sábado, 14 de julio de 2012

Ecuador: ABORTO: El tema polémico en debate del Código Penal.

El aborto se practica en Ecuador, fuera de si es legal o no. Alrededor de 90.000 abortan anualmente, sea por causas naturales o forzadas, según estimados del Ministerio de Salud, o 95.000, de acuerdo con otras organizaciones.


Nadie tiene cifras oficiales, pero Amparo Medina, quien es parte de la Red Vida y Familia, cree que de los 90.000 casos de los que habla el Ministerio, 20.000 serían provocados. De esos, en 200 casos muere la madre.

Clínicas clandestinas, consultorios y hospitales privados son algunos lugares a los que acuden las que lo hacen a propósito. Sin embargo, también optan por pastillas, venenos, alambres u otros mecanismos para abortar.

La denominada ‘legalización del aborto’ ahora es un tema polémico en la Asamblea, ya que existen dos excepciones que se incluyen en el proyecto de Código Penal Integral.

Polémica
La discusión, en la que se encuentran la oposición y un oficialismo dividido, se centra en el artículo 142, sobre el aborto no punible. La normativa indica que el aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer, cónyuge, pareja, familiares íntimos o representante legal, no será sancionado en dos situaciones.

La primera cuando se haya hecho para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si el peligro no puede ser evitado por otros medios (vigente en el artículo 447 numeral uno). Y, la segunda, si el embarazo es consecuencia de violación (actualmente, consta si la violación se cometió en una mujer demente o idiota en el numeral 2).

Por un lado, legisladores como Rolando Panchana (PAIS) y Andrés Páez (ID) rechazan que se incorpore este artículo porque la medicina habría avanzado para que no peligre la vida de nadie, porque no se puede verificar que se produjo una violación, o porque se estaría matando la vida de un ser humano.

Contraparte
Al contrario, asambleístas como María Paula Romo (ex PAIS) y Virgilio Hernández (PAIS) están de acuerdo, ya que las mujeres tendrían la capacidad de decidir sobre sus cuerpos y, en caso de Hernández, apoyaría a su hija en caso de que quisiera abortar por violación.

Sin embargo, todo parece estar decretado. Mediante su cuenta de Twitter (@mashirafael), el presidente de la República, Rafael Correa, señaló que “con todo respeto a otras opiniones, vetaré cualquier artículo sobre aborto que vaya más allá de lo que ya existe en el Código Penal”.

Fuerte discusión

Medina aseguró que “ninguna mujer va a abortar con la sonrisa en sus labios. Tienen susto, miedo, temor”. Asegura que ha visto alrededor de 500 casos anuales de mujeres que, tras ser abordadas en centros abortivos, decidieron no continuar con su decisión.

La Red trabaja en 10 ciudades y hace visitas itinerantes a 12. Según su análisis, una o dos mujeres que habían optado por abortar fueron violadas. Por esto y porque el artículo 45 de la Constitución establece que “el Estado reconocerá y garantizará la vida (…) desde la concepción”, plantean que debe desaparecer el artículo 142.

Pero, no todos piensan igual. Virginia Gómez, del Frente por los Derechos Sexuales y Reproductivos, está a favor del aborto en los casos propuestos en la normativa. “Se debe buscar el camino para que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Debe respetarse el derecho de las mujeres de decidir sobre su maternidad”, indicó.

CIFRA:
70% de las violaciones se produce dentro del hogar.

EL DATO.
En Guayaquil, Manabí y Santo Domingo se producen más abortos, según Red Vida y Familia.

Breve testimonio de un aborto

“Patricia era una niña de 14 años. De pronto dejó de hablar y sus tías no pudieron arrancarle una palabra”. Así inicia el relato de la violación de una menor de edad, que produjo un embarazo y un posterior aborto.

Está recabado en el libro ‘Decisiones cotidianas’ de la Fundación Desafío.

‘Patricia’ fue criada por su tía, después de que sus padres emigraron a España. En la misma casa vivía su abuelo, quien en varias ocasiones abusó de ella. Sus familiares decidieron que abortara.

Artículo publicado por: La Hora Nacional - Ecuador - (País) - 08/07/12 -



Afganistán: Cuándo el marido tiene derecho a matar a su Mujer.

El asesinato en público de una afgana acusada de adúltera saca a la luz la indefensión femenina tras 10 años de "liberación". Los avances legales se quedan en el papel.El asesinato público de una mujer en Afganistán volvió a poner de relieve la brutalidad y el primitivismo de sectores de ese país, pero sobre todo el límite de los avances logrados por la ocupación occidental desde el desalojo talibán en 2001.

La difusión del fusilamiento en video resultó aún más punzante al coincidir con la Conferencia de Donantes de Tokio, en que Estados Unidos y sus aliados vincularon la futura ayuda al desarrollo a que Kabul mejore la institucionalidad, la Justicia y los derechos de la mujer.
El asesinato se produjo en una aldea de Parwan, a unos escasos 100 kilómetros de la capital afgana, Kabul. Una portavoz del gobierno provincial identificó a la mujer como Najiba, de 22 años, y atribuyó su asesinato a los talibanes.
Sin embargo, esta milicia, levantada en armas contra el gobierno, negó su implicación y atribuyen el incidente a un arreglo de cuentas tribal.
Lo único seguro es que quien sigue pagando los platos rotos de la ignorancia, la pobreza y las luchas de poder es la mujer afgana, a la que en este caso, como en muchos otros, se acusa de adulterio para imbuirlo de pretendida legalidad.

