miércoles, 6 de junio de 2012

A propósito de la prevención de los riesgos laborales: La Violencia hacia las Mujeres.a

Algunas precisiones conceptuales.
 
La violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito laboral como fuera de éste tiene rasgos comunes, en tanto, en forma permanente, dañan al ser humano en su totalidad, afectando su personalidad. La protección de estos daños son considerados un derecho humano, dado las violaciones históricas constatadas. Subyace la consideración de las mujeres como un grupo minoritario, cuando son aproximadamente la mitad de la humanidad.

El marco legal de la Constitución Nacional, (artículo 75, inc.22 y 23) fue un reconocimiento significativo, al señalar: “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (…).
 
“Las cuatro conferencias (1) mundiales sobre la mujer convocadas por las naciones unidas en el último cuarto de siglo han contribuido a situar la causa de la igualdad entre los géneros en el mismo centro del temario mundial. (2) Las Los tratados internacionales que mencionamos reconocen que:
• la violencia y discriminación que se ejerce en sus diversas formas contra la mujer son una violación a los derechos humanos;
• las relaciones desiguales y de subordinación se gestaron durante miles de años;
• los Estados deben tener una política activa para combatir, erradicar y prevenir las desigualdades entre varones y mujeres y propuestas superadoras de diversa índole.
En distintas publicaciones la OIT recomienda incorporar la figura del acoso sexual y los procedimientos para combatirlo en las negociaciones colectivas de trabajo (3).
El acoso sexual es una forma de discriminación por razón del género, tanto desde una perspectiva legal como en su concepto. Si bien los hombres pueden ser también objeto de acoso sexual, la realidad es que la mayoría de víctimas son mujeres. El problema guarda relación con los roles atribuidos a los hombres y a las mujeres en la vida social económica que, a su vez, directa o indirectamente, afecta a la situación de las mujeres en el mercado laboral. (4)
El acoso laboral, conocido asimismo como acoso moral, y muy frecuentemente a través del término inglés mobbing ('acosar', 'hostigar', 'acorralar en grupo'), es tanto la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo o terror en el trabajador afectado hacia su lugar de trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte de sus compañeros, subalternos (vertical ascendente) o superiores (vertical descendente o el tradicional boosing), de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado, a lo largo de meses e incluso años. Lo que se pretende en último término con este hostigamiento, intimidación o perturbación es el abandono del trabajo por parte de la víctima o víctimas. (5)
La violencia laboral se puede analizar teniendo en cuenta varias aristas:
• desde el punto de vista de las/os trabajadoras/es, ubicados en relación de dependencia y retribuidos por un salario;
• desde el punto de vista de las mujeres que padecemos la doble opresión, como trabajadoras y como mujeres.
• el reconocimiento a través de documentos públicos donde se reconoce que existe hacia la mujer una situación de discriminación.
• Desde la interferencia y/o amenaza de las condiciones socio-técnicos y organizacionales que se suman a los riesgos del medio ambiente laboral.
Una primera afirmación que podemos realizar es que la violencia laboral amenaza las condiciones y medio ambiente de trabajo. La situación se torna más compleja al tener en cuenta que esta división social y técnica del trabajo está atravesada, a su vez, por la división sexual del trabajo.
Este tema nos remite a un complejo entramado de vínculos entre la división sexual del trabajo, la organización de la familia y las estrategias de acumulación del capital.
Refiriéndose a las empresas industriales, Marta Roldán (2000), señala que:
La división técnica del trabajo y las relaciones de género en el interior de las organizaciones productivas son un reflejo de las relaciones sociales. La división genérica del trabajo cobra su materialidad en el seno de las empresas y constituye la “causa principal de la enorme brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel mundial”.
Esta afirmación la podemos extender a otros ámbitos laborales, teniendo en cuenta que los roles tradicionales instituidos por la sociedad siguen vigentes, con mucho peso, y siguen existiendo obstáculos en el desarrollo laboral de las mujeres.
La división sexual del trabajo es constitutiva de la división social, y que el trabajo en la esfera pública está interconectado con la esfera privada, especialmente con la reproducción de la vida y de la organización familiar.
(Legislación vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada por unanimidad la ley 1225 contra la violencia laboral.)
Se concibe a la violencia laboral como: aquellas acciones que durante un tiempo prolongado afectan la capacidad laboral e incluso destinada a provocar la pérdida del empleo.
Entre las modalidades observadas se encuentran la violencia física, psíquica y el acoso sexual
• Violencia física: Toda acción deliberada que perjudique la integridad física y/o tenga como resultado el menoscabo personal o en el ejercicio de funciones laborales. Se incluye dentro de estas conductas no sólo los ataques sino también los intentos y las amenazas de su ejecución y los daños a sus pertenencias.
• Violencia psíquica: Se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Por medio de ésta, se desvaloriza, se ignora, se atemoriza, se aisla y se llega a incomunicar a la persona violentada.
• Acoso sexual : Se trata de insinuaciones sexuales sistemáticas , e indeseadas por la víctima y/o solicitudes de favores sexuales y/o conductas físicas o verbales de naturaleza sexual.
En general, estas conductas son ejercidas por superiores jerárquicos también algunos pares.
Las consecuencias en las personas afectadas, son a nivel psíquico, físico y social, produciendo sentimientos de ansiedad, desconfianza, y/o aislamiento, trastornos funcionales y dificultad para el trabajo grupal.
Por Resolución 5/2007 Ministerio de Trabajo se creó la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia laboral, dentro del ámbito de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral (CTIO), dependiente de la Unidad Ministro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El artículo 4º de la Ley 26.485 (6) Ley de protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollen sus relaciones interpersonales, la define:
se entiende por violencia contra las mujeres, toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.
Las referencias directas al ámbito laboral se hacen en los siguientes ítems del texto:
• inciso d) del artículo 5º: la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
• Inciso b) artículo 6º Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarios/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil;
• Inciso c) artículo 6º Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.
No existe una ley nacional sobre violencia laboral, existieron siete proyectos que perdieron estado parlamentario, aunque fue un período de debate dentro y fuera del ámbito parlamentario. En la consulta pública (7) realizada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores el 2 de de junio de 2005, hubo coincidencias sobre la existencia de situaciones de violencia laboral. En las intervenciones de los abogados Héctor Recalde (8) y del Dr. Baldovino (9), señalaron que la violencia se intensificó con la desregulación de las relaciones laborales durante la década de 1990 y la presencia de numerosos trabajadores no registrados, viviendo en situaciones muy precarias, agudizada por la caída del poder adquisitivo. El primero remarcó la necesidad de normatizar, para “proseguir aquel principio que dice que no hay obligación sin sanción”.
 
