viernes, 15 de junio de 2012

Arabia: LLamamiento para que se revoque la "fatwa" que prohibe a las Mujeres conducir.


Las activistas saudíes llevan más de veinte años luchando por el derecho a conducir.
El último esfuerzo fue la campaña masiva Women2Drive puesta en marcha en 2011. El 17 de junio de 2012 se cumple un año desde el inicio de dicha campaña, pero el gobierno aún no ha tomado las medidas necesarias para otorgar a las mujeres el derecho a conducir.
Más bien al contrario, las activistas saudíes que defienden los derechos de la mujer están siendo perseguidas por las autoridades. Manal Al-Sharif, que lideró la campaña Women2Drive, ha sido perseguida por su labor a favor de este derecho. Además de haber sido encarcelada, ha recibido amenazas y ha perdido su empleo por defender el derecho de las mujeres a conducir.
Las activistas saudíes llaman a renovar la campaña el próximo 17 de junio y para ello piden a hombres y mujeres de todo el mundo que conduzcan hasta los consulados y las embajadas de Arabia Saudí y hagan sonar la bocina para expresar su apoyo a la causa. Únase a nosotros para apoyar la labor de las mujeres saudíes que reclaman su derecho a conducir y para continuar exigiendo a las autoridades de este país que levanten la prohibición que pesa sobre ellas.

Artículo publicado por: IGUALDAD YÁ - 12/06/12 -


Perú: Campaña a favor de legalizar el Aborto en caso de violación.

La organización feminista peruana Manuela Ramos ha iniciado hoy la campaña "Justicia para ellas", que busca promover la legalización del aborto para las mujeres violadas, víctimas que suman más de 6.000 al año. Jennie Dador, abogada y directora de Manuela Ramos, dijo a Efe que ha aumentado el nivel de denuncias por delitos sexuales, pero que también se ha incrementado la violencia en el país.

"Un acto de justicia es que las mujeres violadas puedan acceder a un aborto, no que tengan que abortar, porque a veces nos dicen: 'ustedes (de las organizaciones no gubernamentales) quieren obligar a las mujeres a abortar'. No, lo que queremos es que puedan, que aquellas que quieran tomar esa decisión tengan un lugar seguro donde hacerlo", afirmó Dador.
Según la investigación de Jaris Mujica "Violaciones sexuales en el Perú 2000-2009", presentada en 2011 para esa organización, en Perú se da la mayor cantidad de denuncias por violaciones al año en Sudamérica, con 22,4 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Bolivia y Chile (con 20,8 y 20 casos, respectivamente).
En 2010, según la Policía peruana, se denunciaron 5.273 casos de violaciones sexuales en el país, lo que representa entre 14 y 15 por día.

Como parte del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que se celebra hoy, la ONG Manuela Ramos ha lanzado un portal web donde se promueve la despenalización del aborto en caso de embarazo por violación y busca que el tema se debata en la opinión pública "porque existe demasiado dolor en la vida de las mujeres" violadas.

"Nos interesa recoger el testimonio de mujeres que hayan pasado la experiencia doblemente horrible de ser violadas y a consecuencia de eso quedar embarazadas y que tuvieron que buscar una posibilidad clandestina para acceder a un aborto", expresó Dador.
Para la directora de la ONG, con "el solo hecho de que exista la posibilidad de recurrir a un aborto en caso de violación, cada mujer sería libre de decidir. Eso de por si sería una medida reparadora, que ayudaría a procesar el trauma y el dolor".
La próxima semana, Manuela Ramos junto a otras ONG realizarán el foro "Estado laico, violencia sexual y políticas públicas", en el que participarán congresistas y representantes del sector salud, donde analizarán políticas para aliviar la situación de las mujeres violentadas.

Artículo publicado por: Observatorio de Género (Chile) - Fuente: TERRA .com - 12/06/12 -

Chile: un país donde trabajar enferma.

