sábado, 3 de marzo de 2012

Egipto: una Mujer desafía a la Junta por la prueba de virginidad.

Samira Ibrahim, la joven que se atrevió a llevar ante un tribunal a la Junta Militar egipcia por haberle hecho una "prueba de virginidad" tras una protesta, ha animado a más víctimas de estas prácticas a declarar este domingo ante una corte castrense. "He convencido a otras tres chicas cuya virginidad fue examinada por los soldados a que no tengan miedo y a que vayan conmigo al tribunal militar para declarar", dijo Ibrahim en una entrevista con Efe.

La corte militar que juzga el caso decidió, tras escuchar los testimonios de las testigos, dejar visto para sentencia el proceso, cuyo fallo se hará público el próximo 11 de marzo. El presidente del tribunal, general Adel el Mursi, enfatizó, según la agencia oficial Mena, que "el juez que instruye la causa dictará la sentencia de acuerdo a lo que está registrado en el expediente y de acuerdo con su conciencia, sin ninguna presión". Ha pasado casi un año desde que a Ibrahim, de 25 años, la llevaron el 9 de marzo de la plaza de Tahrir a una cárcel militar, donde le hicieron un test para ver si era virgen, pero el tiempo no le ha hecho perder su insistencia en que se juzgue a los militares.

Pruebas de virginidad
Ibrahim recuerda que ella y otras 16 mujeres fueron arrestadas aquel día tras participar en manifestaciones, y siete de ellas fueron obligadas a someterse a pruebas de virginidad a manos del médico militar Ahmed Adel delante de varios oficiales, algunos de los cuales tomaron fotos con sus móviles. Los soldados, que además las amenazaron con acusarlas de prostitución, no dieron ningún motivo para estos test, y cuando Ibrahim pidió que no la miraran tantos militares, la pegaron.

La joven, que describe este suceso como "la peor experiencia" de su vida, tuvo que recibir tratamiento médico para curar su cuerpo de las marcas de los golpes y ayuda psicológica para borrarlo de la memoria. Para Ibrahim, la única razón de esta práctica era "humillarla" a ella y a otras manifestantes y "abortar la revolución porque va en contra de la Junta Militar", que dirige el país desde la renuncia de Hosni Mubarak a la Presidencia, el 11 de febrero del 2011.

Derechos de la mujer
A pesar de que el pasado 27 de diciembre un tribunal administrativo prohibió a la Junta Militar practicar las pruebas de virginidad, Ibrahim se niega a renunciar a la lucha contra estas prácticas. "Este fallo no fue suficiente, hay que castigar a quienes dieron las órdenes de hacer estas pruebas y a quienes las llevaron a cabo", insistió Ibrahim, opositora independiente que fue detenida varias veces antes y después de la caída de Mubarak. En los últimos meses, esta joven ha recibido amenazas de la Junta para que abandone el caso judicial sobre los test de virginidad, que ahora está ante un tribunal militar. "Han amenazado mi vida, me han difamado, me han avisado de que la revolución no me va a proteger y me han dicho que soy una mentirosa, porque soy la única que denunció judicialmente las pruebas de virginidad", señaló.

Por este motivo, Ibrahim, originaria del sur de Egipto, ha convencido a otras chicas para declarar ante el tribunal y "derribar a la dictadura militar", dijo la joven, cuya lucha le costó perder su trabajo como comercial. En la última sesión de este juicio, se tomó el testimonio de una funcionaria de prisión que negó que las pruebas hubieran tenido lugar, aunque, según Ibrahim, ni siquiera estuvo presente cuando ocurrieron. "Ahora lo último es que los militares me acusan de destruir propiedades públicas", dijo Ibrahim y se quejó que puede ser castigada por este delito a cinco años de cárcel, mientras que el soldado que le examinó la virginidad está libre.
Sin embargo, la cárcel no le va a acallar ni hacer renunciar al caso: "Se trata de la dignidad de todas las mujeres. No puede ser que desnuden a las egipcias".

Fuente: elperiódico.com - (EFE) - Helba Helmy - El Cairo - 26/02/12

Uruguay: La esclavitud invisible.