La alusión a Marie France Irigoyen fue parte del debate, reconocida por sus estudios sobre el tema y el hecho de situar los dos escenarios propicios para el ejercicio de la violencia, el de las relaciones familiares y el de las laborales. La relación entre estos escenarios fue ejemplificado con la privatización de la empresa SOMISA, donde se despidieron más de ocho mil trabajadores. Una encuesta realizada tres años después, en la localidad de San Nicolás reveló el aumento del alcoholismo, los accidentes de tránsito y la violencia familiar.

El Dr. Baldovino caracterizó el sistema de relaciones laborales como “esencialmente autoritarias, es decir constituye un contexto favorable, un condicionamiento que hace factible y frecuente el ejercicio de las prácticas de acoso a las que se refieren los proyectos de ley que ustedes tienen en consideración. (…) El problema está en el contrato de trabajo. La nota distintiva del contrato de trabajo, es la subordinación. La subordinación describe una situación muy cercan a la sumisión. (…) la esencia del contrato de trabajo como un contrato en que la persona del trabajador y su cuerpo están subordinados a la voluntad de otro, compromete severamente la dignidad y la libertad que son inherentes a la condición humana del trabajador. (…) La función protectoria no ha terminado, la legislación laboral tiene por delante un largo camino progresivo que recorrer. Hubo media sanción recaída en el proyecto 2792-D-06 (acoso sexual en las relaciones laborales, educativas, profesionales, publicas o privadas y en todas las relaciones asimétricas; modificación de la ley 20744) Sumario: especificaciones; presunción; respeto en el ámbito laboral: responsables; ;sustitución de los artículos 242 (justa causa) y 246 (denuncia del trabajador) de la ley 20744; causa justa de despido el acoso ejercido por un trabajador o trabajadora) en tratamiento conjunto con los expedientes 7384-D-06 y 2969-D-07 no tuvo sanción del Senado y se encuentra caído.
La figura del acoso sexual, fue incorporada a través de decretos en el régimen Jurídico básico de la Administración Pública (10); ordenanza (11) y ley en la Ciudad de Buenos Aires y por ley en la Provincia de Buenos Aires (12) y en las provincias de Misiones (13), Santa Fe (14) y Tucumán (15).
El contrainforme del Comité de América latina y el Caribe para la defensa de la mujer -CLADEM - presentado en la Convención de belém Do Pará señaló que “la República argentina ha suscripto todos los instrumentos de Derechos Humanos y específicamente los referidos a los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, debemos destacar que el ordenamiento legal no ha dado una respuesta integral al problema de la violencia de género. Sólo existen leyes parciales que atienden distintas manifestaciones de la violencia contra la mujer, en distintos niveles del ordenamiento”.
El abordaje de la violencia laboral fue sistemáticamente obstaculizado a pesar de los esfuerzos de distintas/os legisladoras/es que a través de sus proyectos requirieron una respuesta a los daños sufridos por las afectadas/os.
El ámbito laboral es potencialmente riesgoso y creemos que el papel del delegado de prevención puede cumplir un papel para evitar los riesgos psicosociales.
La protección social debe extenderse a las relaciones jerárquicas y de pares, previniendo y asistiendo a las/os afectadas/os por la violencia laboral en sus distintas expresiones en consonancia con los principios generales que establece la “prevención de los riesgos laborales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en la prevención en los términos legalmente establecidos, como así también la automaticidad, calidad, eficacia y universalidad de las prestaciones.” (16)

