidio, que define este delito como la muerte violenta de una mujer por el abuso del poder de género y que se produce en el seno de una relación de pareja, actual o pasada.

Este concepto es criticado por las organizaciones feministas que consideran que excluye otras formas de violencia contra la mujer, que se establecen en diversos contextos.

"En Chile se ha legislado en el tema de violencia fragmentadamente, sólo la intrafamiliar, dejando afuera la agresión en el ‘pololeo’ (noviazgo), por ejemplo", cuestionó Carolina Carrera, presidenta de la no gubernamental Corporación Humanas.

"Aquí no hay una ley que incorpore toda la violencia de género que estamos viendo: desde la sexual policial hasta la intrafamiliar", señaló a IPS.

"Nuestro país muestra permanentemente una cara bonita y estos temas los deja debajo de la alfombra. Somos un país hipócrita como lo hemos sido siempre, y eso es lo más grave", sentenció.

Carrera explicó que el movimiento feminista ha logrado visibilizar el tema de la violencia contra la mujer. El problema, dijo, es que, según el estudio, "pareciera que vamos en retroceso".

"La pregunta es qué están haciendo este gobierno y las políticas públicas para evitarlo", expresó.

"No hay política de prevención contra la violencia que sea permanente y sistemática en el tiempo. Tampoco hay un programa educacional desde la primera infancia que esté permanentemente abocado a esto", denunció.

Requena coincidió con Carrera. "Se debe reformar la definición de sujetos protegidos, la incapacidad de las medidas cautelares para proteger a las víctimas. La legislación actual no define qué entendemos por maltrato ni cuántas veces una mujer se debe dejar golpear y verse vulnerada en sus derechos para que la ley la proteja", reclamó.

Insistió en que la figura legal del femicidio en Chile obliga que se establezca un vínculo afectivo entre la víctima y el victimario, "entonces en las relaciones de pololos (novios) no se configura este delito porque no hay convivencia, tampoco lo son en las relaciones profesionales y tampoco la situación de las prostitutas", puntualizó.

Chile es uno de los pocos países de América Latina que no ha adoptado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Tampoco cuenta con una norma que aborde la violencia contra las mujeres en su integridad.

Según el Informe de 2011 de la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género, "el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) se ha enfocado en la incorporación de la perspectiva de género en la atención de la violencia familiar, a través de convenios bilaterales, y no ha propuesto al Poder Ejecutivo una política sobre prevención de la violencia de género".

Con todo, las activistas abogan por la destinación de más recursos y que el Servicio Nacional de la Mujer pase a ser un Ministerio.

"El Estado debe dar una respuesta adecuada para combatir este flagelo, porque somos una sociedad con varios rasgos que indican que nos estamos comenzando a enfermar", advirtió Requena.

Artículo publicado por: IPS ips.noticias.net - Marianella Jarroud - Santiago - julio/2012 -

Mujeres Maulinas alzan la voz por una Reconstrucción.

Se nos ha negado el derecho a la educación, porque no hay voluntad de parte de las autoridades de realizar una consulta ciudadana o armar mesas de participación con alumnos/as, apoderadas/os.

Cuando fue el terremoto y nos prometieron reconstruir nuestro territorio en un año, nunca pensamos que para el 2012 las cosas estarían como están: Hoy no tenemos incidencia ciudadana en el tema de la reconstrucción de nuestra ciudad, ya que las autoridades han realizado convenio con inmobiliarias externas para la compra de terrenos a bajos precios, expulsando a la periferia a los propietarios, muchos de los cuales son adultos mayores que han vivido simepre en el casco histórico de la ciudad.

Se nos ha negado el derecho a la educación, porque no hay voluntad de parte de las autoridades de realizar una consulta ciudadana o armar mesas de participación con alumnos/as, apoderadas/os.
Se nos ha negado el derecho a vivienda cuando existe una directora de SERVIU que no da soluciones prácticas sino una serie de burocracias en lo que concierne a la documentación solicitada, mala información, funcionarios/as inoperantes, en algunos casos sin experticia.
Se nos ha negado el derecho a la salud, cuando no tenemos una infraestructura adecuada para la atención de usuarios/as, habiendo una gran falta de médicos sobretodo en el área de especialidades.

Se nos ha negado el derecho a una vida sin violencia, resurgiendo cada día más la violencia sexual hacia las mujeres y las niñas, esto ocurre en los campamentos, colegios entre otros.
La violencia estructural surge de la esencia misma de los sistemas políticos, económicos, sociales y culturales dominantes, que niegan el derecho a una vida digna y libre de toda violencia contra las mujeres y las niñas, tema que no han resuelto las instituciones públicas como el Sernam, a quién solo le preocupa invertir en la rehabilitación de los hombres.