Los problemas de salud mental representan una de las principales causas de enfermedad en la población adulta en el mundo.
E
n Chile, los problemas de salud mental de la población trabajadora aumentan año a año y son las mujeres quienes mayormente sufren este problema. Una fuente de información muy ilustrativa son las licencias médicas que solicita la población trabajadora tanto en el sistema FONASA como en el sistema ISAPRE. En el año 1995 los trastornos mentales y del comportamiento eran la tercera causa de licencia médica curativa, pero ya en el año 2008, pasan a ocupar el primer lugar. Aunque el número de mujeres en la fuerza de trabajo es bastante menor al de hombres, el año 2009, del total de licencias por problemas de salud mental, la mayor parte fueron solicitadas por mujeres: el 63% en el sistema ISAPRE, y el 68,7% en el Fonasa, Por otra parte, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud del Ministerio de Salud (2006), reveló que el 28% de los hombres y el 34% de las mujeres trabajadoras consideraban su trabajo “desgastador emocionalmente”.

Una encuesta anterior de la misma institución (2003) había revelado una alta prevalencia de depresión en la población adulta, más frecuente en las edades medias (25 a 65 años), es decir, en el período de actividad económica de la población, y mucho más alta en las mujeres (31%) que en los hombres (16%). Esta tendencia es nuevamente confirmada en la última Encuesta Nacional de Salud (2009-2010) que detectó un 17,2 % de personas con sintomatología depresiva, de las cuales un 8,5 % eran hombres y un 25,7% correspondía a mujeres.
Una encuesta realizada recientemente por el Centro de Estudios de la Mujer (2011) a 3.000 trabajadores y trabajadoras asalariadas de todo el país, reveló que el 26,2% de las mujeres, versus sólo el 13,4% de los hombres, había sufrido síntomas depresivos durante dos semanas seguidas, durante los últimos 12 meses. Pero no todas las mujeres sufren de la misma manera. Las mujeres que con mayor frecuencia sufren depresión son las más pobres (de los grupos C3 y D-E) y las que trabajan como operarias, como trabajadoras de servicios y como trabajadoras no calificadas de la agricultura e industria.

La baja calidad del empleo, pobreza y doble trabajo constituyen los argumentos que explican el peor estado de salud mental de las mujeres. En Chile, como en otros países, su incorporación al trabajo remunerado no ha sido acompañada de una reducción de su trabajo no remunerado como responsables del hogar, madres y cuidadoras de enfermos y ancianos, lo cual les ha significado una sobrecarga laboral que contribuye al deterioro de su salud mental y física. La interferencia del trabajo con la vida familiar o balance entre trabajo y vida fuera del trabajo es una dimensión considerada por la Comisión Europea como uno de los criterios esenciales para estimar la calidad del trabajo y el empleo. Largas e impredecibles horas de trabajo combinadas con altas exigencias, tanto en el ámbito del trabajo remunerado como en el del trabajo doméstico y de cuidado, fácilmente causan estrés y ansiedad. En cualquier tipo de familia las mujeres soportan lo más duro de la carga.
Estas informaciones deben alertar a las autoridades en los Ministerios de Trabajo y de Salud, pero también a las dirigencias sindicales y a los partidos políticos que dicen representar los intereses de las y los trabajadores. Está en juego la vida de toda la población, no sólo de quienes participan en el mercado laboral, sino que todos quienes dependen de ellas y ellos.

Artículo publicado por: Observatorio de Género (Chile) - Ximena Díaz*Socióloga Centro de Estudios de la Mujer (CEM) - 12/06/12 -

Argentina: En la guerra de Malvinas también estuvieron las Mujeres.

Las memorias se robustecen con el paso de los años y enunciar Malvinas significa abrir la puerta de aquel 1982, en el sur argentino. Gran Bretaña y Argentina enfrentadas por un territorio. Malvinas, un archipiélago aturdido en bruma.
Expresar Malvinas es, también, rememorar el último coletazo de la dictadura militar que azotó a este país. Militares almirantes, leyes marciales, comandantes, buques, cruceros hundidos, jóvenes combatientes.

