martes, 24 de abril de 2012

Bolivia: Hacia una Ley contra violencia política contra las Mujeres.

El asesinato de una concejala indígena impulsa una ley contra el acoso y la violencia política contra las mujeres en Bolivia. En 12 años se registraron 13 mil denuncias de mujeres. La nueva norma establece penas de 2 a 8 años de cárcel para los infractores.
El asesinato de Juana Quispe, una concejala indígena del pueblo de Ancoraimes del altiplano boliviano, desarchivó el proyecto de Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres y, luego de 11 años de haberse presentado, esta semana ha sido aprobado en la Cámara de Diputados de Bolivia y se espera un rápido tratamiento en el Senado y su posterior promulgación.


Con un constante acoso, amenazas y violencia, a Juana Quispe, de 41 años, por 20 meses se le impidió ejercer el cargo de concejala y finalmente pudo desempeñar la función que por voto popular le correspondía por solamente un mes. El 12 de marzo de este año su cuerpo fue encontrado a la orilla de un río de la ciudad de La Paz, había sido ahorcada.

Este caso no es el primero, la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) ha informado que en 12 años se han recibido más de 13 mil denuncias de acoso y violencia política ejercida contra autoridades ediles mujeres. Estas denuncias son hechas verbalmente en su mayoría, ya que sólo existen 240 escritas y documentadas. Las agresiones fueron realizadas por varones en el 67% de los casos, mientras que el 33% las ejercieron otras mujeres.

Estas denuncias se refieren a amenazas, acoso, violencia sexual, impedimento para ejercer el cargo, impedimento a hacer uso de la palabra, no poder cobrar sus sueldos, entre otros.

Por ley, en Bolivia las candidaturas para cargos municipales deben ser paritarias entre hombres y mujeres. Cuando las concejalas son elegidas, muchas veces son impedidas de ejercer los cargos, hecho que se produce principalmente en poblaciones rurales, tal como lo documenta Acobol, donde el machismo es más acentuado y donde la principal autoridad la ejerce el Alcalde y “los” concejales.

El proyecto de Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres fue presentado el año 2001 y tardó tres legislaturas en ser atendido. Agrupaciones defensoras de la mujer valoran esta ley, pero critican que la comisión legislativa, integrada mayoritariamente por hombres, haya reducido las condenas máximas.

Respecto al acoso político, la norma establece: “Quien o quienes realicen actos de presión, persecución, hostigamiento y/o amenazas en contra de una mujer y/o de sus familiares durante o después del proceso electoral, electa, designada o en el ejercicio de la función política-pública, que impida el ejercicio de su derecho político, será sancionado con pena privativa de libertad de dos a cinco años”.

En cuanto a la violencia política, afirma: “Quien o quienes realicen actos y/o agresiones físicas, psicológicas y sexuales en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función política-pública y/o en contra de sus familiares, para acortar, suspender e impedir el ejercicio de la función política-pública, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a ocho años”.

Si bien los datos indican que se registran mayores casos de acoso y violencia política en las poblaciones rurales, éstos también se presentan en niveles más altos, ya que, al parecer, actos de agresión machista están normalizados.

Hace pocas semanas, varios medios mostraron cómo, haciéndose el gracioso, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra –la segunda ciudad más importante de Bolivia-, Percy Fernández, manoseaba en un acto público a la ex presidenta del Consejo Municipal, Desirée Bravo, cuando ella hacía uso de la palabra. Ella, se piensa que midiendo consecuencias políticas, dijo que él, que era como un padre para ella, en realidad estaba quitándole un papel que se le había pegado al pantalón a la altura del trasero. El presidente Evo Morales fue protagonista de una celebración carnavalera tradicional en la que se cantan coplas “picantes”, muy tradicionales y muy machistas, en las que, en medio de risas de sus acompañantes hombres y mujeres, dijo cantando que se llevaba a la cama a dirigentes indígenas y que les quita el calzón a sus ministras. Ante las críticas recibidas, posteriormente se disculpó.