Artículo publicado por: Argenpress.info - Ester Kandel *Magister de la UBA en Ciencias Sociales del Trabajo. 30/05/12 -

Notas:
1) Publicación de Naciones Unidas
2) Primera, 1975, año Internacional de la Mujer, realizada en México, Segunda, 1980, Copena-gue, Tercera, 1985, Nairobi, Cuarta, 1995, Beijing.
3) Igualdad entre hombres y mujeres o de género: guía para la negociación colectiva, Ediciones OIT, 2003.
4) Un pacto entre iguales, Ediciones OIT, 2000.
5) Texto facilitado por Información parlamentaria.
6) Reglamentado por el Decreto 1011/2011.
7) Proyectos presentados por senadores: Gerardo Morales, registrado: S-853/05; Ada Maza, registrado: S-166/05; Miriam Curletti, registrado: S-182/05; Haide Giri y otros, registrado: S-1310/05; Sonia Escudero, registrado: S-1913/05; Adriana Bortolozzi, registrado: S-133/06; Ricardo Gómez Diez y Pedro Salvatori, registrado: S-1162/06
8) Diputado Nacional.
9) Vicepresidente de la Asociación Argentina de Derechos de Trabajo.
10) Decreto 2385/93 -del 18/11/93
11) Ordenanza 47.506 -del 22/12/93 - BM 17/94. Ley 474: Plan de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y varones (BM: 12/01/04).
12) Ley 12.764 - 20/9/01 (BO 22/X/01. Se prohíbe el acoso sexual por parte de funcionarios y empleados públicos.
13) Ley 4148 - del 24/V/05 -Boletín Oficial 30/V/05. ADLA: Boletín Nº 15/2005: Ley para prevenir la violencia laboral (acoso sexual, mobbing) en el ámbito de la administración pública provincial.
14) Ley 11.948- del 27/XI/01 -Bol. ADLA Nº 1/2002, pag. 196 -Derecho del trabajo 2002, pag. 584: Prohíbe el acoso sexual por parte de funcionarios y empleados públicos.
15) Ley 7.232 - del 23/IX/02 -BO. adla Nº 28/2002, pag.73 - Ley contra la violencia laboral: maltrato físico, psíquico, acoso, acoso sexual, discriminación remunerativa.
16) Anteproyecto de Ley de Prevención de los Riesgos Laborales y Reparación de los Daños e Incapacidades derivados de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Presentado por Víctor DeGennaro en la Cámara de Diputados de la Nación - Mayo de 2012.
Bibliografía:
- CEPAL, documento presentado en la undécima conferencia Regional sobre la Mujer de América latina y el Caribe (Brasilia, 13 a 16 de julio de 2010.
- CLADEM, contrainforme del Comité de América latina y el Caribe para la defensa de la mujer, presentado en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -convención de Belém do Pará-, octubre de 2006.
- Información parlamentaria del Congreso de la Nación.
- Kandel, Ester, División sexual del trabajo -Ayer y hoy -Una aproximación al tema, Editorial Dunken, 2006.
- Leis, María Angélica, Violencia laboral, Publicación del Sindicato de Comercio, octubre de 2007.
- Ley 26.485 Ley de protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollen sus relaciones interpersonales.
- Manzo Carlos, La violencia psicológica en el lugar de trabajo -Una mirada desde el trabajador judicial. Ponencia presentada en el año 2007.
- Observatorio -Mujer, Trabajo y Sociedad, Políticas de igualdad en la Unión Europea, 3 de febrero de 2010.
- Neffa, Julio César, ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo?, Editorial Humanitas, 1988.
- Roldán, Marta. ¿Globalización o Mundialización?, Flacso - Eudeba - Universi dad Nacional de la Patagonia- Delegación Trelew, julio de 2000.
- Scialpi, Diana, La violencia laboral en la administración pública argentina, Revista Venezolana de Gerencia (RVG) Año 7, Nº 18, 2002, 196-219 - Universidad del Zulia (LUZ).
- Secretaría de Relaciones Internacionales de CTA, Políticas de género en las negociaciones colectivas regionales, noviembre de 2004.