Margareth Tatcher es otra referencia oscura y obligada en la memoria argentina que experimentó aquel conflicto. Eran los años ochenta del siglo pasado y aún pocas mujeres desempañaban cargos de responsabilidad. Aquellos eran tiempos en que los idearios se negaban a entender tanto poder y tanto ensañamiento por parte de una mujer que era capaz de ordenar a sus fuerzas un enfrentamiento bélico. Aquello no era lo que se esperaba de una mujer.
Pero no toda la historia está escrita, ni íntegramente narrada. ¿Qué relato es completo cuando las voces que cuentan los sucesos tienen casi siempre un tinte desequilibrado, que se enciende a veces en automático y otras interesadamente?
La historia sistemáticamente se empeña en divulgarse inconclusa. Este relato pretende dar voz a un matiz poco conocido de aquella guerra: las mujeres. Y no se trata de aquellas que perdieron a sus compañeros en la guerra, pues se enfoca en la vivencia de una mujer que estuvo en la guerra haciendo su trabajo de enfermera en aquel conflicto bélico.
Las noticias de la época tenían las ineludibles señas de un femenino estereotipado: "Están muy nerviosas. Escucharon en la radio que las Georgias habían sido atacadas por los británicos, violando todas las normas internacionales. Saben que se resiste en esas latitudes, saben que la sangre derramada no será negociada."
"Son cinco mujeres de uniformes de combate y perfume de mujer", narra una de aquellas notas. Esta periodista encontró a una de ellas: Alicia Reynoso, de la provincia de Entre Ríos (ubicada a aproximadamente 500 kilómetros de Capital Federal), es madre, abuela y dicen que desde hace poco tiempo se animó a hablar de Malvinas. Es que el trauma de una guerra a veces se convierte en un silencio que, implacablemente, se empeña en demoler el alma.
Alicia Reynoso tenía 23 años cuando le dijeron que su destino era Malvinas. Ella fue una de las pocas mujeres que participaron del conflicto: era enfermera profesional de la Fuerza Aérea y estuvo destacada en un hospital móvil en Comodoro Rivadavia (ciudad de la provincia de Chubut, a 1.760 kilómetros al extremo sur de la Argentina). Pasó allí los peores días de su vida, rodeada de horror, maltrato, dolor y sangre.

Artículo publicado por: SEMlac - Norma Loto - 15/06/12 -

Argentina: Fertilización Asistida: avanza la ley, pero piden más precisiones.

Una ley de fertilización asistida quedó a un paso de tener media sanción del Congreso ya que ayer cuatro comisiones de la Cámara baja consensuaron un proyecto que será tratado posiblemente en julio en el recinto, ya que tuvo amplio consenso.

En el proyecto se establece que las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y el sistema de salud pública, deberán incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) "la cobertura integral e interdisciplinaria" de los procedimientos que la Organización Mundial de la Salud define como "Reproducción Humana Asistida".

Sin embargo, se dejó librado a la reglamentación que deberá hacer el Ministerio de Salud, las formas en cómo los distintos efectores de salud irán brindando progresivamente acceso a estos tratamientos ya que en muchos casos superan los 25.000 pesos (como la fecundación in vitro).

Las tres ONG que nuclean a los pacientes con infertilidad (Concebir, Abrazo para dar vida y Sumate a dar vida) se quejaron ayer porque el texto consensuado no especificó todos los tratamientos de alta complejidad, que son los más onerosos y porque no se previó la creación de un registro único de donantes a fin de posibilitar al niño por nacer, cuando cumpla 18 años, conocer la identidad de su padre o madre biológico.

Una de las incorporaciones que se consensuaron ayer a la norma -respecto al frustrado proyecto que el año pasado trató Diputados- es que las parejas del mismo sexo también podrán acceder a los procedimientos de "Reproducción Humana Asistida" y no habrá discriminación por género o edad. Militantes de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans celebraron ayer en el Congreso este cambio.

Las cuatro comisiones que dictaminaron favorablemente sobre el tema son las de Salud, Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Familia. El plenario de diputados, comandado por la kirchnerista María Elena Chieno, fue bastante convulsionado ya que muchos legisladores opositores levantaron la voz para pedir correcciones al texto. El kirchnerismo se comprometió públicamente con las fuerzas opositoras a corregir varios pasajes de la ley para saldar posibles interpretaciones restrictivas por parte de los efectores de salud, que deberán correr con los gastos de los tratamientos.