La Fiscalía investiga lo ocurrido con Juana Quispe, una mujer indígena que forjó su presencia política a codazos en una pequeña población del Altiplano de Bolivia. Su muerte, al parecer, servirá para que otras mujeres tengan un instrumento legal con el cual defender su derecho a la participación política activa.

Artículo publicado por: La Independent/AmecoPress - Barcelona - Drina Ergueta - 23/04/12 -

Uruguay: La muerte de tres Mujeres Trans. El último gesto.

Sus familias rompen todo vínculo con ellas, nadie les quiere dar trabajo, son consideradas quizás lo más bajo de la escala social y viven recluidas en el ejercicio irrenunciable de la prostitución. Tres asesinatos en los últimos meses -uno de ellos esta semana- han puesto en evidencia la realidad de ese sector de la sociedad expulsado a las sombras del prejuicio, la burla y la violencia.

No trascendió a qué hora, aunque seguro la noche todavía rondaba el parque Roosevelt el 10 de marzo, cuando a Gabriela la ejecutaron de dos balazos que le destrozaron el cráneo, antes de abandonarla semidesnuda en la oscuridad que siempre la había cobijado. La luz no es amiga de las trans. Las deja en evidencia, las expone a las miradas burlonas y prejuiciosas; descubre la risa, el índice ajeno que les señala la sombra de barba vergonzante.

Cuando la Policía la encontró esa mañana, Gabriela tenía consigo sus pertenencias, entre ellas el dinero que llevaba encima cuando la mataron. No fue robo. No se sabe por qué fue en realidad, aunque entre algunas compañeras circula la versión de que días antes de morir Gabriela prestó declaración en la investigación sobre el asesinato de la "Brasilera", una compañera que al igual que ella ejercía la prostitución en la vuelta del Roosevelt y que el parque se tragó apenas una semana antes. La encontraron viva, con cinco balazos en el cuerpo, y la trasladaron a un hospital. Según la misma versión, la Brasilera le llegó a decir a la Policía que conocía a su agresor pero que no daría el nombre porque la venganza correría por su cuenta. Pero murió, y ahora quienes las conocieron suponen que Gabriela también sabía, o que el asesino pudo sospechar, fantasear que sabía, y que por eso encontró su fin.

Los hechos apenas fueron registrados por la prensa. Pero en ese "apenas" cupo un mundo de prejuicio que el colectivo Ovejas Negras señaló en un comunicado: varios medios utilizaron en sus notas "un nombre masculino para referirse a una persona que claramente tenía una identidad de género femenina", lo hicieron a pesar de que la ley ampara el derecho de las personas a ser llamadas públicamente por "la identidad de género y el sexo que sienten como propios". Señalaron también la diferencia en el trato con otros crímenes: los medios no conjeturaron sobre posibles causas, ni contactaron amigos o familiares, entre otras diferencias. Y finalizaron preguntando: "¿Es que una persona trans 'no califica' en Uruguay como ser humano cuyo nombre propio merecemos saber y cuyo asesinato debe aclararse rápidamente? ¿Qué lleva a la prensa a dedicar abundantes líneas y minutos con informes detallados sobre los crímenes que toman la vida de una persona en Uruguay, salvo cuando esta persona resulta ser una mujer, trans, pobre y que ejerce el comercio sexual?". La tinta no había secado cuando una tercera víctima, esta vez en Cerro Largo, fue hallada muerta este martes. En un aljibe, con visibles signos de violencia, Pamela, de 26 años, fue encontrada tras ocho días de desaparición.

¿Quiénes son?

Poco es lo que se conoce en Uruguay sobre la vida de las personas trans. El Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar) tiene en curso una investigación financiada por la csic que pretende estimar el número de población, y saber cómo se entretejen con la identidad de género y sexual aspectos como los vínculos familiares, laborales y educativos.

