martes, 13 de marzo de 2012

México: Relegan tipificar el FEMINICIDIO.

A pesar de que los feminicidios se incrementaron, tanto en actividades del crimen organizado como por violencia familiar, su tipificación como delito grave en México está en proceso, y sólo ocho de las 32 entidades federales lo sancionan de manera severa, como Morelos, hasta con 70 años de cárcel.

En Chihuahua y Nuevo León, donde este delito ha ido al alza, los congresos locales no cuentan con una legislación en la materia. Además, en seis estados del país aún es un atenuante de la pena al homicida que el asesinato se haya cometido por “razón de honor”, por ejemplo, que la pareja haya sido sorprendida cometiendo una infidelidad.

“Es alarmante, porque el feminicidio está en todo el país. Existe información suficiente para considerar que las mujeres mueren sólo por ser mujeres”, considera la legisladora federal por el PRD en el estado de Hidalgo Teresa Incháustegui.

De acuerdo con estadísticas recientes, divulgadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre enero de 2010 y junio de 2011 en 24 entidades del país al menos 2 mil 273 mujeres fueron victimadas.

El informe colocó a la cabeza al Estado de México, con 320 casos, seguido por Colima (213), Tamaulipas (169), Sinaloa (168), Chihuahua (159), Jalisco (142), Nuevo León (138), Quintana Roo (127), Veracruz (118) y Oaxaca (102).

En casi todos esas entidades los faminicidios se duplicaron, como sucedió en Nuevo León, en relación con los 12 meses anteriores, mientras que en Jalisco aumentaron 73.5%, en Tamaulipas, 64%, y en Sinaloa 42%.

Para el Centro e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), 2010 fue el año más violento en Chihuahua. Entre 1993 y 2002 se registraron 413 homicidios de mujeres, pero sólo ese año la cifra fue de 446, es decir, asesinaron una mujer cada 20 horas.

De acuerdo con la organización Justicia para Nuestras Hijas, en 2010 en Ciudad Juárez se registraron los mayores índices de violencia de género del estado: 306 de esos 446.

Piso legal machista

El incremento de esas muertes violentas se enmarca dentro de la situación de violencia que enfrentan la mayoría de las entidades federales por el despliegue del crimen organizado y el narcotráfico en su guerra por el control de rutas para el trasiego de estupefacientes y de otras actividades delictivas, como secuestro, extorsión y trata de personas.

La tipificación del feminicidio como delito grave en México a nivel federal no se ha logrado a pesar de que desde el 1 de enero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue seguida —el 8 de marzo de 2008— del reglamento respectivo. De acuerdo con el OCNF, hasta ahora no se han publicado esos reglamentos en Campeche, Durango, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas.

“Hay un piso machista que demuestra que a mayor violencia social, hay más violencia hacia las mujeres; pero si decrece la violencia social no significa que disminuya para las mujeres”, expresó Incháustegui.

Sin embargo, para los expertos la falta de legislación contra la violencia hacia las mujeres agudiza el problema a nivel nacional. La legisladora advirtió que el femenicidio es un delito que se produce con violencia sexual, secuestro, lesiones, golpes hasta llegar al homicidio.

Recordó que por la falta de tipificación y el elevado registro de feminicidios —que entre 1985 y 2009 llegó a 34 mil 176 muertes de mujeres con presunción de homicidio—, México recibió 200 recomendaciones de organismo internacionales defensores de los derechos humanos.

Mujeres jóvenes, más vulnerables

A la fecha, de acuerdo con los lineamientos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los congresos locales han logrado tipificar el delito de feminicidio en Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal.

El OCNF consideró que las jóvenes son más vulnerables a la violencia, ya que de poco más de mil casos analizados, 500 (41%) fueron mujeres de entre 11 y 30 años de edad, 440 (35%) entre 31 y 50 años, y el resto (13%) de más de 50 años.

Los estados donde un asesino puede pedir que se le baje la pena por causa de honor, según lo establece el propio código penal, son Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Michoacán y Zacatecas.

La mujer en el crimen organizado

Un informe sobre Las mujeres en el crimen organizado: narcotráfico y secuestro de la CIMAC consideró que la participación de las mujeres en el escenario del crimen organizado es cada vez mayor, aunque “poco visible” y mal atendido.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), de 1999 y hasta agosto de 2009 el número de mujeres en las cárceles del país aumentó 200% como reflejo de una mayor participación en la delincuencia organizada donde se ocupan en actividades de halconeo, aunque también hay sicarias y algunas en la estructura de las bandas.

Sólo en Chihuahua, las autoridades reportaron que durante 2011 en Ciudad Juárez el crimen organizado mató a 132 mujeres. En Veracruz, por ejemplo, de 35 cadáveres masacrados de manera masiva a finales del año pasado, 12 eran de mujeres.

La cifra de desaparecidas también va en aumento. Según el OCNF, entre enero de 2010 a junio de 2011 en nueve estados la cifra llegó a 3 mil 282; hasta ahora se desconoce si alguna fue encontrada con vida.