En las últimas semanas, los medios nacionales e internacionales no han dejado de hablar sobre una situación que, a riesgo de parecer nueva, lleva siglos flagelando a las mujeres. Los disparadores fueron, por un lado, el comienzo del juicio en Argentina contra una supuesta red de trata de personas con fines de explotación sexual descubierta por la tenacidad y valentía de Susana Trimarco, madre de “Marita” Verón, la joven tucumana secuestrada y vendida a una red de prostitución quien tras 10 años sigue desaparecida. Por otro, la Operación Blanca, investigación de la jueza del Crimen Organizado Graciela Gatti sobre una supuesta red internacional de prostitución Vip. La misma implicó la detención de tres ciudadanos uruguayos, uno de ellos presuntamente conectado con el representante de modelos argentino Leandro Santos, apresado por Interpol en Buenos Aires durante una conferencia de prensa y posteriormente liberado. La jueza Gatti también citó a declarar al representante de futbolistas Pablo Betancur (ver página 5). Sin embargo, pese a la invisibilidad que suele traer aparejado este fenómeno, la trata de mujeres con fines de explotación sexual es aun más añeja que el término, ya en desuso, de “trata de blancas”.

Desde tiempos coloniales, mujeres y niñas –principalmente africanas e indígenas– eran comercializadas como mano de obra para tareas de servidumbre o como esclavas sexuales. Pero el término “trata de blancas” comenzó a utilizarse a fines del siglo XIX en Inglaterra por grupos abolicionistas de la prostitución que denunciaban la movilidad y el comercio de mujeres blancas para servir como meretrices en países de Europa del Este, Asia y África. En Uruguay, según documentó la historiadora Yvette Trochón en su libro La ruta de Eros, a comienzos del siglo XX “las organizaciones dedicadas a la trata de blancas contaban con una estructura compleja y bien coordinada”.

A partir de 1949, la ONU comenzó a hablar de “trata de personas”, ya que este fenómeno no distingue raza ni sexo. A principios de la década de 1990, el libro El huevo de la serpiente de la periodista de Brecha María Urruzola, fue un hito en el país en la investigación sobre este fenómeno. Posteriormente adaptado en la película En la puta vida, el libro daba cuenta del desbaratamiento y el proceso judicial contra una mafia de traficantes uruguayos en Milán, dedicados a explotar sexualmente a mujeres que caían en su red bajo diversas formas de engaño.

No obstante estos antecedentes, en Uruguay recién se tipifica el delito de explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolecentes (ley 17.815) en 2004, y en la ley de Migración de 2008 (18.250), el de tráfico y trata de personas.

Pese a los avances, Joy Ngozi Ezeilo, relatora especial de la ONU en la materia, dijo en su visita al país en 2010 que Uruguay es un país donde es “común” el “origen, tránsito y destino de trata de personas”, situación que cuenta con una “tolerancia inaceptable” por parte de la población (se estima, sin embargo, que los casos de destino serían excepcionales). La relatora notificó, además, un incremento de la trata de menores de edad entre los distintos departamentos del país.

El proceso de captación
En Uruguay son aislados los casos de trata de personas con fines de explotación sexual que tengan como germen el engaño acerca del tipo de trabajo a desarrollar en el lugar de destino. Se notificó, sin embargo, el caso de una mujer de Paysandú a quien se le habría dicho que iba a trabajar cuidando niños, pero terminó siendo obligada a ejercer la prostitución. No hay constancia en el país de que las redes de trata hayan secuestrado a personas para estos fines, como en Argentina.

De acuerdo a Beatriz Ramírez, directora del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) del Mides, “ellas saben que van a ejercer la prostitución, son casos excepcionales los que les plantean otro tipo de tareas”. Mónica, nombre ficticio de una meretriz con más de dos décadas en el oficio, destaca que quienes indican lo contrario lo hacen, en realidad, para tapar su verdadera actividad.

Sea cual fuere el origen de las mujeres reclutadas, el modus operandis tiene como base el engaño y suele asumir ciertos patrones comunes. Las mujeres caen en una red de trata por medio de un captador, personificado en la figura de un pariente, un conocido, un novio o directamente un proxeneta, pero en la mayoría de los casos es a través de promesas sostenidas en vínculos sentimentales que las mujeres acceden a trasladarse para ejercer la prostitución. “La etapa de captación suele ser como un enamoramiento. Las llevan a pasear, a fiestas, les hacen regalos”, indica Sandra Perroni, de Casa Abierta, que trabaja en la atención y reinserción de mujeres que ejercen este oficio.

A la trata internacional –que desde Uruguay tiene como principales destinos España, Italia, los países del Mercosur y México– se le agrega una situación aun más invisible: la trata interna.“En nuestro país hay muchos desplazamientos no voluntarios de mujeres de un prostíbulo a otro. Ellas se sienten presionadas a aceptar por trabajar ahí”, destaca Perroni. “La prostitución genera un circuito de movilidad que favorece la trata”, comenta su compañera en Casa Abierta, Sandra Ortiz.