Aunque falta para tener datos ciertos, sí hay una cosa clara, y es que el alto nivel de discriminación al que son sometidas en particular desde la adolescencia, expulsa -sobre todo a las mujeres- hacia la prostitución. Son muy pocas las que logran salir de ese círculo, o no entrar siquiera. Y para ello juega un papel fundamental el vínculo familiar, la capacidad que esos afectos tengan de combatir el discurso transfóbico que impregna a la sociedad. Aquí, una primera observación: las mujeres trans suelen quedar más desguarnecidas que los hombres de esa protección. Es que, en la subversión del "orden establecido" (los trans demuestran que a tal anatomía no necesariamente corresponde tal identidad de género), también hay escalas, también se repiten patrones de género: "A un padre le hace menos ruido -interpreta el profesor Diego Sempol, integrante de Ovejas Negras- que una hija se rotule como hombre que un hijo se reconozca mujer". Cuando "ellas" asumen su identidad masculina, los padres pueden "a pesar de todo" aceptar y querer a esa hija con pretensiones masculinas. Por cierto que eso no las salva de la discriminación y del alejamiento del espacio público; pero si por el contrario son "ellos" quienes deciden "disfrazarse" (en la concepción heterosexual) de mujer, es cuando el vínculo termina de romperse y las más de las veces son expulsadas del seno familiar. Atados a esa ruptura -que suele darse en la adolescencia- está el abandono de los estudios y la incursión en la calle, antesala, la mayoría de los casos, de la prostitución.

"Desde su sentido común, pero también desde el sentido común de la sociedad", la prostitución es el "lugar" asignado a las trans, dijo a Brecha el coordinador de la investigación, el sociólogo Carlos Muñoz. No buscan otra forma de ingreso, pero consideran -con bastante razón- que si lo hicieran tampoco la encontrarían. ¿Por qué los uruguayos habrían de integrarlas, si son ellos mismos quienes se encargan de empujarlas hacia el borde de la sociedad? A su vez la prostitución -que, para el caso de las personas trans, Muñoz considera que no puede denominarse trabajo- se ve reforzada por otra realidad: es allí donde construyen su propio espacio, donde mejor pueden dramatizar su ser mujer, donde pueden ser tratadas como tales; aun en medio del entorno violento con el que conviven.

La investigación planea llegar a las 300 entrevistas, de las que ya se han hecho 100. De ellas, muy poquitas están por fuera del circuito de prostitución. Alguien que cocina y vende lo producido en las ferias, alguna que consiguió un empleo público... La mayoría permanece, sin vínculo entre ellas, elaborando estrategias individuales para salir adelante. Las pocas experiencias colectivas que intentaron emprendimientos para salir de la prostitución fracasaron. Dos cooperativas trans de packaging que funcionaron años atrás, culminaron apenas cesó el subsidio que las hizo nacer, algo que parece lógico cuando se piensa que la violencia -real y simbólica- a la que se las somete desde temprano no da tiempo al desarrollo de habilidades sociales que faciliten el trabajo en grupo, ni siquiera permite generar una cultura de trabajo; apenas hay espacio para protegerse de los ataques por todos los flancos. Si a eso se suma que el miniemprendimiento necesita que la contraparte supere la transfobia, es muy difícil el éxito, razona Sempol.

Así, apartadas del mundo pero recluidas en la calle, las trans generan una cultura propia. Su propio vocabulario, sus propias pautas, cargadas de la violencia expresada en ser llamadas por su nombre masculino (o femenino, según el caso) en los centros de salud, o durante cualquier trámite, ante los ojos y oídos del público; la violencia de ser discriminadas por los propios discriminados (por ejemplo, las personas trans suelen tener vedada la entrada a boliches gays con el argumento de que quienes "vienen tras ellas" son el problema y espantan a los habitués del lugar), las miradas e insultos en las calles y la peor de todas: el rechazo familiar. Así construyen su mundo, donde lo importante cobra nuevos significados: una baldosa floja en la vereda donde trabajan puede salvarles la vida o evitarles un mal rato, la inteligencia de hablar con los conductores desde la ventanilla del acompañante -adonde los cuchillos no llegan-, también.

Cuerpos torturables

"No tienen legitimidad en tanto víctimas", coinciden los investigadores al referirse al porqué de la indiferencia social. Su situación no genera empatía, y a pesar de que son más vulnerables que casi cualquier grupo social, se los suele ver como alguien/algo que merece "ser limpiado". En todo caso, son "víctimas culturales", dice Sempol, porque la perspectiva cultural en la que se construye ese concepto las invisibiliza. Como durante estas semanas aquí en Uruguay, donde a nadie llamó la atención ninguna de las muertes.