Veracruz es la entidad con mayor índice de mujeres desaparecidas con 19 por cada 100 mil habitantes, seguido de Quintana Roo y Chihuahua, con 17, Nuevo León 16. Grupos de derechos humanos atribuyen la desaparición de mujeres al tráfico y trata de personas para ser atraídas por células del crimen organizado o explotadas sexualmente. También advirtieron que en México no hay un protocolo especializado para la búsqueda de mujeres desaparecidas.

Fuente: eluniversal.mx. - Miguel Olivera - 08/03/12 -

Argentina: Misiones: Una Mujer, abusada por su padre lo denunció por someter a su hija.

Una mujer de 38 años denunció que fue abusada por su padre durante varios años, relación de la que nacieron seis chicos, pero el caso salió a la luz ahora porque el hombre también habría sometido a una de las menores, según confirmó hoy la policía de Misiones.

De acuerdo con fuentes de esa fuerza de seguridad, la denuncia fue radicada en el municipio de Garupá, vecino a Posadas, con la intervención de diversos órganos como la Comisaría de la Mujer, que detuvieron al acusado identificado como Mateo, de 58 años.

La denunciante habría señalado ante las autoridades que, hace aproximadamente quince días, detectó que su hija de 3 años había sido abusada por el apresado, pero justificó la demora en la presentación en el hecho de que ella también había sido abusada por el hombre durante años.

Seis hijos

En su exposición, la víctima remarcó que, producto de las relaciones con su padre, había dado a luz a seis hijos, aunque había mantenido en secreto la situación debido a las constantes amenazas de muerte del hombre en su contra y en contra de la vida de los menores.

Al intervenir en el caso, los organismos judiciales, tanto del fuero penal como el de menores, se determinó que los menores se encuentran indocumentados, lo que confirmaría los dichos de la mujer con respecto a la paternidad de cada uno de los chicos.

Si bien se dispuso la apertura de una serie de estudios para confirmar o desechar los dichos de la denunciante, se supo además que el acusado residiría frente a la vivienda que su hija comparte con los menores en el barrio Santa Clara.

En esa irregular convivencia, la mujer dijo que su padre también habría sometido sexualmente a la hija menor de ambos de 3 años, aunque no se descarta que haya atacado a otras de las hijas, quienes habrían coincidido en declaraciones contra el sujeto.

El caso, que fue bautizado por los medios locales como el del “Chacal misionero”, está cargo del juez de instrucción Fernando Verón, quien al interiorizarse de la causa ordenó la detención de Mateo, quien se encuentra alojado en una dependencia policial.

Fuente: El Litoral - Misiones (Argentina) - DyN - 09/03/12 -

Argentina: La trata de Mujeres en el banquillo.

Un juicio emblemático por trata de mujeres está colocando en blanco sobre negro la forma en que operan las redes de tráfico sexual en Argentina, con víctimas forzadas a la larga, además, a convertirse en victimarias.

A 10 años de su secuestro, comenzó este mes en la provincia noroccidental de Tucumán el juicio por la desaparición de María de los Ángeles Verón, más conocida como Marita, que tenía 23 años y una hija de dos cuando fue capturada.

La justicia sentó en el banquillo a 13 imputados -siete hombres y seis mujeres- acusados de haber tenido contacto con Verón en diversos prostíbulos, según testimoniaron otras mujeres rescatadas de estas redes de explotación sexual.

El tribunal los acusa de privación ilegítima de libertad y promoción de la prostitución, y la gran incógnita es si en las audiencias surgirán nuevas pistas que permitan conocer el destino final de la secuestrada.

La querellante es la madre de Verón, Susana Trimarco. En su infructuosa búsqueda, logró desentrañar la acción de estas redes, protegidas presuntamente por policías y otros funcionarios, y liberar a 129 jóvenes explotadas.

Por su labor, Trimarco obtuvo en 2007 el premio "Mujer de Coraje", otorgado por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos. Poco después creó la Fundación María de los Ángeles Verón por la Lucha contra la Trata de Personas.

La entidad se dedica a hacer prevención en escuelas y otros centros comunitarios, para evitar la captación de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. También brinda protección y asistencia integral a víctimas de la trata.

El reclamo de Trimarco que se ventila en el juicio empujó la sanción de una ley de prevención y sanción de la trata en 2008, y la creación de un programa nacional para prevenir y erradicar este delito y asistir a las víctimas.

"Lo único que quiero es que Marita aparezca. Cuando se fue, empezó mi calvario", relató el miércoles 15 ante los jueces. Trimarco, siempre acompañada de su nieta, que ya tiene 13 años, supo que su hija fue vendida a un prostíbulo de la provincia noroccidental de La Rioja y fue a buscarla allí en 2003.

Se hizo pasar por una exprostituta que buscaba jóvenes para un prostíbulo y recorrió locales donde se ejerce la prostitución en La Rioja y otras provincias del noroeste, pese a que en el país es una actividad restringida legalmente, el proxenetismo está penalizado y en Buenos Aires está prohibida la oferta y demanda del comercio sexual.