Sin embargo, el compromiso del oficialismo no conformó a las ONG. Por la asociación sin fines de lucro Concebir habló Isabel Rolando, quien aseguró que el dictamen que se firmó ayer representa "un atraso de 20 años" y pidió a los diputados que se saque el mismo despacho que la misma Cámara baja llevó al recinto el 30 de noviembre pasado, último día de sesiones ordinarias de 2011, y que fue aprobado en general por la anterior conformación de Diputados (faltó la votación en particular, por lo que debió iniciarse un nuevo trámite parlamentario este año). "El dictamen de 2011 era ejemplar", dijo Rolando.

"Pero ahora se deja demasiada libertad a la autoridad de aplicación de la ley -el Ministerio de Salud- para que reglamente la norma y tememos que haya un giro sustancial", dijo la mujer. Concretamente, sostuvo que se nombran en el artículo 8 "técnicas de baja complejidad" y no se incluye explícitamente procedimientos más complejos (como la ovodonación, la microinyección espermática y la fecundación in vitro).

Además, reclamó el registro único de donantes. "Los chicos concebidos
por estas técnicas tendrán menos derechos a conocer su identidad que los chicos adoptados", se quejó Paula Lafragette, de la ONG Abrazo para Dar Vida.

El texto consensuado -en un borrador- por los diputados ayer incluye procedimientos como la inducción de ovulación, la estimulación ovárica controlada, el desencadenamiento de la ovulación, las técnicas de reproducción humana asistida y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del esposo, pareja o de un donante. Pero a raíz de las críticas de las ONG, el radical Juan Pedro Tunessi solicitó que no se nombre "una casuística" de técnicas para evitar restricciones y se defina los tratamientos "más genéricamente", algo que el kirchnerismo prometió contemplar.

Otra polémica que se generó es sobre el artículo 7, ya que éste prevé que las personas que deben enfrentar tratamientos quirúrgicos invasivos como la quimioterapia (esto incluye a los menores de edad) puedan congelar sus gametos -a través de técnicas de criopreservación- a fin de utilizarlos a posteridad para concebir hijos. Para la bonaerense Marcela Rodríguez (ex ARI), el artículo debería eliminarse ya que las técnicas de criopreservación están contempladas en el artículo 8.

"No quiero que las prepagas después quieran sólo pagar este tratamiento para los enfermos que deben pasar por una quimioterapia", se atajó.

Por último, desde el oficialismo se aclaró que el debate de fondo sobre la donación de gametos y la filiación se dará cuando el Congreso sancione la unificación del Código Civil con el de Comercio (que esta semana envió el Ejecutivo al Senado
).

Artículo publicado por: Diario Los Andes - Mendoza - Sociedad -
Mario Fiore*Corresponsalía Buenos Aires - 14/06/12 - 

Desinformación, irresponsabilidad y Violencia de Género.