“Muchas se enamoran de los tipos, piensan que se van a traer todo el dinero del mundo, pero lo que se traen son unas cuantas palizas, un deterioro general del cuerpo y algunas ni vuelven”, indica Mónica, quien conoce el mundo de la trata de mujeres en Barcelona, ya que hasta hace poco más de un año trabajó en el famoso barrio de Raval. Allí vio cómo chicas africanas de 13 y 14 años eran obligadas a prostituirse por los “cafiolos” que las compraban a sus padres en las tribus.

Sin embargo, Mónica se niega a creer en la ingenuidad de las mujeres que caen en las redes de la trata. “En el prostíbulo entra un cafiolo y las mujeres se le tiran arriba”, comenta. A las chicas jóvenes, indica, la mayoría de las cuales vienen de la pobreza, “les llama la atención el cupé, el oro, la pinta de los tipos. Ellas saben a lo que van, pero tienen eso de ‘conmigo no va a ser así, porque él me dijo que yo le gusto, que está enamorado’’’.

Los proxenetas son hombres que se han enriquecido a costa de las mujeres, afirma, y muchos hoy son personas públicas que se mueven en todo tipo de ámbitos, especialmente los de la política, el empresarial, el carnaval y el deporte. En el mundo de la prostitución, dice, los ofrecimientos para ejercer en destinos nacionales o internacionales son cosa de todos los días.

Sexo y drogas
Las promesas de amor y dinero pronto revelan ser mentira. Una vez en el país de recepción, las mujeres suelen ser desprovistas de sus documentos. Muchas son privadas de tener contacto con el exterior y con otras prostitutas del lugar de destino. Son permanentemente vigiladas. Es usual que no reciban dinero, ya que son obligadas a trabajar jornadas extenuantes para pagar diversos gastos, como los de viaje, alimentación, documentos adulterados, alquiler o consumo de bebidas y drogas. Además del maltrato físico, psíquico y sexual, muchas son forzadas a consumir drogas para generarles aun mayor dependencia. Además, “les resulta necesario este consumo para soportar las condiciones de vida a las que están sujetas”, indica el informe de Inmujeres sobre el tema.

El silencio por parte de las víctimas en este delito suele provenir, además, de las amenazas y el miedo que les provoca su entrada irregular en el país o el haber tenido que cometer actos ilícitos. De hecho, en general las mismas redes que se dedican al mercado sexual están involucradas en el tráfico de droga y utilizan a las mujeres para transportarla y venderla.

Se estima que la trata de mujeres con fines de explotación sexual “es uno de los delitos que más riqueza genera, luego del tráfico de armas y el de drogas (hay quien entiende que ya está redituando más que el de las sustancias ilícitas)”, relata el documento de Inmujeres.

Naná, la dueña del prostíbulo más famoso del país, tiene, sin embargo, una visión completamente diferente del asunto, al punto de negar la existencia de la trata de mujeres en Uruguay. “Tengo 33 años en el negocio y creo que este tema acá no existe, esto ha salido de la Argentina de la señora Cristina que ahora, con su viudez, le ha agarrado la parte moral. Cuando una mujer le da la plata a un hombre, eso es ser cafiolo. No puedo creer que se hable de esta estupidez”, afirma. Naná también desconfía de que las mujeres estén sometidas a tal punto que les impida escaparse de sus captores, porque siempre hay clientes a los que se les puede pedir ayuda, dice. Esa suele ser una de las vías de escape de las víctimas, así como el contacto con familiares, con autoridades policiales o consulares, o como consecuencia del desbaratamiento de la red en la que están inmersas.

En lo que sí coinciden todas las voces consultadas es en señalar que las víctimas de este delito suelen quedar traumatizadas por sus vivencias y tienen mucho miedo a hablar sobre lo que les pasó. En muchas ocasiones, además, padecen de adicciones o enfermedades que contrajeron.

La secuencia de la violencia
Dentro del ámbito institucional se señala que la prostitución suele ser una secuencia más de la serie de violencia por la que pasa la víctima en su niñez y adolescencia. Asimismo, señalan, la frontera de la mayoría de edad es un terreno engañoso. “En el 99% de los casos que conocemos, las mujeres empiezan a ejercer la prostitución siendo menores y el patrón común es que hay abuso sexual a temprana edad”, señala Sandra Ortiz.

Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (Conapese), señala que se registran situaciones de explotación desde los 7 y 8 años y que es usual que las jóvenes que pasan por estas situaciones hayan sufrido “violencia intrafamiliar y situación de calle”, indefensión de la cual se valen el proxeneta y los mal llamados “clientes”. Estos “explotadores”, indica Purtscher, muchas veces son “padres de familia con un estatus muy valorado en sus comunidades”.