Sempol, que trabaja en su tesis doctoral sobre la acción colectiva y la violencia estatal en los contextos de las transiciones democráticas en Argentina y Uruguay, habla del autoritarismo moral -además del político- que imperó durante los años de dictadura, y que tuvo a las personas trans como un grupo especialmente violentado. Fueron detenidas, secuestradas, torturadas con los mismos métodos que los disidentes políticos. "Y como las tenían identificadas, a veces iban a buscarlas a la pensión. Cuando la comisaría quería hacerse una 'fiestita' levantaban dos o tres trans y las tenían una semana obligándolas a tener relaciones sexuales en forma violenta", narró el investigador en una anterior nota publicada en Brecha (11-II-11). Y si, finalizado el período, los grupos que denunciaban los delitos políticos fueron obteniendo una creciente legitimidad para ocupar el espacio público, no sucedió lo mismo en estos casos, completa ahora Sempol. En la narración del pasado reciente que hacen las víctimas permanece ausente el relato de las trans. Tan en la oscuridad como ellas, con el agravante de que la violencia no cesó con la reapertura democrática. A las razias de los ochenta le siguió la violencia cotidiana que perdura hasta hoy.

¿Hay algo/alguien más abajo en la escala social que una persona trans? "Creo que en términos de desprecio e indiferencia social los trans son lo más bajo", respondió Sempol. Quizá en ese sentir colectivo esté la clave para entender por qué hoy para los trans no parece haber salida.

Cambiemos

Desde que comenzó a trabajar en junio de 2011, la comisión encargada de entrevistar a las personas que pretenden hacer el cambio de nombre y sexo registral concretó 40 entrevistas y envió los respectivos informes al juez. Sus integrantes, la asistente social Andrea Tuana y la psicóloga Elsa Durán, son las encargadas de los informes sobre los que la justicia basará su decisión para acceder o no al cambio. Por ahora ningún caso ha sido negado (de los 40 han finalizado el trámite cinco o seis). Tuana dijo a Brecha que si bien en un principio pensaron que se verían desbordadas por el trabajo, lo cierto es que las solicitudes son pocas y que la gente parece desconocer la ley y el mecanismo para acceder a la comisión. Hoy no hay ningún pedido procesándose y se estudia la posibilidad de que la comisión pueda trasladarse al Interior para, considerando las dificultades económicas del universo trans, facilitar los trámites.

Con Gloria Álvez, presidenta de la Asociación Trans del Uruguay

"Recibí mucho garrote antes de que me echaran"

—Una de las consecuencias más claras de asumir una identidad trans es la pérdida de los vínculos familiares y el abandono de los estudios ¿qué pasó en tu caso?

—A mí me ocurrió cuando era súper joven. Éramos tres hermanos y una hermana. Mi madrastra, no sé si por mi inclinación, que ya se notaba, sentía rechazo hacia mí y vivía quejándose con mi padre, que me golpeaba. Recibí mucho garrote antes de que me echaran. Cuando lo hicieron inicié un largo periplo: el Consejo del Niño, estuve con una tía y con otras parientas. A los 17 años vine a dar a Montevideo. Un poco más grande comencé a ejercer la prostitución.

En la escuela abandoné en quinto año. También estuve en el colegio Sagrada Familia, en Salto, me puso mi tía. Quien oficiaba de maestro, que era un cura, me dejó en penitencia hasta después de que salieron los demás compañeros... hoy día me doy cuenta de que fue un abuso... hizo que lo masturbara. Después citó a mi tía y terminó diciéndole que yo no podía seguir en el colegio porque tenía tendencias homosexuales.

La de la familia es la discriminación más cruel: no es tu vecino, el de otro lado, es tu propia familia. Hace poco una chica murió en la ruta, dicen que se arrojó bajo un auto argentino. Su familia no se interesó, no pidió los informes en Policía Técnica, nada. El sobrino de una de las chicas muertas ahora sacó las pertenencias de la casa donde vivía, pero nada más. Si ellos no se ocupan no podemos hacer nada, la Policía no nos da los informes a nosotras.