Se nos ha negado el derecho al trabajo, existiendo laboralmente para las mujeres el barrido de calles y hermoseamiento de plazas o el micro emprendimiento de parte del Sernam, idea gerencial de la actual ministra.
Finalmente, vemos la nada misma de voluntad de las autoridades para trabajar en conjunto con las organizaciones de mujeres en la reconstrucción de nuestra ciudad. Somos las únicas que buscamos nuestros espacios para alzar la voz, participando activamente en el resurgimiento de los movimientos sociales existentes a nivel local y nacional.

Artículo publicado por: GÉNERO Y RECONSTRUCCIÓN (Blog del Obseratorio de Género y Equidad) - Chile - Guacolda Saavedra - 10/07/12 -

Bolivia: Hay Mujeres que trabajan con sus hijos en los lenocinios.

Extranjeras, sobre todo de Brasil y Perú, trabajan en grupos alquilando oficinas por algunos meses. Hay casos de mujeres que llevan a sus hijos a estos locales ilegales, (lenocinios).

“En un operativo que la Policía y el Servicio Departamento de Salud (Sedes) realizaron el año pasado, en uno de los locales se encontró a un bebé que jugaba con los condones mientras su madre se dedicaba a la prostitución”, dice una copropietaria del edificio Krsul.
Este medio conoció de fuentes oficiales que varias mujeres (no pudo determinar la cantidad) asisten con sus niños a estos lugares porque no tienen dónde dejarlos, y ellos son testigos de lo que ocurre en el interior del local. “Ellos están sentaditos en un lugar, ahí donde ellas trabajan”, manifestó una vecina de la calle Figueroa, donde en un edificio funcionan 27 lenocinios. Este dato también fue corroborado por el mayor Wálter Sossa, jefe de la División de Trata y Tráfico de personas de la fuerza anticrimen de La Paz.
Extranjeras. En días de fiesta como en Carnaval, entradas folklóricas y fiestas populares del departamento, extranjeras, principalmente de Brasil y Perú, ingresan al país y trabajan en la ciudad como damas de compañía.
Alquilan una oficina o un departamento —en la zona Sur principalmente— y sacan avisos en los periódicos para captar clientes. Luego de unos meses ellas retornan a sus países. El precio que cobran por cliente va desde los $us 100 la hora. Ellas son sus propias administradoras. En cambio “las otras tienen jefes. Sé que las bolivianas hasta pildorean (ofrecen bebidas con somníferos) a los hombres”, dijo una fuente de la Policía departamental de La Paz.
 
Cerca de 10 mil mujeres en el oficio
Según datos del Sedes, unas 10.000 mujeres se dedican a la prostitución en el centro de la ciudad; de ellas, sólo 3.000 portan su libreta de salud. Hay un tarifario por el tipo de servicio que pide el cliente, cobran más si es sin condón.
 
Las normas no disponen quién debe clausurar
Debido al perjuicio que ocasiona la vecindad con los lenocinios ilegales que funcionan en el centro de la ciudad, copropietarios de edificios y oficinistas que trabajan cerca de ellos piden que éstos sean clausurados definitivamente o trasladados a otros puntos alejados de la urbe.
De acuerdo con el Código de Salud, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) sólo realiza controles para verificar que operen en condiciones de higiene, caso contrario los clausuran. “Es decir que tengan baños, cambien las sábanas, que cada cuarto tenga paredes y no cortinas y que ellas porten su libreta de salud”, indicó una fuente a este medio.
Neil Navarro, jefe de la Unidad Especial de Seguridad Pública de la Alcaldía paceña, señaló que su unidad sólo controla los locales como actividad económica y que es el Ministerio Público el que debe encargarse de cerrarlos definitivamente. “El proxenetismo (figura en que incurren los que abren prostíbulos) no es lícito, está penado por ley, y no se puede normar algo tipificado en el Codigo Penal. Es el Ministerio Público el que debe encargarse de ese trabajo. Si uno de estos locales tiene actividad económica, como vender alcohol, entonces entra la Alcaldía a fiscalizar”. Los prostíbulos que funcionan en el casco central son ilícitos y sus empleadas no tienen carnet sanitario.

Artículo publicado por: La Razón - Bolivia - Micaela Villa - 20/07/12 -