Con su marido Daniel Verón, ya fallecido, Trimarco contribuyó a rescatar a numerosas jóvenes, argentinas y extranjeras, que permanecían cautivas contra su voluntad en esos locales, indocumentadas y lejos de su familia.

Pero nunca logró dar con su hija. Algunas jóvenes liberadas revelaron haberla visto drogada, con la fisonomía alterada y con un hijo que habría tenido con un proxeneta. También dijeron haber oído luego versiones de que estaba en España.

Liliana Azaraf, activista de la campaña "Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución", un colectivo feminista que exige la abolición de la prostitución, habló con IPS sobre cómo impacta el juicio en la visibilidad de la trata.

"Los casos como el de Marita Verón impactan y dan visibilidad al problema de la trata porque son casos extremos de mujeres de clase media que no estaban en una red de prostitución. Pero todos los casos de explotación son condenables", aclaró.

Azaraf destacó que gracias a casos como éste y a la labor de su madre se sancionó la ley sobre trata de personas. Pero la norma es muy cuestionada por organizaciones de mujeres por fundamentarse en presupuestos erróneos, dijo.

"Siempre estuvimos en desacuerdo con ella porque establece que, para que haya delito, las mujeres mayores de 18 años que están en las redes deben demostrar que fueron captadas bajo engaño y sin su consentimiento", remarcó.

Para Azaraf, este supuesto se basa en la idea de que hay "una prostitución elegida libremente como opción de trabajo, y otra en la que las mujeres son raptadas y forzadas a prostituirse". La campaña abolicionista rechaza esa distinción.

"La prostitución siempre es violenta y está basada en la desigualdad de sexos. Está lleno de jovencitas empujadas a prostituirse para subsistir, que no fueron captadas por la fuerza sino con ofertas de trabajo", subrayó.

Un nuevo proyecto, aprobado por las organizaciones, ya fue sancionado por el Senado y se debatirá este año en la Cámara de Diputados. El texto elimina la distinción entre mayores y menores de edad.

Según la Red No a la Trata, que agrupa a diversas entidades de mujeres que denuncian estas prácticas, habría unas 500 desaparecidas por causa de estas organizaciones delictivas en Argentina. Pero Azaraf consideró difícil avalar esa cifra.

Explicó que hay mujeres que no están desaparecidas pero sí en redes de trata. No viven en cautiverio, se les permite ir a su casa y criar a sus hijos. Pero luego deben volver a ser explotadas sexualmente, reveló.

Ante una mayor presión por investigar estos casos, el Ministerio de Justicia creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata que, según datos oficiales, desde 2008 logró liberar a 3.000 personas.

También el Ministerio Público creó una unidad fiscal para asistir la investigación de estos delitos. En un reciente informe, el organismo reveló que en las provincias norteñas, las más pobres del país, se producen la mayoría de los reclutamientos.

Según el estudio, de 93 expedientes judiciales por trata de personas en seis de esas provincias, 77 por ciento de las víctimas eran mujeres, 64 por ciento eran casos de explotación sexual y 70 por ciento eran captadas bajo promesas de trabajo.

"Estas cifras revelan a las claras la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres de las provincias del norte", remarca el informe fiscal. También destaca la complicidad policial en algunos casos.

Dos años después del secuestro de Verón, otra joven, Andrea López, de la provincia occidental de Buenos Aires, desapareció sin dejar rastros con 26 años y un hijo de tres. Pero su caso no alcanzó la misma trascendencia.

Su esposo, Víctor Purreta, pasó cinco años preso por obligarla a ejercer la prostitución, pero el proxeneta asegura desconocer su paradero.

La madre de López, Julia Ferreyra, contó a IPS que su hija era golpeada por su marido y sospecha que él tuvo que ver con su desaparición.

Actualmente, Purreta está libre, pero enfrenta otro proceso por violencia contra su nueva pareja, a quien también golpeaba y obligaba a ejercer la prostitución.

Este caso, que involucra a mujeres más vulnerables y con menos recursos, no logró conmover como el de Verón, por el supuesto erróneo de que se trata de mujeres que "aceptaron o eligieron" prostituirse, interpretan las integrantes de la Campaña.

Azaraf también señaló el caso de mujeres explotadas que, tras años de ejercer la prostitución pasan a ser "regentes", las encargadas de las jóvenes del prostíbulo. Entonces, son perseguidas como victimarias.

En el juicio por el caso Verón, se puso en evidencia este devenir.

Una imputada, Daniela Milhein, señalada como una de las personas que participó en la privación de libertad de Verón, negó haberla conocido y contó que ella misma había sido obligada a ejercer la prostitución desde los 16 años.

"Seis años fui obligada a trabajar para él sin recibir ni un centavo porque se quedaba con toda la plata", denunció refiriéndose a Ruben Ale, el proxeneta con quien tuvo luego una hija y que no está acusado.

Por ahora, los testimonios no contribuyen a esclarecer el paradero de la víctima secuestrada en 2002, pero revelan el modo en que operan las redes pese a la prohibición de la promoción de la prostitución en Argentina y las restricciones a su ejercicio.

Fuente: IPS ips.noticias_net . Marcela Valente - 16/02/12 -