Argentina: Pacientes psiquiátricos aún a la deriva.

Con paso lento y fuerte resistencia, avanza en Argentina un nuevo paradigma de salud mental que contempla internaciones breves, menos hospitales psiquiátricos y más servicios para la integración social de los pacientes. De este modo quedará atrás el histórico trato inhumano en este ámbito.
Argentina ratificó en los últimos cuatro años la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y sancionó una ley de salud mental adecuada a esa normativa que considera a los pacientes como sujetos de derechos.
No obstante, su implementación está trabada. "Algunas prácticas se modifican en forma aislada, pero cambios institucionales concretos aún no hay", dijo a IPS la psicóloga Macarena Sabin Paz, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Este centro especializado formó parte del colectivo de organizaciones defensoras de los derechos humanos que promovió la sanción de la nueva ley en 2010. Tres años antes había publicado el informe "Vidas arrasadas", en el que se denunciaba el trato inhumano que recibían unos 25.000 pacientes institucionalizados en el país.

Según esa investigación, 80 por ciento de los enfermos internados entonces lo estaban desde hacía más de un año, y entre 60 y 90 por ciento de ellos eran considerados "pacientes sociales", es decir, sin acceso a alternativas de reinserción en la sociedad.

Con la ratificación de la Convención y la aprobación de la ley, el CELS "vislumbró un cambio", según admite en su informe anual de 2011 publicado este mes. Pero por el momento estos expertos solo ven una gran brecha entre la norma y la realidad.

"Las graves violaciones a los derechos humanos de las personas que atraviesan algún padecimiento mental persisten", denuncia el último reporte, y remarca que los más vulnerables siguen siendo los internados en asilos psiquiátricos.

Sabin Paz explicó que tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la central provincia homónima, donde se aloja la mayoría de los pacientes del país, "se sobreactúa la aplicación de la nueva ley con un aumento de altas en el área de enfermos crónicos".

La maniobra apunta a mostrar que el llamado proceso de "desmanicomialización" está en marcha. Pero sin instituciones intermedias donde derivarlos, muchos de los dados de alta recaen y vuelven a ser hospitalizados en otros servicios, indicó.

"Es la puerta giratoria de los psiquiátricos. Baja el número de camas ocupadas en el área de crónicos y hay sobrepoblación en admisión donde son sobremedicados para volverlos a una supuesta normalidad", denuncia Sabin Paz.

En este aspecto, el mayor retroceso se produce en la capital argentina.

La representante socialista Virginia González Gass, presidenta de la Comisión de Salud Mental de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, dijo a IPS que la situación "es desastrosa" y que muchos de los pacientes externados van a vivir a hogares de personas sin techo.

"No hay casas de medio camino ni programas de acercamiento familiar o de reinserción laboral. Los pacientes, sin ninguna contención, terminan en hogares donde no hay ni siquiera un médico clínico que los visite", dijo.

En la ciudad hay tres hospitales psiquiátricos para hombres, mujeres y adolescentes. Pero no se crearon aún instituciones que acompañen el tránsito del paciente desde la internación hacia una integración social plena en el ámbito familiar y laboral.

Más aún, se cerraron servicios creados por los propios pacientes junto a organizaciones de la sociedad civil para aumentar la articulación de los hospitales con el mundo exterior, como era una panadería, una carpintería o un espacio de arte, cuestionó Sabin Paz.

"Muchos médicos están contra la ley. No aceptan que el paciente pueda ejercer su derecho a tener un abogado. Se amenaza con sanciones a empleados del hospital que permitan el acceso de los defensores legales", denunció la psicóloga.