En 2011, aumentaron los casos registrados de explotación sexual infantil. El año pasado se notificaron 40 casos, mientras que en los cuatro años anteriores se computaron 20 por año. Esta situación, indican los expertos, no solo es la antesala para el trabajo sexual adulto sino para la trata nacional o internacional. En numerosos casos se notifica que son las propias familias las que empujan a “los menores a intercambiar favores sexuales con conocidos del barrio o la localidad a cambio de dinero u otros beneficios materiales imprescindibles”, indica el informe de Inmujeres. Por este motivo, el que el trabajo sexual sea legal y reglamentado en Uruguay, señalan los expertos consultados, solo constituye un disfraz que oculta la trata.

“¿Cómo no va a haber prostitución infantil sino hay ningún tipo de control?”, se pregunta Mónica. “El que pone las reglas de juego ahí adentro es el propietario. Ese tipo de casas tendrían que ser ilegales”, señala. Defiende, sin embargo, el ejercicio legal de la prostitución porque le ha dado “todo” y lo volvería a elegir, a pesar de haber tenido otras opciones en la vida.

Señala que el único tipo de registro que existe en la actualidad es el sanitario que propicia la propia meretriz al acercarse al consultorio de profilaxis sexual del hospital Maciel, aunque cada vez van menos porque “nadie las controla”. La ausencia de inspección es denunciada tanto en el ámbito institucional como por Mónica. Según señalan, en muchas casas de masajes, whisquerías y prostíbulos, las meretrices están expuestas a la violencia de los propietarios, que las obligan a consumir alcohol y drogas, a tener sexo sin protección, o les cobran multas si faltan o se enferman.

Internet también es un arma de cooptación, indica Purtscher, ya que en ciertos casos es a través de este medio que se hace el primer enganche, mediante el envío de fotos a cambio de “una carga de tarjeta”. Se trata del establecimiento de una relación que va incrementando su exigencia y riesgo y que puede derivar en fenómenos de trata.

Aunque no hay cifras de la cantidad de mujeres y menores involucrados en Uruguay en estas redes –muy difícil de cuantificar porque las víctimas no suelen denunciar–, las cifras en Argentina pueden ser un indicador. De acuerdo a datos aportados por Alba Goycochea, de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), entre 2005 y 2010 se atendieron en el vecino país más de 500 casos de trata de personas, de los cuales 221 eran con fines de explotación sexual. El 64% de los casos está conformado en partes iguales por niñas, niños y adolescentes y mujeres de entre 22 y 30 años.

El desafío legal

El rezago en las políticas para desbaratar las redes de trata de personas no solo sucede en Uruguay, sino en todo el mundo. Recién en el año 2000, en Palermo, Italia, 124 países firmaron un protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, durante la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Uruguay lo ratificó en 2004.



Otro de los grandes avances fue la creación en 2009 de los juzgados especializados en Crimen Organizado, que enfocan la trata de personas dentro de esta categoría, y la creación de la Mesa Interinstitucional sobre Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual Comercial, coordinada por Inmujeres. Por medio de este organismo, financiado en su mayor parte por la Unión Europea, se han realizado campañas y capacitaciones, como las impartidas a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Inmujeres cuenta con dos servicios piloto de atención: uno para las víctimas de trata de adultos y otro para niños, niñas y adolescentes.



Las penas para los condenados por trata de personas oscilan entre los 10 y 15 años, pero dada la complejidad del fenómeno –por la cantidad de implicados que puede tener una red de este tipo y su carácter transnacional–, lo que se logra probar, por lo general, son delitos menores como la falsificación de documentos o el lavado de dinero. La abogada especializada Diana González confirmó la existencia de agentes encubiertos en el rastreo de estas redes.



Sin embargo, como señalan las distintas fuentes consultadas, Uruguay se encuentra recién en las primeras etapas de lucha contra este flagelo. “Falta una legislación y política pública integral de protección y restitución de derechos de las víctimas y de combate a los tratantes. Las tareas de atención y protección son muy incipientes y hay que extenderlas a todo el país”, indica González. Además, apunta, hace falta una brigada especializada, como tiene Argentina.

Por otro lado, la relatora de la ONU, en su paso por Uruguay, advirtió sobre la dificultad de llevar a la práctica el marco normativo y cuestionó la falta de estadísticas, factores que invisibilizan una explotación que encuentra en esta característica su mayor fortaleza.