De espaldas.

Las imágenes, al parecer captadas con un celular, producen escalofríos. Varias decenas de hombres sentados en el suelo o instalados sobre los techos de las casas vecinas observan a una mujer, cuya silueta se adivina bajo una tela grisácea. Está de espaldas, sentada sobre sus talones.
“Esta mujer, hija de Sar Gul, hermana de Mostafa y esposa de Juma Khan, se escapó con Zemarai. No se la vio en el pueblo durante un mes”, pronuncia un barbudo en presunta función de juez. “Por fortuna, los muyahi­dines la atraparon. No podemos perdonarla. Dios nos dice que acabemos con ella. Juma Khan, su marido, tiene derecho a matarla”, prosigue.
Entonces, alguien entrega un fusil a un hombre vestido de blanco que le apunta desde unos dos metros y dispara. Más de 10 veces. Los asistentes corean “Dios es el más grande” y “Larga vida al Islam”.
El presidente afgano, Hamid Karzai, tildó al crimen de “odioso e imperdonable” y ordenó la búsqueda y captura de los responsables, un gesto con pocas posibilidades de dar resultados. Por mucho que hayan cambiado las leyes, el gobierno no tiene ni la capacidad ni, a decir de algunos observadores, la voluntad de ponerlas en práctica.
A pesar de sus buenas palabras, Karzai sigue apoyándose en los antiguos señores de la guerra y otros extremistas para mantener el poder. De ahí que las organizaciones de derechos humanos y las feministas denuncien su intención de hacer la paz con los talibanes, temerosos de una vuelta atrás.

Cifras que asustan.

El asesinato cometido en Parwan no es un hecho aislado, sino otro más de los mal llamados “crímenes de honor” con los que se castiga cualquier transgresión sexual por parte de la mujer. El problema radica en que la sociedad entiende y acepta que se penalice el sexo fuera del matrimonio ( zina ) o la rebeldía de las chicas que escapan de los matrimonios forzados y la violencia.
Tras el derribo del régimen talibán, la nueva Constitución afgana estableció la igualdad de “todos los ciudadanos ante la ley”, sin diferenciar entre hombres y mujeres. En consecuencia, las afganas pueden votar, ser candidatas y servir en cualquier cargo oficial. Las nuevas autoridades también suprimieron la obligación de que tuvieran que cubrirse con el velo para salir a la calle.
Sin embargo, esos avances apenas se trasladaron a la sociedad en las ciudades. Muchas familias, sobre todo en las zonas rurales, aún limitan la libertad y la participación en la vida pública de sus madres, esposas, hijas y hermanas.
Todavía son frecuentes los matrimonios forzados (entre el 60 y el 80 por ciento, según la ONU), con niñas menores de 16 años (el 57 por ciento) y en algunas regiones se niega la educación básica a las niñas, bien por considerarla inapropiada o por temor a ataques de extremistas contra las escuelas femeninas.
La ausencia del Estado en amplias zonas del país hace imposible imponer esos derechos o extender el sistema de justicia, lo que deja a las poblaciones locales merced de los talibanes u otros grupos armados.
En un país que sufre guerras desde hace cuatro décadas, la violencia contra las mujeres es una atrocidad institucionalizada. De acuerdo con la organización Oxfam, el 87 por ciento de las afganas declaran haber padecido violencia física, sexual o psicológica, o ser víctimas de un matrimonio forzado.

Se quieren hacer oír
En Kabul. Unas 100 mujeres se manifestaron ayer en las calles de la capital de Afganistán para exigir al gobierno que haga más para proteger los derechos de la comunidad femenina y para protestar contra la reciente ejecución de una de ellas.

Artículo publicado por: Diario LA VOZ - Córdoba (Argentina) - Angeles Espinoza - (El País de Madrid ) 12/07/12 -

Latinoiamérica: El 22% de las Mujeres no cuenta con Educación Sexual.

Con 73 embarazos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad, América Latina y el Caribe registra la segunda tasa más alta de fecundidad específica en las adolescentes, después de África. América Latina cuenta hoy con 105 millones de jóvenes entre 15 y 24 años.

Al menos 22 por ciento de las mujeres de América Latina que están en edad reproductiva no tienen acceso a una política de planificación familiar o métodos anticonceptivos modernos, lo que podría ser una de las razones por los que la región es la segunda en el mundo con mayor índice de embarazos adolescentes, de acuerdo a un informe divulgado este jueves por la Organización de Naciones Unidas.

La directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), Marcela Suazo, participó en una conferencia en la Cancillería panameña con motivo del Día Mundial de la Población, donde señaló que Latinoamérica aún "dista de tener servicios de salud sexual, reproductiva y el acceso a una planificación familiar relacionada con el manejo de métodos anticonceptivos".