Por la nueva ley, la Defensoría General de la Nación creó una Unidad de Salud Mental, integrada por 22 profesionales entre abogados especializados, psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales, coordinada por el letrado Mariano Laufer.

La tarea de Laufer es evitar que los pacientes sean internados contra su voluntad. En caso de que la hospitalización sea inevitable, el equipo debe asegurar garantías de una internación breve y un tratamiento aceptado por el paciente.

"La ley es una herramienta en un proceso de reforma que es lento, gradual, y que va a llevar años", admitió el letrado a IPS. Pero destacó que "la ley cambió radicalmente el modo en que el poder judicial trata los casos".

En 10 meses, desde que se puso en marcha la unidad que coordina, fueron asistidas unas 1.700 personas. "El 70 por ciento fue externado o transformó su internación en voluntaria o en tratamiento ambulatorio", precisó.

El abogado explicó que, antes de la Convención y de la nueva ley, el paradigma era "tutelar y paternalista". "Los pacientes no eran sujetos de derechos, sino objetos de protección o tutelaje del Estado", distinguió.

"Las personas con alteraciones mentales eran despojadas jurídicamente de su capacidad de ejercer derechos para ser protegidas. Pero lo que se causaba era mayor pasividad, la anulación del paciente como persona y su muerte civil", denunció.

En este nuevo paradigma, el paciente "es un sujeto pleno de derechos", y su internación forzada, antes habitual, "equivale a una privación de la libertad" si no cumple con los requisitos y garantías de la que debe estar rodeada según la ley.

El juez debe estar informado sobre una eventual internación, que será breve y solo en casos en que existan riesgos contra sí mismo o contra terceros, y tendrá que controlar periódicamente el tratamiento para que se cumpla la norma, detalló.

Antes, el paciente psiquiátrico permanecía aislado de su familia tras la internación, sin poder recibir visitas ni llamadas telefónicas. Muchos pasaban luego meses o años en el hospital y eran sometidos a tratamientos que rechazaban.

Laufer aseguró que el nuevo paradigma genera resistencias. "El saber se democratiza, no queda en manos solo de un psiquiatra y, además, nuestro equipo es multidisciplinario e interviene con conocimiento del caso", indicó.

De todos modos, el abogado coincidió con el CELS en que, "sin casas de medio camino o lugares alternativos, el proceso de desmanicomialización es muy difícil. La ley es un herramienta, pero se requieren además políticas públicas", apuntó. Por su parte, Sabin Paz consideró que es necesario reglamentar la ley –un trámite que está demorado más de un año-- y, con ese paso, "armar un plan progresivo y que tenga su presupuesto" para seguir avanzando, advirtió.

Artículo publicado por: IPS - ipsnoticias.net - Marcela Valente - Buenos Aires - junio/2012 -

Asia: Fenómeno alarmante: niñas y niños obligados a mendigar.

En Bangkok hay más de 10 millones de niños de familias muy pobres que han sido prestados en “alquiler” por poco dinero a traficantes que los obligan a mendigar y vender flores en las calles.

Según la Ong tailandesa Stop Child Begging, que se ocupa del tráfico de menores, la mayoría de estos niños no son tailandeses, sino birmanos y camboyanos. Las estimaciones hablan de al menos un millar de niños que mendigan o venden flores en las ciudades y centros turísticos de todo el país. El fenómeno es particularmente alarmante en la capital, ya que las autoridades no lo consideran un problema que concierne al futuro de sus hijos y su sociedad. Los consideran sólo mendigos, mientras que también hay niños y niñas forzados a la prostitución o que se convierten en traficantes.

La agencia de las Naciones Unidas, United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP), ha declarado que no se sabe exactamente cuántos niños están involucrados, pero que el problema es significativo. Según el responsable de de la UNIAP pare el sudeste asiático, los niños son alquilados o vendidos por los miembros de su propia familia o por sus tutores, y después controlados para que consigan dinero. También a menudo, con o sin su permiso, se convierten en víctimas de la trata de personas que no es otra cosa que la contratación con el único propósito de explotarles. El precio habitual por uno de estos pequeños es de 25 dólares al mes.

Según el Departamento de Estado americano, Tailandia sigue siendo fuente, destino y país de tránsito de la trata de seres humanos, hombres, mujeres y niños. La mayoría de las víctimas identificadas son de países vecinos como Myanmar, Camboya y Laos.

Artículo publicado por: Agencia FIDES - Órgano de Información de las Obras Misionales Pontificias desde 1927 - (AP) - 05/06/12 -