—El período de la dictadura fue particularmente duro para las trans. ¿Cómo fue?

—Brutal. No sólo para las trans, pero en ese momento éramos muy perseguidas. Dependiendo de en qué calle trabajaras podías estar detenida tres, cinco, 15 días en los calabozos. Había chicas que paraban en bulevar Artigas, por Canal 5, y tenían 15 días de detención. Si salían y volvían a pararse en esa zona se comían otros 15 días.

En ese tiempo trabajaba en la zona cercana al parque Rodó, por 21 de Setiembre, y me daban tres días. Te perseguía la seccional de tu barrio, los patrulleros, el grupo especializado (que era un ómnibus que andaba toda la noche y te llevaban a la seccional del Prado), Hurtos y Rapiñas, Orden Público, Automotores... toda la Policía lo primero que hacía era llevarnos. Y las Fuerzas Conjuntas, en esas camionetas grises todas camufladas. Toda una transa la que tenías que hacer, correr mucho. No alcanzabas a descansar una noche que te golpeaban las puertas y te llevaban detenida. Era muy cruel.

—En un trabajo académico en curso, Diego Sempol recoge que las trans fueron violadas, torturadas, secuestradas, igual que los presos políticos, pero con una intención moralizante.

—Nada de lo que dijo es mentira.

¿Qué pasó a la salida?

—Todo el mundo habla de la memoria, pero parecería que nadie se acuerda de que somos personas. También tenemos memoria y recordamos perfectamente quiénes y cuándo nos torturaron y las cosas que nos han hecho. Son pocos quienes intentan recoger testimonios, pero luego queda todo quieto. En su momento Amnistía Internacional tomó contacto conmigo. Hablamos, pero no sé cuál es luego la traba o la presión que se ejerce, y nada sucede.

¿Nunca recuperaste el vínculo con tu familia?

—Hace 15 años tuve un accidente y mi pareja se comunicó con mi hermano, porque yo quería hablar con mi padre. Quedaron en que al otro día llamaría, pero jamás lo hizo. Entonces llamé yo. Mi hermano me explicó: "Mirá, cuando le conté a papá, él se sentó bajo la parra, se quedó pensando un rato y luego me dijo: 'Estuve 40 años sin verlo, pueden pasar 40 años más'". Corté, me abracé a mi pareja y seguí adelante. Nunca más volví a saber.

Artículo publicado por: Argenpress.info - Mariana Contreras - BRECHA - 23/04/12 -

Embarazo Infantil: Fenómeno social, no espectacularidad noticiosa.



La especialista en periodismo social, Alicia Citryblum habla sobre el tratamiento periodístico e impacto mediático que tuvieron recientemente los casos de embarazo infantil.

En los últimos meses, Corrientes registró la cobertura nacional sobre los concurrentes casos de embarazo infantil en la provincia.


Los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, de hecho, hablan de un crecimiento de casi el 10% en embarazos infantiles, en el cual Formosa está primera en la lista triplicando la media nacional, y coloca a Corrientes también muy cerca, duplicando esas cifras junto con Catamarca, Misiones, Chaco y Santiago del Estero. Se habla de casi 10 mil embarazos anuales.


La licenciada Graciela Santos, presidenta de la Fundación 9 Mujeres, especializada en violencia de género, habla de la necesidad imperiosa de buscar las articulaciones y el trabajo necesario para crear espacios de abordaje integral sobre este fenómeno. “Si bien está estrechamente ligado a la violencia y opresión contra la mujer, se ha convertido en un flagelo aparte que, a pesar de su magnitud y complejidad, aún está huérfano en su tratamiento”.

Sin embargo la cobertura mediática se centró en la visibilidad de casos particulares. En el mes pasado, en sólo dos días, se conoció la situación de dos niñas embarazadas. Una de 10 años, de un paraje en la localidad de San Miguel y otro de 12 del barrio Esperanza en Capital.