Con 73 embarazos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad, América Latina y el Caribe registra la segunda tasa más alta de fecundidad específica en las adolescentes, después de África, detalló.
"Lograr el acceso universal a la salud sexual y reproductiva no es un concepto en abstracto, pues tiene que ver con la vida de millones de niñas, adolescentes y mujeres que cada día mueren al dar a luz", sostuvo Suazo.
S
in embargo, también elogió los esfuerzos de algunos países para atacar las causas de la mortalidad materna, aunque aún los mayores índices se concentran en las zonas de mayor pobreza o donde no exista una planificación de educación sexual definida. Suazo dijo que se han logrado avances "importantes" en la tendencia pero con "resultados disímiles".

América Latina cuenta hoy con 105 millones de jóvenes entre 15 y 24 años, el mayor número de jóvenes en su historia, cita el documento publicado por la ONU. "Desaprovechar este potencial significa hipotecar al mismo tiempo el desarrollo y el futuro de nuestros países", recalcó Suazo.

Artículo publicado por: ADITAL Joven - La noticia es de teleSUR - El Informador - El Universal de Cartagena / gp –FC - 12/07/12 -

Argentina: en zona roja.

La visibilidad y toma de conciencia en relación con la trata de personas con fines de explotación sexual viene impulsando medidas punitivas o prohibicionistas. La eliminación de lo que se conoce como “rubro 59” y el cierre por ley o por decreto de todo tipo de cabarets, whiskerías o clubes nocturnos –eufemismos para nombrar prostíbulos– en distintos lugares del país son las más evidentes. Pero el pase a la clandestinidad de estas actividades desprotege a quienes se declaran trabajadoras o trabajadores sexuales autónomos y con decisión propia. Su voz suele estar ausente en el debate o descalificada. Eugenia Aravena, dirigente de Ammar Córdoba (Asociación de mujeres meretrices de Argentina), denuncia este silenciamiento y reclama su derecho a decidir sobre su cuerpo sin persecuciones policiales ni morales.

Corría el año 1917 y luego de años de romper tabernas y botellas a hachazos en señal de protesta al consumo de bebidas alcohólicas, culpable oprobioso de los males morales de la sociedad, el Movimiento por la Templanza logró su cometido: aprobar la enmienda constitucional que prohibiera la venta, importación y fabricación de bebidas en todo el territorio de Estados Unidos. “El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos; los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno”, sentenció el senador Volstead, impulsor de la norma, al momento de su promulgación. Poco tiempo después se tragaría una a una sus palabras, ya que la clandestinidad del etílico elixir fue el santo y seña para la aparición y auge de las grandes mafias –como la del mundialmente célebre Al Capone– que se disputaban el control del mercado. Una década de crimen organizado a niveles insospechados en ese país, incluyendo el soborno y corrupción de funcionarios públicos, para conseguir continuar con tan rentable negocio, dejaron en claro que la prohibición no era el camino acertado para conseguir los cambios sociales esperados.
A los ojos de los tiempos actuales en los que en nuestro país se está debatiendo la despenalización del consumo de estupefacientes, esta medida adoptada en el siglo pasado suena un tanto ingenua, si no conservadora y retrógrada. Parece haber consenso en que la prohibición no redunda en la modificación de las prácticas sociales sino en la conformación de circuitos ilegales que garantizan mediante el crimen organizado y la corrupción la sobrevida del producto en el mercado. No obstante, hay determinadas prácticas sociales que nunca salen del ojo de la tormenta moral, sobre todo por estar asociadas a la explotación humana, la denigración moral y la vergüenza social.
El 1º de junio se aprobó en Córdoba la ley que prohíbe en todo el territorio provincial la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación –de manera ostensible o encubierta– de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes o establecimientos y/o locales de alterne. La denominada “ley de trata” (u1), promovida por el partido oficialista, tiene como finalidad cercar a las organizaciones que trafican con mujeres para combatir la explotación sexual y la trata de personas en el país. Sin embargo, diversas organizaciones sociales entre las que se destaca la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) tienen sus objeciones con la nueva normativa porque criminaliza la prostitución y contribuye a estigmatizar a las mujeres que trabajan en el rubro. Para Eugenia Aravena, secretaria general de AmmarCórdoba, el grave problema es la asimilación que se hace entre prostitución y trata de personas.
Dos grandes líneas de pensamiento se debaten a la hora de analizar la prostitución. La denominada “línea abolicionista” considera la prostitución como una forma de explotación y puerta de entrada al tráfico y trata de personas. A su vez, para la “línea reglamentarista” la prostitución es un trabajo, siempre que sea realizado por personas mayores de edad y por propia voluntad, para lo que reclama un marco legal que ampare a las personas que lo ejercen, por creer que ése es el mejor método para controlar la explotación y la trata.
“El día en que comenzó a tratarse la ley hicimos una radio abierta en la puerta de la Legislatura pidiendo ser escuchadas, porque nadie nos llamó para saber qué pensábamos al respecto”, explica Eugenia. A diferencia de leyes como la de matrimonio igualitario o identidad de género, cuyos textos fueron escritos o revisados y debatidos por los colectivos a los que se referían, la ley que prohíbe cualquier tipo de establecimiento donde se realicen, toleren, promocionen, regenteen, organicen o de cualquier modo se faciliten actos de prostitución u oferta sexual, cualquiera sea su tipo o modalidad, no tuvo en cuenta las palabras de aquellas personas que ofrecen sus servicios sexuales. “Cuando conseguimos entrar a las audiencias públicas del debate, presentamos un documento que diferenciaba trata de personas de prostitución, en el que también estaba clara nuestra postura no sólo con respecto a esta cuestión sino al cierre de las wiskerías y prostíbulos. Nosotras no nos oponemos a su cierre, sólo cuestionamos que la ley tal y como está es una puerta que se abre a la criminalización de nuestra actividad. Desde 1936 estamos regidas por la misma ley (12.331), que prohíbe las casas de tolerancia y sanciona a quien explota la prostitución ajena. Existe un vacío legal de un tema que nos deja desamparadas. Por este motivo queríamos que la ley deje claro en qué marco de protección legal vamos a trabajar si cierran las whiskerías y prostíbulos”, demanda Aravena.
Esta pregunta, que aparecería como una contradicción con el hecho de no cuestionar la clausura de estas casas, encierra una realidad que queda desdibujada en la falsa dicotomía esgrimida por algunos legisladores cordobeses –quien está en contra de la ley está a favor de la trata–, aquella realidad de las personas que se ganan su sustento ejerciendo la prostitución. “Es necesario que quede claro en la legislación que siempre y cuando una trabajadora mayor de edad negocie su actividad directamente con el cliente y en su propio beneficio no hay delito, si no hay explotación y no hay trata de personas no hay delito. Roberto Birri, del Frente Cívico, fue el único legislador que se hizo la pregunta sobre cuál sería el destino de las trabajadoras sexuales que quedarán en la calle y propuso un artículo –que no fue incluido en la ley– que contemplaba la capacitación laboral para las víctimas de trata y, si así éstas lo quisieran, las trabajadoras sexuales. También planteó el aumento de las penas a los proxenetas, que en este momento es de 60 días de arresto, la derogación del artículo 45 del código de faltas (prostitución molesta y escandalosa) y contemplar las cooperativas de trabajadoras sexuales”, explica Eugenia. Sus requisitorias no fueron atendidas a la hora de votar la ley.