7.000 mujeres son las que se revisan periódicamente en el dispensario de profilaxis del Ministerio de Salud Pública de Montevideo, para ejercer la prostitución en forma legal. No hay números sobre trata de personas con fines de explotación sexual

Fuente: elobservador.com.uy - Fernanda Muslera - 03/03/12 -

España: Realidades que revelan el drama de la prostitución.

En España, la prostitución ha encontrado un hábitat ideal para el desarrollo de su negocio sexual. Las mafias de trata de mujeres, sabedoras de que tanto la legislación como la justicia se muestran permisivas con estas prácticas, se han instalado en nuestro país para convertirlo en el burdel de Europa.

El turismo sexual está en auge. Si antes eran hombres de mediana edad los que se acercaban a los tradicionales lugares turísticos para contratar los servicios de las meretrices, ahora el norte de Cataluña se ha convertido en un macroburdel al que asisten ciudadanos europeos, en especial franceses, para visitar los macroprostíbulos instalados en la Jonquera y las poblaciones circundantes. La mayor permisividad de la legislación española frente a la francesa permite que esto sea posible y está provocando que un perfil de consumidores de prostitución más jóvenes cruce la frontera para usar los servicios que se ofrecen en Cataluña.

Diferentes estudios revelan que el drama de la prostitución en España tiene atrapadas a 300.000 personas que ejercen esta actividad, normalmente en redes de prostitución y trata de personas controladas por mafias.

Esos estudios apuntan a que España tiene una tasa de entre 6,5 prostitutas por mil habitantes. El valor máximo lo tendría Mallorca, aunque hay que observar que se trata de una zona con gran población flotante y la tasa de población estable puede ser engañosa.
El Instituto Europeo para la Prevención y el Control del Crimen intentó cuantificar el número de personas dedicadas a la prostitución en Europa, en un trabajo cerrado en 2003 se asignaba a España una horquilla de 45.000 y 300.000 personas que se prostituían en el país. La aproximación es imprecisa, pero al menos ofrecía una indicación clara: son volúmenes de negocio altísimos para las mafias.

En España hay un millar de burdeles censados y se manejan cifras de escándalo. Según explicaba la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades del Congreso de los Diputados, en 2006 el 6% de la población española sería adicta al consumo de prostitución. Los españoles, se estarían gastando 50 millones de euros cada día para comprar esos servicios.

Una nueva forma de esclavitud

Estos hechos son contrarios a las más elementales condiciones de dignidad para la persona, ya que significan una nueva forma de esclavitud, además de generar en su entorno otras formas de delincuencia que convierte el fenómeno en un hecho peligroso.

Basta hacer un repaso por la prensa, los nuevos estudios y las declaraciones de los políticos para encontrar aspectos que plantean el problema de la prostitución desde diferentes ángulos de vista. A continuación recogemos algunos de especial relevancia:

Más esclavas sexuales que nunca: nunca en la historia de la humanidad se habían secuestrado, comprado y esclavizado sexualmente a tantas mujeres como ahora. La trata de seres humanos está documentada en 175 naciones y cada año 1,39 millones de personas (en su mayoría mujeres y niñas) pasan a engrosar la nómina de escalvos sexuales.

Los anuncios de contactos conducen hasta las mafias: esto recrudece el debate sobre la publicidad del sexo, que tiene la connivencia de los principales diarios generalistas del país.

Aumenta el número de menores prostituidas: Las actuaciones policiales revelan que cada vez más liberan de los proxenetas a más menores explotadas sexualmente. En 2009 se descubrió en toda España a 13 menores que ejercían la prostitución, según datos del Ministerio del Interior. Sólo en Cataluña, en 2010, en seis meses se había superado esta cifra.
El cliente de la nueva prostitución es más joven: La cultura de la inmediatez y la oferta masiva de prostíbulos han cambiado el perfil del usuario. Hombres en torno a los 30 buscan el sexo rápido de pago sin ninguna consideración moral.

La connivencia de la Justicia: un juez permitió en 2010 abrir un gran burdel a un imputado por tráfico de mujeres en La Jonquera. La justicia en España es extraordinariamente permisiva con el tráfico de mujeres, no únicamente la legislación lo es, sino también en su aplicación.

Crece la preocupación de las autoridades locales: la cruz de la permisiva legislación sobre prostitución que impera en España la representan las autoridades municipales. Los ayuntamientos están preocupados porque son quienes deben gestionar los problemas derivados de la prostitución que atrae otro tipo de delincuencia. En este sentido, el ayuntamiento catalán de Mataró sentó un precedente al vetar la instalación de macroprostíbulos en su área metropolitana. Algo que tuvo que hacer debido a que la legislación estatal no lo hace.

Fuente: forumlibertas.com - Diario Digital - 26/01/12 -