Títulos como “Corrientes registra un nuevo embarazo infantil” u “otra menor embarazada”, plegaron los diarios locales y nacionales. Detrás de los índices, los testimonios y el encadenamiento de casos bajo correlaciones dudosas o forzadas, nace la pregunta ¿cuál es la cobertura recomendada para este tipo de fenómenos? ¿Cómo podemos mejorarla para lograr una visión integral y no una espectacularidad o moda mediática?

Alicia Cytryblum, periodista especializada en temas sociales, es directora de la fundación Periodismo Social, que promueve un periodismo de con perspectiva de Derechos Humanos y la instalación en la agenda de temas sociales, habló con Momarandu sobre la forma más idónea de tratar estos temas en los medios.

Cytryblum habla de que en ese tipo de fenómenos, y en todo en fenómeno social, es necesario aplicar una perspectiva de Derecho Humanos en la producción de noticias. Este nueva forma de abordaje implica antes que nada “la responsabilidad social y la ética del periodista”, que asegure el conocimiento profundo del tema, sumando la contextualización y las causas que llevaron a esa situación.

Se trata de romper con toda una mitificación que degrada a la ciudadanía, “tenemos una forma de abordar en la que vemos a la población como objeto/víctimas/necesitados de políticas públicas y no como sujetos de derecho”, explica.

Según Cytryblum, la ciudadana o el ciudadano que se encuentra en estado de vulnerabilidad e irrupción de sus derechos, es nuevamente sesgada/a y revictimizada/o en el discurso mediático.

“Antes que nada hay que tener en claro y ser muy precisos de que cuando hablamos de embarazo infantil estamos hablando de abuso”, resalta. Esta es una de las grandes deudas de la cobertura, que jerarquizó declaraciones de familiares o descripciones personales, pero con la ausencia de esta especificación necesaria.

Además, dejar en claro, que si hay abuso hay violación y entonces “tienen derecho al aborto no punible en la Corte Suprema” y que desde esa perspectiva debe ser tratado en la prensa.

Dejar en claro la vulneración de los derechos de las niñas y los niños, que conlleva su libertad como ciudadanos y sobre sus cuerpos, acceso a la educación, respesto de su identidad y dignidad, entre otros, aspectos que generalmente quedan invisibilizados en el minuto a minuto de la prensa.

Pueden haber grupo, dice Cytryblum, que estén en contra, pero que “nosotros como periodistas tenemos que abordarlo desde la ley y desde lo que asiste al derecho a la víctima”.

Desde ese lugar una niña es siempre una niña abusada, porque no hay otra manera en la que pueda quedar embarazada, destaca reiterativamente este aspecto puesto que dice que mediante la omisión que conlleva hablar sólo “embarazo infantil” se pierde e incluso se justifica todos los derechos vulnerado de esa niña.

Con respecto a las declaraciones y fuentes oficiales, Cytryblum recomienda no dejar de tomarlas, en tanto se respete su opinión y se los tome como declaraciones personales entre comillas, pero el trabajo periodístico obliga a contrastar con explicaciones legales y humanitarias en el caso de que esas posturas representen lo contrario.

“Hay que buscar siempre otras fuentes que protejan y representen a la víctima y que estén autorizadas”, es decir no sólo la madre o la vecina. Destaca la participación como fuentes legitimadas a la sociedad civil representadas por organizaciones y organismos.

También es necesaria la voz gubernamental, como el Ministerio de Salud, “si sabemos que en la Provincia los representantes son conservadores o no tienen una visión recomendada, buscar en la Nación o algún otro Ministerio u organismo”.

“El diario o medio tiene que tener una editorialización que suponga a la víctima y a la ley”. Se trata de poner en contexto las condiciones de las familias y la niña pero tampoco de estigmatizar a la pobreza, por ejemplo, ver en qué cosas el Estado no se está haciendo cargo de esta situación, qué derechos no están siendo restituidos.

“No revictimizar a la familia, pero sí hacer hincapié sobre los derechos que el Estado debería estar restituyendo y no lo hace, y que encima desde los poderes públicos locales muchas veces se acentúa y justifica, diciendo por ejemplo que hubo consentimiento por parte de la niña, etc.”, concluyó.
 
Artículo publicado por: Argenpress.info - MOMARANDU - 23/04/12 -