Autonomía: la palabra clave

Sentada en el escritorio junto con Blanca y Patricia, otras integrantes de la comisión directiva de Ammar, Eugenia garabatea una copia del documento presentado en la Legislatura, ese que a duras penas oído no fue considerado, como si buscara respuestas a una situación de difícil resolución. “Con las compañeras que se acercan a la asociación hablamos mucho de como escaparle a la explotación, qué medidas tomar para que las cosas no sigan cómo están. Con esta ley se cerrarán los lugares más visibles, pero los otros van a seguir funcionando porque esta ley no cambia las cosas de fondo y nosotras seguimos sin ningún tipo de respuesta para poder trabajar sin miedo a que nos persigan. Para nosotras trabajar autónomamente y entre nosotras es la clave. Por más que quieran erradicar la prostitución, la realidad es que existe y existe en nosotras que tenemos necesidades reales, palpables. Por eso es que estamos discutiendo el trabajo en cooperativas: de a una no tenemos recursos para alquilar un departamento y si vamos a la calle somos perseguidas por la policía, pero entre varias la situación es diferente, pagamos los gastos en conjunto y cada una gana lo que trabaja. Esta forma de organización nos permite una horizontalidad y compromiso entre nosotras y escapar a la opción de siempre de buscar protección en un prostíbulo que se queda con el 50 por ciento de la ganancia, no te permiten faltar porque cobran multa, no hay días libres, una no puede ni enfermarse siquiera. Ya existe una cooperativa que funciona hace un año aproximadamente y las compañeras están muy contentas y conformes con ese sistema. Nadie ofrece a las trabajadoras sexuales alternativas laborales, entonces quedamos entrampadas en esta hipocresía de una línea política como es la abolicionista, que nos criminaliza, nos clandestiniza más y ni siquiera apoya las actividades que organizamos desde Ammar” (ver apartado Las actividades que solventa Ammar).
“El problema es que no hay una política de perseguir a quienes nos explotan. Hay una marco regulatorio que comienza en el Código Penal y no se cumple. A nosotras esto nos deja con muchas dudas porque cada vez se mezcla más prostitución con trata de personas y sentimos el desamparo y la desprotección. Es más, uno de los organismos que más nos han discriminado en Córdoba ha sido el Inadi. Su representante, Adriana Domínguez, forma parte de la Red Abolicionista contra la Prostitución y la Trata de Personas y fue muy clara en que con nosotras no acordaba en nada. ‘Las atiendo porque es mi función, pero con ustedes no acuerdo en nada’ nos dijo una vez. Durante el debate por esta ley ella dijo que no había que apoyar a las cooperativas de proxenetas, refiriéndose a la cooperativa que tienen nuestras compañeras. Creo que hay que comprometerse colectivamente para darle seguimiento real a nuestra situación. Parece que quisieran que desapareciéramos de la faz de la tierra, nos invisibilizan como si no existiéramos y mientras no haya alternativas laborales no vamos a desaparecer. ¿Qué quieren de nosotras? Yo no entiendo, te juro que no entiendo”, exclama Eugenia, con una mirada en la que se entremezclan la impotencia y la bronca.
“Estamos entrampadas –suelta Blanca, integrante de la comisión directiva de Ammar–. Ninguna de las leyes que han salido (la de la provincia de Córdoba y el decreto presidencial que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual en los medios gráficos) nos dejan un margen. Había chicas que lograban trabajar de manera independiente y fuera de los prostíbulos colocando avisos en los diarios, pero ahora esa opción no existe y las compañeras vuelven a trabajar con un proxeneta o en una whiskería.” (Ver apartado Hecha la ley hecha la trampa.)
“Queremos trabajar libres y para eso necesitamos un marco regulatorio. A nivel nacional, Ammar está impulsando el proyecto de ley por el trabajo sexual autónomo para lograr un marco de derechos. Lograr que se trate esta ley en el Congreso de la Nación no implica promover la prostitución, sino brindar garantías y derechos a quienes estamos trabajando. La tarea de militancia que desarrollamos desde Ammar tiende no sólo a mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales, sino a darles herramientas laborales para salir de la prostitución, frente a un Estado ausente que mira para otro lado. En Uruguay, por ejemplo, existe una ley que protege a las compañeras y compañeros y les permite pagar un monotributo como cualquier trabajador para hacer aportes jubilatorios y tener obra social. Tiene que haber una política de Estado para el tema y no la hay. La política en este momento es: criminalizar y prohibir. Esto significa más negocio y más mafia y a nosotras que nos parta un rayo.”