El domingo 10 de junio podíamos leer en el periódico El País el artículo, “Pocos, pero también víctimas“. Este abordaba la violencia que sufren los hombres por sus parejas, equiparándolo con la violencia de género, y añadiendo que estamos ante una minoría no reconocida. Joaquina Prades, autora de la noticia, alude a la discriminación en el código penal que sufren estas víctimas. Asimismo, incorpora al final de su artículo un texto titulado Lo siento, sólo atendemos mujeres, incidiendo así en la supuesta discriminación existente.
32 varones han muerto a manos de su pareja, femenina o masculina, en los últimos cinco años. 402 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas, en los últimos cinco años. No estamos hablando de lo mismo.
Nadie duda sobre la condición de víctimas de los hombres maltratados, ni de su existencia. Son víctimas, pero no de la violencia de género. Estos crímenes se tipifican a través de la violencia doméstica. Al igual que el maltrato a un abuelo o una abuela, o a otro miembro de la unidad familiar.
Porque son cosas distintas. Diferenciar la violencia de género, o violencia contra las mujeres, de la violencia doméstica no es simplemente un cambio de denominación lingüística ni sirve a lo políticamente correcto. Responde a las conclusiones de los análisis y estudios que se han realizado en esta materia incorporando la variable género.
Como explica Marcela Lagarde, introducir la perspectiva de género permite analizar y comprender las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres; sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos a los que se deben enfrentar y las maneras en que lo hacen. Contabilizando los recursos y la capacidad de acción con que cuentan unas y otros. La intención es conseguir eliminar todos los obstáculos que nos impiden vivir en igualdad de derechos, de obligaciones, de oportunidades, de acceso a los recursos.
Los estudios sobre la violencia ejercida contra las mujeres han demostrado una peculiaridad de este tipo de violencia, tal y como se entiende que es particular la violencia que ejerce, por ejemplo, un grupo terrorista. El tratamiento legal es distinto, siendo todo tipo de violencia igual de condenable. Del mismo modo que valiendo todas las vidas lo mismo, existe la figura del magnicidio.
Las Naciones Unidas primero, la legislación europea, y por ende la nacional, han introducido estos conceptos en sus ordenamientos jurídicos, directivas, recomendaciones, etc. (1)
La violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en la sociedad, y se define como la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Por eso un varón no sufre violencia de género, sufre otro tipo de violencia y se trata de diferente manera a nivel legal. No es una discriminación.
Prades termina su artículo aludiendo suspicazmente a una “minuciosa sentencia” de 2008 del Tribunal Constitucional, que “entre otros argumentos, adujo razones estadísticas e históricas” para legitimar el tratamiento diferenciado de la ley de violencia de género. En España, desde 1999 han sido asesinadas 845 mujeres. Muchas miles han solicitado órdenes de protección. Pero la violencia contra las mujeres no está solo en el ámbito de la pareja. En el mundo, a las mujeres se les asesina, se les viola, se les mutila los genitales, se les vela, se les casa por la fuerza, se les compra y se les vende como ganado, se les golpea, se les niegan los derechos más fundamentales, se producen abortos selectivos para no tener hijas. Sólo el 1% de la riqueza mundial está en manos de mujeres. Apenas tienen presencia en las posiciones de poder (económico, político, religioso). En este contexto nace la preocupación por la violencia de género como fenómeno.
Por supuesto que todas las víctimas merecen todo el apoyo, que se visibilicen sus dificultades, que consigan superar el miedo y tener una vida libre de violencia. Pero no podemos solucionar ningún problema con un diagnóstico erróneo. Y mucho menos con demagogia. El tratamiento es distinto porque son realidades distintas.
El lunes 11 de junio, cuando todavía estábamos digiriendo que un periódico de tirada nacional y de reconocido prestigio como El País publicara el mencionado artículo, podíamos leer en Periodismo Humano “Del divorcio a la exclusión“. En portada de su edición digital. Sección economía. Bajo el titular, una pancarta donde se lee “No a las denuncias falsas”.
En otro momento me detendré en el denominado neomachismo, cuyo mensaje está calando fácilmente en la sociedad (porque suena muy coherente), donde pueden ubicarse las plataformas que apoyan este tipo de igualdad “de verdad”. En general, defienden que los hombres están discriminados por las leyes de igualdad, enarbolan el argumento de las denuncias falsas y tildan a las feministas de “feminazis”. Está claro que el feminismo tiene un problema de comunicación, porque el mensaje neomachista es asimilado muy fácilmente y el feminista presenta grandes resistencias. Este también es un tema para analizar separadamente.
Pero hoy quiero centrarme en el argumento estrella: las denuncias falsas. Lo escuchamos y lo leemos hasta la saciedad. Es habitual lema de pancartas de estos movimientos. Y es sin duda uno de los puntos clave de sus reivindicaciones.