Erradicar la trata

“Nosotras estamos en contra de la trata de personas y trabajamos para erradicarla. A Sandra Cabrera, secretaria general de Ammar, la mataron de un tiro en la nuca por denunciar la connivencia y la complicidad entre la policía y los prostíbulos. ¿Cuánta gente tiene ese grado de compromiso?”, lanza a boca de jarro Eugenia mientras golpea una y otra vez la mesa con la palma de la mano, en una muestra palpable de la fuerza de su lucha. “Tratamos de hablar con Susana Trimarco cuando estuvo en Córdoba siguiendo el tratamiento de la ley para explicarle nuestra posición, pero no pudimos y necesitamos que ella nos escuche, que sepa de nuestro compromiso con esta causa, que estamos con ella y la apoyamos. No estamos del mismo lado de los proxenetas, como quisieron hacer ver algunos legisladores y algunos medios, deslegitimando y desconociendo el trabajo de nuestra asociación. Es muy fácil hablar de la trata desde una banca en la Legislatura, pero hay que estar en el barro, denunciando como hizo Sandra Cabrera, como hace Susana Trimarco, sin saber a quién recurrir porque sabemos que dentro de la propia policía están los que tratan. En Córdoba, la comisario Claudia Flores es una de las pocas con las que hemos realizado denuncias y en quien podemos confiar, sin embargo no le dan el lugar que se merece en la policía. Con la nueva ley, la que hasta ahora se llamaba División de Protección a las Personas, donde están los que nos meten presas, nos persiguen y nos amenazan, será la nueva División de Trata de Personas. A esta división pertenecía el policía que la comisario Claudia Flores metió preso por tráfico de personas. Traía mujeres de Paraguay a los prostíbulos de Córdoba, incluso era dueño de uno. Este mismo policía era el que nos corría de la calle porque le arruinábamos el negocio. ‘Te vas o te llevo’, nos decía y nos íbamos. Ahora ya aprendimos, que vengan de nuevo a decirnos algo...”
“Tampoco se está llevando a cabo el Plan Nacional contra la Discriminación, del Inadi, que en el artículo 17 indica la derogación de los artículos de los códigos contravencionales con figuras abiertas –como la falta a la moralidad o escándalo en la vía pública, por otorgarle facultades a la policía para realizar detenciones sin autorización judicial– y en su artículo 18 promueve la sanción de una ley que nos ampare y reconozca derecho a jubilación y seguridad social. No estamos ni cerca de alcanzar estos reconocimientos. Nosotras siempre decimos que ninguna mujer nace para puta, nos hacemos putas en el camino, pero ¿mientras tanto qué? ¿Tenemos que estar obligadas a vivir en las peores condiciones sólo por ser putas? La prostitución fue arrojada a la clandestinidad porque a la sociedad no le gusta ver sus propias miserias”, alega Eugenia.
“Acá hay mucha gente que está callada la boca. A nosotras nos corre el mismo discurso que corre a las que quieren legalizar el aborto”, protesta Eugenia Aravena. “Esto de ‘mi cuerpo es mío’ nos está vedado. Este discurso de que las mujeres pobres tienen los accesos vedados y pagan las consecuencias de la hipocresía, porque los abortos se hacen en malas condiciones, bueno, es lo mismo. Es el mismo sector conservador de la Iglesia Católica el que nos persigue y no nos deja decidir qué hacer con nuestros propios cuerpos.” Este inconformismo manifestado por la titular de AmmarCórdoba trae a la luz un hilo que conduce ciertas políticas en relación con los derechos de las mujeres que siguen dejando fuera del paquete legislativo que ampara en el país flamantes derechos civiles: la despenalización del aborto y la reglamentación del ejercicio de la prostitución. La tensión es tan vieja como el mito de su profesión. Apelar a la explotación autoriza al Estado a la tutela que interviene en salvaguarda de la integridad moral, no de las mujeres que la ejercen sino de la sociedad que no acepta la imagen que éstas le devuelven. La prostitución es un marco visible de la posibilidad de escapar al control social, una censura de la heteronorma que tiene en su núcleo central a la mujer monogámica heterosexual y reproductiva.

Artículo publicado por: Diario Página12 - Suplemento Las12 - Argentina - DEBATE -
Andrea Laconde - 06/07/12 -


¿ Existe el punto G ?


Es totalmente real y existe!

El punto G es llamado así por su descubridor el ginecólogo alemán el Dr. Ernst Gräfenberg.
La bomba del placer femenino no es un mito aunque muchas mujeres no saben cómo localizarlo está ahí, el tamaño suele variar un poco pero su localización es la misma, el punto G es una pequeña zona que se encuentra a cinco centímetros dentro de la vagina detrás del hueso púbico y alrededor de la uretra, es una zona rugosa y llena de terminaciones nerviosas
Esta enigmática zona erógena es considerada el oasis o foco de la máxima excitación femenina, su forma es parecida al de un grano de frijol y su tamaño es aproximado al de una moneda mediana (50 centavos)

Encontrarlo no es tarea fácil y muchas mujeres llegan a creer que no lo poseen, las sensaciones producidas por su estimulación son altamente intensas y placenteras, cuando se produce la estimulación esta zona erógena posee la peculiaridad de aumentar de tamaño y palpitar muchas mujeres sienten una sensación parecida al deseo de orinar, cuando se comienza a estimular, sensación que se explica porque al estimularlo se ejerce presión sobre la vejiga, por lo que es recomendable ir al baño antes de comenzar con la estimulación pero no hay que alarmarse se trata nada mas de una sensación que precede al orgasmo.

Es posible, además que se eyacule una pequeña cantidad de un líquido blanco o transparente, cuando se llega al orgasmo este liquido no es otra cosa que la famosísima eyaculación femenina.
Para encontrar este oasis de placer hay que tener un poco de paciencia y no desanimarse, aun más si se trata de mujeres que nunca han tenido un orgasmo.
Tal vez, a tu pareja y a ti, les cueste un poco de trabajo encontrar el “mágico Punto G” pero sin embargo, vale la pena, pues podrán adicionar placer, experiencia y nuevas sensaciones a la relación sexual.

Artículo publicado por: Diario El Heraldo - Honduras - consultandoamisexologa - 24/02/11 -

Argentina: análisis del proyecto de ley de Fecundación Artificial.

El 27 de junio de 2012 la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley de fecundación artificial que vulnera el derecho a la vida y a la identidad.
En un análisis crítico del proyecto podemos afirmar que:
Objeto: según el artículo 1, la ley tiene por objeto "garantizar el acceso integral a los tratamientos médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida". Por tanto, se abandona toda pretensión de regulación de estas biotecnologías, se omite considerar las problemáticas vinculadas con las finalidades con las que hoy se usan las técnicas, que exceden en mucho las problemáticas de infertilidad. En efecto, hoy rige una lógica productiva de la vida y las técnicas se usan:

a. Concebir un hijo en casos de infertilidad o esterilidad.

b. Concebir un hijo con ciertas características genéticas deseadas, ya sea por pura voluntad procreacional, como por otras finalidades.

c. Concebir un hijo para que sea dador de células y tejidos para un hermano vivo (bebé-medicamento).

d. Concebir un hijo en caso de uniones de personas del mismo sexo, o bien por personas solas, o bien en casos post-mortem.

Cada una de estas finalidades encierra complejos problemas bioéticos y jurídicos y ninguno de estos problemas fue considerado seriamente por el legislador.

Definición de las técnicas

El artículo 2° expresa: "A los efectos de la presente ley, se entiende por reproducción médicamente asistida a los tratamientos o procedimientos realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo".

El proyecto encierra una contradicción entre un supuesto derecho a acceder a las técnicas y un enfoque médico. En realidad, el presupuesto desde el que parte el proyecto es un pretendido derecho a las técnicas ?que prácticamente se convierte en un derecho al hijo-, aunque luego va a pretender la cobertura por el sistema de salud de las prestaciones. Igualmente, cabe señalar que estas técnicas no solucionan la esterilidad o infertilidad, pues no se dirigen a sus causas para revertirlas, sino se limitan a suplantar a las personas en la concepción del nuevo ser humano a través de un procedimiento biotecnocientífico.