Resulta especialmente preocupante porque no se trata de que “algunos colectivos feministas” se oponen a las premisas de estos grupos. O de que la asociación de mujeres juristas Themis, como leemos en el artículo de Mónica Hernández, “no comparte la visión de padres, abogados y jueces sobre denuncias falsas”. Resulta preocupante porque no se trata de opiniones ni de puntos de vista.
La Fiscalía General del Estado, en su Memoria del 2011 (cap. III.7.), dedica una sección a reiterar, insisto, reiterar su preocupación por la falta de rigor informativa en cuanto a las denuncias falsas. A incidir en que es un argumento falso. En que es mentira. “Durante 2010, las posibles acusaciones y denuncias falsas comprendieron, a fecha de hoy, el 0,0104 por 100” (p. 762). Ésta es la realidad. Y quien la niega y la manipula, está faltando a la verdad conscientemente, y en busca de otros intereses.
Así, la Fiscalía advierte que “desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección integral de violencia sobre la mujer, han sido constantes las críticas que, desde diversos sectores, se han vertido en torno a ella, alegando la existencia de supuestas «denuncias falsas» que las «hipotéticas » víctimas de maltrato interponían contra su agresor por hechos que no se habían producido, con el objetivo final de obtener los privilegios de carácter asistencial recogidos en la Ley, o con el intento de conseguir «acelerar» la tramitación de un procedimiento de separación o divorcio, o utilizar la amenaza de la interposición de la denuncia para usarla como moneda de cambio en la obtención de una serie de ventajas, de carácter económico, o de otra índole, en el conflicto matrimonial” (pág. 758) (2)
Desgraciadamente, suelen escucharse a menudo afirmaciones de este tipo, que nadie cuestiona, que faltan a la verdad, y cuya gravedad consiste principalmente en que no favorecen en absoluto a crear un entorno de confianza para fomentar el dificilísimo paso que para las mujeres en situación de maltrato supone el denunciar. La ley es mejorable, yo también lo pienso, pero la única herramienta con la que se cuenta, a pesar de sus carencias, para interponer medidas de seguridad, es la denuncia. Cabe añadir que de las 73 mujeres asesinadas en 2011, sólo 22 habían denunciado a su agresor (p. 745).
La prensa y los medios de comunicación juegan un papel importante en la concienciación y creación de la opinión en la sociedad. Pero sobre todo tienen la obligación de informar. O informan en profundidad sobre el tema que tratan (máxime cuando hay vidas en juego) o les ruego se abstengan de escribir ningún artículo al respecto. La opinión debemos encontrarla en secciones bajo ese rótulo.
La violencia de género es la primera causa de muerte de las mujeres en el mundo. No es demasiado pedir rigor.
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(1) Como se expresa en el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2004 contra la Violencia de Género: “esta Ley pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Al respecto se puede citar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer de 1979; la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la Mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea General; las Resoluciones de la última Cumbre Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995; la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud declarando la violencia como problema prioritario de salud pública proclamada en 1996 por la OMS; el informe del Parlamento Europeo de julio de 1997; la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y la Declaración de 1999 como Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género, entre otros”. Además de decisiones, programas de intervención, etc.
(2) “De estas críticas severas, que hemos tenido la posibilidad de escuchar en distintos foros, o de leer en noticias de prensa, o incluso en algún documento, ninguno de sus emisores aportaba dato alguno, barajando en ocasiones porcentajes elevados (en torno al 50 por 100 de las denuncias) calificándolas de falsas sin apuntar la fuente que las sustentaba. La Fiscal de Sala no podía, ni debía permanecer inerme ante este tipo de manifestaciones, máxime cuando, se dispone de una red de fiscales especialistas que día a día desarrollan su función en la tramitación de los procedimientos en los JVM, y que no pueden actuar como neutrales espectadores de un fenómeno salvaje cuya aparente realidad distaba de la anterior aseveración. Al margen de que, como ya decíamos en la Memoria de 2009 «esta injustificada postura no se basa en dato alguno, confundiendo – en la mayoría de los casos, quienes ostentan tal afirmación –, los problemas de prueba de signo incriminatorio, propios de estos peculiares hechos en relación a las sentencias absolutorias que se dictan en Juzgados y Audiencias. Por ello identifican supuestos de denuncias falsas con fallos absolutorios, sacando de ahí sus inverosímiles cuentas», era necesario conocer la realidad de la situación”.

Artículo publicado por: AmecoPress - Madrid - María Cobos - 15/06/12 -