Técnicas incluidas: según el mismo artículo 2, "quedan comprendidas las técnicas de baja a alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones. La autoridad de aplicación deberá establecer cuáles técnicas y procedimientos serán habilitados a tal fin, e incluir progresivamente nuevas técnicas desarrolladas por los avances técnico-científicos".

Es inadmisible que en una problemática tan sensible como las técnicas que se autorizarán y las modalidades de las mismas, la ley se limite a delegar todo en la reglamentación. Ello puede ocasionar la violación del derecho a la vida de los embriones, si se aceptaran las técnicas extracorpóreas, como así también la violación del derecho a la identidad, si se aceptaran las técnicas heterólogas.

Autoridad de aplicación

La autoridad de aplicación de la ley es el Ministerio de Salud de la Nación (art. 3). Sin embargo, el artículo 9 invita a las provincias y a la Ciudad "a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, normas de similar naturaleza". En realidad, el poder de policía sanitaria es facultad concurrente entre la Nación y las provincias y de esta ley se pueden deducir algunos conflictos de jurisdicción.

Registro: por el artículo 4° se crea un Registro único de establecimientos sanitarios habilitados para hacer estas técnicas, incluyendo los que sean bancos receptores de gametos y/o embriones. Al respecto, no se registran los datos de los dadores de gametos, ni tampoco los datos de los embriones concebidos. Tampoco se establece nada sobre esos establecimientos, ni sobre sus obligaciones en cuanto a registros, ni sistemas de sanciones para los que violen los derechos de las personas involucradas en las técnicas.

Requisitos

El artículo 5° referido a requisitos se limita a un planteo puramente formal: "Los tratamientos de reproducción médicamente asistida sólo pueden realizarse en los establecimientos sanitarios habilitados que cumplan con los requisitos que determine la autoridad de aplicación". Consecuentemente, sin perjuicio de los problemas de fondo de las técnicas, no se consideran los muchos requisitos que se consideran en legislaciones extranjeras como ser:

-autorización o no de las técnicas extracorpóreas;

-exigencia de que se trate de un último recurso en casos de infertilidad o esterilidad médicamente diagnosticada;

-prohibición de la dación de gametos, o al menos, límites a la cantidad de daciones;

-prohibición de la crioconservación de embriones;

-limitación del número de óvulos a fecundar y que todos ellos sean transferidos;

-exigencia de matrimonio entre el varón y mujer que acceden a la técnica.

Funciones de la autoridad de aplicación: también aquí las funciones de la autoridad de aplicación se limitan a arbitrar medidas para el acceso igualitario de todos los beneficiarios (art. 6 inc. a) y hacer campañas de información (art. 6 inc. b). Es una autoridad desprovista por completo de funciones de vigilancia, control y sanción de la actuación de los centros y sobre todo para procurar que no se violen los derechos de los niños concebidos por las técnicas.


Acceso igualitario: en el artículo 6 inciso a se enfatiza el llamado "acceso igualitario", que se reitera en el artículo 8 sobre "cobertura", en lo que se pretende imponer como la legitimación del acceso a las técnicas de uniones de personas del mismo sexo. Ello contraría el derecho del niño a su identidad y sobre todo a la riqueza de un padre y una madre.

Beneficiarios

El artículo 7 dispone sobre los beneficiarios: "Tiene derecho a acceder a los tratamientos de reproducción médicamente asistida, toda persona mayor de edad que, de plena conformidad con lo previsto en la ley 26.529, de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, haya explicitado su consentimiento informado... Aquellas personas, incluso menores de 18 años, que por problemas de salud o por tratamientos de quimioterapia, radioterapia o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometida su capacidad de procrear en el futuro, podrán acceder a servicios de guarda de sus gametos o tejidos reproductivos, según la mejor tecnología disponible y habilitada a tal fin por la autoridad de aplicación".

Nuevamente aquí nos encontramos ante un proyecto sin ningún límite, ni de edad, ni de capacidad, ni siquiera de nacionalidad o domicilio en la Argentina. Ni siquiera se exige que si la persona está casada tenga el consentimiento de su cónyuge. Puede incluso ser una mujer sola en cuyo caso el hijo será deliberadamente privado de la paternidad, en lo que configura una violación más a su derecho a la identidad.

Revocación del consentimiento: el artículo 7 señala que "...El consentimiento es revocable hasta antes de producirse la implantación del embrión en la mujer...". De esta manera, el proyecto conduce a callejones sin salida pues si una persona revoca el consentimiento, no queda claro si la otra persona puede o no proceder a la implantación. Por otra parte, tal revocación puede ocurrir una vez que la persona está concebida, con lo cual a un niño ya existente, se lo priva por mero capricho personal de uno de los vínculos filiatorios, con lo que se afecta su identidad, o bien del derecho a vivir.

Cobertura

El art. 8 establece la obligatoriedad de cobertura de las técnicas por instituciones del sistema de salud, con gran amplitud y con la inclusión en el Programa Médico Obligatorio. Se ignoran los costos que significan estas prácticas, que ciertamente son muy altos. Se beneficia así a un grupo pequeño de biotecnocientíficos que abusando de su ciencia imponen un sistema de manipulación de la vida humana. Además, se impone a muchos ciudadanos el deber de contribuir con sus aportes a un sistema de financiación de técnicas que violan derechos fundamentales, como la vida y la identidad.

Objeción de conciencia omitida: no se incluye ni la objeción de conciencia personal, ni la llamada objeción de conciencia institucional para los servicios de salud privados, confesionales o no, que no compartan la implementación de estas técnicas.

Falta de protección penal: a diferencia de muchos de los proyectos de ley presentados con anterioridad en el Congreso, no se incluye ningún tipo de norma penal o siquiera sistema de sanciones administrativas para la protección de los embriones humanos en sus derechos fundamentales y para castigar a quienes cometan abusos biotecnológicos.

Vinculación con el nuevo Código Civil

En diversos pasajes del debate en Diputados se hizo mención a la vinculación de esta ley con el nuevo Código Civil. Al respecto, sorprende que el proyecto de Código Civil disponga en su artículo 19 que una ley especial dispondrá lo referido a la protección de los embriones humanos no implantados y que en este proyecto no se haya tomado ni una sola medida para protegerlos.



Del análisis formulado advertimos que es una ley armada para el beneficio de los centros que se dedican al negocio reproductivo: sin límites ni sanciones, garantizando cobertura amplia y pagos, abriendo nuevas finalidades y beneficiarios sin que existan siquiera situaciones de infertilidad o esterilidad.

Desde el Centro de Bioética, Persona y Familia hemos expresado en diversas oportunidades nuestro desacuerdo con la legitimación legal de las técnicas de fecundación artificial, pues quiebran la lógica de gratuidad que rige en la original forma de transmisión de la vida humana e introducen dinamismos de producción que son contrarios a la dignidad de la nueva vida. Además, estas técnicas conllevan pérdidas importantes de vidas humanas en su modalidad extracorpórea, y también una manipulación del derecho a la identidad cuando se admite la fecundación heteróloga.


Autor: Nicolás Lafferriere | Fuente: www.centrodebioetica.org - julio/2012 -

¿ Qué es la anaeyaculación ?

Es común oír hablar de los orgasmos sin eyaculación en las mujeres, pero ¿qué pasa cuando se presenta en los hombres? No es muy común, pero existe una disfunción que les impide a los hombres tener una eyaculación normal, es decir que no pueden expulsar el semen con los espermatozoides en el momento del coito.

Según explica la Sociedad norteamericana de Medicina Sexual en su página web, la aneyaculación es la incapacidad para eyacular el semen aunque el hombre lo produzca normalmente y pueda alcanzar el orgasmo durante la relación sexual. Esta disfunción puede presentarse de varias formas.

Situacional: Se presenta cuando el hombre puede eyacular algunas veces, pero otras no. Sus causas se asocian con el estrés del momento, por ejemplo cuando debe hacerlo para una muestra médica. Hay casos en los que el hombre eyacula durante la relación sexual pero no durante la masturbación, o viceversa.

Total: Se presenta cuando, sin importar la situación, el hombre no logra eyacular el semen. Esta puede darse de manera anorgásmica, es decir que el hombre no puede alcanzar el orgasmo ni la eyaculación. También puede haber aneyaculación orgásmica cuando el hombre a pesar de lograr el orgasmo no puede eyacular.

Primaria: Cuando el hombre nunca ha experimentado una eyaculación normal en su vida.

Secundaria: Cuando el hombre ha tenido un desempeño sexual normal, pero no ha podido volver a lograrlo.

¿A QUÉ SE DEBE?

De acuerdo con la International Society for Sexual Medicine (ISSM), la aneyaculación se presenta porque la glándula prostática y los conductos seminales no pueden liberar el esperma. Esta afección puede tener causas de diversos tipos como afecciones pélvicas por lesiones o cirugías en esa zona o enfermedades que afectan el sistema nervioso como parkinson, diabetes o esclerosis múltiple.

También puede darse por causas sicológicas, sobre todo la aneyaculación situacional que puede presentarse debido a estrés, ansiedad o problemas en la relación de pareja.

Una de las principales inquietudes de las mujeres que tienen como pareja un hombre con aneyaculación es si puede tener hijos, la respuesta es que sí porque actualmente existen tres alternativas para obtener el esperma, según la ISSM:

La estimulación vibratoria del pene, por medio de un vibrador que se ubica en la punta del pene y que genera vibraciones de los nervios sensoriales a la medula espinal provocando la eyaculación, es un método efectivo para el 60% de los casos.

También está la electroeyaculación, se realiza bajo anestesia general y por medio de un dispositivo que se introduce por el recto y genera vibraciones que aumentan gradualmente en los nervios ubicados cerca de la próstata hasta que se de la eyaculación. Por ultimo está la extracción de los espermatozoides desde los testículos para la fertilización in vitro.

Lo recomendable para una persona que presente algún síntoma de aneyaculación, es que visite a un especialista para que le de el diagnóstico adecuado y pueda saber el tratamiento a seguir.

Artículo publicado por: La Estrella (El Periódico de Panamá) - FUCSIA - 06/07/12 -